Después casi un año de juicio contra seis ex alcaldes del sur de Casanare, Fiscalía y Procuraduría pidieron condenarlos por firmar un pacto con los paramilitares semanas antes de las elecciones de 2003.

De derecha a izquierda: Aleyder Castañeda, Leonel Torres, Mauricio Chaparro, Henry Montes, Jorge López y Raúl Cabrera. - Leonel Torres ¿inocente? - Autodefensas Campesinas del Casanare - Tabla de Datos Generales Sobre los Ex Alcaldes - 24/02/2007 La Vorágine Paramilitar en el Casanare (Semana) - 08/10/2007 La Sombra de Martín Llanos (Semana)

Los políticos que podrían ser condenados son : Jorge Eliécer López Barreto (Tauramena); Raúl Cabrera Barreto (Villanueva);  Henry Montes Montes (Maní); Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Aleyder Castañeda (Monterrey). De igual forma, ambos representantes pidieron la condena contra el ex alcalde de Aguazul, Leonel Torres, quien a pesar de no haber firmado el ‘Pacto’, fue acusado de pertenecer a la nómina de las ACC.

Desde el inicio del juicio a finales de 2008, los ex alcaldes se habían defendido de las acusaciones de la Fiscalía que firmaron el 'pacto' presionados por el grupo del profugo Germán Buitrago Parada alias ‘Martin Llanos”. De acuerdo con los políticos, días antes de las elecciones de octubre de 2003, fueron secuestrados por los paramilitares para firmar el documento de 14 puntos.

No obstante, los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría le dan validez a los testimonios de los desmovilizados de las ACC como alias ‘Salomón’, ‘Solín’, ‘Fox’ y ‘Junior’, quienes en repetidas oportunidades hablaron sobre las relaciones cercanas de varios de los ex alcaldes  con ‘Martín Llanos’ y su grupo paramilitar. Así mismo, los desmovilizados aseguraron que la firma del ‘Pacto’ se dio de manera libre y espontanea, y que fueron los alcaldes quienes solicitaron reunirse con el ex jefe de las ACC.

Según la delegada de la Fiscalía, la firma del ‘Pacto’ fue discutido por los políticos a plena luz del día y a través de éste fue que se estableció una “coadministración” en la que los alcaldes desviarían parte de los recursos de los municipios a las ACC.

“Fue un acuerdo de coadministración, de adhesión política y de apego incondicional hacia la organización armada que va en contra de la tranquilidad colectiva y la seguridad pública”, afirmó la fiscal.

La fiscal señaló que el acuerdo representaba para las ACC el acceso a nuevos recursos como consecuencia de “la pérdida de capacidad política y militar”, mientras que para los entonces candidatos fue la oportunidad para garantizar su elección como alcaldes.

La Fiscalía explicó que la principal evidencia del “interés de los ex alcaldes” para la firma del “Pacto” se evidenció cuando sus contrincantes políticos, quienes a pesar de haber sido llamados por los paramilitares a firmar, finalmente no lo hicieron.  “Los candidatos aspirantes sí tuvieron otra alternativa distinta a la firma del documento”.

Para el ente acusador es inexplicable que tras la firma del documento, los candidatos siguieran con sus campañas sin dar aviso a las autoridades públicas sino hasta el año siguiente (2004).

“La suscripción del Pacto sólo muestra los intereses que cada candidato tenía… ellos tenían el convencimiento de que estaban infringiendo la Ley y no obstante, procedieron a firmar el Pacto”.

Según Ricardo Torres, abogado defensor de Leonel Torres, los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría fueron parcializados. “Ambos delegados tuvieron sólo en cuenta la parte de las pruebas que les convenía en lugar de hacer una interpretación integral de todas las declaraciones y testimonios aportados”.

La audiencia de alegatos finales continuara hasta el próximo martes.

¿Cómo se dio la firma del Pacto de Casanare?

De acuerdo con los testimonios de varios desmovilizados de las ACC, días antes de celebrarse las elecciones regionales en el Casanare en 2003, John Alexander Vargas, alias 'Junior', jefe político de las Autodefensas Campesinas del Casanare, (en sus orígenes llamadas ‘Los Buitragueños’ por el apellido real de su jefe alias Martin Llanos) citó a cinco candidatos a las principales alcaldías del departamento.  La reunión tenía un objetivo concreto que, de ganar en sus municipios, estos políticos acogieran las órdenes de los paramilitares escritas en un documento de 14 puntos que tendrían que firmar.  

