La congestión en las solicitudes de restitución de tierras

Olimpo Castaño, el único magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz en Antioquia, señaló que es partidario de reformar la Ley 975 y admitió que hay congestión para fallar casos de restitución de tierras.
 
El magistrado Olimpo Castaño hace un análisis de las dificultades que enfrenta la magistratura para sacar adelante a Justicia y Paz, y a la vez restistuir y reparar a las víctimas. Foto VerdadAbierta.com  

Las víctimas de despojo de tierras en Antioquia cuyos casos son tramitados ante tribunales de Justicia y Paz, deberán esperar como mínimo un año más para saber si la justicia acepta sus alegatos y les restituye sus predios.

Así lo reconoció Olimpo Castaño, magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal Superior de Medellín y quien tiene bajo su cargo fallar en estos procesos, quizás los que mayor expectativa han despertado a lo largo de la aplicación de la Ley 975(Justicia y Paz).

“Mi agenda se encuentra colapsada hasta diciembre de este año y con esos problemas de agenda es lógico que las decisiones no saldrán con la celeridad que el caso lo demandaría”, aseguró el Magistrado. La poca disponibilidad de tiempo de los funcionarios judiciales y el complejo proceso jurídico que implican los litigios sobre tierras han incidido en este colapso.

A la fecha están en trámite varios procesos de restitución ante el magistrado con funciones de control de garantías que, por su complejidad y el número de víctimas reclamantes y hectáreas comprometidas, podrían constituir casos emblemáticos del despojo de tierras en Antioquia.

Entre ellos se encuentra el caso de la Hacienda Bejuquillo, donde unas 20 familias piden la restitución de 23 predios en la vereda del mismo nombre de Mutatá, Urabá antioqueño, alegando ser víctimas de comisionistas al servicio del paramilitarismo.

Asimismo, unas 40 familias de la vereda Paquemás, en Turbo, también esperan que la magistratura falle a su favor y puedan recuperar las tierras que dicen les fueron despojadas por paramilitares al servicio de alias ‘H.H’, en complicidad de funcionarios públicos. Y en julio iniciará su curso ante los tribunales de Justicia y Paz uno de los casos de despojo más representativos del Urabá antioqueño y que fue cometido en la zona conocida como Tulapas.

Verdadabierta.com entrevistó al magistrado Castaño para ahondar en estos temas y otros relacionados con la justicia transicional.

VerdadAbierta.com ¿En cuántos procesos de restitución de tierras ha tomado decisiones hasta el momento y qué clase de decisiones?
Olimpo Castaño:
“No tengo el dato preciso sobre el número de casos, pero le puedo decir que se han adoptado decisiones en ambos sentidos. En unas se han cancelado títulos fraudulentos y por tanto se han ordenado restituciones de tierra tanto desde lo jurídico como desde lo material. También se han adoptado decisiones en sentido contrario: se ha negado a la víctima la calidad de tal y por tanto no se ha dispuesto la cancelación de los títulos y bienes que reclaman, porque no han acreditado ni su condición ni el nexo causal entre el despojo de la tierra con el accionar delictivo de los integrantes de los grupos armados que se desmovilizaron bajo la Ley 975 de 2005”.

(Verdaabierta.com indagó sobre los casos fallados por el magistrado a la fecha. El primero de ellos fue la cancelación de títulos fraudulentos y restitución material a sus legítimos dueños de los predios Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, ubicados en Belén de Bajirá, Mutatá, Urabá antioqueño. La determinación, que comprometió 105 hectáreas, fue tomada el 27 de agosto de 2011 después de dos años de fallidos intentos ante la justicia.

El segundo caso fue la cancelación y restitución material a sus dueños de 407 ha -17 predios- ubicados en San Juan Tulapas, Turbo, Urabá antioqueño, ordenada en septiembre de 2011. La tercera decisión fue en marzo del presente año y se trató de la negación de la solicitud de restitución hecha por un campesino de Mutatá, quien manifestó ser víctima de despojo por parte comisionistas al servicio de los paramilitares en la vereda Guacamayas de Mutatá).
 
VA: Las víctimas señalan que estos procesos no están avanzando ¿Usted qué opina al respecto?

