‘Barequeros’ y ‘chatarreros’, entre criminales y la DIAN

A las presiones que sufren en regiones donde el conflicto armado aún sigue candente, a este eslabón más débil de la cadena de producción de oro se le suma un problema: para legalizar las compras, comercializadores inescrupulosos les están falsificando las firmas en documentos oficiales a quienes están registrados bajo esa condición ante la Agencia Nacional Minera. Miles de ellos, sin saberlo, ya son evasores de impuestos. Se cocina, poco a poco, una bomba social.

bomba social oro 1Los pequeños productores de oro están acorralados por la ilegalidad. Sus registros ante la Agencia Nacional Minera (ANM) están siendo utilizados para suplantar identidades. Foto: Juan Diego Restrepo E.Más allá del control social y territorial que ejercen los grupos armados ilegales en amplias zonas del país ricas en yacimientos de oro, a los pobladores de estas regiones que viven de la extracción del mineral y que se les clasifica como ‘barequeros’ y ‘chatarreros’, se les cierne un problema que agravará su situación económica: por cuenta de compradores inescrupulosos, que falsifican sus firmas y suplantan sus huellas digitales, aparecen como deudores de miles de millones de pesos en impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

¿Y cómo llegaron estos productores de oro, miles de los cuales viven bajo condiciones de pobreza, que pasan sus días de sol a sol en turbias aguas, en angostos socavones o entre el barro desechado de las minas, a ser grandes deudores del fisco? La maraña de ilegalidades que los llevó a esa situación se debe, en parte, a la falta de control sobre las normas que creó el propio Estado para regular la comercialización del oro y hacer más legal la actividad extractora.

Para lograr transparencia en un negocio que lleva décadas haciéndose en los márgenes de la legalidad y en el que han confluido grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales, el gobierno nacional comenzó a exigirle a fundidores y comercializadores que debían certificar el origen legal del producto. Para tal fin se emitieron varias disposiciones, entre ellas que todos deberían estar registrados ante la Agencia Nacional Minera (ANM).

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Es así como se establecieron seis categorías de productores, entre ellas las de ‘barequero’ y ‘chatarrero’, quienes paradójicamente son el eslabón más débil de la cadena, ejercen la labor en pésimas condiciones de salubridad y seguridad, y son los más vulnerables a la criminalidad que rodea el negocio, pero a su vez son, según datos de las autoridades mineras, lo que producen cerca del 60% del oro que exporta Colombia a los mercados internacionales.

Las normas dicen que tanto las personas que se consideran ‘barequeros’, que son aquellos mineros de subsistencia que viven de extraer el mineral en las orillas de los ríos y en grandes vetas a cielo abierto cuando los deja entrar el patrón de la mina, así como aquellos calificados de ‘chatarreros’, que son los que reciben material de desecho de las minas de socavón, deben registrarse ante la Alcaldía del municipio donde viven para obtener el Registro Único de Comercializadores de Minerales, conocido como RUCOM.

Bajo esa dos categorías hay, a la fecha, 120.585 personas registradas ante la ANM de todo el país, que tienen un grave peso encima: según cifras oficiales, de las 60 toneladas de oro exportadas en 2016, el 87%, es decir, 53 toneladas, fueron de origen ilegal, y de ellas 45 toneladas fueron supuestamente producidas por ‘barequeros’ y ‘chatarreros’. Eso quiere decir que solo ese sector débil de la cadena supuestamente recibió 1.800 millones de dólares.

Pero no sólo debe obtener ese registro. Cada vez que realice una venta de oro debe expedir un documento a su nombre, con su firma y cédula, llamado Certificado de Origen, y que se puede descargar de la página web https://www.anm.gov.co/?q=Formularios, para que aquel que le compra tenga una constancia del origen legal del metal. Como los mineros de subsistencia están protegidos por el Código de Minas, todo oro que venga de estos productores se asume legal.

Pero el trámite no es tan sencillo como parece. La alta informalidad que rodea a este sector productivo ha dado pie para que los comercializadores, quienes son los que manejan los grandes capitales, impongan prácticas ilegales que hoy tienen en la mira de la DIAN a ‘barequeros’ y ‘chatarreros’ por evasión de impuestos.

