El negocio de Bula y sus socios con la finca de una víctima

san2aEn 2008 llegaron a la vereda San Francisco de Ovejas dos empresarios que recorrían los Montes de María comprando tierras a campesinos que habían sido desplazados por la violencia y vivían en medio de una difícil situación económica. Otto Nicolás Bula, un ex congresista que fue aliado político del ex senador Mario Uribe, condenado por parapolítica y de Andrés Mora Pérez, un amigo del ex ministro de Agricultura Andrés Fernández adquirieron centenares de hectáreas en la región para luego venderlas para el cultivo de árboles maderables.

Los Olivera, una familia que vendió su tierra a estos empresarios después de dos años de desplazamiento, solicitará la restitución de su finca por considerar que ellos se aprovecharon de su situación y les pagaron un valor muy inferior al que ellos consideran tenía la que era su propiedad. Esta es su historia.

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El desplazamiento

 

Víctor Olivera vivía con su familia en la finca Oso Negro en la vereda San Francisco en 2006. Se dedicaba a sembrar ñame y maíz, junto a su familia en la tierra en que había nacido hacía 54 años.

Aunque los combates entre el Ejército y la guerrilla todavía eran recurrentes, los años más duros de la violencia habían pasado. Los días en los tuvo que dejar su parcela para preservar la vida de su familia quedaban atrás y ahora tenía la esperanza de aprovechar su finca para volver a levantarse. Lamentablemente la guerra no le dio una nueva oportunidad: Víctor fue asesinado el 4 de abril de ese mismo año de 2006 y su familia tuvo que dejar la propiedad.

La finca Oso Negro perteneció a la familia Olivera por más de 60 años. Era uno de los predios más grandes de la vereda San Francisco y vecino a una hacienda que perteneció a Juan José García Taboada, el padre del ex congresista Álvaro García, condenado por parapolítica y por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo.

La tierra de los García fue comprada por el Incora en 1987 y entregada a 35 campesinos. Este grupo de nuevos propietarios sumado a una docena de familias, entre las cuales se encontraban los Olivera, se convirtieron en objetivo de los paramilitares a finales de los 90. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el año 2002, el Bloque Héroes de Montes de María señaló a todos los habitantes de la vereda de colaborar con la guerrilla y los obligó a salir de la región bajo amenaza de muerte.

Varias familias consiguieron regresar en 2003 y conformaron la Asociación de Campesinos Retornados, Asocare. Pero la violencia volvió a desplazarlos un año después. “Tuvimos que salir de nuevo, no por amenazas, sino porque los combates entre la guerrilla y el Ejército se pusieron muy bravos”, contó Javier Ramírez, habitante de la vereda San Francisco.

En 2006, los combates mermaron y la mayoría pudo regresar. Víctor Olivera era uno de ellos y para ese entonces asumió la presidencia de Asocare. Aún no se sabe si su asesinato tuvo que ver con su trabajo como líder de los campesinos desplazados. “Se habla mucho sobre la muerte de Víctor, pero nunca se supo nada. La justicia tampoco averiguó nada”, contó uno de sus familiares.

Luego de la muerte de Olivera, su familia tuvo que dejar de nuevo la finca. La esposa y los hijos del líder campesino se fueron para Sincelejo a vivir como desplazados, mientras que la madre, doña Elsa Arrieta de Olivera, se fue a vivir con otros de sus hijos al casco urbano de Ovejas. “La tierra se quedó tirada, por allá no volvimos en dos años. Aunque teníamos mucha necesidad, no queríamos regresar al lugar donde mataron a mi hermano”, dijo Enelcy Olivera, hermana de Víctor.

Para 2008 corrió un rumor en Ovejas sobre unos “cachacos” que estaban comprando tierra para un proyecto maderero. Habían pasado dos años de la muerte de Víctor y las condiciones económicas de los Olivera seguían siendo difíciles. “Hacíamos lo posible por mantener a mi mamá. Todos pensamos que lo mejor era vender esa finca, que estaba botada, para poder comprarle una casita en el pueblo”, recuerda Enelsy.

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Los ‘cachacos’ con chequera


Los Olivera contactaron a “los cachacos” para ver si podían vender su finca Oso Negro y asegurar un lugar en el que doña Elsa pudiera vivir tranquila su vejez. Se trataba de representantes de Agropecuaria Montes de María, una compañía creada ese mismo año, como la mayoría de empresas que compraron tierras en esa región.

“Muchas fueron empresas que aparecieron para comprar tierras y luego venderlas. No tenían un fin comercial diferente al de ser intermediarios de tierra y ganarse un dinero”, le dijo a VerdadAbierta.com un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro.

