Siete regiones sin las Farc: los conflictos que siguen

En un reciente informe, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza la situación de orden público tras la salida de esa guerrilla de algunos territorios en los que ejerció 'autoridad' mientras estuvo alzada en armas. Es una voz de alerta para la implementación del Acuerdo Final alcanzado en Cuba.

conflictos que siguenLa salida de las Farc del ajedrez del conflicto y de las economías ilegales, trajo consigo una serie de movimientos de otros actores armados. en donde los más perjudicados son los civiles. Foto: archivo Semana.“Con la movilización de las FARC hacia las zonas veredales y puntos transitorios, Colombia entró en una nueva fase de la confrontación armada”. Esa es una de las principales conclusiones del informe Siete regiones sin FARC, ¿siete problemas más?, publicado el pasado martes por la FIP. (Descargue el documento aquí)

Ese centro de pensamiento analizó qué ha ocurrido en Chocó, Tumaco (Nariño), Cauca, Buenaventura (Valle del Cauca), el Bajo Cauca antioqueño, el eje Llanos Orientales-Orinoquia y Catatumbo (Norte de Santander), a partir de la concentración de la guerrilla más grande del país en las 19 Zonas Veredales y los siete Puntos Transitorios de Normalización, en donde sus integrantes estarán hasta el 30 de mayo, para entregarle de manera gradual sus armas la ONU, preparar su reincorporación a la vida civil y a la vida política por vías legales.

Esas regiones tienen un común denominador: que en ellas se cumplen algunas condiciones que, indudablemente, conllevan a que “se formarán otras expresiones de violencia local y armada con sus respectivos reacomodos, disputas y alianzas”. Además, el informe advierte que “hay que ser muy cuidadosos en identificar qué tipos de violencia son continuidad del conflicto armado y cuáles no”.

¿Quiénes quedarán cuando las Farc dejen las armas?

Los riesgos evaluados por la FIP son: la continuidad y reacomodo de otros grupos guerrilleros; la persistencia del crimen organizado a nivel rural y urbano, ya sea porque no habrá mayores cambios o porque desde ya se avizora la posibilidad de reacomodos y disputas con otros grupos similares o guerrilleros; el surgimiento de nuevas estructuras armadas promovidas por desertores y disidencias de las Farc, que continuarán de manera independiente o forjarán alianzas, disputas y nichos de coexistencia con otros grupos; y la permanencia y exacerbación de otras violencias como agresiones a líderes sociales.

Así inició el accidentado desarme de las Farc

Es así como en el informe se estableció que esas cuatro variables, “en las que las economías criminales del narcotráfico y el oro son transversales, permiten identificar parte de las condiciones locales que continuarán y definirán las dinámicas territoriales del conflicto y la violencia”. Y plantea que las regiones analizadas “ponen sobre la mesa un debate más amplio sobre la reincidencia en espirales de violencia y la durabilidad de los acuerdos de paz”.

A continuación, presentamos algunos apartes de la radiografía que realizó la FIP, un par de semanas después de que las Farc iniciaron su proceso gradual de desarme, tras estar varios meses concentradas y por fuera de los territorios en los que fueron Dios y Ley.

 

Reacomodo y expansión del Eln, continuidad del crimen organizado e impacto humanitario


Es uno de los lugares en donde se vive intensamente el reacomodo de fuerzas ilegales tras la salida de las Farc. “En el centro y sur de este departamento se afianzan las disputas entre el ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo por el control de las economías criminales (oro y coca) y de los corredores fluviales con salida al océano Pacífico”, indica el informe.

Esa disputa inició en julio de 2015, cuando el gobierno nacional y las Farc acordaron desescalar las acciones armadas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), advirtió en ese momento sobre el aumento de organizaciones criminales, particularmente las AGC, que se estarían financiando con el cobro de cobrando vacunas por la explotación de oro y control de los cultivos de coca.

Esos enfrentamientos, sumados a las acciones de la Fuerza Pública para combatir esos grupos ilegales, han disparados los índices desplazamiento forzado de chocoanos. Según reportó OCHA, entre febrero y mayo de 2016 más de cinco mil personas de comunidades indígenas y afrocolombianas fueron desplazadas en Chocó, y más de ocho mil sufrieron limitaciones a la movilidad como consecuencia de enfrentamientos.

Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó

Al respecto, la FIP señala que “el impacto humanitario a causa de la disputa entre las AGC y el ELN en Chocó es el principal desafío en el corto y mediano plazo. Es bastante diciente que mientras las FARC empiezan su proceso de desmovilización y dejación de las armas, estos grupos continúen con su intención de tomarse los territorios dejados por esa guerrilla y posicionarse en el centro y sur del departamento, con un Estado que parece actuar como un espectador más, con excepción de las acciones de las fuerzas armadas”. Además, cuestiona que “resulta paradójico que las respuestas sigan siendo las mismas: convocar consejos de seguridad, mientras que el impacto humanitario se acentúan sin solución real a la vista, para los pobladores de esta zona”.

