El nuevo acuerdo de paz se firmó en un ambiente que sigue dividido; una de las diferencias radica, precisamente, en la participación política de los futuros exguerrilleros.
Quienes se oponen a la participación en política del grupo que surja de las Farc, siempre utilizan la figura de Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timochenko’ y comandante de la guerrilla, para preguntarse si debería o no estar en el Congreso. Foto: Tomada del Twitter de Farc-Ep.En sus discursos tras la firma del acuerdo renegociado de paz, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, no ahorraron palabras para defender el punto de encuentro que significa el nuevo pacto, alcanzado, según el mandatario, tras intensas discusiones durante 40 días tanto en Colombia y en Cuba, en las que se escucharon los reparos de grupos políticos, religiosos y organizaciones ciudadanas.
Pero ni las reuniones de semanas enteras entre el gobierno nacional y los voceros del No, ni las decenas de modificaciones en el acuerdo original, fueron suficientes para que estos últimos quedaran satisfechos, a tal punto que integrantes del Centro Democrático propusieron la revocatoria del Congreso, que en últimas es el que refrendará e implementará los acuerdos de paz, e insistieron en la idea de una refrendación popular donde la gente pueda votar a favor o en contra de lo renegociado.
Si bien basan sus posturas en que los cambios no fueron sustanciales, el tema de la participación política de los futuros guerrilleros desmovilizados está en el centro de su inconformidad. Desde que el gobierno nacional anunció el nuevo pacto, el presidente Santos reconoció que se incorporaron modificaciones en 56 de los 57 ejes temáticos que tenían las propuestas del No. Y precisamente ese único que no se tocó fue el de política.
“Las Farc, como un partido sin armas,podrá presentar y promover su proyecto político. Serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán. Ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad”, reconoció Santos.
Asimismo, en su discurso tras la nueva firma, Londoño insistió en que la guerrilla confía en “tomar parte activa en plena legalidad en los ya próximos debates y justas políticas”.
Todavía no se ha definido el partido político en el que se convertirá la guerrilla ni sus estatutos, aunque en la Décima Conferencia las Farc sí definieron su voluntad de dejar las armas. Foto: María Clara Calle.Pero los del No tienen otro escenario en mente y persisten en sus argumentos para oponerse al nuevo acuerdo. Inicialmente, sus propuestas estaban encaminadas en tres líneas. La más radical de ellas es la que propone que ningún guerrillero condenado por crímenes de lesa humanidad o delitos graves pueda participar en política, que es lo que expuso en un principio el Centro Democrático; luego flexibilizaron un poco su postura y el mismo senador Uribe explicó en el Congreso que sí aceptaban que los exguerrilleros participaran en política, pero después de cumplir la pena que les imponga la Jurisdicción Especial de Paz.
“Que los responsables de delitos atroces puedan ser elegidos, pero después de cumplir la pena. Por ayudar a esto, yo lo acepto”, precisó el congresista.
Otra de las vías fue propuesta por Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, quien planteó que los guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad sí podrían participar en política, pero no para los cargos de Presidencia ni el Congreso.
Por su parte, el exprocurador Alejandro Ordóñez se ciñó a la Sentencia C- 577 de 2014 que expidió la Corte Constitucional, tras una demanda al entonces Marco Jurídico por la Paz, que fue reemplazado en el acuerdo por la Jurisdicción Especial de Paz.
En el fallo, la Corte aclara que al terminar un proceso de paz sí puede pensarse en que los exguerrilleros participen en política siempre y cuando cumplan seis condiciones: “no tener condenas penales pendientes, la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados que se encontraran en poder del grupo armado que se desmoviliza”. Sin que esto se cumpla, ninguno de los responsables por crímenes graves en las Farc podría participar en política, según la alta instancia.
Es por esto que Rafael Guarín, quien trabajó en laspropuestas que presentó el exprocurador Ordóñez, afirmó que “si reforman la Constitución para habilitar la participación política inmediata, sería contrario a la sentencia de la Corte y, además, le están diciendo mentiras a las Farc porque se encontrarán que sin cumplir con esas seis condiciones, no pueden estar en la política”.
Y es que si bien en el acuerdo quedó consignado que los exguerrilleros participarán en política, no precisa cuándo podrán hacerlo, pues solo indica que “la imposición de cualquier sanción (en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.
Finalmente, ninguna de las propuestas del No fue agregada al acuerdo renegociado y los términos para que los exguerrilleros puedan ocupar cargos políticos quedaron consignados de la misma manera.
Insistencia de la modificación
El ‘No’ ganó el plebiscito del pasado 2 de octubre con un estrecho margen pues solo obtuvo poco más de 60.000 votos de diferencia. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Desde el día en el que Santos anunció el nuevo texto del Acuerdo Final, voceros del No sentaron su voz de protesta por no poder agregar más modificaciones ni participar en las discusiones. Guarín, Uribe y el exprocurador han sostenido que el gobierno nacional se comprometió a mostrarles un borrador de lo pactado en La Habana tras las revisiones que hicieran con las Farc. Sin embargo, cuando los plenipotenciarios terminaron de realizar los ajustes respectivos, el anuncio oficial presentó un nuevo acuerdo sin que los opositores lo conocieran previamente.
Es por eso que, incluso después de firmarse el acuerdo este jueves, el Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, siguió insistiendo en que el acuerdo de paz se pueda modificar en el Congreso. Según sus propias palabras, aspiran a “encontrar acuerdos”; de lo contrario, apelarán “a que haya refrendación popular”, lo que se traduciría en un nuevo plebiscito o en un referendo.
Por su parte, el gobierno nacional se mantiene en pie y aspira que en el Congreso se aprueben los acuerdos, pero sin cambiarles nada. Es decir, una votación en bloque, entre otras razones porque hay una urgente necesidad de su implementación.
“Quiero transmitirles a los colombianos que realmente no hay espacio para una nueva negociación. Ya lo describimos Sergio (Jaramillo) y yo, después de 130 horas de trabajo minucioso con las Farc, realmente esto es lo que tenemos. Me parece que sobre esa base hay que trabajar […] Lo que no podemos es perder tiempo. Hay que comenzar la implementación”, expresó Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, en rueda de prensa realizada el pasado 15 de noviembre.
A esta carrera contra el reloj se suma que el próximo 10 de diciembre, el presidente Santos viajará a Oslo, Noruega para recibir el Premio Nobel de Paz. Es decir que si sus tiempos salen como espera y el Congreso refrenda el acuerdo la próxima semana, cuando el mandatario esté recibiendo su reconocimiento internacional, las Farc ya estarán en las zonasde concentración, prestas a comenzar su camino hacia la vida política sin armas, como lo han prometido.
Más allá de si se refrenda pronto o no, lo cierto es que las diferencias en el tema de la participación política de las Farc y la no inclusión de más modificaciones en el acuerdo se suman a la gran división política en la que continúa el país. Aunque se renegoció para incluir a más sectores, la mayoría de ellos se siguen oponiendo y será en ese ambiente en el que se implemente lo pactado en La Habana y lo firmado de manera definitiva en el Teatro Colón de Bogotá.
