El cese al fuego con el Eln que terminó se sintió en Saravena

Los 101 días de tregua se vivieron a plenitud en este municipio de Arauca, uno de los más afectados por el conflicto armado con la ahora más antigua guerrilla del país. El silencio de los fusiles sirvió para activar el comercio, incentivar el turismo y dar un nuevo aire a sus habitantes que desde la década del 80 no respiraban. ¿Volverá a detonarse el conflicto en esta convulsionada región? Segunda entrega del especial sobre conflicto y construcción de paz en Arauca.

arauca cese saravena 0A menudo, por las calles del caso urbano o en la zona rural del municipio se encuentran grafitis alusivos al grupo armado en conmemoración a sus 53 años de existencia. Foto: Andrés Celis.En vilo quedó este miércoles el inicio del quinto ciclo de diálogos entre el gobierno y el Eln en Quito, Ecuador. Las dificultades en la verificación del cese bilateral, temporal y nacional, que rigió desde el primero de octubre hasta la media noche del pasado martes, reactivó la confrontación armada en el oriente del país, donde opera el Frente de Guerra Oriental de esa organización insurgente.

Por lo menos cinco acciones militares ejecutadas por el Eln motivaron al presidente Juan Manuel Santos a llamar a consultas en Bogotá al recién nombrado jefe de la delegación gubernamental, Gustavo Bell, quien tan sólo llevaba dos días en Ecuador preparando el inicio del nuevo ciclo. De acuerdo con la delegación, el regreso de Bell a Colombia, junto con el de los negociadores Angelika Rettberg, Alberto Fergusson y José Noe Ríos, busca “definir la posición del Estado colombiano frente a este momento” y “evaluar el inicio del proceso”.

Las acciones armadas que paralizaron la Mesa ocurrieron en Arauca, Casanare y Boyacá. Según informó el Ministerio de Defensa, a las dos de la tarde de este miércoles un francotirador del Frente Domingo Laín dio muerte al soldado regular Luis Guillermo Acencio, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial N°16, de la Décima Octava Brigada, cuando aquel se encontraba realizando “operaciones de control territorial” en el municipio de Arauquita, Arauca. El gobierno nacional reportó, además, “el lanzamiento de una granada contra infantes de Marina en la vía que conduce de Arauquita a Saravena”.

Asimismo, la petrolera Ecopetrol reportó tres atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, que el gobierno nacional atribuye al Eln. El primero de ellos ocurrió en la vereda La Cañaguata, del municipio de Cubará, Boyacá, ataque que, según la empresa estatal, “produjo caída de crudo en un caño seco en una extensión de 300 metros”, afectando “suelo y capa vegetal”. Los otros dos atentados ocurrieron en las veredas La Granada y Miramar, del municipio Saravena, Arauca. Al respecto, la compañía declaró que “rechaza enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente el medio ambiente y el bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera”.

Ante los atentados, que generaron una ola de indignación en la opinión pública, partidos políticos y movimientos sociales, el jefe de la delegación del Eln, ‘Pablo Beltrán’, declaró desde Quito que “los incidentes sucedidos el día de hoy en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país. Pese a ello, no debe alterarse el curso de las conversaciones para buscar una salida política al conflicto. El acuerdo (de cese al fuego) prevé que en este quinto ciclo de conversaciones se aborde la evaluación del cese recién terminado para mantener sus logros y resolver los problemas que enfrentó”.

Las diferencias a las que se refiere ‘Beltrán’ están relacionadas con la interpretación que le dieron las partes al acuerdo de cese al fuego y sus protocolos, particularmente a los hechos que podían constituir violaciones a la suspensión temporal del fuego y las hostilidades. Ello se debió no sólo a la estricta bilateralidad con la que negocia la Mesa, sino también a la premura con la que se pactó el cese, al punto que el primero de octubre de 2017 el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) ni siquiera tenía claros los protocolos de comunicaciones con los que entraría a operar. Las discrepancias se agravaron a tal dimensión que el Eln se retiró del MV&V el pasado 15 de diciembre, dejando a esa instancia sin capacidad de decisión. (Ver: No habrá continuidad del cese al fuego bilateral con el Eln)

‘Beltrán’ aseguró, además, que “este nuevo ciclo también debe hacer despegar el diálogo nacional previsto dentro del punto uno de la agenda, sobre participación de la sociedad en el logro de la paz”, que está en la primera línea de interés del Eln. No obstante, el llamado de la guerrilla a vincular a la sociedad en la definición de una agenda nacional ha sido cuestionada por distintos sectores, debido su propia negativa de escuchar los llamados de las organizaciones sociales y la comunidad internacional para extender el cese al fuego.