 

Conflicto urbano y rural; transición en entredicho


Los retos de ese municipio que cuenta con un puerto en el Pacífico nariñense, están alrededor del crimen organizado, la delincuencia común, la pervivencia de economías criminales, el posicionamiento del Eln en el sector rural, y la aparición de nuevos grupos, conformados por disidentes de las Farc. Sobre ese último punto, llaman la atención los desertores de la Columna Móvil Daniel Aldana, “por lo que puedan significar para nuevas alianzas, disputas con otros grupos y para la seguridad de la zona veredal La Playa (corregimiento La Variante), epicentro del conflicto en años recientes. Tal es el caso de alias “Don Ye”, miliciano asesinado por las propias Farc”.

Según la FIP, Tumaco hace parte de la transformación territorial que ha experimentado el conflicto armado en los últimos 10 años, puesto que se desplazó hacia el occidente y, en general, hacia el andén Pacífico. Y tras la desmovilización de las Auc por ahí han desfilado diferentes grupos como
Nueva Generación, Águilas Negras y Rastrojos, que iniciaron una disputa territorial con las Farc, principalmente, con la columna móvil Daniel Aldana, fuertemente ligada al narcotráfico. Entre 2015 y 2016, arribaron las AGC con los consecuentes choques con la Columna Móvil Daniel Aldana.

Como si a ese explosivo coctel le faltara ingredientes, Tumaco tiene la mayor cantidad de cultivos de coca del país: aproximadamente 16.960 hectáreas, según el censo de 2015 de UNODC. Ese botín está en disputa y de ella hacen parte disidentes de las Farc y la correspondiente crisis humanitaria por una nueva ola de violencia: “Por un lado, están las disidencias y desertores de las FARC, que estarían vinculándose a las filas del crimen organizado, como “Gente del Orden” y “La Nueva Gente”. Por el otro, la presencia del ELN en el corregimiento de Llorente”.

En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc

La FIP concluye que Tumaco sin las Farc, “está ante un escenario de múltiples disputas y reacomodos que impactarán los ámbitos rural y urbano. Además de grupos armados preexistentes, expresiones criminales y de delincuencia común, este municipio nariñense afrontará en corto y mediano plazo los efectos de las milicias disidentes de las FARC, que de acuerdo con unos medios de comunicación, habría por lo menos 10 estructuras integradas por 700 de estas personas”.

En ese panorama, se cuestionan las capacidades estatales para “garantizar, por un lado, el funcionamiento y seguridad de las zonas veredales y del proceso de desmovilización y dejación de las armas y, por el otro, una transición real que permita una salida definitiva a los espirales de violencia que allí se han reproducido históricamente”.

 

Sin Farc, pero epicentro de agresiones a líderes sociales y violencias menos visibles

Este departamento es testigo de una gran contradicción: la violencia letal disminuyó desde hace dos año, pero han aumento otro tipo de agresiones, relacionadas con la intimidación y el control social. Y vive la tragedia de ser uno de los “epicentros” de agresiones contra los líderes sociales. Según datos de la FIP, en ese departamento, en 2016, se registraron 92 agresiones a líderes, 22 homicidios, 55 amenazas, 8 detenciones arbitraria1s y 7 intentos de homicidio, concentrados en Popayán y Caloto. El año pasado concentró el 13 por ciento de las agresiones a líderes en el país y la tendencia persiste en lo corrido del actual.

Las lógicas de violencia se diferencias por la ubicación geográfica: el norte fue territorio de las Farc con el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas, estructuras con las ejerció un fuerte control territorial en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, cuyos líderes son los más agredidos, al parecer, “por su decisión de apoyar la sustitución de cultivos, lo cual, estaría generando presión armada por parte de grupos de narcotraficantes”.

La continua tragedia de los defensores de derechos humanos

La costa Pacífica, clave para las plantaciones de cultivos de coca y la minería ilegal ha sido escenario de enfrentamientos entre el Eln un grupo autodenominado como Águilas Negras, al que se le atribuyen amenazas, asesinatos a líderes sociales y restricciones a la movilidad. En el sur, el Eln ha provocado desplazamientos forzados y ha protagonizado enfrentamientos con el Ejército.

En ese escenario, la FIP indica que Cauca puede “verse notablemente afectado por la persistencia de violencias asociadas al control social, como lo han sido las amenazas contra líderes y la población civil en general. Y su vez se encuentra ante la expectativa del reacomodo y si hay disputas o alianzas entre los grupos armados que seguirán y los que puedan entrar, a lo que se suma la presión de grupos de narcotraficantes para que la organización social a favor de la sustitución de cultivos no marche”.

