Así lo afirma la asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, Elizabeth Lira Kornfeld, quien resalta el papel de las organizaciones de víctimas en la reconstrucción de memoria y su importancia en la ejecución de procesos judiciales.
Elizabeth Lira Kornfeld. Foto: CNMH.Elizabeth Lira es licenciada en psicología de la Universidad Católica de Chile y magister en Ciencias del desarrollo. Tras el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, se dedicó a ayudar a las víctimas de la dictadura con apoyo psicológico para la reintegración a la sociedad; además, hizo parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile.
A pesar de estar convencida de que se va a firmar la paz y creer que el proceso va por buen camino asegura que el Estado debe garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas para que el proceso sea sólido y, asimismo, que el éxito o fracaso de la puesta en marcha de los acuerdos únicamente va a depender de cómo la sociedad se sume al proceso.
VerdadAbierta.com habló con Lira sobre la reconstrucción de memoria, del reconocimiento y reparación a las victimas de la dictadura chilena, las lecciones que dejó le proceso y los aportes que este puede hacer a Colombia.
¿Cómo fue el proceso de recolección, investigación y organización de la información suministrada por las víctimas en Chile?
Desde 1973 se organizó el Comité de Cooperación para la Paz, el cual fue organizado por varias iglesias, duro dos años y que básicamente prestó servicios de asistencia legal a las victimas, esto permitió documentar lo que ocurría en los consejos de guerra y en la defensa legal de cualquier proceso judicial que tuvieran. La búsqueda y el registro de los detenidos desaparecidos empezó en el año 74, se hizo presión al poder judicial para que se investigara que había pasado con estas personas, hicieron huelgas de hambre, llegaron hasta a las Naciones Unidas, y se creó una comisión especial de investigación sobre los desaparecidos que en el año 79 llegó a la conclusión que los desaparecidos estaban muertos.
Lo que hoy en día tiene el Centro de Memoria Histórica es equivalente a lo que contaron las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, no eran todas las victimas, no eran todos los desaparecidos pero era el 70%. Entonces, este insumo que llega a la comisión que recoge todo lo que se había juntado durante la dictadura permite que se organice muy rápidamente y se resuelva en menos de un año la tarea la Comisión de la Verdad, que entregue un informe, que se haga una ley de reparación para esas victimas. Hubo políticas de reparaciónpara la gente que estaba en el exilio, para quienes perdieron el empleo por razones políticas. Para el año 95 teníamos un grupo importante de victimas reconocidas, pero había un gran numero de victimas que no, eran los expresos políticos y los torturados, son los que ingresaron a una comisión a partir del 2003, pasaron 12 años desde el fin de la dictadura para que se le diera lugar como victimas.
¿Cómo fue el proceso de reconocimiento y comprobación de ese 30% faltante?
La comisión reconoció aproximadamente 28.000 personas y casi 8 años después se hizo una nueva comisión para volver atrás y permitir que otras personas pudieran ser reconocidas y así se visibilizaron 9. 500 casos mas, entonces yo no creo que el mecanismo sea comisiones que abren un periodo y la gente se tenga que anotar, tendría que existir una oficina permanente para que las personas se pudieran llegar cuando estimen pertinente. Pero ¿por qué toma tanto tiempo el caso de los torturados y presos políticos?
El tema es que nuestros procesos judiciales han sido posibles por las victimas, sin que ellas se organizaran y presentaran las querellas y las demandas no habrían ocurrido. Las victimas presentaron 300 querellas contra Pinochet, eso abrió un campo de investigación judicial que nadie había previsto antes. No le voy a decir que los resultados judiciales han sido maravillosos, la mayoría de los militares han terminado en su casa, condenados pero con condenas bastante ligeras, pero yo creo que lo importante no es el castigo, sino el reconocimiento que hace el poder judicial a que se trato de delitos graves contra las personas.
¿Se dieron casos de manipulación de la información en el proceso de reparación?
Siempre hay gente que trata de usar estas instancias para beneficio personal, en el caso de la de la Comisión Rettig – que fue la comisión encargada de investigar la situación de los ejecutados políticos, los detenidos desaparecidos-, de casi 3.200 casos hubo seis casos falsos que se detectaron en el 2007, de esos casos falsos cuatro, yo creo, eran intencionales los otros fueron un error de quienes clasificaron, porque las personas claramente no calificaban, y en la comisión de prisión política y tortura claramente se pudo presentar casos de personas que pueden haber tergiversado los hechos, pero tres o cinco casos de personas que inventan una situación que no existe no modifica el hecho de que tu tengas 30.000 que estén bajo una situación que es absolutamente comprobable por que son casos documentados en consejos de guerra o en los tribunales, o son casos seguidos por los periodistas, o sea hay muchos casos en los cuales hay mucha información y no tienes como cambiar o transformar los datos.
¿En qué casos se presentó con mayor frecuencia esta situación?
En los casos de gente de sector rural donde hay muy poca información documental de respaldo. Entonces ahí si alguien se quiere aprovechar probablemente se pueda hacer, pero también el riesgo que se corre es de dejar fuera del reconocimiento a victimas de esos sectores porque no tienen papeles para probar lo que les ocurrió.
