Orden de captura a un capitán del Ejército por masacre de El Naya

Las declaraciones de paramilitares desmovilizados del Bloque Calima relacionan al capitan (r) Mauricio Zambrano Castro como presunto colaborador en la planeación de la masacre de El Naya.
 

- Los orígenes de la masacre de El Naya
- La masacre del Naya y los militares
- Los cuatro días que estremecieron El Naya
 

La Fiscalía 21 de Derechos Humanos dictó orden de captura contra el capitan (r) Mauricio Zambrano Castro, quien fue señalado de coordinar la masacre que los paramilitares del Bloque Calima cometiieron en abril de 2001 en la región de El Naya. También ha sido sindicado en el proceso de Justicia y Paz de suministrarle material de guerra a los paramilitares.

Según la versión digital del diario El Tiempo, dentro de la investigación también se encuentran involucrados el coronel Tony Alberto Vargas, el entonces comandante del Batallón Pichincha, y el general Francisco René Pedraza, excomandante de la tercera División del Ejército.

Una de las declaraciones que involucra al capitan Zambrano es la de Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, quien dijo en la versión libre del 29 de julio de 2010 que consiguió material de guerra para la incursión de El Naya en el Batallón Pichincha. Según el desmovilizado, entre sus contactos se encontraban el capitán Zambrano, el coronel Tony Alberto Vargas Petecua, el general Francisco René Pedraza y Claudia Jaimes, esposa de un cabo. El ex paramilitar aseguró que con el coronel Vargas consiguió camuflados y chalecos.

Durante una audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía de Justicia y Paz le está realizando a 66 exparamilitares, se mencionó que supuestamente los desplazamientos de la tropa paramilitar fueron coordinados con el capitán Zambrano y el coronel Vargas.

“Estos oficiales se comprometieron a mover la tropa que estaba en la vereda La Esperanza, ya que los paramilitares tenían que pasar por ese lugar. Igualmente estuvieron de acuerdo que la incursión llegara a la vereda El Ceral, donde según los uniformados, tenían información de la presencia guerrillera”, indicó la Fiscalía sobre el testimonio que rindió este desmovilizado.

El pasado martes también se conoció que la Fiscalía 21 de Derechos Humanos está pronta a resolver la situación del general Pedraza, quien en 2009 fue capturado pero dejado en libertad a los pocos días por problemas de competencia sobre el despacho de que debe investigarlo. A pesar de ello, el general ha seguido vinculado al proceso como presunto responsable por esa masacre.

La masacre
A principios de abril de 2001, Éver Veloza, alias 'HH', reunió a 220 paramilitares que tenía en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca para que atravesaran la región de El Naya y se instalaran en el municipio de Gaupi, Cauca. Según contaron los postulados a Justicia y Paz, esa orden fue dictada por Vicente Castaño, quien pretendía crear el Bloque Pacífico, para que controlara ese litoral desde Nariño hasta Chocó, y de ese modo cobrarle gramaje a los narcotraficantes que sacaban drogas por ese sector.

En su recorrido los paramilitares pasaron por las localidades de Bellavista, La Esperanza, El Ceral, La Silvia, Campamento, Patio Bonito, Aguapanela, Palo Solo, Alto Sereno, Río Mina, El Playón, La Paz, Saltillo, Concepción, Yurumanguí y Puerto Merizalde, dejando muertes, desplazamientos y terror.

La Fiscalía 18 de Justicia y Paz ha documentado 24 asesinatos, 10 desapariciones forzadas, casi 1.900 desplazamientos forzados y otros crímenes. Pero estas cifras podrían aumentar porque el ente investigador todavía no ha cerrado la investigación de estos hechos que enlutaron a la comunidad de El Naya en la Semana Santa de 2001.

El pasado viernes la Fiscalía empezó a imputarles cargos a 66 postulados -que en 2005 fueron condenados en la justicia ordinaria por parte de los crímenes- ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. A esta audiencia se llegó luego de que más de cien exparamilitares que estaban por fuera del proceso de Justicia y Paz fueran postulados entre 2009 y 2010. Tras recibir las postulaciones, la Fiscalía los escuchó en versión libre en los meses de marzo y octubre del año pasado.

Luego de verificar los hechos y de entrevistar a las víctimas, se preparó la audiencia de imputación que terminará el próximo 22 de junio.