OC: Considero, desde mi experiencia como magistrado con función de garantías de Justicia y Paz en el tema de tierras, que esta posibilidad de que nosotros como magistrados restituyamos tierras se dio más por un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que le dio una interpretación, a mi modo de ver, demasiado amplia a la Ley 975 y terminó involucrándonos en este tema. Así ya se presenta una gran congestión en el trámite de estos asuntos, hasta el punto que mi agenda se encuentra copada hasta diciembre de este año.

VA: Es decir, las decisiones en procesos de tierras se demorarán…

OC: Obviamente que cuando hay esos problemas de agenda, las decisiones no saldrán con la celeridad que el caso lo demandaría, porque se sigue cumpliendo la función de control de garantías frente al trámite concreto de la Ley 975, que es pronunciarse en torno a las formulaciones de imputación, las audiencias de formulación de cargos y otras audiencias de los paramilitares. Nos dieron la competencia para los trámites de restitución sin que aquí podamos aplicar esas figuras jurídicas específicas que esperamos sí le den agilidad a los trámites de restitución en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

Uno podría decir que a partir de esto ya la agenda, en mi caso particular, se encuentra colapsada, porque mucho tiempo ha habido que dedicarlo al trámite de los incidentes de restitución, que por mucho que los llamemos incidentales, demandan un proceso largo que incluyen el derecho de defensa de quienes alegan ser terceros adquirientes de buena fe exentos de culpa. Eso implica grandes jornadas dedicadas solamente a practicar pruebas. Y como soy del criterio de que aquí no podemos aplicar esas presunciones que trae la Ley de Víctimas, porque no somos competentes para ello, eso dificulta darle celeridad al asunto.

VA: ¿Y qué podría plantearse como posible solución a esta congestión?

OC: Si no se da un viraje a esa interpretación de la Corte (Suprema de Justicia), hasta el punto que se acuda más a la Ley de Víctimas (y Restitución de Tierras) que a la Ley 975 para efectos de restitución de tierras, entonces el trámite será lento por falta de tiempo de los magistrados de control de garantías. En últimas, serán decisiones que se tomarán tardíamente.

VA: Lo paradójico es que, tal como está planteada la Ley de Justicia y Paz, estos trámites deberían ser más ágiles, al fin y al cabo se trata de un mecanismo de la justicia ordinaria llevada a la justicia transicional para darle celeridad…
OC: Es que la justicia transicional no debería estar involucrada en estos asuntos de tierras. Puede que haya mucho despojo pero, creería yo, para eso se ha creado esta nueva jurisdicción especial de la Ley de Víctimas que, digamos, tiene mejores dientes desde el punto de vista jurídico.

VA: ¿Y dónde está el "trancón"?
OC: Si bien los trámites de estos procedimientos podrían ser rápidos, pues no son tan complicados en la medida en que tiene una regulación clara y concreta, el asunto comienza a demorarse, primero, por la falta de disponibilidad en la agenda del magistrado.

Y segundo, porque cuando en este país comienza a discutirse derechos sobre tierras la discusión probatoria se amplia demasiado. Quien reclama la tierra trae muchas pruebas y el que pudo haber comprado de buena fe también trae las suyas y entonces termina esto convertido en un debate muy amplio. A ello habría que sumarle las prácticas probatorias, que resultan indispensables. Si no se tuviese esa carga, pues podría agilizarse, pero eso implicaría nombrar unos magistrados que se dediquen exclusivamente a este tema.  

VA: Aunque precisamente para este tema está la Ley de Víctimas…
OC: Podría decirse que sí, aunque ya hay pronunciamientos de la Corte que dicen claramente que en el ordenamiento jurídico colombiano deben convivir tanto la Ley de Justicia y Paz como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

VA: Como magistrado ¿cuál es la mayor dificultad que presenta la aplicación de la Ley de Justicia y Paz?
OC: Yo creo que uno de los mayores problemas en la implementación de la Ley es que, ni La Fiscalía ni La Judicatura, en general nadie estaba preparado para afrontar todas esas investigaciones que se iban a adelantar luego de las confesiones de las personas desmovilizadas.

