El cuestionamiento es del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien considera que la concentración de guerrilleros no se está haciendo con el debido orden y alega que desde un escritorio en Bogotá no se puede ajustar un proceso de esta magnitud.
Una de las preocupaciones del gobernador Luis Pérez es que en el proceso de desmovilización, las Farc venta “cupos” y haya colados buscando beneficios económicos. Foto: Ricardo Cruz Baena.“No hay proceso en el mundo, no hay revolución en este planeta, que no se haya hecho con orden y disciplina”, afirma, con especial énfasis, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, cuando habla del proceso de concentración de la guerrilla de las Farc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, y que tendrá alto impacto en el departamento, pues en éste habrá cinco zonas de ubicación, donde permanecerán los insurgentes durante 180 días en tránsito a la vida legal.
De ahí la preocupación del mandatario regional, quien ha expresado sus inquietudes por las fallas en la comunicación que hay desde el gobierno central hacia las regiones. “Al gobierno le importa más el acuerdo, como documento, que la organización en las regiones”, advierte Pérez y por ello exige orden y disciplina en este proceso que apenas comienza y que necesitará la mayor disposición de gobernadores y alcaldes para que todo salga bien.
El mandatario de los antioqueños le aclaró a VerdadAbierta.com que no tiene ningún reparo en el proceso de paz firmado con las Farc, por el contrario, expresó todo su apoyo; en lo que sí tiene cuestionamientos es en la manera cómo se está manejando el mecanismo de concentración de guerrilleros, en el que Antioquia aporta cinco zonas, ubicadas en Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte; y también en los proyectos piloto de desminado y de sustitución de cultivos en el municipio de Briceño, adelantados con participación de las Farc.
En entrevista con este portal, aclaró propuestas como las de los vicealcaldes militares para algunas regiones del departamento altamente conflictivas y precisó que apoya tanto proceso de paz que ya tiene agenciados 2,5 billones de pesos para la fase de implementación de los acuerdos en su plan de desarrollo. A continuación, presentamos la conversación sostenida con el Gobernador de Antioquia.
VerdadAbierta.com (VA) ¿Qué reflexiones le suscitó el Acuerdo Final alcanzado con la guerrilla de las Farc?
Luis Pérez (LP): Fuera de la esperanza de que haya paz, lo que a mí más me apasiona de este acuerdo es la oportunidad que se le abre al campo y al campesino colombiano de dignificarlo. Nuestros problemas más graves nacen en el campo por una injusticia centenaria, cuando el campo debería estar produciendo lo mejor, desde el campo colombiano se produce lo peor, porque la mayoría de las normas no cobijan a los campesinos. Si uno analiza a un campesino, un campesino es una persona al margen de la ley, pero no porque ellos quieran estar al margen de la ley, sino porque la ley no los cobija: no tienen ingresos permanentes, no tienen seguridad social, no saben qué son unas vacaciones, no saben qué es una jubilación.
Laesperanza más importante, desde mi punto de vista, que este proceso de paz ofrece es sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos; formalizar la producción agrícola con tecnología; desde el punto de vista comercial, es buscar que el campesino tenga un empleo digno; que el campesino no se acabe.
VA: Nos sorprende que hable tan positivamente, porque en algún momento pensábamos que usted era un crítico de los acuerdos con las Farc, que algo no le gustaba…
LP: No existe una sola expresión de Luis Pérez contra el proceso de paz, ni existirá. Por el contrario, si algún gobernante trabajó en el tema de la pedagogía para la paz ha sido Luis Pérez. Tanto es así que yo coloqué a los 40 miembros del gabinete departamental a leer las páginas del acuerdo. Y después de que encontramos los puntos en común para cada secretaría, yo les pedí que cuantificaran cuánto vale la paz en Antioquia. Fue el único departamento que dijo que este acuerdo de paz nos puede costar 11 billones de pesos, y nosotros tenemos dos y medio billones ya comprometidos en el plan de desarrollo.
Hemos trabajado muy duro en el tema de la paz, por eso, incluso, hemos tenido enfrentamientos con el gobierno nacional, pero no es nada distinto a que nosotros no queremos que esto se despedace.
VA: Pero usted hace poco lo calificó de “guachafita”
LP: Son dos cosas diferentes. Desde que empezó el proceso y yo me posesioné, le he pedido al Presidente (Juan Manuel Santos) que el proceso tenga mucha disciplina y mucho orden. Y eso lo hago fundamentado en lo que ha pasado en todos los procesos de posconflicto en el planeta. Posconflicto que no tenga orden o disciplina se vuelve una guachafita; posconflicto que no tenga un método de trabajo se puede convertir en algo peor de lo que estamos tratando de acabar. Cuando uno estudia fenómenos como el de El Salvador, se ve que se volvió imposible de vivir cuando se hizo la dejación de armas de la guerrilla, porque no hubo orden.
VA: Y en detalle, ¿qué es exactamente lo que usted ha propuesto?
LP: Aquí tenemos que hablar con franqueza: a un desmovilizado hay que tratar de educarlo para que se reincorpore a la civilidad. Basta mirar qué vida lleva un guerrillero: es un muchacho que lo cogieron a los diez, doce años, sin normas, las únicas normas son las del campo, sin una disciplina de trabajo, sin unos objetivos sociales importantes, muy acostumbrado a la violencia, a enfrentar con la mano del más fuerte.
Y ahora, por el contrario, tienen que vivir en una sociedad donde la fuerza es lo que nunca se debe utilizar, entonces hay que acudir al trabajo, al orden, a la disciplina. Y yo se lo he dicho al Presidente, precisamente porque quiero aportar a la paz, es por lo que yo le pido que esto no sea algo que, en el futuro, se convierta en algo más grave de lo que estamos solucionando.
Al mandatario seccional le llama la atención la escogencia del municipio de Briceño para hacer pruebas piloto en desminado y sustitución de cultivos. Teme que haya algo más que no se esté diciendo. Foto: Ricardo Cruz Baena.VA: ¿Y el proceso no comenzó con orden y disciplina?
LP: El posconflicto ya empezó, y empezó mal, desordenado. Por ejemplo, a nosotros nos piden que definamos las zonas de concentración. Yo le dijeal Presidente, ‘las zonas de concentración que se necesiten nosotros las apoyamos’. Pero también dijimos: ‘Presidente, firmemos un protocolo, que nos digan cuántos guerrilleros van a cada zona, quiénes son, que nos pasen sus hojas de vida, analicemos qué van a hacer allí durante 180 días’.
Quedamos en que iban a crear una infraestructura para que llegaran los guerrilleros, pero hasta hoy el gobierno nacional no ha hecho ningún tipo de infraestructura en los lugares donde van a estar, estimo, cerca de mil personas.
Otra cosa: los guerrilleros aparecieron en San Francisco, un corregimiento de Yondó, que jamás aparecía en ningún documento, cuando de pronto le dicen al alcalde, ‘señor alcalde, aquí hay una carta de la guerrilla que necesita unos transformadores para darle energía a unas 350 personas en San Francisco. Y entonces el alcalde se asusta y comienza uno a preguntar y resulta que el gobierno nacional no sabía que se iban a preagrupar allá.
Si ustedes analizan eso, el posconflicto es una guachafita, y si seguimos hacia allá no vamos a tener los resultados de paz que queremos.
VA: Eso da a entender que la comunicación entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia, con relación a ese tema logístico, no es muy fluida.
LP: Yo tengo relación permanente, lo que pasa es que ni el ministro de Defensa sabe que van a ocurrir esos preagrupamientos. Es lo que yo puedo concluir. Los negociadores de paz todo lo van ajustando en el escritorio y, en parte, les da mucho miedo que se les rompa el proceso, y han pasado todas estas cosas y lo siguen tolerando.
Miren, en Anorí decidieron interactuar con las juntas de acción de comunal, cuando eso está prohibido. A cada Junta le están dando un documento para que firmen un derecho de petición para que pavimenten una vía, para que construyan un hospital, para que hagan una escuela, para que tapen un hueco. El alcalde se está enloqueciendo, pero qué más hace un guerrillero desocupado. Allá tomaron la decisión de llenar al Alcalde de derechos de petición.
VA: Lo que vemos entonces es que la comunicación está interrumpida entre las Farc y el gobierno nacional.
LP: Yo creo que es muy débil y que ellos van ajustando a medida que va avanzando el proceso. Y creo también que al gobierno le importa más el acuerdo, como documento, que la organización en las regiones. Eso ha sido muy común cuando un país ha sido centralista. Pero no hay proceso en el mundo, no hay revolución en este planeta, que no se haya hecho con orden y disciplina.
VA: ¿Bajo esa idea de orden y disciplina es que surge su propuesta, polémica y compleja, de nombrar vicealcaldes militares?
LP: ¿Pero por qué polémica y compleja? Es una idea sencilla, es camino a la civilidad. Hay ciertos sectores que siempre, por principio, está en contra de un policía o de un soldado. Un sector de esos son algunas Ongs (organizaciones no gubernamentales), otro sector es las Farc, pero uno no puede traerse todos los traumas de la gente para gobernar, tiene que ser flexible.
VA: Pero, ¿de dónde parte su idea?
LP: La idea mía parte de esto: las Farc se van de un territorio y es importante analizar qué queda en el territorio. Les voy a poner un caso concreto, para que vean que aquí no inventamos: Vereda La Granja, Ituango, mil habitantes. Esa vereda tiene el dominio de las Farc hace 35 años. No hay un policía que haya visitado La Granja hace 35 años. Las Farc dicen, ‘vamos a empezar a caminar para ver si nos juntamos por allá en Santa Lucía’, entonces sale de La Granja.
La primera conclusión que sacarían ustedes es que la gente está tirando voladores, hicieron fiesta, porque se fue las Farc, pero no. Hubo protesta. ‘Señor Alcalde, hable con el Gobernador porque nos jodieron, se fue las Farc y entonces aquí no hay quien resuelva un problema intrafamiliar, de límites de tierras, la única autoridad que ha existido hace 35 años es las Farc, nos estamos matando a cuchillo, a navaja’.
Entonces la pregunta es: ¿cómo recuperar esa zona para darle institucionalidad? Ahí no solo faltan médicos, que los estamos llevando; ahí no solo faltan escuelas, que las estamos llevando; ahí falta también personas que sepan de seguridad ciudadana, porque esas tierras que dejan las Farc, donde hay hoja de coca y minería ilegal, necesitan también ser protegidas para que las bandas criminales no se apoderen de esa zona. Además, es una zona que está sembrada de minas antipersonas.
Yo creo que nombrar un funcionario como comisario, por 900 mil pesos, no tiene la capacidad de entender la complejidad de los procesos, que son sociales, de seguridad ciudadana y de avizorar enemigos de la legalidad que están merodeando por allí. Entonces se me ocurrió proponer una figura de Vicealcalde de Seguridad y Convivencia, que, inicialmente, mientras vamos haciendo tránsito a la legalidad, sean desempeñados por miembros de la Policía que tengan formación profesional adicional -abogados, ingenieros, médicos-, que vayan allá y estén subordinados a la autoridad del Alcalde.
El Departamento de Antioquia tiene en su plan de desarrollo 2,5 billones de pesos para aportar al posconflicto. Foto: Ricardo Cruz Baena.VA: ¿Y de dónde surgió entonces la idea de que eran vicealcaldes militares?
LP: Lo que pasa es que ustedes han refinado mucho la palabra militar. En este caso militar, es de la Fuerza Pública, y estoy pensando es en la Policía.
VA: ¿Cuántas más áreas del departamento clasificarían para tener este tipo de vicealcaldes?
LP: Yo estoy pensando que en uno por cada municipio con problemas. Hemos cuantificado 21 municipios. Pero es una figura transitoria. Y en Antioquia se va a aplicar, ya venimos trabajando con la Policía en este objetivo. El presidente Santos me dijo que era una excelente idea, Rafael Pardo (Alto Consejero para el Posconflicto) dijo que era una excelente idea.
VA: ¿Quién pagaría el sueldo de esos policías convertidos en vicealcaldes?
LP: Podemos hacer un convenio con la Policía Nacional para que esos salarios de esos coroneles ellos lo sigan pagando, pero nosotros por el Fondo de Seguridad se los entreguemos a la Policía. Ellos vendrían en comisión de servicios por un año, año y medio, tiempo suficiente para institucionalizar la zona.