En abril de ese año, los Olivera firmaron una promesa de compraventa en la que se comprometían a vender su finca de 49 hectáreas por 49 millones de pesos (ver carta-venta). “Fue muy poco dinero por hectárea, pero la verdad teníamos mucha necesidad, teníamos urgencia de ubicar a mi mamá en algún lugar”, cuenta Enelcy.

La persona que aparece registrada en la compraventa como comprador es Otto Nicolás Bula Bula, un ex congresista cordobés. Bula llegó al Senado en el año 2000, como suplente de la lista de Mario Uribe y en la campaña de 2002 fue su principal ficha política en Córdoba, departamento en el cual recibió apoyo de las autodefensas, según concluyó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en que condenó a Uribe por parapolítica (Ver sentencia de Mario Uribe).

El narcotraficante y financiador de grupos paramilitares, Juan Carlos “El Tuso” Sierra, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos, le dijo a la justicia colombiana que Bula era el testaferro del ex senador Uribe. A raíz de estas declaraciones, la Corte compulsó copias a la Fiscalía, pero VerdadAbierta.com pudo establecer que en este momento Bula no tiene ninguna investigación.

El ex senador Bula le dijo a este medio que conocía a Mario Uribe desde hace mucho tiempo, por una finca que tiene el primo del ex presidente Uribe en Sahagún, Córdoba, vecina a su propiedad. “Soy su amigo hace mucho tiempo. Como soy tan cercano la gente dice cosas, pero además de comprarle leche de su finca no he tenido ningún negocio con él”, dijo Bula. El empresario insistió en que no conoce ningún paramilitar y en que ha ido a aclarar en varias ocasiones ante la justicia su relación con Mario Uribe.

Aunque Bula aparece como comprador en varias compraventas, en las escrituras de Oso Negro y otros predios en Montes de María, las ventas fueron registradas a nombre de Agropecuaria Montes de María.

Cuando Bula firmó las compraventas, ni siquiera existía dicha empresa. La agropecuaria fue creada en 2008 por el reconocido caballista paisa Andrés Mora Abad y su hijo, el empresario Andrés Mora Pérez, amigo del ex ministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Fernández (ver video a continuación).

Bula le dijo a VerdadAbierta.com que aparece en los documentos relacionados a esas tierras porque inicialmente fue socio de los Mora, pero que luego, en 2009, abrió su propia empresa, Agropecuaria El Central, que tiene cultivos de palma aceitera en San Jacinto, otro municipio de Montes de María.

Según los Olivera, el valor que recibieron, un millón de pesos la hectárea, era muy inferior al que tenían comercialmente esas tierras, pero ellos terminaron aceptándolo por la difícil situación económica en la que vivían.

Bula le dijo a VerdadAbierta.com que no recordaba puntualmente el caso de la familia Olivera, pero que en general, el precio que pagó por las tierras que compraron en Montes de María fue justo, porque las fincas se encontraban en total abandono y luego tuvo que invertir mucho dinero para que volvieran a ser productivas. “Un buldócer cobra entre tres y cuatro millones de pesos para arreglar una hectárea, la verdad es que fue un mal negocio. Cuando llegamos encontramos una tierra inútil, con unos campesinos que no tenía cómo ponerla a producir porque no tenían la ayuda del Estado”, dijo el ex congresista.

Saber cuál era el precio exacto de esas tierras es muy difícil, porque no se tiene información suficiente sobre su estado para esa época, según explicó Rafael Hernández, presidente de la Lonja de Propiedad de Sucre, entidad encargada de emitir avalúos comerciales de predios. Hernández señaló que esa zona del departamento vivió en constante conflicto desde los 90 y por eso las pocas transacciones comerciales que se realizaron, se hicieron informalmente.

“Nadie pidió un avalúo comercial en esa tierra por mucho tiempo. Los bancos ni les prestaban plata a los campesinos en esa época. En 2008 apareció mucha gente aprovechándose de la situación de los campesinos e imponiendo precios, pero es muy difícil hablar en particular de un caso, porque no existe información sobre el estado de los predios”, dijo el presidente de la Lonja.

VerdadAbierta.com encontró en la actualidad varias ofertas de tierras en la zona rural de Ovejas. Una hectárea de tierra se consigue en el mercado en agosto de 2012 entre cinco y 12 millones de pesos, dependiendo de la ubicación y el estado de la finca. Sin embargo, como lo aclaró el presidente de la Lonja de Sucre, estos valores no se pueden comparar a los de 2008.

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El camino a la restitución

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A septiembre de 2012, la familia Olivera prepara los documentos para hacer una solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras por la finca Oso Negro. Si esta entidad del gobierno decide avalar el pedido de la familia, se presentará una denuncia formal ante un juez, ante el que Mora y Bula tendrán que probar que compraron el predio de buena fe.

