Víctimas de La Chinita esperan explicaciones de las Farc

Hace 21 años, un comando guerrillero asesinó a 35 personas en Apartadó, Urabá antioqueño. Las víctimas reclaman verdad por parte de ese grupo insurgente.

Buena parte de la población del barrio Obrero son niños y niñas, que esperan un futuro mejor, lejos de disputas armadas. Foto: Vanessa Reyes

“Aquí cuentan la historia de las autodefensas, pero no cuentan lo de las Farc”, afirma con un tono de indignación Ciro Abadía, uno de los líderes del barrio Obrero de Apartadó, escenario de una de las peores masacres perpetrada por las Farc en el Urabá antioqueño, que dejó 35 muertos y 17 heridos.

En la madrugada del 23 de enero de 1994, por lo menos 20 guerrilleros del Frente V de las Farc, fuertemente armados, atacaron a los asistentes a una verbena popular organizada por Rufina González, en el barrio La Chinita, para recaudar dinero para el estudio de sus hijas, y en la que participaron por lo menos 500 personas. Los insurgentes presumían que allí encontrarían a varios desmovilizados del Ejército Popular de Liberación, Epl, convertidos desde que dejaron las armas en marzo de 1991 en militantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; y de paso, en blanco militar de las Farc.

Tulio, un habitante del barrio, afirma que esa masacre estaba anunciada y recuerda que, minutos antes, su hermano identificó a los atacantes. “Él cuenta que cuando estaba parado en la esquina vio que iban unos manes que llevaban adelante una M60 (ametralladora de alto calibre), como él estaba recién salido del ejército dijo: ‘yo nunca he visto soldados con M60 adelante’”. Lo que vino después fue el caos. Los guerrilleros llegaron a la estrecha calle donde se realizaba la reunión y comenzaron a disparar contra los asistentes, especialmente contra los hombres.

Entre las personas asesinadas solo había dos desmovilizados. El resto eran trabajadores de fincas bananeras, habitantes del barrio, un soldado adscrito a la Brigada XI del Ejército, un poblador del barrio Policarpa, una mujer, tres menores de edad y un anciano. De acuerdo con los testimonios, los guerrilleros fusilaron a las víctimas una vez las identificaron.

Consumada la matanza, los insurgentes abandonaron el lugar y la desolación se apoderó de los sobrevivientes. Los días posteriores fueron aterradores. “De ahí pa’ acá ya quedó el nervio, ya la gente se iba a amanecer al centro, aquí quedábamos poquitos, no eran capaces de quedarse aquí, ya con ese nervio que llegaban y nos querían matar y ya los más valientes nos quedamos. Yo no salí de mi ranchito, yo solo vivía ahí, esto quedaba desolado”, evoca Euclides Angulo, un hombre de 78 años.

¿Por qué La Chinita?
Luz Marina Mosquera, quien perdió a su esposo en esa incursión armada, no vacila en decir que “aquí las víctimas fuimos todos”. Ella es una antigua invasora de lo que fuera la finca La Chinita, un predio del empresario Guillermo Gaviria que fue tomado en febrero de 1992 por unas 5.000 personas, con apoyo de los “esperanzados” y los sindicatos bananeros.

Abadía, quien es desmovilizado del Epl, recuerda que una vez los guerrilleros dejaron sus armas, se encontraron sin nada qué hacer y sin dónde vivir. “Sólo en Apartadó se concentraron 600 excombatientes. En las fincas tampoco los querían por su origen, entonces decidieron tomarse esas tierras” que hoy se conocen como el barrio Obrero de Apartadó, con 31.000 habitantes.

En aquel tiempo Urabá vivía una violenta disputa por el poder político y el control territorial. Esta región había tenido durante los años ochenta una fuerte presencia tanto de las Farc como del Epl; organizaciones que influían directamente en los sindicatos bananeros. Cuando el Epl dejo las armas, en el marco de un proceso de paz con el gobierno, las Farc señalaron a sus militantes como “traidores de la revolución”.

A eso se sumó que Esperanza, Paz y Libertad entró a competir contra la Unión Patriótica que en ese momento tenía gran influencia en las alcaldías y concejos municipales de Urabá. La competencia política y por el poder en la región ocasionó a lo largo de toda esa década lo que el investigador Andrés Suárez llamó un “exterminio recíproco”. Por lo menos 600 “esperanzados” fueron asesinados en todo el país, dos terceras partes de ellos en Urabá. Los miembros de la UP y militantes comunistas corrieron igual suerte, especialmente cuando los grupos paramilitares, a mediados de los noventa, tomaron el control de la región y acogieron a muchos de los desmovilizados del Epl.

El Consejo de Estado condenó en octubre de 2006 a la Nación por no haber brindado la protección debida a la comunidad invasora de La Chinita, y le dio la razón a don Tulio cuando dice que las autoridades de la región ya conocían sobre las amenazas de una posible masacre. “Se constató que en el lugar de los hechos y para la época, a pesar de las múltiples advertencias y solicitudes de resguardo por parte del alcalde del municipio de Apartadó, a las autoridades militares sobre amenazas en el sector, los habitantes del Barrio Obrero no disponían de ninguna clase de protección ni del Ejército ni de la Policía Nacional” dice la alta corte.

