Misión de la ONU concentrará sus fuerzas en la política y la seguridad

El segundo mandato de la verificación internacional del proceso de paz en Colombia cambia las funciones para vigilar el paso de las Farc a la política y la protección de los líderes sociales.

segunda mision onu 1El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el segundo mandato de la Misión Política. Esto incluye los votos de los países permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Foto: Naciones Unidas.Todos los países que tienen asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron a principios de esta semana que exista una segunda misión para verificar el cumplimiento de algunos de los puntos del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la organización insurgente. Pero, ¿qué significa esto?

En este primer año, que se cumple el próximo 26 de septiembre, la Misión Política de la ONU ha tenido varias tareas fundamentales en la implementación del acuerdo relacionadas con el cese al fuego que pactaron las Fuerzas Militares y las Farc desde el 23 de junio de 2016 y la destrucción de las armas de la guerrilla, según la Resolución 2261 de 2016.

Esto se traducía en acciones específicas como destruir todas las municiones inestables de las caletas, identificar el armamento de cada insurgente, llevar los contenedores a cada una de las 26 zonas veredales para almacenar las armas, vigilar que no hubiera ataques entre las partes y coordinar cada una de las sedes locales, departamentales y nacionales que tiene el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V).

Pero a partir de septiembre sus tareas cambiarán por otros objetivos mucho más amplios y ambiguos: “verificar la reincorporación de las Farc-Ep a la vida civil y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva en los territorios más afectados por el conflicto”, según explicó Jean Arnault, jefe de la Misión Política de la ONU en Colombia, tras conocerse la aprobación del segundo mandato.

A esto se suma que tras bambalinas ha existido un tire y afloje para definir cómo sería esta segunda etapa de la verificación del proceso de paz.

Discusiones internas


Cuando se estaban discutiendo los términos de este segundo mandato de la veeduría internacional, VerdadAbierta.com conoció que existía una tensión entre la canciller María Ángela Holguín y el jefe de la Misión Política de la ONU en torno al alcance que tendría dicho modelo.

“La Cancillería estaba preocupada sobre la amplitud que tuviera el mandato y la injerencia de la ONU en la política colombiana y por eso quería que fuera por Asamblea General y no por Consejo de Seguridad”, confirma Laura Gil, internacionalista y politóloga que ha seguido de cerca los procesos de verificación internacional.

La diferencia entre ambos entes es que en la Asamblea votan los 200 países que conforman las Naciones Unidas sin que sus decisiones sean de obligatorio cumplimiento, mientras que en el Consejo son solo 15 países y tienen diferentes métodos para hacer cumplir sus resoluciones.

Uno de los argumentos de la Cancillería para dar la pelea es que el mismo acuerdo especificó que se elevaría la petición a la Asamblea. “El Gobierno Nacional y las Farc-Ep solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las Farc-Ep y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y   colectiva”, dice el documento. Pero pese a la insistencia de Holguín y a que estuviera consignado en el pacto final, el gobierno nacional solicitó la verificación al Consejo de Seguridad.

Pese a las discusiones, la Cancillería habló públicamente de la importancia de esta misión durante la reunión de los 15 países del Consejo de Seguridad, el pasado 10 de julio.

Gil explica que, pese a que la misión se aprobó mediante este organismo, la verificación en Colombia no es financiada por el fondo presupuestal de mantenimiento de paz que tiene el Consejo de Seguridad y que es bastante cuantioso, sino que debe buscar sus recursos entre los dineros del sistema general de Naciones Unidas.

“Esto se debe a que no es una misión de mantenimiento de paz usual con militares y policías internacionales armados sino una misión política, tal como la pidió Colombia”, agregó.

A pesar de esas dos peleas perdidas, Colombia ha tenido cierto margen de maniobra al momento de negociar qué tanto interviene la ONU en el país debido a que el organismo internacional necesita tener un caso para mostrar en el mundo del éxito de su verificación, según explica la politóloga.

“Esta ha sido una experiencia positiva de las Naciones Unidas”, explicó en rueda de prensa Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión en Colombia. El cese al fuego, que verifica el organismo internacional, lleva un año funcionando con contadas excepciones, mientras que en otros países fracasa en cuestión de días según Rosende.

Incluso, habló de repetir la experiencia de que las dos partes del conflicto, en este caso funcionarios del gobierno nacional y guerrilleros, convivan en la verificación como sucede con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. “Seguramente Naciones Unidas considerará esta experiencia y este tipo de mecanismo para aplicarlo en otros países del mundo. Ha sido la primera experiencia y consideramos que ha sido una muy buena idea para aplicarlo en otros países del mundo”, agregó Rosende.

De hecho, en la aprobación de la segunda Misión, varios países resaltaron el ejemplo de las acciones del Consejo de Seguridad en el país.