Las más recientes peticiones fueron emitidas por la Comisión Étnica para la Paz, la Corporación La Paz Querida y más de una veintena de las principales organizaciones feministas del país, que les pidieron a las partes decretar un cese al sin límite en el tiempo en beneficio de la población civil y de la propia mesa.

El Ejecutivo, por su parte, declaró que “ha sido clara y expresa la voluntad del Gobierno Nacional de prorrogar el cese al fuego y de renegociar condiciones que atiendan al llamado de todos los colombianos y de la comunidad internacional. Para ello la delegación de gobierno ha estado más que dispuesta a retomar el diálogo en Quito y avanzar sustancialmente en los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz y del cese al fuego”, decisión que hubiera beneficiado la ya debilitada imagen de la Mesa de Quito ante la opinión pública.

Por otro lado, en entrevista con La W Radio, el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, declaró que, durante el cese al fuego, el Eln perdió la oportunidad de extorsionar, secuestrar y utilizar herramientas que “fastidian” al pueblo colombiano: “No redujimos a cero esas acciones, pero se redujo. Contribuimos a debilitar las armas del grupo terrorista. Además, indicó que durante ese tiempo fueron “neutralizados” 53 miembros de esa guerrilla, contando capturados y desmovilizados.

De momento, los más afectados por esa falta de consensos son los pobladores del oriente del país, para quienes se reactivó la guerra este miércoles. La región había vivido a plenitud los 101 días de tregua decretados por las partes, tal como lo pudo constatar este portal a finales del año pasado en Saravena, uno de los municipios más afectados por la confrontación armada.

El cese al fuego se sintió

arauca cese saravena 2El sacerdote Luis Teodoro González lleva más de tres décadas trabajando por silenciar los fusiles de la guerra en el país. Pese a ser víctima de secuestro por parte del Eln ha visto en la mesa de diálogos de Quito una oportunidad para llevar desarrollo a la región. Foto: Andrés Celis. “Quien diga que en Saravena el cese al fuego no se cumplió miente, que hubo muertos sí, pero de causas naturales, riñas o por cuestiones de salud. En lo que respecta a la guerra el cese se cumplió, no hubo secuestros, retenciones o extorsiones. Hubo una calma relativa que queremos prolongar”, aseguró el sacerdote Luis Teodoro González.

Un recorrido por sus calles dejó ver que los viejos teatros de guerra, como el parque principal, las garitas que rodeaban a la estación de Policía y las vías que conducen al aeropuerto tenían otro aspecto. El tránsito de las personas fue más frecuente en horarios en los que antes era un sacrilegio salir de las casas, la jornada comercial había recuperado casi dos horas, cerrando, incluso, a eso de las nueve de la noche, y transitar en el área rural era posible sin las restricciones de movilidad que antes imponían los grupos guerrilleros.

“Se ha vuelto a vivir como en los ochenta”, aseveró Clara, una veterana comerciante de jugos de la plaza principal. Sus recuerdos se remontan a la época en la cual hasta ahora se daban los primeros brotes de grupos insurgentes en el departamento. En esa época, la población rural triplicaba a la urbana y se cimentaban las bases de las primeras organizaciones campesinas, comunales y sindicales. Hoy, con un poco más de 50 mil habitantes, el municipio ha fomentado su desarrollo productivo en el campo, pero sus habitantes se concentran, en su mayoría, en el casco urbano.

Sentados en una de las bancas del parque principal, José Félix y Nixon Méndez, dos campesinos colonos, que llegaron a la región huyendo de la violencia partidista de los años cincuenta, creían que la época de la confrontación que los agobió por décadas estaba llegando a su final y que las viejas guerrillas comunistas estaban en camino a desaparecer. Su temor era que se desatara una nueva oleada de violencia debido a los problemas sociales que padece el departamento.

