La Jurisdicción Especial para la Paz contempla la aplicación de penas entre cinco y ocho años para miembros de la Fuerza Pública que han sido condenados o estén siendo investigados por delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado.
Los miembros de la Fuerza Pública serán investigados a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Foto: archivo Semana.
La Jurisdicción Especial para la Paz, contemplada en el Acuerdo sobre víctimas del conflicto alcanzado en La Habana con la guerrilla de las Farc, también involucra a los agentes del Estado y todo aquel que se acoja tendrá beneficios judiciales, entre ellos una condena que oscila entre los cinco y los ocho años.
En el artículo 32 de esa Jurisdicción se advierte que “el componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”.
Ese escenario de justicia, según el Acuerdo, estará constituido por una serie de salas, “entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Para Tania Parra, abogada, especialista en derecho penal, magister en defensa de derechos humanos y con 16 años de experienciadefendiendo militares, lo que por ahora se ha establecido en la Jurisdicción Especial para la Paz, sin duda, traería beneficios para soldados que estén siendo investigados o hayan sido condenados por cometer algún delito relacionado con el conflicto armado.
“La primera ventaja que yo le veo es para los condenados. Porque la mayoría de ellos fueron condenados a la luz de los derechos humanos. Al entrar en vigencia el tribunal, tales condenados pueden pedir la revisión de sus procesos para que estos sean investigados a la luz del derecho internacional humanitario, que cobija el conflicto interno armado que Colombia ha vivido desde hace 52 años”, explica Parra.
Exmiembros del Ejército reconocen bondades, entre ellos el Brigadier General (r) Jaime Ruiz, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerza Militares(Acore). A su juicio “la justicia transicional, entendida dentro de los protocolos establecidos y el tratamiento que le da a los militares, sin duda alguna que es favorable y quizá mejor alternativa que someterse a la justicia ordinaria tradicional o someterse a otras opciones que puedan existir, pero que no proporcionan los mismos beneficios”.
Las penas a pagar
Audiencia de militares acusados en mayo de 2009 por los falsos postivos de Soacha. Foto: archivo Semana.Decir la verdad es la gran condición para que los uniformados obtengan beneficios acogiéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz. Según el artículo 60, quienes reconozcan su responsabilidad y ayuden con el esclarecimiento de los hechos recibirán una pena entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad.
La pena, explica el general (r) Ruiz está dentro de los protocolos: “que no necesariamente hay que ponerse el traje de pijama e ir tras las rejas. Entonces se dan unas fórmulas, pues ya se hizo aquí. Se aplicó con los ‘paras’, a ellos se les aplicó una pena máxima de 8 años. Entonces lo que está allí es aceptable.”
Uno de las grandes dudas que aparece dentro del proceso es saber qué pasará con los militares que se acojan a la justicia transicional y ya han pagado entre cinco y ocho años en prisión. Se podrían presentar dos escenarios distintos, dependiendo si al uniformado es hallado culpable o no.
“Si esta persona lleva nueve años detenida y es inocente pues, como ya lleva nueve años detenida va a salir libre y va a pedir la revisión de su proceso. Al pedir la revisión de su proceso y resultar absuelta pues… ¿qué va a pasar? El estado le tiene que pagar esos nueve años que tuvo de detención injusta por malos procedimientos jurídicos. Pero, ¿qué pasa si esa persona que lleva nueve años detenida es culpable y quiere aceptar y se postula a la sala de aceptación, quiere reconocer un error? Pues seguramente ya no va a pagar ninguna pena”, explica Parra.
Ahora bien, en caso de que la persona no quiera reconocer la verdad ni la responsabilidad en los casos por lo que se les juzga recibirá, de acuerdo al mismo artículo 60, una privación efectiva de la libertad entre 15 y 20 años. Esto nosignifica, según la abogada Parra, que para acceder a los beneficios de la justicia transicional los militares deban declararse culpables.
“Esa es una falacia. Eso es lo que se usa en campaña política para deteriorar un tribunal que le va a hacer mucho bien a las personas condenadas. Las personas se pueden postular en una sala de reconocimiento para reconocer su responsabilidad, pero también se pueden postular en una sala de revisión para que le revisen sus procesos”, afirma la jurista.
Más allá del número de años de pena que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, el general (r) Ruiz es enfático al reiterar que lo único que quieren es respeto: “Nosotros no pedimos absolutamente nada diferente a garantías procesales; no pedimos ni amnistías, ni indultos; queremos juicios y procesos sanos.”
¿Cuántos militares se beneficiarían?
Según el Ministerio de Defensa, más cinco mil uniformados se beneficiarían. Foto: archivo Semana.El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley de justicia transicional en el cual se establecen las condiciones a las que los miembros de la Fuerza Pública se acogerían cuando se llegue a un acuerdo de paz. Según el alto funcionario, 5.500 soldados se beneficiarían con ese proyecto.
“Se desagregan así: 2.000 privados de la libertad que se podrán beneficiar una vez entre en vigencia esta ley, por ser 1.100 investigados con medida de aseguramiento y 900 que están condenados privados de la libertad; 3.500 que están siendo investigados y que no tienen medida de aseguramiento”, explica Villegas.
De los dos mil militares que están privados de la libertad, 1.020 podrían recibir libertad condicional y los 980 restantes tendrían privación de libertad en unidades militares.
Sin embargo, las cifras que ha recopilado el General Jaime Ruiz a través de la Fiscalía General de la Nación son distintas. Según él, actualmente hay 15.000 miembros de la Fuerza Pública siendo procesados por la justicia ordinaria. Solo 1.500, explica Ruiz, están en la cárcel.
De acuerdo a datos de Dirección Nacional Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, entre 2012 y 2016 se han judicializado 2.071 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía. Durante este periodo hubo 1.414 condenas contra 840 uniformados.
Villegas asegura, además, que los uniformados que estén vinculados a crímenes como el secuestro, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o el acceso carnal violento no recibirán los beneficios de la justicia transicional.
Tribunal Especial para la paz
En La Habana se definió quiénes elegirán a los integrantes del Tribunal Especial para la Paz. Foto: Oficina Alto Comisionado de Paz.La Jurisdicción Especial para la Paz estará conformada por varias salas de justicia y un tribunal especial para la paz que será el encargado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Tanto el tribunal especial para la paz, como las salasde justicia estarán conformados por magistrados colombianos y en algunos casos extranjeros.
Hace dos semanas, desde La Habana se anunció cómo sería la elección de los 72 magistrados que se integrarán a esta jurisdicción para la paz. Se dijo que la selección correría por cuenta del Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los magistrados de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
Al respecto, el general (r) Ruiz se muestra intranquilo y admite que las instituciones que elegirían a estos magistrados no le generan garantías suficientes, ni siquiera la Iglesia Católica.
“¿Por qué el Vaticano no nos da la suficiente garantía? No es el Santo Padre el que viene aquí a juzgarlos. Vendrán delegados de él, de la Santa Sede, Jesuitas, al igual que el Papa. Tenemos organizaciones que han sido antimilitaristas totales y que nos han causado mucho daño dentro de la guerra jurídica precisamente”, explica Ruiz.
La comunidad académica tampoco les da confianza a los militares. “Sí, hay muchas universidades, hay muchas facultades de Derecho, hay muchos sectores de izquierda en todas estas facultades, que tienen mucho peso y que no son tampoco una garantía para nosotros”, agrega el Presidente de Acore.
El camino para implementar los acuerdos alcanzados en La Habana apenas comienza y son muchas las dudas que tendrán que despejar los miembros de la Fuerza Pública antes de llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz con el convencimiento de que recibirán un proceso justo.