“Creemos que no fue justo porque esa tierra valía más. Vamos a ver si nos devuelven la finca, porque la situación ahora no es fácil. La esposa de Víctor y los hijos todavía viven como desplazados en Sincelejo”, dijo la hermana del líder asesinado.

Agropecuaria Montes de María vendió Oso Negro y la mayoría de los otros predios que compró en la región a una fiducia de la cementera Argos y en ella se desarrolla un proyecto de siembra de teca, un árbol maderable, con el que la empresa cementera busca producir oxigeno que compense los efectos ambientales de su actividad. (Ver nota: Tierra para todos)

Según un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro que recogió varias decenas de irregularidades cometidas en la compra de predios en Montes de María, la Agropecuaria fue una de las empresas que más acumuló tierras en la región con ocho compras masivas que suman 727 hectáreas.

En el informe, la Superintendencia también encontró irregularidades relacionadas con Agropecuaria Montes de María. La mayor parte de tierras de esta región tiene restricciones de venta para proteger los intereses de las víctimas del conflicto y solo pueden realizarse transacciones si se cuenta con la aprobación del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada. La Superintendencia encontró que varias compras hechas por la Agropecuaria, fueron aprobadas por el Comité a nombre de personas naturales como Ana Patricia Serani Toro, esposa de Andrés Mora Pérez o el mismo Otto Bula.

Bula dice que aparece en esos documentos porque fue socio de Mora Pérez, tanto en las compraventas como en las actas de aprobación para las ventas. El ex congresista señala que por falta de dinero para seguir aportando a la empresa tuvo que vender su parte y cuando se registraron las escrituras los predios pasaron directamente a la Agropecuaria. “Cuando los vendieron (a Argos) yo ya no era socio de ellos”, dijo Bula.

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Andrés Mora Pérez y su esposa, pero fue imposible contactarlos. Este portal pudo confirmar que Serani trabajó como abogada para otra empresa relacionada con un caso de despojo en el Urabá antioqueño.

La esposa de Mora Pérez fue empleada de Inmobiliaria e Inversiones Asa, una empresa señalada de comprar tierras a bajos precios a campesinos desplazados por la violencia en la vereda Guacamayas, en el corregimiento Belén de Bajirá en el municipio de Mutatá, Antioquia. La Inmobiliaria montó un proyecto de ganadería en los predios que adquirió a un grupo de víctimas en 2005. (Ver nota: Guacamayas, ¿otro caso de despojo en Urabá?)

VerdadAbierta.com contactó a una representante de Inmobiliaria e Inversiones Asa, quien aceptó el vínculo laboral con Serani, pero negó que existiera una relación entre la empresa y las compras realizadas por Agropecuaria Montes de María. “Ella sí trabajó con nosotros, pero no tenemos nada que ver con las compras que hizo su familia en Montes de María. Ella salió de la empresa y en ese momento se rompió toda relación laboral”, dijo una funcionaria de la inmobiliaria.

Pero el caso de Serani no es el único vínculo entre Agropecuaria Montes de María y otras empresas relacionadas con las ventas irregulares de predios. Existen varias coincidencias entre la compañía de Andrés Mora Pérez y Pajumar S.A, propietaria de la marca Arepas don Juancho que compró a bajos precios tierras a campesinos de la finca La Europa en Ovejas. (Ver nota: La Europa y su misterioso comprador)

Si la Unidad de Restitución de Tierras verifica las denuncias de los Olivera sobre la venta irregular de su finca Oso Negro en la vereda San Francisco y presenta la demanda ante un juez, los propietarios de Agropecuaria Montes de María no tendrían que explicar por qué compraron la tierra a los precios que lo hicieron. En el caso en que se abra un juicio de restitución, los encargados de demostrar que actuaron de buena serían los representantes de Argos, que son los actuales propietarios.

“Lamentablemente la ley tiene un vacío y es que dejaron por fuera de responsabilidad a los intermediarios. Si el juez encuentra que se cometió un delito, compulsa copias a la Fiscalía, pero hay que aclarar, que comprar barato no es necesariamente un delito”, le dijo un funcionario de la Unidad de Tierras de Sucre a VerdadAbierta.com

La cementera le dijo a este medio que las tierras que adquirió fueron compradas de buena fe y pagadas con un precio justo. La empresa señaló que en caso de que uno de los predios de su propiedad tenga que ser devuelto a una víctima de la violencia, acataran las decisiones judiciales y no descartó demandar a quienes les vendieron la tierra. “Si se presenta una situación que lo amerite, tomaremos las medidas necesarias con los vendedores que hayan cometido algún tipo de irregularidad”, dijo un vocero de Argos.

Por ahora, la familia Olivera insiste en que lo que recibieron no fue suficiente y consideran que si recuperan su tierra, podrán compensar las necesidades que pasaron después de la muerte del líder campesino.

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