Durante un tiempo las Fuerzas Armadas intentaron impedir que la gente llamara a las autodefensas ilegales por el nombre de “paramilitarismo”. Para la institución llamar así a estos grupos era una manera implícita de decir que funcionaban como organización paralela a los militares y por eso rechazaba el mote. La palabra paramilitar, sin embargo, se quedó pegada en el lenguaje de la gente, y adquirió su propio significado.
No es una discusión semántica inocua. Con la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006, ha quedado al descubierto que cientos de militares y policías de diferentes grados y bajo distintas motivaciones fueron cómplices activos y pasivos de la barbarie paramilitar. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía registraba en agosto de este año cerca de 500 denuncias contra miembros de la fuerza pública por posibles nexos con las autodefensas.
Es un debate difícil de encarar, pues tratándose de soldados y policías que aún hoy siguen dado la vida para proteger la democracia de sus enemigos, la sensibilidad institucional es extrema. No obstante, el país necesita conocer la verdad sobre cómo se dieron esos vasos comunicantes entre fuerza pública y paramilitarismo.
¿Fue una estrategia contrainsurgente de Estado, como argumentan varios estudiosos y defensores de derechos humanos? ¿O más bien, recae la responsabilidad sólo sobre unos cuantos oficiales que, viéndose perdiendo terreno en combate, apelaron al brazo efectivo y terrorista de la autodefensas para frenar a las guerrillas? Quizás ninguna de las dos teorías es del todo válida, y no fue ni política de Estado, pero tampoco un asunto de simples manzanas podridas. Quizás, la verdad está en el medio, con épocas de una colaboración cuasi orgánica entre militares y ‘paras’ en unas regiones, y en otros momentos y otras regiones, casos de miembros corruptos de la fuerza pública que cohonestaron crímenes del paramilitarismo por afinidad ideológica, porque compartían a un mismo enemigo, o simplemente por corrupción, porque buscaron lucrarse de sus negocios ilegales.
Con el ánimo de comenzar a escudriñar este oscuro capítulo de la historia del conflicto colombiano, y aportar información dura y comprobable a su esclarecimiento, VerdadAbierta.com se dio a la tarea de documentar tres historias fundamentales. Una primera que investiga cómo llegaron algunos miembros de la fuerza pública a convertirse en jefes o mandos medios del paramilitarismo. La segunda compara las cifras de aquellos militares y policías denunciados en las versiones de los desmovilizados de Justicia y Paz, con las de los procesados por la Procuraduría y las de los mencionados por víctimas o victimarios en las historias de la propia VerdadAbierta.com. La tercera documenta fallos del contencioso administrativo para resarcir víctimas de agentes del Estado y averigua qué hizo la justicia penal con los responsables de esas violaciones.
