En el juicio contra el coronel Mejía, un experto forense reveló irregularidades en dos operaciones del batallón La Popa en Valledupar entre 2001 y 2002, en las que manipularon cádaveres para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

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Ante el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá, Javier Augusto Rojas, actual coordinador de la División de Siquiatría Forense de Medicina Legal, reveló detalles sobre el informe que elaboró en 2008 de dos operaciones del batallón La Popa, con sede en Valledupar, durante la comandancia del coronel Hernán Mejía, en 2002.

En éstas, el experto reconoció que se presentaron irregularidades en operativos en los que supuestamente los militares abatieron a presuntos guerrilleros. En el juicio se conoció que posiblemente varias de estas personas asesinadas, serían paramilitares muertos en combates que presuntamente fueron entregados por el Bloque Norte al batallón para presentarlos como resultados de su lucha contra la guerrilla. 

La primera operación denominada como 'Coraza', ejecutada en junio de 2002, desembocó, según el ejército en la muerte de dos presuntos guerrilleros que pretendían entrar a la guarnición desarmados.

Según Rojas, de las pruebas recogidas en la escena del crimen, hubo manipulación de los cuerpos de los presuntos guerrilleros, además los militares hicieron uso desproporcionado de la fuerza al atacarlos desarmados, y en general “evidencia que no se acomoda a las versiones dadas por los protagonistas y testigos de los hechos”. Es decir, los militares prefirieron asesinarlos que capturarlos.

Para el experto no resultaba “lógico” que dos personas desarmadas intentaran entrar a las instalaciones de un batallón por uno de los lugares más seguros y posiblemente más vigilados de la guarnición militar, con el propósito de robar armas y material de intendencia, como lo aseguraron los militares.

Uno de los mayores interrogantes alrededor de este hecho, es que uno de los presuntos guerrilleros fue encontrado con 23 fragmentos de granada en el cuerpo, a pesar de que en el lugar no se encontró prueba de alguna explosión. “Podría entenderse que el cuerpo recibió estas heridas en otro lugar… resulta poco probable que el guerrillero (herido) hubiese tenido fuerza para saltar el cercado del batallón e intentar robar el material militar”.

Para el forense, gran parte de la evidencia concluye que el cuerpo de uno de los presuntos guerrilleros fue impactado a pesar de encontrarse herido y tendido en el piso. “Nunca hubo prueba contundente de que esos guerrilleros hubiesen disparado contra los militares”.

Sin embargo, los hallazgos sobre la segunda operación, denominada 'Tormenta', realizada en octubre de 2002, son aún más comprometedores. Según el mismo batallón La Popa en esta murieron a 18 presuntos guerrilleros del Eln. Pero, como lo reveló el experto, tan sólo dos de los 18 supuestos insurgentes fueron impactados de pie, mientras que los otros 16 fueron baleados estando en el piso.

Lo más sorprendente para el investigador es que de los 18 cuerpos, nueve fueron encontrados con disparos en la parte de atrás de la cabeza, como si fueran tiros de gracia, cuando se supone que en un combate normal los impactos que tendrían serían de frente en el cuerpo.

Otras de las conclusiones de la investigación es que dos de los asesinados estaban desarmados, ya que sólo se encontraron 16 armas en el lugar de los hechos, mientras otros tres no tenían camuflado. De hecho, “uno de los presuntos guerrilleros fue encontrado en ropa interior” aseveró el experto.  

Según Rojas, se encontraron otro tipo de inconsistencias en las prendas que usaban los presuntos guerrilleros. Por ejemplo, uno de los muertos tenía a la vez emblemas del Eln y de las Auc; y otro cuerpo le fue hallado un brazalete del Eln y documentos que lo acreditaban como miembro de las autodefensas.

Otro punto que también genera suspicacias para el forense, es que en el supuesto combate se dispararon alrededor de 25 mil cartuchos, de los cuales solo 98 impactaron en 17 de los cuerpos, lo que revela un acierto del 0,37 por ciento de los militares. Sin embargo, uno de los cuerpos presentó once impactos de bala en la cabeza.

Mejía, y otros cuatro militares, están procesados desde mayo de 2008 por el delito de concierto para delinquir agravado. Junto a él son juzgados el teniente coronel José Pastor Ruiz, el teniente Nelson Javier Llanos y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade.

El juicio contra Mejía continuará hasta el próximo 20 de abril. Entre los testigos citados para declarar están los ex jefes paramiliitares Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte, Edgar Fierro Flores alias ‘Don Antonio’, mano derecha de ‘Jorge 40’ y Leonardo Sánchez Barbosa alias ‘El Paisa’. También fue llamado Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, uno de los testigos claves en el caso del ex gobernador de Cesar, Herrando Molina Araújo, juzgado por parapolítica.

Las acusaciones contra Mejía
En mayo de 2008, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha  por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecen recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar investigados, principalmente por falsos positivos.

La investigación contra estos oficiales se inició en 2007, cuando el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmó que el Coronel cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante del Cesar. Así mimso señaló que Mejía se alió con el Bloque Norte.

Cuando Mejía llegó al Batallón conformó un escuadrón especial de 14 militares, conocido como el grupo Zarpazo especializado en reacción rápida a los ataques de los ilegales. Sospechosamente, cada vez que el grupo realizaba operativos producía bajas. Además entre 2002 y 2004 aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos en la zona, crimen que alcanzaron la cifra de 53 homicidios sólo en el primer semestre de 2003. Los kankuamos denunciaron al Batallón La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.

Otro de los casos que está investigando la Fiscalía es el asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando los asesinaron, sus familiares denunciaron que no eran guerrilleros.

Según testigos se trató de una purga interna dentro del grupo paramilitar Mártires del Cacique de Upar orquestada por el Coronel Mejía y el difunto jefe paramilitar David Hernández, alias '39', quien era amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del Coronel. En 2004, Hernández fue asesinado por tropas del coronel Mejía, pero varios testigos señalan que 'Jorge 40' fue el que ordenó su muerte.

Mejía y varios de sus hombres también son investigados por los asesinatos de dos supuestos guerrilleros en el Batallón en junio de 2002. Las dos personas fueron capturadas, torturadas, asesinadas y presentadas como positivos.-

El ex suboficial también confesó que coronel Mejía y él se reunieron con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', Hernán Giraldo, Oscar José Ospino, alias 'Tolemaida', Enrique López, alias 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día Mejía y 'Jorge 40' acordaron que él iba a recibir un sueldo de 30 millones de pesos mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas. De acuerdo con el relato Mejía le entregó fusiles Galil a alias '39' y sus hombres para que lo ayudaran con falsos positivos.

El testigo aseguró que estos asesinatos se cometieron con la complicidad de fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que después fue nombrada directora de Fiscalías de Valledupar por el ex fiscal  general Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar.