¿Qué empresas bananeras podrían responder por crímenes de lesa humanidad?

La Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad la financiación voluntaria que hicieron algunos bananeros a grupos paramilitares del Urabá antioqueño, evitando así que prescriban en el tiempo. VerdadAbierta.com presenta los casos de las empresas más sonadas en Justicia y Paz.

financiacion lesa humanidadEl 2 de febrero la Fiscalía General de la Nación tipificó como delito de lesa humanidad la financiación de grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana.

Se van a cumplir diez años desde que la multinacional Chiquita Brands se declaró culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y pagara una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Diez años también desde que, una vez en marcha la Ley de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso; Hebert Veloza, conocido como ‘HH, y Raúl Hasbún insistieron en que los bananeros pagaron tres centavos de dólar por caja de banano exportada. Sin embargo, es poco lo que estas investigaciones han avanzado en Colombia. (Ver: Esta es la lista de empresarios que entregó Raúl Hasbún a la Fiscalía)

Aunque desde los despachos de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, ahora Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, se hicieron compulsas de copias para que se iniciaran las investigaciones ante la justicia ordinaria, estas tuvieron escasas respuestas. Incluso, en 2012 un fiscal decidió cerrar las procesos contra Chiquita Brands y sus filiales.

Ante esos señalamientos, los empresarios han argumentado en diversos escenarios que no financiaron a los paramilitares, sino a las ‘Convivir’, cooperativas de seguridad y vigilancia creadas por decreto en 1994 durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994). Sin embargo, la fiscal encargada de investigar al Bloque Bananero insistió en que estas cooperativas fueron la ‘fachada’ para canalizar recursos hacia las Auc y así lo ratificó la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en contra de alias ‘HH’ en octubre de 2013.

Las Convivir, motor de la guerra paramilitar

A finales de 2015, la Fiscalía le apostó entonces a un cambio de estrategia: las investigaciones sobre terceros que financiaron el conflicto no serían repartidos a otras direcciones, sino que continuarían en la Dirección de Justicia Transicional. Tras una revisión detallada de las versiones, en particular de la entregada por el exparamilitar Hasbún Mendoza, cerebro del modelo de financiación con recursos de las empresas bananeras del Urabá antioqueño, llevó a los investigadores a calificar ese hecho como delito de lesa humanidad por cuanto con esos dineros aportados a las Auc, “no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos como los antes mencionados”.

Uno de los casos que ejemplifica el uso de los recursos en armas ocurrió el 7 de noviembre de 2001, “cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días” armas y municiones provenientes de Centroamérica.

En su decisión, la Fiscalía fue drástica al advertir que “surge diáfano que el empresariado bananero, financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado, lo que lleva a esta Fiscalía Delegada a sostener que ciertamente existió ese acuerdo de voluntades necesario para la tipificación de la conducta punible relacionada en el artículo 340 inciso 3ro del Código Penal (Concierto para delinquir)”.

Aunque se trata de hechos que ocurrieron entre 1996 y 2004, periodo en el cual los empresarios hicieron sus aportes según el exparamilitar Hasbún Mendoza, con esta decisión el Ente Investigador evita que prescriban las investigaciones de concierto para delinquir contra varias empresas que aún tienen negocios en esa región del país. Lo más probable es que estas indagaciones lleguen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que no sólo va a juzgar a guerrilleros y agentes del Estado, sino a terceros que financiaron el conflicto.

Investigaciones contra bananeros, ¿a Jurisdicción Especial para la Paz?

La decisión sienta un precedente que puede ser tenido en cuenta en otras investigaciones sobre financiación de grupos ilegales, por cuanto no se restringe solo a las Auc. A juicio de la Fiscalía, “es posible sostener que igual tratamiento de concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad, deberá darse y habrán de soportar aquellos empresarios bananeros, ganaderos y/o industriales que, en la denominada zona del Urabá Antioqueño, por convicción y/o convivencia, contribuyeron y financiaron voluntariamente a grupos armados al margen de la ley, entiéndase FARC, EPL, ELN y la Corriente de Renovación Socialista (CRS)”. (Ver más en comunicado)

Para una mayor comprensión de la decisión, VerdadAbierta.com hace una lista de las empresas bananeras que han sido mencionadas como financiadoras de las Auc ante los tribunales de Justicia y Paz.