En el documento de este pacto –conocido como 'Pacto de Casanare'-, que tiene la Fiscalía en su poder, solamente aparece la firma de uno de los cinco alcaldes. Sin embargo, sobre los otros cuatro se han encontrado algunas pruebas y testimonios que corroboran la firma del Pacto.

En las reuniones en las que se cocinó el Pacto de Casanare, los futuros alcaldes se comprometieron, entre otras cosas, a darle a las Autodefensas el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías. Estos singulares encuentros fueron cuidadosamente grabados por alias ‘Junior’ y Verdad Abierta tuvo acceso a estos videos (que no fueron incluidos dentro del proceso).  

En uno de esos videos,  se ve a ‘Junior’ en un salón de reuniones al aire libre en una finca al sur del Casanare.  Allí puso varias sillas de frente a la cámara, y tuvo la precaución de poner la suya de espaldas. Así grabó todo sin que él apareciera.   

En uno de los videos se puede ver al candidato a la alcaldía de Sabanalarga, Mauricio Chaparro, llegar al kiosco con dos acompañantes que saludan con algo de indiferencia al jefe político de las ACC. Luego de un saludo, los tres se sientan frente a ‘Junior’ para escuchar los términos de su alianza.  

En otro video se ve a ‘Junior’ pactando de la misma forma con el candidato  de Maní, Henry Montes. El acuerdo que firmó Montes no incluyó la tajada del 10 por ciento en los contratos, pero a cambio se comprometió con el paramilitar a cumplir con las cuotas burocráticas de las ACC. De todos modos aceptó entregarles a la fuerza armada ilegal el 50 por ciento del presupuesto municipal, y a cambio, ésta le daría apoyo electoral en la campaña, de acuerdo con lo plasamado en el documento. 

En un tercer video aparecen, José Germán Castillo y su hermana Marleny Castillo, entonces aspirante a la alcaldía de Villanueva; ella perdió las elecciones. Sin embargo, esto muestra que los de las ACC  le apostaron a ganadores y a perdedores para asegurarse así los presupuestos municipales, muchos de los cuales reciben sumas millonarias por regalías petroleras. Castillo aceptó sus culpas, fue sentenciada y ya cumplió condena.  

Los alcaldes del Casanare han dicho a lo largo de sus procesos que ellos tuvieron que aceptar las condiciones de las ACC porque les fueron impuestas a la fuerza. Uno de los implicados, por ejemplo, el ex alcalde de Villanueva, Raúl Cabrera, denunció que fue secuestrado para firmar un acuerdo con un comandante paramilitar de la zona: “Nosotros estamos aquí posiblemente por ‘sapos’, por ponernos a denunciar unos paramilitares. Ese fue el primer choque que tuvimos con ellos”, aseguró.  

Estos videos no fueron aceptados dentro del juicio Bogotá contra los ex alcaldes casanareños porque fueron grabados sin el consentimiento de los acusados.

El proceso en breve  

Después de ser interrogados por la Fiscalía en marzo de 2007 para que rebatieran las pruebas en su contra, el 3 de abril de 2007, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción dictó medida de aseguramiento contra los seis alcaldes por el delito de concierto para delinquir agravado.  

Cinco meses antes de terminar su periodo como alcaldes, fueron capturados el 10 de julio de 2007, Mauricio Esteban Chaparro, Jorge Eliécer López Barreto y Henry Montes. El mismo día Raúl Cabrera se entregó ante unidades de la Fiscalía. Un día después, Leonel Torres hizo lo mismo y se entregó en el búnker de la Fiscalía. Aleyder Castañeda esperó hasta el día siguiente -13 de julio- para entregarse ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción.

Otras Pruebas  

En el juicio contra estos ex alcaldes hay varios ex paramilitares que sostienen que existían vínculos entre estos y otros políticos electos y las ACC de Martín Llanos. En la audiencia del 26 y el 30 de enero, dos paramilitares atestiguaron contra los ex alcaldes sobre el Pacto de Casanare.   

El primero, alias 'Solin', quien fue mando medio de las ACC, afirmó que muchos funcionarios públicos y políticos aspirantes a las alcaldías y gobernaciones mantenían relaciones con 'Martín Llanos. “Él (Martín) era el que decía qué se hacía y qué no se hacía en el departamento”, aseguró ante el juez.  