VerdadAbierta.com se dio a la tarea de explorar el tema con el fin de mostrar un ángulo distinto de la producción del oro, cuyos reflectores se han dirigido, en mayor medida, a determinar la influencia en los territorios mineros de grupos armados ilegales y la degradación ambiental, pero no a seguirle la pista a la cadena de la comercialización. Lo que hay de fondo es una afectación social de graves proporciones para quienes se han registrado ante la ANM y viven de la minería de subsistencia. Y pocos quienes actuar para contenerla.

Papeles falsos

bomba social oro 2Este es el documento que al que los comercializadores le están falsificando la firma y la huella digital, Por esa práctica delictuosa, miles de personas le deben al fisco cientos de millones de pesos.“A mí se me acerca un minero de esos pequeños productores y me dice que tiene unos gramos de oro, pero que me los vende sin firmar nada ni darme documentos de ningún tipo, pese a que puede tener RUCOM”, cuenta Aurelio Rojas*, un comprador consultado por este portal. “Como no quiero perder ese oro, le ofrezco un poco menos del valor oficial y me quedo con el producto. Como debo certificar su origen legal para poder vendérselo a una firma exportadora, voy a la página de la ANM y bajo varios certificados de origen, luego voy a la lista de ‘barequeros’ y ‘chatarreros’, que también se baja de la ANM, y distribuyo los gramos comprados entre varios, falsificando su firma y su huella digital. Para eso tiene uno diez dedos”.

El procedimiento tiene un componente de corrupción adicional: los listados de la ANM no incluyen el número de la cédula de los inscritos. ¿Entonces cómo se subsana este problema? “Los compradores de oro en los pueblos mineros tienen muy buenas relaciones con la Alcaldía, entonces allí consiguen listados de los ciudadanos que están en el Sisbén, en Familias en Acción, y cruzan nombres con los de la ANM y de ahí sacan los números de cédula”, explica Rojas.

Líderes del gremio minero en el Bajo Cauca antioqueño, la región más productora de oro en el departamento, explican que existen otras prácticas que también perjudican a ‘barequeros’ y ‘chatarreros’. “Resulta que hay unidades de producción a siete, ocho, nueve horas, de viaje al sitio de compra más cercano y allá trabajan, diga usted, 400 personas, pero no todas pueden o quieren bajar a vender su oro, por eso encargan a uno o dos de sus compañeros para que salgan de la zona y vendan el oro producido en una o dos semanas”, precisa uno de ellos, que solicitó la reserva del nombre.

Muy probablemente lo que ocurre es que todo ese oro se lo “cargan” a los dos vendedores y pueden ser decenas de gramos o hasta uno o dos kilos, y quedan con volúmenes de venta inmensos ante la DIAN, lo que los convierte en sujetos que deben pasarse tributariamente al Régimen Común y, automáticamente, en responsables del pago del IVA, circunstancia que muy pocos conocen porque, como advierte expertos consultados sobre el tema, ha faltado pedagogía.

Otro de los escenarios que afecta a quienes están registrados en la ANM es el de los productores ocasionales, que el líder gremial del Bajo Cauca los describe así: “Mire, hoy los campesinos a raíz  de la situación que vive el agro, que es en estado de abandono total, han tenido que recurrir, como tradicionalmente lo habían hecho, a desarrollar simple y llanamente actividad minera, entonces aquel que se sacaba un gramo trabajando la tierra y la mina, ahora que ya no trabaja la tierra saca tres y cuatro gramos diarios, y va y los vende”. Muy probablemente este labriego no tenga RUCOM, entonces su compra se le “carga” a alguien que sí esté de manera fraudulenta.

De este problema saben las autoridades mineras nacionales. En declaraciones al diario El Colombiano, de Medellín, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, admitió los problemas: “Creamos el Registro Único de Comercializadores (RUCOM), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control”; además, reconoció que “hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el RUCOM hay ‘barequeros’ que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

Pero el problema, tal como lo describe el alto funcionario de gobierno, no está en los pequeños productores, siempre el eslabón más débil de la cadena, sino en quienes tienen las herramientas tecnológicas y el conocimiento necesario para resolver una compra sin papeles. Por la vía de la falsificación de certificados de origen hay ‘barequeros’ y ‘chatarreros’ que tienen acumulados en sus registros tributarios hasta mil millones de pesos por supuestos ingresos derivados de las ventas realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y en lo que va corrido de este año, desbordando los límites establecidos por las normas tributarias para personas naturales. Pero no lo saben.

Una bomba social

bomba social oro 4De acuerdon con la ANM, en el país hay 120.585 personas registradas como 'barequeros' y 'chatarreros'. Hoy están en la mira de la DIAN. Foto: Juan Diego Restrepo ERamiro Restrepo, directivo de Conalminercol, una confederación de productores mineros, cuenta que a las puertas de las casas de algunos pequeños productores de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, han llegado notificaciones de la DIAN requiriéndolos por cuanto aparecen en las bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con reportes de ingresos hasta por 500 millones de pesos.

“Entonces la persona reacciona y dice: ‘¿cómo así? Yo no vendo esa cantidad de oro, soy una persona que comercializo pequeñas cantidades’. Pero los funcionarios le muestran que según la base de datos le vendió oro el año anterior a una comercializadora por tanta plata, entonces usted está obligado a declarar renta, a pagar impuestos, pasan del régimen simplificado al común, por tanto, debe pagar IVA, y el tipo se queda como Condorito, ¡Plop!”, describe Restrepo.

Pero esas notificaciones son parte del problema, entre otras razones porque esas deudas al fisco nunca las van a pagar, porque no tienen con qué. El problema social es más profundo: aquellos que supuestamente vendieron mucho oro ya no podrían ser sujetos de los beneficios de los programas de asistencia social que recibe por ser un ciudadano clasificado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Sus presuntos altos ingresos registrados ante las entidades tributarias afectarían su clasificación, lo que impactará el acceso a la salud de su familia, a educación de sus hijos y a subsidios estatales.

El tema le fue consultado a la Dirección Nacional de Planeación (DNP), entidad que tiene entre sus funciones, regular el Sisbén. Allí aseguraron que “ninguna persona pierde el acceso al sistema por el nivel de ingresos que tenga” y agregaron que este mecanismo “clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan”.

Para lograr ese propósito, a las familias que soliciten su inclusión en el Sisbén se les aplica un cuestionario que se hace directamente en la vivienda donde habitan las personas interesadas en registrarse en la base de datos. “El formulario recoge información sobre características de la vivienda, de los hogares y de las personas en temas de salud, educación, trabajo, entre otros”. El puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la información reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). En general, personas con condiciones socioeconómicas favorables deben tener puntajes altos, mientras que personas en condiciones desfavorables deben tener puntajes más bajos”.

No obstante, en esa respuesta hay una inexactitud en cuanto a la valoración de los ingresos en la clasificación del Sisbén. De acuerdo con el Documento Conpes 3877 del 5 de diciembre de 2016, que le introdujo reformas a ese sistema de información, se aclara que “esta nueva versión incorpora un enfoque combinado de presunción de ingresos y estándar de vida que permite identificar personas en exclusión social y productiva”. En suma, los ingresos serán determinantes para clasificar a las personas y, eventualmente, para excluir, por cuanto en su proceso de depuración, la DNP anunció el cruce de información en 24 bases de datos, entre ellas estarán la DIAN y la UIAF, para evitar los “colados”. (Descargar Conpes 3877)

No se sabe exactamente cuántos ‘barequeros’ y ‘chatarreros’ han sido suplantados, pero en tres años, y teniendo en cuenta que hay un registro de 120 mil 585 personas registradas ante la ANM bajo esa denominación, los afectados podrían ser miles. Si la DNP depura con rigurosidad las listas del Sisbén con base en ingresos reportados ante diversas entidades, la situación para los afectados por esa perversa manipulación de documentos oficiales será catastrófico: ¿Cuántos de estos ‘barequeros’ y ‘chatarreros’ serán reclasificados y no podrán tener acceso a programas del estado a la población más vulnerable?

Límites y desbordes

bomba social oro 3Durante los últimos años, ha habido una criminalización de la actividad minera informal. El intento de ordenarlos ha creado graves problemas, cuyos efectos aún son impredecibles. Foto. Juan Diego Restrepo E.Hasta el pasado 8 de febrero cualquier ‘barequero’ y ‘chatarrero’ podía vender la cantidad de gramos de oro que quisiera sin mayores problemas, pero dado el descontrol existente en la comercialización y las sospechas que comenzaron a recaer sobre ellos, el gobierno nacional expidió la Resolución 40103, de 9 de febrero, a través de la cual le pone topes a la venta del metal producido por la minería de subsistencia. Según la norma, no debe superar los 420 gramos anuales o lo que es lo mismo, 35 gramos al mes.