Ataque al Palacio de la Moneda durante la dictadura de Pinochet. Foto: archivo Semana.Luego de lo que ocurrió en Chile, ¿Qué recomendación habría para el proceso que se vive en Colombia?
Hay que tener una paciencia enorme, estos procesos son largos y lentos, se trata de situaciones que afectan moral y emocionalmente de una manera muy fuerte entonces no es fácil cambiar de idea, aceptar las de los otros, cambiar la visión que tu tienes sobre el problema.
Bueno, yo creo que es bien difícil porque las políticas de Estado tienen el inconveniente, en este caso, de que el numero de victimas es gigantesco, entonces en términos prácticos yo creo que es muy difícil alcanzar a todas las victimas, especialmente si las victimas no están organizadas y es muy difícil identificar los requerimientos si no se ha podido trabajar con ellos en un proceso de identificación de sus necesidades y de sus familias y de su situación. Entonces yo siento que la respuesta que ha habido tiene que ver con la capacidad institucional de darle respuesta, en los distintos programas a las victimas que se han podido reconocer, pero todos los que no se han reconocido están todavía en el aire y ese es un riesgo también de esta nueva instancia. El volumen creo también es lo que lo hace especialmente riesgoso. Tiene que existir una mayor capacidad institucional.
¿Qué tan importante es que el Estado reconozca su cuota de barbarie durante los más de 50 años de conflicto?
El Estado representado por sus gobernantes lo que tiene que dar es garantías a la sociedad, es que funcionamos en un Estado de derecho. Entonces no puede negar un hecho evidente cuando tu tienes miles y miles de personas que se han debido desplazar o tienes miles y miles de personas que han muerto. Alguien tiene que decir: sí, esto es verdad, esto sucede, pero además alguien tiene que pensar que esto no debe suceder y por lo tanto tu tienes que preocuparte por las victimas pero también generar las decisiones políticas para que se termine el conflicto y la muerte.
Se espera que con el trabajo de la comisión de la verdad todos los actores del conflicto digan su versión sobre los hechos, ¿ello puede llevar a generar mayor polarización?
¿Más de lo que están? Difícil, yo creo que lo que puede constatar una comisión de la verdad son las distintas visiones que existen en este momento en la sociedad, y quizás a lo que hay que aspirar es a permitir que esas posiciones se expresen y no que tu tengas a priori una segregación de alguna a favor de otra, por que todas las personas deberían expresarse y contar desde su punto de vista como viven el proceso de transición y el termino de la guerra.
Desde el año pasado voceros la guerrilla solicitaron, desde La Habana, que se diera apertura a los archivos estatales y se desclasificara la información reservada sobre los hechos del concilito, ¿qué importancia tendría?
Bastante, yo creo que los archivos pueden ilustrar situaciones que están muy oscuras o que a través de la prensa fueron contadas de determinada manera que no recogía deltodo las bambalinas de la historia. No estoy segura que los archivos sean un insumo inmediato para el proceso de la verdad de la comisión pero si pueden servir para la investigación especializada, pueden servir para aclarar caso específicos, pueden servir para que los jueces soliciten información, me parece que la disponibilidad de los archivos es un recurso, otra cosa es que esos archivos sean trabajados y puedan hacer los aportes que se supone podrían hacer.
En Colombia, según varias ONG defensoras de los derechos humanos, hay alrededor de 8.500 personas detenidas por delitos políticos, ya sea porque hayan participado en la guerra o porque recibieron condena por hechos desarrollados en la misma. ¿Qué importancia tiene el hecho de que ellos hablen?.
A mi me parece que este país esta en un proceso de reconstrucción de lo sucedido de aproximación a la verdad, es decir cada versión de los hechos va a ayudar a construir toda la historia. Esa versión habrá que confrontarla con otras versiones, con documentos, con archivos, para llegar a concluir si la persona esta diciendo la verdad o esta falseando los hechos, yo creo que es un proceso complejo, porque esa gente tiene derecho a un debido proceso, derecho a que se les juzgue por lo que efectivamente hicieron y no por lo que se les atribuye, entonces es muy complicado, tanto para los defensores de ellos como para los acusadores, porque querer construir en un proceso que esta tan cruzado por la falta de pruebas.
Es complejo, es un trabajo muy desafiante para las instituciones judiciales porque lo que ocurra con esos presos va a ser un importante para la victima, muy importante para la sociedad pero también para la paz. El que la sociedad colombiana sea capaz de garantizar un debido proceso y de enjuiciar correctamente a las personas y no cargarlos porque los tienes, de todos los crímenes que no has podido esclarecer es muy importante.
¿Cree que el acuerdo de justicia que ya esta acordado entre las partes vaya a garantizar la verdad y las garantías de no repetición?
Yo creo que va a depender de todos los colombianos, el proceso de paz va a ser exitoso en la medida que la gente se apropie de él, tenga su apoyo, y estén dispuestos a apostar en que esto va a resultar, pero si las personas están pensando que esto va a fallar como las veces anteriores, va a fallar.