Sabemos también que con la extradición de los principales comandantes el proceso se atrasó. Y sigue atrasado porque lograr una videoconferencia con los Estados Unidos, país donde están retenidos, hay que pedirla con seis meses de anticipación y estas se dañan por cualquier motivo. Pero la verdad es que no estábamos preparados y ni estaremos, porque estas personas siguen confesando crímenes y en ellos hay involucrados funcionarios públicos, banqueros, ganaderos, comerciantes. Y me imagino que La Fiscalía ya estará recopilando material para impulsar investigaciones contra estas personas.

VA: Pero, así como en los casos de tierras, ¿Se producirán más sentencias pronto?

OC:  Si uno observa, se trata de justicia transicional donde los casos que involucran a las personas desmovilizadas ya deberían estar juzgados.

Y aunque se critique que apenas hay dos condenas ejecutoriadas, eso es lo que menos me preocupa pues tenemos el caso de la Corte Penal Internacional que después de 10 años de estar funcionando apenas dictó su primera sentencia hace poco.

Aquí se están juzgando eventos de macrocriminalidad que nadie se alcanzó a imaginar lo complejo que iban a ser. Nadie se alcanzó a imaginar la magnitud, no solo desde lo cuantitativo sino desde lo cualitativo, que iban a ser las confesiones efectuadas por estas personas”.

VA: ¿Qué le deja al país Justicia y Paz?

OC: ¿Qué tiene de bueno la Ley? El hecho de que miles de personas que estaban empuñando las armas, que se encontraban en la clandestinidad, se hayan sometido a la Ley, eso es una ventaja que nadie la puede negar.

¿Qué nacen otros grupos? Eso es un efecto que sucede por nuestros ciclos de violencia. Son cientos de miles de casos que estas personas han confesado y si ese amplio universo de víctimas ha logrado tener algo de verdad, eso es algo positivo de la Ley 975.

¿Qué La Fiscalía no estaba preparada para investigar con la celeridad esa gran cantidad de casos? Eso es otro asunto. El mero hecho de que las víctimas se atrevan a ir a las audiencias a preguntarle al postulado, cuando eso hace 10 años era impensable, es otro hecho positivo de la Ley de Justicia y Paz.

El hecho de que a partir de las confesiones de los postulados se haya logrado evidenciar y estén en curso miles de investigaciones, porque son ellos son los que han confesado la participación de funcionarios del Estado en miles de delitos, es algo positivo.

¿Qué pasaba en La Fiscalía? Muchas investigaciones se encontraban archivadas bajo la figura del inhibitorio o de la suspensión. Hoy, gracias a las confesiones se han desarchivado esas investigaciones y ya hay cientos de postulados condenados por justicia ordinaria. Y esas confesiones han servido para reabrir otras investigaciones frente a otros autores o participes que cometieron esos hechos y que no se desmovilizaron o que no hacen parte de la Ley de Justicia y Paz.

VA: ¿Se podrá vencer la impunidad en Colombia?

OC: Es que no todo es tan negro como muchos lo pintan pero tampoco tan bueno como otros dicen. La Ley tiene muchos grises. Pero por lo menos frente a los miles de casos que se encontraban archivados en La Fiscalía, claro que eso va a bajar el índice de impunidad porque habrá justicia y se aspira a que haya reparación integral”.

VA: ¿Qué opina de la reforma a la Ley 975 que se estudia en el Congreso?

OC: Por lo que visto hasta ahora es una reforma conveniente. Sigue siendo un proyecto, pero si el Congreso lograr aprobar un buena iniciativa de seguro va a traer cambios muy positivos, como el que se contempla suprimir unas audiencias que siempre se han considerado una repetición y un desgaste. Además contempla algo muy positivo y es que se pueda priorizar la investigación de unos casos y que se puede prescindir la acción penal en otros.

Y es que soy de los que sostiene que si aquí seguimos con el ‘embeleco’ de que se debe investigar todo y que la verdad material debe coincidir con la verdad jurídica, nunca terminaremos este proceso. Uno no puede ser tan ingenuo, y lo digo con todo el respeto, pensar que un Estado que ha vivido en un conflicto armado en más de 50 años pretenda esclarecer absolutamente todo lo que ha sucedido en esas cinco décadas.

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