 

Entre la implementación y la expectativa por la continuidad de las AGC y el Eln

En esa región de Antioquia, la FIP encontró que hay una aparente y tensa calma, que podría acabarse por la movilización de las Farc hacia los sitios de concentración, por posibles reacomodos del Eln y de los 'gaitanistas'. “Hasta el momento, la balanza se inclina a que pueden mantener pactos de no agresión y hasta de cooperación para tener a flote el funcionamiento de las economías criminales y extracción de rentas provenientes del narcotráfico y la minería de oro. Sin embargo, estos pactos son frágiles, por lo que el escenario de coexistencia puede cambiar rápidamente a uno de disputa, como sucedió a final de 2015 e inicios de 2016”, indica el informe.

Además, advierte que un cambio de status quo, “haría de esta región una de las más difíciles y riesgosas para la implementación del Acuerdo de Paz, en especial, en lo relacionado con los entornos de las zonas y puntos veredales donde se concentran las FARC y sus garantías de seguridad. A esto se suma la intención que ha hecho pública el ELN de copar espacios dejados por las FARC”.

En esa zona también causa preocupación las agresiones contra líderes sociales: “De acuerdo con el seguimiento de la FIP, en El Bagre se han registrado recientemente tres asesinatos y tres casos de amenaza. Estas acciones han apuntado, principalmente, a la Asociación de Hermandades Agropecuarias y Mineras del Guamo (Aheramigua), de la que fueron asesinados dos de sus integrantes y otros dos fueron amenazados durante 2016”. La explotación aurífera es clave en esa región, puesto que es la de mayor producción en Antioquia.

¿Qué pasa con el Eln en el Bajo Cauca?

Otro factor de disputas puede ser su ubicación geográfica, porque al estar entre la Serranía de San Lucas y el Nudo del Paramillo, en un corredor importante para el tráfico de drogas hacia la frontera con Venezuela y conduce a los océanos Pacífico y Atlántico. Además, por su condición selvática es propicia para el cultivo y procesamiento de coca. En 2015, según SIMCI, tenía 4.809 hectáreas sembradas.

Y en medio de esos intereses se encuentran el Frente de Guerra Noroccidental del Eln (con los frentes Compañero Tomás y José Antonio Galán) en la zona rural de Cáceres, Zaragoza, Tarazá y El Bagre; y las AGC están establecidas en los cascos urbanos y las zonas rurales cercanas a las cabeceras de los seis municipios del Bajo Cauca.

 

Consolidación del crimen organizado y continuidad de violencias menos visibles

El municipio que cuenta con el puerto más grande del país, vive en medio del fuego cruzado entre La Empresa y La Banda Local, quienes se enfrentan a muerte por el control del microtráfico y la extorsión. Como consecuencia, se vive en una crisis humanitaria a causa del desplazamiento intra-urbano, el confinamiento, el reclutamiento forzado y la violencia sexual.

Al respecto, el informe indica que “La Empresa y La Banda Local –relacionada con las AGC- son la autoridad de facto en barrios de las comunas 10 y 12, aunque algunas fuentes también advierten que en la 11 tienen algún tipo de presencia (…) e imponen normas de conducta, horarios de entrada y salida y cobran peajes”.

El hecho de que diferentes grupos hayan tratado de controlar a Buenaventura y convertirla en una de las ciudades más violentas del país, es calificado por la FIP, en parte, por el “poco control estatal a la salida de drogas y el ingreso de armas y otros bienes a través de ríos, esteros y el mismo puerto. Se suma que barrios de la zona insular y continental se han convertido en puntos de extracción de rentas por medio del microtráfico, la extorsión, el fleteo y los peajes”.

La oscura noche de Buenaventura

Aunque los homicidios han reducido y las autoridades exponen estadísticas con orgullo, éstos ahora son cometidos “de manera más focalizada en las comunas 10 y 12, donde los dos grupos arriba mencionados se están reacomodando”. Así mismo, el informe detalla cómo son las vulneraciones por despojos de viviendas, extorsiones, reclutamientos forzados y violencia sexual.

Sobre ese último caso, señala que “el abuso de niñas por parte de los miembros de los grupos armados se ha utilizado para “domesticar, someter, oprimir, imponer normas y desatar terror”. En este caso, pertenecer a un grupo armado o simplemente tener un familiar en la banda da el poder de disponer de los cuerpos de las niñas y mujeres de las comunidades, en especial, de las estudiantes de colegio”.

 

¿Ad portas de la tormenta perfecta? Crimen organizado, presiones transnacionales, disidencias y persistencia de economías criminales

La alta tensión de palma esa región, puesto que coexisten y se reacomodan estructuras del crimen organizado y disidencias de las FARC. Sobre esa dinámica, la FIP advierte que “si bien la acción de la fuerza pública ha contenido la expansión y consolidación del Bloque Meta, de Libertadores del Vichada y las AGC, preocupa lo que pueda suceder con la consolidación de disidencias como los Frentes 1, 7 y 44 en Guaviare, Vaupés y Guainía, y su intención de controlar los eslabones de la cadena del narcotráfico, a pesar del reciente golpe de la fuerza pública”.