En cuanto a los responsables directos de la masacre, inicialmente las autoridades detuvieron a 28 personas, entre ellos al alcalde de Apartadó de la época, Nelson Campo Nuñez, y condenaron a algunos a penas de hasta 50 años; no obstante, el proceso fue anulado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades cometidas durante el proceso y ordenó la liberdad de todos los sindicados, algunos de los cuales pasaron más de 11 años detenidos.

La reparación integral

Parte de las peticiones que han hecho los pobladores del barrio Obrero, como medida de reparación, es una fuerte intervención en vivienda. Foto: Vanessa Reyes

Es tanto el dolor que sienten los familiares de las personas que cayeron en La Chinita que todavía se niegan a hablar del tema. Los rostros de algunas mujeres que perdieron a esposos e hijos aún reflejan una profunda tristeza. Pero si bien algunas mujeres guardan un silencio respetuoso del pasado, no se han paralizado. Desde hace cuatro años constituyeron la Asociación de Víctimas del Municipio de Apartadó (Asovima). “Nosotros no nos quedamos quietos, nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando con dolor y todo”, recuerda Silvia Berrocal, una de las líderes comunitarias que llegó a ser concejal del municipio de Apartadó por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad a finales de los noventa.

La iniciativa de agruparse surgió entre varias familias afectadas por la masacre de La Chinita, pero poco a poco ha ido creciendo y ya tienen afiliadas víctimas de todo el Urabá antioqueño, alcanzando en sus registros por lo menos 9 mil personas. Asovima se constituyó el 19 de octubre de 2010 ante la necesidad de tener una organización través de la cual pudieran gestionar proyectos ante diferentes instancias estatales con el fin de mejorar las condiciones de vida, tanto a nivel individual como barrial.

“Nacimos cero pesos, trabajamos con el pensamiento y trasegar de amigos y amigas de las víctimas”, recuerda Abadía, quien actualmente dirige la Asociación. “Aquí estamos, luchando y trabajando por orientar a las víctimas, para que las victimas realmente recobren sus derechos, porque algunas veces han sido vulnerados cuando están solas. Hoy hay quien trabaje por ellas y las oriente”.

Uno de los logros alcanzados por Asovima en el último año es que la Unidad de Víctimas reconociera al barrio Obrero como sujeto de reparación colectiva, lo que significa que los programas que se deriven de esa iniciativa no solo beneficiarán a quienes perdieron un familiar en la masacre sino a todo el barrio.

La figura de la reparación colectiva está contemplada en la Ley 1449 de 2011 y consiste en reparar a aquellas comunidades donde ocurrieron graves hechos de violencia que no sólo afectaron directamente a unas cuantas personas sino que ocasionó daños sociales de gran calado. Con esa medida se busca de alguna manera revertir esa situación.

“Se trata de devolverle a la comunidad la dignidad colectiva de la que gozaban antes de la masacre en términos culturales, deportivos, sociales, políticos y de liderazgo, todo eso que perdieron por el conflicto, devolvérselos en una forma digna, recuperando todo el tejido social”, explica un funcionario de la Unidad de Víctimas de la seccional de Apartadó.

De acuerdo con Abadía, vienen trabajando en cinco temas fundamentales para la comunidad: salud, vivienda, educación, proyectos productivos y atención sicosocial. “Ya hemos avanzado en la valoración del daño”, explica este líder, quien espera que se den los pasos necesarios para que las instituciones estatales de orden local, regional y nacional se comprometan en la reparación colectiva.

Uno de los trabajos que han adelantado es el del censo de casas de tabla del barrio Obrero. Según datos de Asovima, allí hay 1.200 viviendas. El reto es que como componente de esa reparación colectiva, esas casas puedan ser reconstruidas en material y, de esa manera, se dignifique a sus moradores. “Este proyecto ya fue radicado en la Alcaldía de Apartadó y en la Gobernación de Antioquia”, cuenta Abadía.

Pero también proponen como medida de reparación la construcción de una sede para la junta de acción comunal, mejorar la cobertura educativa y fortalecer el proyecto Los jóvenes también cuentan su historia, a través del cual se pretende preservar la memoria del barrio. “El proceso arrancó en 2013”, precisa el funcionario de la Unidad de Víctimas de Apartadó. “El diagnóstico del daño está casi listo para que sea revisado por la comunidad, una vez sea aceptado pasará al Comité de Justicia Transicional del municipio, donde debe ser aprobado y partir de ese momento, dice la ley, las entidades tendrán dos años para ejecutar lo que les corresponde”.

Abadía tiene claro esos procedimientos y constantemente le dice a la gente que eso no es un obsequio del Estado. “A nosotros no nos regalan nada, tenemos que trabajar por todo eso”, insiste cuando le habla a los afiliados de Asovima, para estimular su participación.

Pero más allá de la reparación estatal, hay quienes esperan más de la guerrilla de las Farc, entre ellas Digna Gutiérrez, una de las hijas de Rufina González que requería recursos para estudiar y por la cual se programó la verbena. “Si yo tuviera la oportunidad de estar en frente de esas personas (los guerrilleros), yo les diría que lo mejor que ellos podrían hacer es hablar con la verdad”.