Ordenan dos recapturas por masacre de Trujillo

El Tribunal Superior de Buga ordenó volver a poner en prisión al mayor del ejército Alirio Urueña y el teniente de la policía José Berrío por su presunta complicidad en el asesinato de más de 150 personas en el corregimiento de Trujillo, Valle, entre 1986 y 1994.
Miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y narcotraficantes cometieron la masacre de Trujillo entre 1986 y 1994. Foto: Semana

-Liberan dos oficiales involucrados en masacre de Trujillo en 1990

- Trujillo, una tragedia que no cesa (CNRR)
El 27 de enero de 2009, el Juzgado Segundo Penal de Tulúa anuló el proceso que llevaba la justicia contra el mayor Alirio Urueña y el teniente José Berrío, por su presunta participación en la masacre de Trujillo, Valle, en 1990. Según su criterio el comandante de Policía Berrío en ese corregimiento y el mayor Urueña del Batallón Palacé habían sido acusados erróneamente del delito de homicidio agravado con fines terroristas por cuatro asesinatos cometidos en 1990.

En esa ocasión tres hermanos de apellido Cano Valencia, vinculados a diferentes agremiaciones campesinas y juntas comunales, fueron asesinados en compañía de Ricardo Burbano.

Según el juez, ambos miembros de la Fuerza Pública debieron ser acusados por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado y no por el de homicidio agravado con fines terroristas, porque sus víctimas no cumplían con los requisitos que exige el decreto 180 de 1988. Este decreto tiene previsto que las víctimas del delito de homicidio agravado con fines terroristas, deben ser funcionarios del Estado para el momento de su asesinato.

Fue por este motivo que el Juez Segundo Penal del Circuito de Tuluá declaró nulidad de todo el proceso incluyendo la resolución de acusación de la Fiscalía que después de 19 años de investigación comenzaba a esclarecer los presuntos vínculos del mayor Urueña y el teniente Berrío con la mascare de Trujillo.

Sorpresivamente el mismo juzgado decidió no solo anular la totalidad del proceso en contra de ambos miembros retirados de la Fuerza Pública, sino que siguiendo la petición de su defensa les concedió la libertad condicional el 6 de marzo de 2009, mientras la Fiscalía resolvía el “supuesto” yerro legal. (ver nota completa)

Pero todo cambió el 22 de mayo de este año cuando el Tribunal Superior de Buga ordenó recapturar a ambos miembros de la Fuerza Pública respondiendo a una apelación presentada por la Fiscalía y Procuraduría que expresaron su inconformidad con el fallo del juez.

“El asesinato de los hermanos Cano Valencia y de Ricardo Burbano está inserto dentro de ese contexto de exterminio sistemático contra la población civil que incluso ha despertado el interés de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, y por tanto no pueden mirarse de manera aislada e irrelevante en su trascendencia”, aseguró el Fiscal 17 de la Unidad de Derechos Humanos.

“Los hechos del presente proceso encajan en las previsiones de los artículos 29 y 30 del decreto 180 de 1988 vigente al tiempo de su ocurrencia, pues se contrae a homicidios y desapariciones de personas vinculadas a organizaciones comunitarias, asociadas alrededor del trabajo agrícola y ganadero, como era la situación de los integrantes de la familia Cano Valencia dedicados a la producción de café y plátano, también estaban vinculados a las juntas de acción comunal y eran reconocidos líderes campesinos de la región”, aseguró la Procuraduría.

Como consecuencia de la apelación, el Tribunal dejó sin efecto la decisión del juez que anulaba el proceso y también desestimo la libertad condicional de los investigados, y ordenó su captura inmediata.

Adicionalmente el Tribunal le pidió al mismo juez que investigara la denuncia de un abogado de víctimas que asegura que en su juzgado se le obstruyó la presentación del escrito de apelación para hacer valer los derechos de las víctimas.

La masacre de Trujillo es uno de lo episodios más oscuros de la historia nacional, fue reconstruido en el 2008 por el grupo de Memoria Histórica de La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, creada por la Ley de Justicia y Paz. En esta conmovedora investigación quedó en claro cómo se le segó la vida, en forma cruel, a más de 150 personas inocentes hace más de dos décadas. Sus víctimas esperan que aunque sea tarde conozcan por fin la verdad de los responsables y se haga justicia. (ver informe del grupo de Memoria Histórica)

Solo escuchar a un testigo principal de lo que sucedió en esa pintoresca población del valle produce escalofrío: “El mayor les pone en la cara un chorro de agua a presión con manguera, les levanta las uñas con navajas, les quita pedazos de la planta de los pies con corta-uñas, los corta y les echa sal, luego con un soplete de gasolina que lanza llama les queman en distintas partes del cuerpo y la carne se raja y se levanta el cascarón, les pone el chorro de la llama en la zona genital, les corta el pene y los testículos y se los mete en la boca a las mismas víctimas y finalmente los descuartiza con una motosierra”.

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