El segundo, el ex miembro de las ACC, José Reynaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, aseguró que la presión de las ACC sobre los votantes de estos pueblos ayudaron a los candidatos que pactaron con ellos a ganar la elección del octubre de 2003.  ‘Coplero’ fue otro de los ex paramilitares que también enfiló baterías contra el ex alcalde Aguazul, Leonel Torres, el único que no aparece ni en los videos ni en los documentos del pacto.   

En el caso del ex alcalde de Aguazul, Leonel Torres,  está siendo acusado de complicidad por testimonios de desmovilizados que sostienen que él era tan amigo de la casa de ‘Martín Llanos’ que no requería firmar nada, un argumento algo forzado.  

Torres por el contrario, ha sostenido que precisamente como no quiso ceder a las presiones de los paramilitares cuando era candidato, lo persiguieron y cómo él puso la demanda,  ahora se quieren vengar de él involucrándolo.  

Las acusaciones de los hombres que trabajaron con Martín Llanos (aún prófugo) contra Torres son varias. Así, el ex paramilitar Carlos Guzmán, alias ‘Salomón’ aseguró que Torres no firmó el pacto debido a que “pertenecía a la nómina” desde el 2001. De igual forma, alias ‘Coplero’, aseguró en audiencia del juicio que Torres recibió apoyo de las ACC en 2003 en contra de su principal contendiente político, Carlos Ramírez, a quien las autodefensas no lo dejaron hacer campaña política en las zonas rurales de ese municipio.  

‘Salomón’ y otro ‘buitragueño’, alias 'Mauricio', han asegurado a la justicia que el ex alcalde Torres era remunerado por las ACC a través del trabajo que hacía en las ONG como Ceaccol  (Corporación Especializada para el Desarrollo Integral y Agropecuario de Casanare y Colombia) y Fedecongs  (Federación Casanareña de Organizaciones  no Gubernamentales).  La trampa consistía en que las alcaldías contrataban con estas ONG para que supuestamente cumplieran labores sociales, pero el dinero que le giraban en realidad era para cumplirle a los paramilitares con el pacto.  

Torres fue elegido como alcalde de Aguazul en  2003. No mucho tiempo después de su posesión, éste y otros alcaldes empezaron a denunciar presiones y extorsiones por parte del grupo paramilitar.  Las denuncias empezaron a arreciar cuando  las ACC se empezaron a debilitar a mediados de 2004 porque la guerra con el Bloque Centauros de las AUC cuyo jefe era Miguel Arroyave, les produjo centenares de muertos.  

Según la defensa de Torres, un día después de haberse posesionado, el político recibió la visita de un hombre de ‘Martín Llanos’, quién le exigió que como alcalde de Aguazul debía suscribir el acuerdo o si no sufriría represalias. Torres se negó a firmar el documento y al poco tiempo radicó una demanda en la sentó constancia de haber sido víctima de extorsión por parte de las ACC.

Respecto a otros casos, el mismo ‘Coplero’ afirmó haber tenido relaciones no sólo con políticos sino con miembros de la Fuerza Pública y algunos organismos de seguridad de la zona. Entre los que mencionó están un teniente de la policía de apellido Moreno, un cabo del ejército de apellido Aldana, y un funcionario del DAS de apellido Marín.

Sostuvo que la labor de estas personas fue coordinar acciones e información con las ACC para evitar capturas.   En otras declaraciones tomadas por la Fiscalía, alias 'Salomón', 'Junior' y 'Jairo' describieron las reuniones periódicas que tuvieron con ‘Martín Llanos’ varios políticos, en especial Aleyder Castañeda, ex alcaldesa de Monterrey, de quien aseguran que mantenía una constante comunicación con el jefe paramilitar. 

Las investigaciones de la Fiscalía han encontrado que, una vez nombrados los alcaldes, pudo constatar algunas irregularidades en el manejo del presupuesto y en los contratos de municipios que manejaron entre 2003 y 2006 regalías por cientos de miles de millones de pesos.  

Las pruebas y testimonios del caso comprometen a algunos políticos más que a otros. Los alcaldes han ofrecido un argumento en su defensa de que eran víctimas de la presión paramilitar y que denunciaron públicamente los atropellos de las ACC. Y como se dijo arriba, los videos no forman parte del expediente.  

Será tarea de la juez determinar si los cinco alcaldes del Casanare firmaron bajo presión de los paramilitares armados, o si por el contrario fueron sus cómplices y sobre todo dilucidar si, en efecto, cumplieron con lo pactado y le entregaron parte del erario público a las Autodefensas.   

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