No obstante, quienes conocen a fondo el sector desestiman el impacto que pueda tener esa resolución y advierten que generará mayores problemas. Por ejemplo, no repara las afectaciones por las suplantaciones de firmas, pues estas ya están generadas y sobre eso ninguna autoridad minera ofrece alternativas que contengan el problema social que se avecina; además, aquellos que tienen RUCOM en calidad de ‘barequero’ y ‘chatarrero’, sea por voluntad propia, bajo engaño o por suplantación, estarán en la mira de quienes producen mucho oro de manera ilegal para que lo vendan, entre ellos los grupos armados ilegales que están cobrando parte de las extorsiones en oro.

Se teme también un crecimiento exponencial de solicitantes de RUCOM como ‘barequero’ y ‘chatarrero’ porque la tierra no deja de producir el metal y la gente lo está buscando y si en una familia hay un solo registro y sacan más de 420 gramos al año, se requieren más registros; y por último, la expedición de RUCOM se convertirá en el nuevo negocio de los alcaldes de municipios de zonas mineras, fortaleciendo la corrupción.

“Mire le explico: un dueño de una mina buena puede sacar un kilo de oro cada tres días, para venderlo, bajo las condiciones actuales, requiere, 33 personas con RUCOM. Ese será el negocio de los alcaldes, los secretarios y los concejales”, afirma el comercializador consultado.

El problema lo reconoce el viceministro Cante: “Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”. Por el momento no se tiene noticia de la concreción de ese anunció.

Y la situación tiende a agravarse socialmente. Así lo indica Restrepo, el directivo de Conalminercol: “en este momento creemos que el 90 por ciento de los mineros de pequeña y mediana escala han suspendido sus operaciones precisamente por esos problemas, porque la producción es ilegal y la comercialización también, lo que dicen es que lo mejor es retirarse de eso y hacer otra cosa”.

De ser cierta esa drástica reducción implicaría que 1.260 unidades de explotación que tenían registradas en 2013, sólo unas 126 estarían en actividad. De acuerdo con Restrepo, en un municipio como Caucasia, el centro de la actividad comercial de la minería del Bajo Cauca antioqueño, se siente esa disminución de la actividad minera en el comercio, que ha dependido por décadas del oro: “la minería se ha reducido a su mínima expresión, solamente aquellas personas que son osadas, que no tienen más nada que hacer, que no saben hacer otra cosa y que no tienen otras fuentes de ingreso, siguen corriendo todos los riesgos, que los judicialicen, que los encarcelen o que les quemen la maquinaria como ha venido sucediendo en los últimos meses”.

Voceros de asociaciones mineras de Antioquia aseguran que el tema ha sido abordado con la ANM y la Gobernación, advirtiendo que de continuar estas irregularidades, se le abrirá la puerta al mercado negro, “donde el oro lo van a comprar a un precio ínfimo, a lo que les dé la gana a los comercializadores, que son los que tienen la plata. Entonces van a salir perjudicados todos: los municipios porque no declaran regalías, los mineros porque venden al precio que el comercializador imponga, los barequeros porque les van a seguir reportando ventas que ellos no han hecho”.

Según fuentes consultadas, dado que las autoridades mineras están empecinadas en hacer cumplir las normas, la mayor fundidora del país, C.I. J. Gutiérrez y Cia. S.A., acaba de reportar a la DIAN a todos sus proveedores, lo que pone en aprietos a muchos, por cuanto deberán aclarar, con certificados de origen en la mano, a quiénes le compraron el oro; y como varios de ellos son firmas bajo el régimen Sociedad Anónima Simplificada (SAS), también deberán responder si compraron y vendieron el oro aplicando el IVA, y a dónde fue a parar ese dinero. Se intuye una fuerte evasión de varios miles de millones de pesos.

Por lo pronto el sector comercializador de oro en Colombia está bastante nervioso por los operativos que vienen haciendo las autoridades para detectar sus fraudes, pero en sus cuentas hay un problema que crece, que pocos ven y a quienes unos cuantos le proponen salidas, el de los ‘barequeros’ y ‘chatarreros’, quienes ahora están entre los grupos criminales y la DIAN. Y no saben para donde mirar.

Nota de la redacción: De manera insistente se le enviaron sendos correos electrónicos desde el pasado 27 de febrero a la Presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), Silvana Habib Daza, para que expusiera sus puntos de vista sobre este problema, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta alguna.

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