Y el narcotráfico es transversal en estos departamentos, puesto que desde hace décadas es una de las rutas más importantes del tráfico de drogas desde el centro del país hacia Venezuela; además, cuenta con los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización de cocaína como laboratorios de procesamiento, cristalizaderos y por lo menos tres rutas de salida de droga.

Mientras la mayoría de las Farc están en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en la región coexisten sus disidentes –con riesgo potencial de nuevas deserciones por parte de los frentes 7 y 27-, los Gaitanistas y  Los Puntilleros. Al respecto, el informe indica que “si bien en esta región del país coexisten los grupos armados, preocupa lo que pueda ocurrir en el corto y mediano plazo con el desmonte definitivo de las estructuras de las FARC, sobre todo en zonas históricas y con alta presencia de cultivos ilícitos, así como en aquellas de frontera donde ya hay reportes de posible reclutamiento de disidentes de las FARC por parte de estructuras criminales brasileras”.

Disidentes de las Farc, ¿detrás de asesinatos en Mesetas?

Y puntualiza que  “en este escenario, por un lado, inquieta la posible consolidación de la disidencia del Frente 1 en el sur de Guaviare, Guainía y Vaupés. Esto, sumado al interés de las AGC de incursionar en el Guaviare para controlar las rutas de droga, puede llevar al incremento de la violencia y de las afectaciones de la población civil, así como del reclutamiento de excombatientes de las FARC. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que se consoliden otras disidencias de las FARC, sobre todo en las zonas de cultivo de coca en el departamento del Meta”.

 

Continuidad de grupos guerrilleros, tensiones socio-políticas y expectativa ante el crimen organizado

Este es otro de los territorios críticos por los problemas de orden público, el aumento de cultivos de coca, las tensiones sociales y los fenómenos de contrabando y corrupción en la zona de frontera. En medio de ese panorama, en el último año, se ha dado una reconfiguración territorial entre el Eln y el Epl: “Para nadie es un secreto que estos dos grupos se repartieron el territorio con la salida de las FARC, lo que se hizo sin mayores dificultades debido al arraigo que tienen estos grupos en la región”, lo cual posible “no sólo por la necesidad de continuar con el narcotráfico, sino porque los integrantes de estos grupos guardan lazos de confianza de vieja data, razón por la cual se descartan enfrentamientos entre ambos grupos”.

Sobre el Eln, el informe señala que “parece estar fortaleciéndose en su trabajo político con miras a los resultados que puedan arrojar los diálogos de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, no se descarta que quieran mostrar fortaleza militar y presencia territorial por medio de secuestros, atentados contra la infraestructura petrolera, bloqueo de vías, agresiones contra líderes sociales y acciones de bajo esfuerzo militar contra la fuerza pública”.

En cuanto al Epl, plantea que es una gran incógnita: “Si bien guarda rasgos similares con el ELN, su estado actual en términos militares no es del todo claro. Hasta hace poco habrían tenido la intención de comenzar incursiones en zonas del departamento de Cesar para abrir nuevas rutas para la comercialización de pasta de coca. Estas zonas colindan con el municipio nortesantandereano de Ocaña, como Río de Oro, La Palmita, Sabanas, zonas altas de Aguachica, así como Pailitas por el municipio de El Carmen, pero los reveses que han sufrido por las sucesivas capturas de sus integrantes los tendrían, de acuerdo con un integrante de la fuerza pública de la región, en un punto de inflexión o de no retorno”.

El Catatumbo, teatro de guerra

En medio de esos dos grupos también hacen su aparición las AGC, con la “subcontratación” de estructuras delincuenciales locales, las cuales están ubicadas principalmente en las cabeceras municipales de Ocaña, Ábrego, Tibú y en la zona metropolitana de Cúcuta. Además, también tienen presencia Los Rastrojos en Puerto Santander y en el vecino país de Venezuela.

Y de trasfondo, se encuentran las tensiones socio-políticas y las reivindicaciones que piden las organizaciones comunitarias, las cuales han ido en aumento desde el paro campesino de 2013. Sobre este punto, la FIP indica que hay dos lecturas al respecto: “Por un lado, están aquellas que afirman que si bien el paro fue algo justificado tras décadas de promesas incumplidas –algunos trazan el origen de estos descontentos en el gran paro del oriente de los años 80– al mismo tiempo hubo organizaciones que se alzaron, arbitrariamente, con las banderas de dicho paro y se atribuyeron la interlocución exclusiva con el gobierno nacional”.