Pese a ese pesimismo, ambos consideraron que el cese al fuego con el Eln permitió que la vida cotidiana del municipio regresara a épocas que sólo los “viejos” conocieron. “Este fin de año estamos viviendo algo que hace años, sin decirle mentiras, se vivía: las familias de las afueras están alistando las fincas para recibir a sus familias; otros, los que tienen más dinero, han dispuesto de las piscinas y de las reses para la mamona de fin de año. Esto, con tanta expectativa no se veía hace décadas, la situación con el Ejército y las guerrillas no lo permitía”, comentó Méndez.

Aumenta el estigma

arauca cese saravena 3Cuentan los pobladores que el parque principal retomó la cotidianidad que vivió en la década del 80, durante estos tres meses se borraron las barreras invisibles de la estación de Policía y de las entradas a las garitas. Foto: Andrés Celis.Pero lo que ambos pobladores califican de “nuevos vientos”, se contrarresta con los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y su nota de seguimiento emitida el 9 de agosto del año pasado, que advirtió que no se podía pasar por alto las denuncias de las comunidades campesinas frente al incremento de las amenazas relacionadas con la intervención del subsuelo y la ascendencia de otros grupos armados.

“Sumado a lo anterior, las comunidades relacionan la exploración y explotación minero energética con la aparición de actores armados de ascendencia paramilitar, quienes estigmatizan a los líderes y lideresas cuando éstos adelantan acciones de reclamación de derechos, sin que las autoridades identifiquen autores y partícipes de las amenazas, así como los modus operandi de los mismos, o el organigrama, intereses y letalidad de dichos grupos, a efecto de combatirlas efectivamente”, se lee en el informe.

A ello se suman las denuncias de organizaciones sociales frente a las amenazas y el ambiente de estigmatización que se ha sembrado con sus voceros nacionales por haber defendido lo pactado con las Farc en La Habana y trabajado alrededor de la agenda que se discute con el Eln en Quito. (Ver: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)

Aunque la mayoría de dirigentes sociales desconocen de dónde vienen las amenazas, aseguraron que al parecer firmas multinacionales, políticos regionales y nacionales, así como algunos empresarios, hacen correr rumores para estigmatizar y desestabilizar los procesos organizativos. El ejemplo más significativo lo representa la entrevista que le concedió a Noticias Caracol a mediados de octubre pasado el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien aseguró que en el departamento había cubanos adoctrinando campesinos.

En reacción a ese señalamiento, Sonia Milena López, vocera del Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, aseguró que la estigmatización pretendía perjudicar el desarrollo político de las organizaciones, lo que a su juicio revela que “la guerra simbólica” no ha terminado.

Tres meses después de lo acontecido, la activista reafirma que esas declaraciones buscaban desestabilizar el departamento: “de puertas para afuera se ve como una de las tantas barbaridades que dice Vargas Lleras, pero en Arauca eso tiene su peso, por ejemplo, que se emitan órdenes de allanamiento de las oficinas, o que seamos citados a rendir cuentas por hacer eventos de filiación política. ¿Qué otro sentido tiene sino es generar malestar?”. (Ver: “Vargas Lleras miente y estigmatiza”: campesinos de Arauca)

Como quedó registrado en el último informe de la Red de Veeduría Social al Cese al Fuego, compuesta por varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, el balance es negativo por el índice de líderes sociales asesinados y la intensificación de los señalamientos y amenazas directas contra procesos y comunidades.

Según el documento, en el 73 por ciento de los hechos se atribuye la responsabilidad al Estado; en el 17 por ciento a desconocidos; en el 8 por ciento a los paramilitares; y tan solo en un 1 por cierto a la guerrilla. (Leer más: Cese al fuego con el Eln, en una difícil recta final)

Aunque en el departamento hace más de un mes no se registra un homicidio o asesinato selectivo, los distintos sectores académicos, organizaciones sociales de carácter nacional e internacional e intelectuales insistieron la necesidad de prorrogar el cese y acompañarlo de intervención social.

Petición que fue respaldada por la Conferencia Episcopal, uno de los integrantes del Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) del cese bilateral al fuego con el Eln. Desde su perspectiva, los impactos del proceso han sido positivos en los concerniente a la reducción de acciones militares, pero débil en cuanto al acompañamiento social de las comunidades.

“Hemos insistido en que el cese al fuego no es sólo que se dejen de matar, es claro que tiene que haber un acompañamiento a las comunidades, mayor bienestar, que se mejoren los derechos básicos a la salud, educación y vivienda. Claro que no se logra de la noche a la mañana, pero se debe comenzar a hacer ya”, agregó el sacerdote González.

