Con el fin de tomarse el poder en el departamento de Córdoba, los jefes paramilitarismo llevan a cabo varias estrategias para tomarse las entidades públicas. Firmaron pactos, eligieron políticos y coparon las instituciones en ese departamento.

Salvatore Mancuso convocó la reunión de Ralito con varios políticos de Córdoba, Bolívar y Sucre, con el objetivo de contar con aliados en la clase dirigente de estos departamentos. Foto Semana.

Como resultado final el departamento de Córdoba ha sido uno de los más golpeados por la penetración paramilitar en sus instituciones. Si hablamos solo de Congresistas encontramos que para las elecciones de 2006, de los once políticos cordobeses electos al congreso, tres han sido condenados por concierto para delinquir, otros tres están siendo investigados por la Corte Suprema y uno fue absuelto.

De los congresistas elegidos para períodos anteriores y que no aspiraron o no fueron elegidos 2 ex senadores y 4 ex representantes, de los cuales a dos la Fiscalía General les archivo el proceso y uno fue absuelto.

Estrategia Militar:
Durante el desarrollo de la estrategia militar, la familia Castaño juega un papel determinante. Fidel Castaño, narcotraficante del cartel de Medellín, a mediados de los ochenta se desplaza a los límites entre los municipios de Córdoba y Antioquia, y compra la finca “Las Tangas” en el municipio de Valencia, con el fin de entrenar sicarios, mantener su negocio del tráfico de drogas y brindar seguridad privada a ganaderos de la región, comerciantes, jefes políticos y otros capos del narcotráfico.

Es así como a finales de la década de los ochenta se da el inicio a las masacres, homicidios en persona protegida y asesinatos selectivos, por parte de pequeños grupos de autodefensas, argumentando que existía una significativa cercanía entre personas de la sociedad civil y los grupos insurgentes.

Con la consolidación militar que les brindo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994 (organización que agrupó a las desarticuladas estructuras de seguridad privada en Urabá, Tierralta, Valencia, Montelibano y Puerto Libertador), los paramilitares se proponen incidir en las decisiones de instituciones vitales para el desarrollo comunitario y cultural de la sociedad, como es el caso de la Universidad de Córdoba. Salvatore Mancuso, líder paramilitar que surgía a la par de los Castaño, es quien lidera el segundo paso de esta estrategia.

Estrategia Institucional
Salvatore Mancuso tenía el temor que en la Universidad de Córdoba se estaba gestar un proyecto político de la guerrilla, debido a que en ese entonces, era dirigida por líderes de izquierda. Es entonces cuando se empiezan a dar asesinatos y desapariciones de profesores, estudiantes y sindicalistas del centro académico.

Mancuso en sus versiones libres confesó que entre 1990 y 2000 los asesinatos selectivos realizados contra profesores, líderes sindicales y estudiantes de la Universidad de Córdoba, hubo apoyos de efectivos de la policía.

Varios funcionarios de la universidad en sus distintos niveles, (Rectores, Profesores, etc.) fueron nombrados por el jefe paramilitar.

Paralelo a las amenazas, asesinatos y elección de académicos en cuerpos colegiados de la Universidad de Córdoba, el paramilitarismo influenció e hizo elegir alcaldes, concejales, diputados y gobernadores como parte de su estrategia de toma del poder regional en Córdoba.

La Fiscalía les ha abierto procesos judiciales, 3 ex gobernadores, 4 ex alcaldes, 1 ex diputado, 2 alcaldes y un ex gobernador encargado.

En Córdoba al igual que en otros departamentos, los paramilitares tejieron acuerdos con los políticos locales para elegir candidatos en alcaldías, y concejo y así poner a sus fichas en los como cabeza de las entidades contratar con el municipio.

Uno de estos acuerdos es el conocido como El “Pacto de Granada”, en el que Mancuso logra elegir a un candidato a la alcaldía del municipio de Tierralta (Sigifredo Senior), y planificó la elección de los dos alcaldes siguientes, Humberto Santos Negrete y Aníbal Ortiz Naranjo, para los comicios de 2003 y 2007 respectivamente, según lo sostuvo el ex líder de las AUC en la última de sus versiones libres.

