La Comisión Nacional de Reparación y el Proyecto de Tierras de Acción Social comenzaron un piloto de restitución de tierras en predios del Magdalena que fueron despojados por el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’.
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| La Pola fue una de las fincas desalojadas por ‘Jorge 40’ y que aun no ha sido devuelta oficialmente a sus legítimos dueños. Foto VerdadAbierta.com |
Este proyecto se da casi cuatro años después de que Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’anunciara en su primera versión libre ante Justicia y Paz, en agosto de 2007, el sanguinario jefe paramilitar a varios campesinos de municipios como Pivijay, Chivolo y San Ángel que asistieron a su audiencia en Barranquilla, que les devolvería las tierras que él y sus hombres les habían quitado. ‘Jorge 40’ también le envió un mensaje a sus hombres y testaferros: “debían devolverle las tierras a los campesinos y si había algún paramilitar en la zona, los campesinos tenían que denunciarlo”.
Sin embargo, hasta ahora muy poco de ese anuncio se ha cumplido, y muchos campesinos han optado por ocupar sus antiguas propiedades en Chivolo, Plato y Sabanas de San Ángel, en donde precisamente ’40’ tenía una de sus bases paramilitares.
Ahora, según lo ha anunciado la Comisión de Reparación y Reconciliación y el Proyecto de Tierras y Patrimonio, en estos tres municipios del Magdalena se hará por primera vez un piloto que busca después de años de violencia y desplazamiento logra que cientos de familias retornen a sus predios en medio de las dificultades actuales.
Como lo denunció VerdadAbierta.com hace más de un año (Ver “Dos veces despojados”) los campesinos no han podido retornar a sus tierras porque han encontrado que en muchas de ellas están ocupadas por nuevos supuestos propietarios, en otros casos los predios han sido hipotecados y en otros vendidos varias veces lo que ha dificultado que sus títulos sean devueltos a sus dueños originales.
Esta situación la viven familias que habitaron los predios titulados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en la década de los noventa como ‘El Encanto’, ‘El Radio’, ‘El Parapeto’, ‘Las Tolúas’, ‘Villa Luz’ y ‘Santa Rosa’; predios con los que se viene trabajando en el proceso de reparación y restitución.
La Cnrr y el Proyecto de Tierras han anunciado que dentro de las estrategias de recuperación del territorio está visitar los terrenos que se pretenden recuperar y a las familias desplazadas por el accionar de los grupos guerrilleros y paramilitares, con el fin de corroborar su intensión de retorno.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP) de Acción Social y otras instituciones que brindan apoyo, tienen como objetivo “hacer un piloto de restitución basado en la formalización de los derechos de los legítimos poseedores de los predios ‘El Radio’ y ‘El Encanto'”.
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Manuel*, un campesino que tenía una finca en El Encanto, otra de las propiedades tituladas por el Incora a 37 familias de Chivolo, empezó a ver cómo sus vecinos empezaban a irse poco a poco por las constantes visitas de los paramilitares.
Él y otros entrevistados por Verdad Abierta, recuerdan que escudados por las armas de ‘40’, llegaron Augusto ‘Tuto’ Castro, Saul Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias ‘Don Armando’, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ o ‘La Sombrerona’ y Ómar Montero Martínez alias ‘Codazzi’ intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
“Los campesinos eran ser señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de ‘Jorge 40’”, dice Manuel.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.Por otra parte, ‘El Encanto’ es un predio de más de mil hectáreas que, después de los programas de reforma agraria, fue adjudicado a 37 familias quienes también dejaron sus tierras tras la incursión de las Autodefensas.
Entre 2002 y 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un extraño proceso que le daría una nueva estocada a los campesinos víctimas de ‘Jorge 40’.
El entonces gerente regional para el Magdalena, José Fernando Mercado Polo, firmó, entre el 25 de octubre de 2002 y el 24 de abril de 2003, varias resoluciones de revocatoria de títulos de propiedad que tenían los 37 campesinos a quienes, al despuntar los noventa, el Incora había adjudicado colectivamente la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay. Cuando Mercado Polo decretó que les quitaba las tierras, allí ya no había campesinos, pues todos habían huído cuando los paramilitares los sacaron a la fuerza.
Estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que efectivamente habían sido abandonadas, y eso sirvió de coartada a Mercado Polo para quitarles las tierras. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.
En las resoluciones, conocidas por VerdadAbierta.com, el gerente certificó que se notificó por edicto a los campesinos para escucharlos en descargos y ninguno de ellos se presentó. Por eso se le designó un curador para el caso a quien se le notificó la decisión. El Curador no solicitó ninguna prueba, como se puede observar en el expediente.
En ninguna parte del expediente suministrado por el Incoder – que asumió las funciones del Incora tras su liquidación en mayo del 2003- se dice o investiga el motivo del abandono de las tierras por parte de estos campesinos que habían vivido en ellas por casi dos décadas.
Lo que es más extraño, es que dentro del grupo de parceleros revocados se encuentra Antonio Fernández Buelvas, titular de 32 hectáreas de tierras y quien fue asesinado por hombres de ‘Jorge 40’ en 1997 cuando intentó volver a su parcela.
Muchos de estos campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.
“Eran campesinos que les tocó trabajar como mototaxistas o empleadas de servicio y lo que ganaban apenas le alcanzaba para sobrevivir en las ciudades, y no iban a pagar por un crédito de una tierra que les robaron”, dice Yanez para referirse a la cláusula que con todo el cinismo invocó el Incora para revocarles a estos campesinos los títulos de sus tierras.
Era imposible que, en un territorio en el no se movía un hoja sin permiso de ‘Jorge 40’, los funcionarios del Incora no se enteraran que los campesinos fueron desplazados a la fuerza por los paramilitares. Y más si se tiene en cuenta que uno de los revocados había sido asesinado y sepultado en su propia parcela.
La Fiscalía está investigando la conexión entre estas revocatorias de títulos con el hallazgo de una caja con escrituras y un listado con el título “nombres para adjudicar parcelas Toluas, Santa Rosa, El Encanto y Bejuco Prieto” que contiene una lista de nombres con cédulas, que le incautó el Ejército a ‘Jorge 40’ en las Sabanas de San Ángel el 29 de julio de 2006.
Frente a las dificultades para el retorno se viene trabajando con la CNRR, Acción Social, la Defensoría del Pueblo de Magdalena, la Embajada Británica, la Procuraduría General de la Nación en alianza con el Consejo Noruego, sobre las temáticas de protección, formalización y restitución de tierras.
