Alteraciones de orden público ocurridas recientemente en este municipio del norte de Antioquia tiene a sus habitantes preocupados y consternados. Allí, donde el conflicto armado se libró sin tregua ni cuartel, las bondades del posconflicto aún no aparecen, nuevos grupos comienzan a copar los territorios ‘farianos’ y las respuestas del gobierno departamental despiertan más dudas que certezas.
La Mesa de Derechos Humanos también denunció el asesinato con arma de fuego de David Machado Saldarriaga, ocurrido el pasado 25 de junio en el casco urbano del municipio. En el hecho también resultaron heridos una mujer y un joven. Foto: Ricardo Cruz.Preocupación. Eso es lo que se respira en barrios, veredas y corregimientos por cuenta de varios hechos violentos ocurridos en los últimos meses, que van desde asesinatos selectivos, amenazas a líderes sociales hasta desplazamientos forzados, así como por la proliferación de negocios ilegales como plazas de vicio en el casco urbano del municipio.
A ello se suma el avance, cada vez más notorio, de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que buscan copar territorios que fueron de dominio histórico del Frente 18 de las Farc, cuyos miembros se encuentran actualmente concentrados en la Zona Veredal Transitoria de Normalización ‘Camarada Román Ruiz’, ubicada en la vereda Santa Lucía de este municipio.
Dicha situación ha elevado los niveles de zozobra entre una población que anhelaba disfrutar las bondades del llamado posconflicto. Y es que buena parte de los ituanguinos esperaba que la guerra que libraron allí durante décadas el Estado, la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fuera un mal recuerdo que nadie quiere repetir. Pero la violencia, ahora bajo el ropaje de crimen organizado, nuevamente vuelve a recorrer trochas y caminos de esta población.
El hecho violento más reciente ocurrió el pasado 12 de julio, cuando en inmediaciones de la vereda Cenizas fue asesinado en extrañas circunstancias Juan Fernando Amaya, acreditado como miembro de las Farc y quien gozaba de su indulto otorgado bajo el amparo de la Ley 1820 de 2016. Al respecto, las versiones son confusas y contradictorias. Sin embargo, su muerte constituye un campanazo de alerta tanto para las autoridades departamentales como para el resto de miembros de las Farc asentados en Ituango sobre lo que serán sus garantías de seguridad.
Pero este no es el único hecho que tiene “con los nervios a flor de piel” a los ituanguinos. El pasado 5 de julio, una familia compuesta por seis integrantes, entre ellos cuatro mujeres, fueron obligadas a abandonar su finca, ubicada en jurisdicción del corregimiento La Granja, por hombres que se identificaron como integrantes de los ‘gaitanistas’.
La Mesa de Derechos Humanos de Ituango también denunció el asesinato con arma blanca del labriego Francisco Javier Bedoya. El hecho ocurrió el 31 de mayo en la vereda El Tigre del corregimiento Santa Rita. En la semana del 17 de mayo, en ese mismo corregimiento, fue asesinado un hombre conocido con el alias de ‘Serpa’, señalado por la comunidad como integrante de los ‘gaitanistas’.
Ya en febrero de este año, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Gobierno Departamental reconocieron que un grupo aproximadamente de 26 personas arribó a Medellín proveniente de Ituango solicitando refugio y protección. Dijeron en su momento que tuvieron que abandonar sus parcelas por cuenta de las intimidaciones de las Agc.
Voceros de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit) consultados por VerdadAbierta.com señalaron que, desde finales de 2016, cuando las Farc se trasladaron a los puntos transitorios acordados con el gobierno nacional antes de ingresar a las zonas veredales, comenzó a verse en las veredas movimientos extraños que despertaron sospechas e inquietudes.
Varias de esas sospechas comenzarían a confirmarse en enero del presente año. “Llegó un grupo de hombres armados que se movilizaban en camionetas a las veredas El Cedral, El Recreo, Camelias Bajas, Chontaduro, La América, Torrente, Pascuitá, Los Chorros, y el casco urbano de (corregimiento) La Granja. Convocaron a la gente a reuniones para decirles que no se preocuparan, que ellos iban a mandar de ahora en adelante, que no querían hacerle daño a la comunidad, pero que iban a ser ellos los que iban a manejar todo el negocio de la coca y que eso sí, a quien pillaran ‘piratiando’ (vendiendo pasta de coca a otro comprador que no fuera del grupo en mención) ya sabía lo que le pasaba”, comentaron fuentes de la Asociación, quienes solicitaron la reserva del nombre.
Los ‘gaitanistas’, ¿detrás del fortín de Ituango?
De acuerdo con los voceros de esa organización campesina, la presencia ‘gaitanista’ es más notoria en aquellas zonas del municipio donde hay presencia de hoja de coca: “La coca está para los lados de La Granja, de Santa Rita. Para allá es donde más han visto a esa gente. Aunque ya se siente su presencia, yo díria, que en el 90 por ciento del pueblo”, agregó el vocero de Ascit, quien no ocultó su preocupación por un fenómeno que crece como espuma en Ituango: el microtráfico. “Esto se está llenando de plazas de vicio. Se incrementó el consumo de drogas entre jóvenes y se siente un ambiente pesado en el pueblo, porque esa gente es la que controla ese negocio”.