Hay otros más radicales y escépticos a los que el proceso poco y nada les sirvió, pues la guerrilla era la que fungía como Estado dentro del territorio y una vez en cese de actividades la distancia con la población aumentó para evitar perjudicar los procesos y la judicialización de personas, según cuentan los labriegos.

“Nosotros arriba sí les hemos dicho a ellos que no la vayan a embarrar, que si dejan las armas les va a pasar lo de las Farc o que se nos van a meter los ‘paracos’ otra vez, si por nosotros fuera que se queden como están, ahí quietos, pero como ya no es así toca que hagan lo mejor posible, pero que como siempre busquen es pensar en nosotros y no en ir a la capital a sentarse allá con los políticos”, aseveró  Osvaldo* un campesino de 67 años, quien pidió la reserva de su identidad.

El temor de veterano campesino se sustenta en los grafitis que han aparecido en la carretera principal firmados a nombre de las ‘AUC’, un pasado al que muchos se resignan a tener que vivir por los horrores que dejaron hace décadas. A juicio de muchos, es impajaritable la irrupción de nuevos actores.

Impacto económico

arauca cese saravena 4Por primera vez, en los mas de 50 años de conflicto, las garitas de la plaza principal no recibieron ni un solo tipo de hostigamiento durante tres meses. Los únicos muertos de los que se habló en el municipio fueron producto de accidentes de transito o riñas callejeras. Foto: Andrés Celis. En contraposición, la Alcaldía y el empresariado en Saravena vieron en el cese al fuego una oportunidad para potencializar los fuertes económicos del departamento, entre ellos la agricultura y la comercialización de carne. Junto a ellos, un sector de los comerciantes, transportadores y gente de a pie calificaron los impactos del cese al fuego como positivo.

“Hay mayor circulación de personas, hay mayor movilidad. Ha sido un cese ambicioso porque ha habido visitas de inversionistas, hay gente que ha venido a hablar la comercialización de carnes a gran escala para todo el Sarare. Este inicio de cese al fuego le abre las puertas a un desarrollo más acelerado de la región”, aseguró en diálogo con este portal el alcalde Yezid Lozano.

Para el burgomaestre, el cumplimiento del cese de hostilidades tiene un impacto internacional en la medida que los reportes mensuales de las multinacionales que hacen presencia en el departamento incentivan al inversionista a buscar nuevos. Por ejemplo, dentro de los documentos que reposan en su escritorio hay tres propuestas de empresas europeas interesadas en desarrollar un frigorífico departamental que promueva la comercialización de la carne a gran escala.

No obstante, esas iniciativas son calificadas por los campesinos como una violación a la soberanía y un atentado en contra de la “madre tierra”, apelación que toman de la cosmogonía de las comunidades indígenas araucanas Hitnú y Sikuani.

De otro lado, productores de plátano, cacao y arroz, aunque piden que se cumplan las viejas demandas de mejorar las vías terciarias y los accesos a la mayoría de corregimientos donde tiene sus cultivos, aseguran que del buen éxito de la implementación de lo acordado con las Farc dependerá de que se termine de sustituir la economía de la coca por la de algún producto oriundo de la región.

En el departamento quedan poca hoja de coca por sustituir y, según los campesinos, quienes la siguen cultivando lo hacen, más allá de alimentar el negocio de las economías ilegales, por no encontrar una alternativa económica sostenible en el tiempo.

Lo cierto, por ahora, es que las cifras siguen respaldando la necesidad de cesar los fuegos. Según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), desde el 2012 no se registraban más de 55 días sin que un grupo guerrillero del Eln tuviera enfrentamientos con el Ejército y han transcurrido más de 267 días sin que se registre un retén ilegal atribuido al grupo guerrillero. En lo que respecta a las acciones ofensivas, según ese centro de investigación, la reducción se ha presentado en más del 40% si se compara con el año pasado en el mismo periodo de tiempo (octubre-diciembre).

Por lo pronto, el fin del cese al fuego bilateral con el Eln y la congelación de las conversaciones en Quito con los voceros de este grupo insurgente generaron un ambiente de incertidumbre en esta región araucana que, en 101 de suspensión de la confrontación armada, vivió la tranquilidad que se deriva del silencio de los fusiles.

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