El control local que los paramilitares realizaron fue estratégico. Entregaban dinero a los alcaldes para su campaña o presionaban a la población para que votara por algún candidato, con el fin de colocar directamente a hombres de su entera confianza en las diferentes secretarías de despacho. Con esto lograron administrar los dineros de la salud, la educación y el saneamiento básico que llegaban al departamento adjudicando los contratos con lo que beneficiaban en muchas ocasiones a sus lugartenientes.

Uno de los casos más sonados es la administración de Julio Cesar Sánchez, en el municipio de Puerto Libertador, condenado por peculado, apropiación y celebración indebida de contratos. Este ex alcalde adjudicó aproximadamente 120 contratos, por la suma de $2.600.000.000 de pesos de manera indebida, utilizando firmas que no correspondían a los contratistas, pólizas falsas, ausencia de documentos en cada contrato, duplicidad en la contratación, entre otras artimañas para desviar ciertas cantidades de dinero en cada contrato y entregarlo a jefes paramilitares que hacían presencia en el municipio.

Entre los funcionarios vinculados a estas irregularidades se encuentra la Secretaria de Educación del municipio, Luz Stella Pareja, el tesorero municipal Whilmer Sánchez.

Estrategia de representación nacional
Finalmente, la última fase de esta estrategia se concreta en el “Pacto de Ralito”. Esta reunión permite establecer la fuerza política y el poder de convocatoria de las AUC y la distribución del mapa político regional para las elecciones de 2002 y los candidatos que las AUC apoyarían a la representación a la Cámara y al Senado.

Dicha acuerdo se firma con el interés de mantener “amigos políticos” cercanos a la intención del grupo paramilitar de “refundación de la patria”, y llegar fuertes a una negociación con el gobierno.

Entre ellos están: Miguel de la Espriella, elegido representante a la Cámara en 1998 con el aval del movimiento “Mayorías Liberales” del ex senador Juan Manuel López Cabrales, se postula en el 2002 para el senado por el Movimiento Popular Unido (MPU), junto a Eleodora Pineda, que para ese entonces era Concejal del municipio de Tierralta.

Eleonora Pineda condenada por ser una de las firmantes del pacto de Ralito y a quién Mancuso mostró en el ámbito nacional, como un experimento que evidenció que el paramilitarismo cordobés podía colocar un representante a la Cámara de su entera confianza.

El caso de Reginaldo Montes, condenado a 72 meses de prisión, al pasar de MIPOL (Movimiento de Integración Popular) y conformar lo que sería en el 2006 Cambio Radical en Córdoba, demuestra el interés de Mancuso de mantener todo el cacicazgo político regional, en tres círculos dependiendo de su cercanía: en el primer círculo está Eleonora Pineda, ex representante a la cámara en quien confía plenamente; el segundo circulo compuesto por de la Espriella y Montes, políticos que son apoyados por Mancuso sin depositarles total grado de confianza; finalmente, el tercer circulo está compuesto por Zulema Jattín y Julio Manzur, quienes se encuentran en investigaciones preliminares por la Corte Suprema de Justicia.

Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años dos meses de prisión, que independiente de su asistencia o no al Pacto de Ralito, se vieron en la necesidad de negociar con el paramilitarismo al ver en disputa su poder territorial.

En conclusión, el paramilitarismo que llega al departamento de Córdoba tiene la intención primordial de controlar el negocio del narcotráfico y “proteger” a los ganaderos, políticos y comerciantes de la región de los embates guerrilleros, sin embargo, cuando obtienen el apoyo de la clase política y económica del departamento y ven cumplido su objetivo inicial, visiones sagaces como la de Salvatore Mancuso, se encaminan a subordinar la clase política bajo el mando la estructura paramilitar. Por esta razón, para las elecciones locales y nacionales de 2006 y 2007, el departamento de Córdoba sigue siendo el escenario por predilección para la influencia del paramilitarismo en el ámbito público, prueba de esto son los judicial que se les ha abierto a distintos funcionarios públicos y políticos locales en diferente niveles y diferentes períodos, incluyendo los actuales.

EDER MAYLOR CAICEDO FRAIDE