La condena a cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a cuatro militares por masacre de San José de Apartadó perpetrada por las Auc. Defensores de derehos humanos sienten que aún falta justicia y llevarán el caso a la Corte Penal Internacional.
 
En la parte baja del Edificio de la Justicia, en Medellín, se instaló esta pancarta, que recuerda las víctimas del crimen perpetrado por paramilitares de las Auc.

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El 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en una masacre que realizó el Bloque Héroes de Tolová de las auc, durante un patrullaje conjunto con tropas del Ejército en el que fueron asesinadas ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó.

Esta masacre en Apartadó, ocurrida en febrero de 2005, fue especialmente brutal ya que  incluyó a tres niños. 

Así, además de Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza y Alfonso Bolívar Tuberquia, resultaron asesinados Deiner Andrés Guerra, de 11 años, Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses. Todos pertenecían a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque, según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.

Pero tanto la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Por eso, luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió tumbar la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes.

En su sentencia, de 106 páginas, el Tribunal ratificó como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, al subteniente Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Darío José Brango Agamez y al subteniente Édgar García Estupiñán.

Inicialmente, el Juzgado Segundo Especializado habían dicho que “el hecho de que hubiesen patrullado conjuntamente estas dos organizaciones, la una licita y la otra ilícita, es un hecho anormal, pero insuficiente para deducir la existencia del acuerdo criminal, pues los procesados no tuvieron el conocimiento de la de la posible comisión de la conductas punibles juzgadas”.

Sin embargo para el Tribunal Superior, “cuando miembros del Ejército Nacional aceptaron, así hubiera sido a regañadientes, patrullar con miembros del grupo ilegal, se conforma el delito de concierto para delinquir”. Durante el proceso judicial, un exparamilitar declaró que en ocasiones los paramilitares y los militares marcharon intercalados, y en otras se adelantaron a 10 ó 20 minutos de distancia.

Por esa razón condenó a los cuatro militares a 34 años de prisión; además, los inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años y les impuso una multa de 18.666 salarios mínimos legales vigentes para el año 2005.

La decisión del Tribunal confirmó la sentencia absolutoria a favor del sargento Herny Agudelo Cuasmayan, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabarín Cruz Reina, el teniente Orlando Espinosa Beltrán y el mayor José Fernando Castaño López.

“Decimos que los comandantes de los respectivos grupos son responsables, porque ellos tenía voz de mando y pudieron haber evitado ese patrullaje conjunto”, señaló sobre la absolución de estos seis militares, e indicó que estas personas no hubieran podido oponerse al resto de sus compañeros y los paramilitares.

En esa apelación también se pidió que en el proceso se incluyeran las declaraciones que rindió el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', sobre esta masacre, pero el Tribunal le dio la razón a la juez que falló en primera instancia, que descartó ese testimonio.

Para el Tribunal, “valorar ese testimonio aduciendo, en las condiciones ya mencionadas, sorprende a la Defensa y sobre todo, vulnera su derecho de contradicción, pues el juicio se inició el 14 de septiembre de 2006 y el CD que contiene esa declaración, se recibió el 7 de enero de 2010, cuando habían trascurrido 3 sesiones de audiencia”.

Por esta masacre, en marzo de 2010, el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de prisión al ex capitán Guillermo Gordillo Sánchez, quien admitió su participación en los hechos y se acogió a sentencia anticipada.

Inicialmente, el entonces presidente Álvaro Uribe señaló como responsables de la masacre al 5 Frente de las Farc, pero en las versiones libres de Justicia y Paz rendidas por exparamilitares del Bloque Héroes de Tolová, se conoció que fue realizada por varios hombres de esta estructura armada ilegal, en complicidad con miembros del Ejército.

Uno de ellos fue José Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, quien narró cómo habían sido asesinados los niños: “estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro”.

Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.

Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se se estableció en la primera instancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompaño este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.

Por tal razón, el abogado Jorge Molano, quien representa la parte civil en este proceso dijo que a pesar de la condena contra a cuatro integrantes del Ejército, "marca la impunidad de los superiores, razón que impone la necesidad de pedir a la Corte Penal Internacional se abra el caso de Colombia y vincule a estos generales y coroneles, dados los crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.