Esto ha hecho que las condiciones que ha puesto Colombia creen un modelo de verificación muy único en el mundo. Por ejemplo, en este proceso no hay integralidad de las diferentes oficinas que tiene la ONU en el país lo que conlleva a que la Misión Política trabaje por su propia cuenta sin unir todas las fuerzas de las otras oficinas de Naciones Unidas. Éstas tienen mucho más tiempo conociendo el territorio, como es el caso de Unicef que fue la primera oficina de la entidad internacional en llegar a Colombia en los años cincuenta.

“Las misiones generalmente aterrizan donde hay un sistema de Naciones Unidas funcionando y se integran con oficinas como Acnur, Unicef, OIT, Ocha, etc. Pero aquí no hay integralidad sino coordinación porque Colombia temía que el poder político internacional fuera mucho mayor y pudiera crear niveles de injerencia más altos”, precisó Gil.

Otra de las diferencias, como lo explicó Rosende, es que en esta ocasión la ONU está por petición tanto del gobierno nacional como de las Farc y no únicamente de la parte vencedora como ocurre en la mayoría de ocasiones.

“Aquí las dos partes que estaban en conflicto se pusieron de acuerdo para el establecimiento de la Misión. Esto no siempre es el caso, pero aquí Naciones Unidas se ha ceñido a la voluntad de las dos partes”, dijo Rosende.

También indicó que a esto se suma la peculiaridad de que la ONU no tiene funciones de seguridad con los conocidos cascos azules, que son funcionarios suyos armados que custodian el país donde están. En Colombia, las Fueras Militares y la Policía son las que vigilan la seguridad.

Otra de las diferencias que tiene el proceso colombiano respecto a otras misiones en el mundo es que en esta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país no pasó a ser parte de la Misión.

Laura Gil explica que este ha sido un componente vital para Naciones Unidas, especialmente después de que en 1994 y 1995 ocurrieran masacres en Ruanda y en Bosnia en medio del despliegue que tenía esta oficina internacional en terreno.

Sin embargo, Colombia no quería que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se uniera a la Misión Política, en parte porque desde hace años ha tenido una actitud reticente hacia esa oficina cuando en 2014 el presidente Juan Manuel Santos calificó que ya no era necesaria su presencia en el país.

A esto se sumó una discusión entre Todd Howland, en su momento el coordinador residente de la oficina de derechos humanos, y Arnault desde la Misión Política. “Howland decía que si no entraban a la Misión, se quedaban sin dinero suficiente para hacer un trabajo de peso en el país”, aseguró Gil.

Por su parte, Arnault prefería que la Oficina de Derechos Humanos quedara por fuera de la Misión, pues de combinarse debía reportar a la ONU en Nueva York, de la que él depende directamente, y a Ginebra, que lidera derechos humanos; en vez de tener una línea directa únicamente con Nueva York.

Finalmente, la Oficina quedó por fuera. “Es algo excepcional, especialmente cuando el segundo mandato habla de proteger comunidades y líderes sociales, que es una tarea de derechos humanos”, dijo la politóloga.

Tiempo indefinido

segunda mision onu 2Jean Arnault es el jefe de la Misión Política de la ONU en Colombia. Foto: Naciones Unidas. El mandato puede prolongarse a pesar de que la segunda misión se aprobó por el tiempo de otro año que comienza a correr a partir del 26 de septiembre de 2017, que es cuando acaba la primera. Primero porque el mismo Acuerdo de Paz habla de una misión de tres años y segundo porque sus tareas no son nada fáciles de cumplir.

“Una misión nunca se va para un día para otro. Tenemos que hacernos a la idea que la presencia es, mínimo, tres años y puede extenderse mucho más”, apuntó Laura Gil.

Dentro de sus nuevas tareas, la Misión Política deberá verificar que los exguerrilleros pasen a la política con todas las garantías necesarias, el sistema de seguridad que tengan y su incorporación a la vida civil desde lo económico y social. Además, la Misión vigilará las medidas de protección de los defensores de derechos humanos y todos los programas de seguridad de comunidades y organizaciones enteras, según el Acuerdo y la Resolución 2366 de 2017.

“Todavía no está claro cómo se verificará eso porque cómo aterriza la reincorporación política de Farc. Es algo tan amplio que puede ser desde que se legisle al respecto hasta comprobar que se den emisoras a las Farc”, indicó Gil.

La Misión de la ONU también reconoce que es algo que sigue en construcción y que es muy diferente al primer mandato que tenía. Rosende aseguró que todavía están en un proceso de planificación para este segundo periodo: “Cese al fuego y dejación de armas son elementos muy técnicos y quién mejor que los militares (observadores con los que cuenta la misión). La segunda misión tiene otro tipo de temática. Quiere decir que estaremos reevaluando la composición de la Misión”.

Por ahora, los 450 observadores internacionales seguirán cumpliendo su labor frente a la destrucción de las armas guerrilleras y al cese al fuego pues solo a partir del 26 de septiembre cambiarán las reglas de juego. Todavía no se sabe cuántos observadores habrá después de eso ni las funciones específicas de la Misión para cumplir con su mandato. Lo único claro es que el Consejo de Seguridad ya dio su aval para que continúe la verificación internacional en Colombia.