“Es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”

Michael Evans, el analista del National Security Archive en Washington que ha trabajado en la desclasificación de archivos referidos al país, opina sobre el efecto que estos documentos pueden tener en una futura comisión de la verdad.

entrevista michael avansMichael Evans, el analista del National Security Archive.The National Security Archive es una organización no gubernamental que vela por hacer públicos los documentos que han sido clasificados por las agencias de seguridad en Estados Unidos. Desde allí, el investigador Michael Evans ha seguido de cerca los documentos que hablan de violaciones a los derechos humanos en Colombia: interceptaciones ilegales de DAS, pagos de empresas multinacionales como Chiquita Brands a grupos armados, y militares al servicio de los paramilitares, entre otros.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Evans advierte de la importancia de que la sociedad civil se prepare para la Comisión de la Verdad en Colombia propuesta en el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional. La experiencia de otras comisiones en Latinoamérica muestra que los archivos desclasificados de Estados Unidos han jugado un papel muy importante y cree que Colombia no será la excepción.

VerdadAbierta (VA): Teniendo en cuenta el trabajo que han hecho con otras comisiones de la verdad en el mundo, ¿cómo cree que puede prepararse Colombia para crear la comisión de la que habla el acuerdo de paz?

Michael Evans (ME): Creo que primero debe haber una discusión, en términos concretos, sobre cómo será la Comisión de la Verdad, qué es lo que quiere que se logre y cuáles son esos casos emblemáticos que representan el conflicto armado en Colombia.

Aunque aún no es tan claro cómo va a operar, una de las cosas con las comisiones de la verdad es que operan en un corto periodo de tiempo, 2 o 3 años, y entre más tiempo haya para prepararse es una ventaja. Se pueden elegir unos 40 o 50  casos de violaciones de derechos humanos cometidos por los distintos grupos armados ilegales y legales.

Tener tiempo es importante para acceder a la información necesaria, hay mucho trabajo para hacer en Estados Unidos.

(VA): ¿Cuál cree que es el papel de la sociedad civil en esta discusión?

(ME): Pienso que deben estar unidos para definir una agenda en la Comisión de la Verdad. Eso no implica que todo el mundo tiene que estar investigando los mismos temas. Podemos pensarlo como un gran rompecabezas, y de acuerdo con sus intereses diferentes organizaciones y personas pueden trabajar en distintas partes del rompecabezas y, con suerte, al final se logrará unir todo.

La discusión no se puede quedar solo entre un pequeño grupo de personas, no las mismas organizaciones de derechos humanos que siempre dan las discusiones. Debe haber un esfuerzo por incluir diferentes voces, diferentes partidos, para así encontrar casos emblemáticos de las Farc, del Epl, del Eln, de los paramilitares y de las agencias de seguridad estatales.

(VA): ¿Por qué son importantes los archivos en esta discusión, en especial los archivos del gobierno de Estados Unidos?

(ME): Sobre el conflicto colombiano hay ciertas cosas que están bien documentadas, pero hay aspectos en los que todavía es muy pobre. Con bien documentadas, me refiero a que la información sobre los hechos esté disponible para la gente.

Los archivos de las agencias estatales que se mantienen en secreto contienen información clave en este recuento de la historia. Y si uno de los objetivos de las comisiones de la verdad es entender la responsabilidad del Estado en el surgimiento, por ejemplo, de la insurgencia o del paramilitarismo, entonces tenemos que acceder a esa información.

Si no es posible acceder a esa información oficial  en Colombia, una de las formas de conocerla es por medio de los archivos que están disponibles en Estados Unidos. Sabemos también, por experiencias anteriores como la de Guatemala, que cuando se acerca una comisión de la verdad, las agencias estatales que han estado vinculadas con represiones pueden destruir el material incriminatorio.

No estoy diciendo que lo mismo esté pasando en Colombia ahora mismo, pero hay muchos archivos de los que poco se sabe, como por ejemplo los del DAS con los seguimientos ilegales contra la sociedad civil en Colombia, pero sobre el asunto hay información disponible en Estados Unidos. Pasa lo mismo sobre por con la colaboración de inteligencia a grupos paramilitares.

Hay también archivos que pueden incriminar a las Farc, a otros grupos guerrilleros y a los paramilitares. En conclusión, sirven para encontrar información que ha estado escondida o que se han intentado esconder.  

(VA): ¿Cómo se puede acceder a esa información en Estados Unidos? ¿Qué tanto de esta decisión depende de la nueva presidencia de Estados Unidos?

(ME): No es fácil en este punto saber cuál va a ser la posición del gobierno Trump en estos asuntos, si va a haber un apoyo directo al proceso de paz en Colombia. El apoyo del Presidente para expedir y dar inicio a un programa de desclasificación histórica puede ser muy importante, por supuesto, especialmente si la idea es requerir la participación de todas las agencias pertinentes.