Desconfían de Vicealcaldías
Una de las preocupaciones de las organizaciones sociales de Ituango guarda relación con el incremento del microtráfico. Según denuncian, se ha incrementado el consumo de alucinógenos en el municipio, lo que está derivando en deterioro del orden público. Foto: Ricardo Cruz.En comunicado público, la Asamblea Cívica La Paz es Ituanguina, movimiento que respalda y promueve la pedagogía sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, expresó en comunicado público que, si bien “no puede desconocerse que mientras han disminuido efectivamente los homicidios asociados al conflicto armado, a la vez están aumentando las muertes violentas relacionadas con otro tipo de violencias, como el ‘ajuste de cuentas’ y la disputa por economías criminales”.
En su pronunciamiento también llamaron la atención por la poca respuesta de las autoridades locales, tanto civiles y de Policía, a los recientes hechos que han alterado el orden público. Allí también expresan su preocupación por el incremento de estos sucesos justo después del anuncio de la Gobernación de Antioquia de instalar en Ituango una Vicealcaldía de Seguridad y Convivencia.
Dicha inquietud también es compartida por la Asociación de Campesinos de Ituango y así quedó plasmada en comunicado dado a conocer este lunes 17 de julio: “Resulta de por si extraño, que sea en el corregimiento de La Granja donde estén sucediendo estos hechos denunciados y coincidencialmente sea una de las sedes propuestas por el señor Gobernador de Antioquia para sus vicealcaldías de paz (…) estos hechos no pueden servirle al mandatario departamental para justificar la imposición de lo que ha autodenominado ‘vice-alcaldías de paz”.
Las vicealcaldías de seguridad y convivencia constituyen la mayor apuesta de la Gobernación de Antioquia para el postconflicto. En líneas generales, se trata de un proyecto de gobernanza mediante el cual se busca consolidar la presencia y la oferta institucional en aquellos territorios donde grupos armados ilegales, entre ellos las guerrillas de las Farc y Eln, han ejercido durante décadas dominio y control.
Por ello, esta iniciativa se echará a rodar en los municipios de Anorí, Dabeiba, Ituango, Briceño, Remedios y Vigía del Fuerte. En cinco de ellas funcionan actualmente zonas veredales de tránsito y normalización mientras que en la restante (Briceño) se viene ejecutando la iniciativa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del proceso de paz.
Antioquia tendrá vicealcaldías de paz
El punto que ha generado polémica entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del departamento es que esta figura será coordinada por coroneles en retiro, “con amplios conocimientos de seguridad y con profundos valores civilistas”, tal como le explicó el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a VerdadAbierta.com en junio pasado.
A ellos se le sumarán los llamados “Cuerpos de paz”, conformados por equipos de seis a ocho profesionales que van desde médicos, ingenieros, arquitectos pasando por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes, además, estarán acompañados por un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes universidades.
Se agudiza debate por propuesta de vicealcaldías militares en Antioquia
En diálogo con VerdadAbierta.com, Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, señaló que esta figura es confusa y regresiva por cuanto privilegia la visión militarista de la seguridad en tiempos de posconflicto, que demandan salidas más democráticas y participativas, y que le apunten a desmilitarizar la vida social y política del país.
¿Por qué Ituango?
En las veredas de Ituango, principalmente aquellas pertenecientes a los corregimientos La Granja y Santa Rita, hay preocupación por el avance de los ‘gaitanistas’. Las comunidades denuncian poca acción de las autoridades. Foto: Ricardo Cruz.Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, una de las razones para instalar en estos municipios su propuesta de vicealcaldías de seguridad y convivencia reside en la importancia geoestratégica de estos territorios para el crimen organizado: “estos municipios son corredores de narcotráfico. Están conectados entre sí. Hay que cortar esos corredores y coparlos con presencia institucional”, tal como declaró recientemente ante medios de comunicación.
En ello tiene razón. Ituango, por ejemplo, se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera Occidental y constituye la puerta de entrada al Nudo de Paramillo, nombre que recibe el accidente geográfico del cual nacen las serranías de Abibe, Ayapel y San Jerónimo. Es decir, es un pueblo que conecta fácilmente con el Urabá antioqueño al surcar la serranía de Abibe; también con la región del Bajo Cauca, por el oriente; y con el norte con el departamento de Córdoba.
De ahí el interés de diferentes actores armados por controlar la zona urbana y rural de Ituango. A ello se suma la presencia de cultivos de hoja de coca en la localidad. Estimativos oficiales plantean la existencia de más de 700 hectáreas de cultivos ilícitos, principalmente en el corregimiento La Granja y en tierras ituanguinas traslapadas con el Parque Nacional Natural Paramillo.
Durante décadas, el control sobre los sembradíos, así como la compra de pasta de coca, estuvo a cargo de las Farc. Pero, con la desaparición de esta guerrilla, la pregunta que se hacen cocaleros e ituanguinos es, ¿qué va pasar con estos cultivos? ¿Se adelantarán procesos de sustitución voluntaria de cultivos o serán copados por nuevos grupos armados ilegales?
Solo el tiempo podrá responder estos interrogantes. Pero, lo que denuncian los pobladores de este pueblo incrustado en las montañas del norte de Antioquia da entender que los ilegales ya se adelantaron y, nuevamente, le están ganando el pulso al Estado.