 

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Chiquita Brands y su filial

Este caso fue definitivo para que la Fiscalía determinará que la financiación estaba directamente relacionada con los crímenes que cometieron las Auc en Urabá. Especialmente por lo ocurrido el 7 de noviembre de 2010, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá, propiedad de la Banadex, se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua. (Ver: Por tráfico de armas, ordenan investigar a Banadex S.A.). Sin embargo, este caso que es emblemático cumple casi 10 años de investigación sin resultados aparentes.  

En marzo de 2007 esta multinacional admitió los pagos que realizó a grupos paramilitares y guerrilleros en Colombia y pagó una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese país también cursa un tipo de demanda conocida como Acción de Clase interpuesta por varias víctimas de Urabá -cuyos familiares murieron a manos de los grupos paramilitares financiados por Chiquita Brands-. (Ver: Chiquita Brands podrá ser juzgada en Estados Unidos)

Ese mismo año, la Fiscalía en Colombia abrió también una investigación por los mismos hechos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, en marzo de 2013 un fiscal especializado de Medellín decidió precluir la investigación a favor de un grupo de empresarios bananeros de las firmas Chiquita Brands, de su filial en Colombia (Banadex) y de la comercializadora Banacol. Argumentó que los pagos a las ‘Convivir’ se dieron "dentro de un contexto de buena fe y confianza, generado por el respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país".

Esto a pesar de los hallazgosdel National Security Archive, una organización no gubernamental de Estados Unidos que logró desclasificar los documentos del Departamento de Justicia. Esta investigación publicada en 2011 por VerdadAbierta.com encontró pruebas de que Chiquita pagó a los paramilitares, entre 1997 y 2004, más de 1,7 millones de dólares no sólo por vacunas y sobornos extorsivos, sino también por 'seguridad activa'.

Los documentos de Chiquita

La decisión de la Fiscalía fue apelada por el exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado, Raúl Hasbún, y por los representantes de las víctimas. En respuesta, en diciembre de 2012, el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, revocó la preclusión y ordenó continuar con la investigación.

En 2016, como publicó VerdadAbierta.com, la teoría de la Fiscalía apuntaba a que, de acuerdo con los testimonios aportados por exparamilitares como Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y Hebert Veloza García, alias ‘HH’, “probablemente hubo un acuerdo de voluntades” entre los empresarios bananeros y los jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), para “promover, organizar, financiar, armar o promocionar grupos al margen de la ley”.

Se agrava situación jurídica para exdirectivos de Banadex y Banacol

 

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Banacol

Una investigación reciente de la Comisión Intereclestial de Justicia y Paz asegura que Banacol “es la continuidad de Chiquita Brands en Colombia, a pesar de la versión de la multinacional de su salida del país en 2004, luego de las graves acusaciones por financiar grupos paramilitares (…) la empresa ha continuado comprando banano en el país”. (Lea el informe aquí)

Por ser la comercializadora de Chiquita Brands, Banacol está relacionada con procesos judiciales antes citados. De acuerdo con el informe de la Comisión. Su presidente, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, en la actualidad es investigado por concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos armados ilegales. Juan Diego Trujillo Botero, quien es el segundo suplente del presidente y secretario general de Banacol, comparte imputaciones con Henríquez.

 

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Uniban

Esta que es la principal comercializadora internacional de Urabá está compuesta por varias sociedades, entre esas está Probán y la Agrícola Santamaría. La primera fue mencionada por Salvatore Mancuso en versión libre como una de las financiadoras y apareció referenciada en los listados entregados por Hasbún.

Entre los principales accionistas de Uniban está la familia Gaviria Correa, también relacionada en una sentencia de tierras proferida por el Tribunal de Cartagena, que determinó que Agropecuaria Carmen de Bolívar no probó “la buena fe exenta de culpa” en un caso de compra de tierras en la región de los Montes de María. A esta familia pertenecen el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa y Sofía Gaviria Correa, actual senadora de la República por el Partido Liberal.

"Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe": Tribunal de Cartagena

Agrícola Santa María, como lo documentó VerdadAbierta.com, está asociado al exsenador Jaime y Guillermo [fallecido] Henríquez Gallo. Según los listados que Hasbún le entregó a la Fiscalía, la Agrícola aportó dinero de 14 fincas explotadas por la empresa a las cuestionadas cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas Convivir. (Lea:Los cuestionamientos a bananeros detrás del No).

 

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Banafrut

Sobre la comercializadora Banafrut, el informe de la Comisión Intereclestial de Justicia y Paz asegura que tiene 33 fincas en el Urabá antioqueño, que suman 3 mil 500 hectáreas, y de cuya junta directiva hace parte Nicolás Echavarría Mesa.

Este bananero, que gerenció la recta final de la campaña a la Presidencia de la República de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y fue embajador de Colombia en Bélgica, aparece en el listado entregado por el exjefe paramilitar Hasbún. De acuerdo con el documento, Echavarría Mesa habría hecho aportes por 8 fincas explotadas por diferentes Agrícolas como Bahamas Ltda., Galápagos, Antillas, Luisa Fernanda, Hacienda Velaba Ltda. y Otraparte E.U., asociadas a la comercializadora Banafrut. (Ver lista)

El nombre de esta comercializadora también aparece referenciado en la sentencia de Justicia y Paz del 31 de julio de 2015 contra José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc. “Los grupos paramilitares encontraron en las compañías extranjeras (como Chiquita Brands) y las comercializadoras nacionales de banano (como Sunisa S.A., Conserva S.A., Tropical, Uniban S.A, Proban, Banafrut, Bagatela S.A., y Agrícola Rioverde), una fuente permanente de apoyo logístico y financiero que les permitió no sólo expandirse territorialmente, sino también lograr por las vías de hecho que la producción y exportación de guineo no se paralizara por efecto de las huelgas, paros laborales y acciones de saboteo promovidos por la insurgencia”. (Lea sentencia, página 549)

El empresario Echavarría ha asegurado que no hizo pagos a Hasbún y que no hay investigaciones en su contra por estos hechos.

 

C.I. Conserb, filial de Fresh Del Monte

Esta es la filial en Colombia de la multinacional Fresh Del Monte que opera en Urabá Antioqueño y Bajo Atrato. Del Monte también ha sido denunciada por contribuir con la financiación del paramilitarismo. “Todas las empresas en la región bananera pagaron. Por ejemplo, Dole y Del Monte que, creo, son compañías de EE.UU.”, dijo a medios de comunicación el jefe paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso.

 

Los bananeros de Magdalen, un capítulo menos explorado

Aunque esta decisión de la Fiscalía se refiere a empresas de Urabá, la misma advierte que puede tener efectos para otras empresas que financiaron grupos ilegales. En los estrados de Justicia y Paz, los paramilitares de Frente William Rivas, que hizo parte del Bloque Norte de las Auc, han dicho que les cobraron a los empresarios bananeros una tarifa anual de 70 mil pesos por hectárea cultivada. Este grupo operó en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca.

Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena

De acuerdo con la sentencia de Justicia y Paz contra los integrantes de este frente, los paramilitares les proveían seguridad a las fincas y “en ocasiones, para no correr el riesgo de detener la producción, asesinaban a los trabajadores y capataces que presuntamente estuvieran auspiciando huelgas, protestas laborales o cualquier tipo de “molestia” a los dueños de las fincas”.

Resistencia franciscana en Zona Bananera

El documento cita, además, el caso de la Fincas Las Franciscas en el Zona Bananera, Magdalena. De acuerdo con las versiones de los postulados, empresarios cercanos a la compañía multinacional Técnicas Baltime de Colombia (DOLE) les pagaron para desplazar a las 52 familias que allí vivían, porque requerían de esas tierras para impulsar las exportaciones de banano”.