Por otro lado, no es necesario que sea el Ejecutivo el que administre una desclasificación personalmente. Es posible que una agencia, como el Departamento del Estado, decida desclasificar sus documentos sin coordinación con la Presidencia. El hecho es que el nuevo presidente no ha elaborado mucho sobre sus políticas sobre Colombia, y en términos generales, es posible que mucho se queda en manos de la burocracia. Vamos a ver.

Desde mi punto de vista, la mejor solución es un programa de desclasificación enfocado en el conflicto armado en Colombia y la violación de derechos humanos. Un programa que sea dirigido desde, en el mundo ideal, por The National Security Council, que es parte de la Presidencia, de manera que desde ahí se pueda requerir la información relevante para Colombia que esté en manos de las diferentes agencias de Estados Unidos: Departamento de Estado, CIA, entre otras.

Cuando en Perú se creó la Comisión de la Verdad, durante la administración del Presidente George W. Bush, se limitó la desclasificación sólo a una agencia, el Departamento de Estado. En el caso de Guatemala, el presidente Bill Clinton designó a alguien de su staff para requerir información sobre violaciones graves de derechos humanos a todas las agencias del gobierno federal. En estos casos fueron las mismas comisiones de la verdad las que hicieron las solicitudes de información al gobierno de Estados Unidos.

Para mí, lo que llamamos “Declassified Diplomacy” es una forma fácil en la que el gobierno estadounidense puede prestar apoyo al proceso de paz, sin que resulte muy costoso.

(VA): ¿Estos documentos no cuentan sólo una parte de la historia? ¿Es posible armar la historia si no se cuenta con el mismo acceso a la información de los documentos oficiales en Colombia?

(ME): Es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia, y es por lo que yo creo que por eso muchas historias se terminan contando desde la visión del imperio, me refiero desde la visión de Estados Unidos o de los países europeos. Pero eso es también el resultado de algo positivo y es que acá hay un sistema de acceso a la información que funciona y que ha existido por 50 años. Hay personas que se especializan en eso, oficinas en casi todas las agencias gubernamentales que se ocupan de responder esos pedidos de información, que entienden que se tratan de obligaciones bajo la ley. Hay un riesgo obvio de que se cree un imperialismo de los archivos, pero es claro que esa no puede ser la única fuente de información.

Creo, además, que si Estados Unidos saca a la luz muchos de esos documentos hasta ahora desconocidos puede ayudar al debate sobre los retos de acceso a la información en Colombia. Hablo específicamente de usar la nueva ley de transparencia en Colombia, de la pieza de esta ley que dice que la información relacionada con derechos humanos debe ser revelada. Pero esto a veces no se cumple porque se cruza con información que por seguridad permanece en secreto.

Tuvimos una experiencia muy interesante en México en la que elevamos a la Corte una solicitud de información, de hechos recientes, sobre violación de derechos humanos. Incluimos los documentos que obtuvimos en Estados Unidos para soportar y apelar la decisión de negarnos la información. Ese caso lo ganamos. Creo que Colombia puede tomar como ejemplo esos esfuerzos coordinados que se han hecho en otros países, pues aunque la ley diga que ese tipo de información debería ser revelada, eso realmente no pasa y no va a pasar hasta que haya esfuerzos de la sociedad civil de trabajar de una forma estratégica.

(VA): ¿Cómo puede ser esa estrategia?

(ME): Me refiero a que tiene que haber objetivos de largo plazo. Además de la organización que debe haber para decidir cuáles son los casos emblemáticos, también tiene que haber un nivel de organización entre quienes estén interesados en ganar alcances de acceso a la información. Debe existir desde ya una estrategia jurídica que sepa qué es lo que quiere y el resultado que espera a largo plazo.

No pueden ser esfuerzos aislados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos si vas a la corte con la estrategia equivocada y pierdes, creas un mal precedente que afecta a todos los demás.

En esos archivos hay a veces evidencia de crimines contra civiles que no es revelada porque contiene información sensible sobre esas personas. Creo que las víctimas tienen que estar entonces incluidas en esta conversación. En el caso del DAS, por ejemplo, me arriesgaría a pensar que la mayoría no tiene problema con que se revele su nombre. Muchas de estas víctimas eran personas que simplemente estaban haciendo su trabajo y eso es sólo una evidencia más de que fueron victimizados.  

(VA): Estos archivos resultan muy útiles para rastrear las decisiones de los gobiernos pero, ¿qué tan útiles resultan para conocer más información de grupos armados, en este caso, de las Farc?

(ME): Eso es más difícil, porque se trata de un grupo que no fue elegido popularmente y a quienes no les aplican las mismas leyes de acceso a la información que a los entes estatales. Sin embargo, sí existen en varias investigaciones donde está mucha de la información que ha sido incautada a esos grupos y es información muy interesante. Algo parecido a lo que sucede con Chiquita Brands, lo que conocemos de la empresa no es porque se lo solicitemos a ellos, sino que es información que hizo parte de un proceso judicial y que ahora está desclasificada.