VA: Una de las últimas alertas que ha hecho usted tiene que ver con el avance de la guerrilla del Eln a zonas donde antes estaban las Farc. ¿Qué diagnóstico ha hecho para llegar a esa denuncia?
LP: Es un diagnóstico empírico. La mayoría de los alcaldes conocen gente de las Farc, gente del Eln y gente de las bacrim (bandas criminales). Se acostumbra mucho en los municipios que las Farc y el Eln salgan a trotar, como lo hace cualquier ejército. Entonces los alcaldes le dicen a uno: ‘oiga gobernador, ahí vi dos muchachos de las Farc trotando con dos del Eln’; ‘vimos muchachos de las Farc que asistieron a charlas donde también estaba el Eln’. Ese es un primer mensaje que uno debe asumir como cierto. Lo segundo es que las Farc, el Eln y las bandas criminales son socios.
VA: ¿Son socios en qué?
LP: En Negocios. Lo primero es la coca, siembra y pasta de coca que hacen los campesinos. Cuando a ellos se les pierde un cargamento comienzan los conflictos y la minería ilegal igual. Los mineros ilegales puede que no todos pertenezcan a las Farc, a las bandas criminales o al Eln, pero todos están gozando o de la protección o de aportes que le tienen que hacer a estos grupos para poder sobrevivir. También tenemos información que las Farc y otros grupos ilegales son lo que compran el oro ilegal.
El conflicto más reciente que a mí me dicen que existe es que las Farc le pagaban un millón cuatrocientos mil pesos a cada familia cada dos meses por cultivar unas hectáreas de hoja de coca y por hacer la pasta de coca. Y ahora que las Farc se han ido, han llegado delegados de las bandas criminales y les dicen a los campesinos ‘sigan preparando esa coca, pero les vamos a dar ochocientos mil pesos por los dos meses’.
VA: Justamente con respecto a la sustitución de cultivos ilícitos, ¿qué se plantea desde la Gobernación de Antioquia?
LP: El caso de Briceño es un caso patético de lo que estamos discutiendo y se sintetiza muy fácil: Allí hay cerca de 33 veredas, 11 de ellas estaban bajo el control de las Farc, 11 más están muy influenciadas por las bandas criminales, y el resto están limpias por el Estado. Allá se habló de sustituir los cultivos y estamos totalmente de acuerdo. Nosotros somos capaces, con unos pesitos nuestros y unos pesitos del gobierno nacional de sustituir esos cultivos muy pronto. Si nos descuidamos se nos pueden pasar las bacrim para las otras 11 veredas. Yo lo que he dicho es que hay que acelerar el proceso de sustitución de cultivos.
Lo que les escuché a las Farc, y no sé si eso lo habrá firmado el Presidente, es que la erradicación consiste en que sembremos cultivos lícitos al lado de los ilícitos. A mí me hace aterrador porque pues uno abonando cacao y hojas de coca con plata del Estado. Lo mejor es hacer un esfuerzo económico para ponerle un salario a los campesinos, durante los primeros 12 o 18 meses y que erradiquemos de una vez.
VA: ¿Pero entonces qué opina de Briceño, que se anunció como una prueba piloto para replicar en todo el país?
LP: Las Farc le han puesto demasiada picaresca a Briceño. Primero que todo no lo escogieron como zona de concentración, y no sabemos por qué; y lo segundo es que allá están haciendo más un experimento político que un experimento social. En un pueblo tan chiquito, donde nosotros podemos erradicar los cultivos ilícitos, se monta una parafernalia política y nos quedamos haciendo asambleas y los campesinos se quedan sin nada. Tan malo es que un político tradicional no cumpla, como tan malo es que esta nueva forma de adquirir la paz se convierta en un trampolín político y que la gente quede otra vez sin ingresos y sin cambiar su economía campesina.
VA: Y con respecto al desminado que se hizo en ese municipio, ¿usted qué opina?
LP: Eso es un engaño. Simplemente desminaron 12 mil metros. Yo, como Gobernador de Antioquia, no puedo aceptar que se hayan invertido creo que 30 mil millones de pesos, o 40 mil, que hayan hecho tanta fiesta internacional y que me digan que el desminado fueron 12 mil metros. Eso no se puede aceptar. Tenemos que ser más serios.
