Legalizar la minería en el Bajo Cauca: ¿experimento fallido?

En 2012, la Gobernación de Antioquia puso en marcha un plan para formalizar a pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca. Hoy, tres años después, los resultados dejan mucho que desear.

Aunque la Secretaría de Minas de Antioquia conoció el caso de Pedro Herrera, funcionarios de esta dependencia señalaron que allí medió una orden judicial y que en ese caso, poco se podía hacer. Foto: Ricardo Cruz

Mientras para la Policía Nacional se trató de un operativo de rutina, de esos que usualmente tienen lugar en la vasta región del Bajo Cauca antioqueño, para Pedro Herrera, minero de tradición, terminó siendo la gota que no solo rebosó su paciencia, sino que también lo empujó definitivamente a los tribunales para demandar al Estado colombiano.

Ocurrió una tarde de noviembre de 2014. Efectivos del Distrito Especial de Policía Bajo Cauca llegaron hasta el corregimiento Cuturú de Caucasia sin más pretensiones que hacer cumplir el Decreto 2235 de 2012. Según dice esta norma, que cuenta con las rúbricas de los ministros de Justicia y del Derecho, Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente, la Policía Nacional cuenta con luz verde para destruir maquinaria pesada, en este caso retroexcavadoras y dragas, que estén siendo utilizadas en explotación minera ilegal; es decir, aquella que no cuenta con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y su respectiva licencia ambiental.

Para la Fuerza Pública, lo encontrado en Cuturú no daba lugar a discusiones: era maquinaria pesada dedicada a la explotación de oro y su dueño, Pedro Herrera, no contaba ni con título minero ni con licencia ambiental. Como dice el viejo adagio popular, “más claro no canta un gallo” y por eso, esa tarde fueron destruidas seis retroexcavadoras y capturadas 12 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía, sindicadas de llevar a cabo actividad minera ilegal.

Ante el Ente Investigador, Pedro, acompañado de varios colegas del gremio minero, argumentó que se trató de una arbitrariedad y que no era ningún ilegal porque, precisamente, hacía parte de un plan piloto que la Gobernación de Antioquia, con apoyo del Ministerio de Minas y Energía, echó a rodar hace ya tres años y que buscaba la formalización (legalización) de un número importante de pequeños y medianos mineros de esta región que, desde tiempos ancestrales, desarrollan su actividad sin títulos, ni licencias, ni ningún tipo de parafernalia estatal.

Fue un juez con función de control de garantías quien terminó dándole la razón. “El fiscal los presentó ante el juez de control de garantías y este lo que dijo fue: ‘pero cómo así, si aquí me traen una documentación que prueba que él está en un proceso donde el Estado colombiano está gastando plata para legalizar a los mineros del Bajo Cuaca y cómo así que es ilegal’. Entonces, dejaron la gente en libertad y ahí está la demanda que se interpuso”, cuenta Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

Según Restrepo, “la demanda va bien adelantada y va prosperar. ¿Por qué? Porque resulta que a Pedro le hicieron un operativo un 10 de noviembre y solo el 27 del mismo mes el comandante del operativo oficia a la Gobernación de Antioquia para preguntar si estaba o no estaba en el proceso. O sea, le quemaron la maquinaría el 10 y el 27 preguntaron”. Para este dirigente gremial, situaciones como esta ponen de manifiesto el fracaso de las iniciativas de formalización de la pequeña y mediana minería en una región donde el oro es origen y destino de todos los conflictos que tienen lugar allí.

Operativos de la Policía Nacional contra los mineros contrastan contra las intensiones de algunos de legalizar su actividad. Foto: Ricardo Cruz

Política de legalidad
La iniciativa fue de la Gobernación de Antioquia. Arrancó en 2012 y contó con aliados como el Ministerio de Minas y Energía y Corantioquia, la autoridad ambiental. La idea era formalizar o, en otras palabras, legalizar mediante la entrega de título minero, a 150 unidades mineras de pequeña y mediana escala en el Bajo Cauca antioqueño.

No era una tarea fácil. Someter al imperio de la ley una actividad que ha sido desarrollada por décadas y en casos como el de Cáceres, por siglos, sin ningún tipo de regulación implicaba cierta pedagogía extraña para la región. Si la iniciativa prosperaba la ganancia era por partida triple: los mineros que han nacido y crecido arrancándole oro a la tierra ya no serían señalados más como ilegales; el Estado podría tener un control más efectivo sobre sus riquezas; y se cortaría el cuantioso flujo de recursos que los grupos armados ilegales presentes en el territorio derivan de esta actividad, amparados en su alto nivel de informalidad.

Pero tres años después de puesto en marcha el plan, mineros y administración departamental difieren sobre los progresos alcanzados hasta ahora. Para Ramiro Restrepo, vocero de los mineros del Bajo Cauca, la iniciativa es un rotundo fracaso pues “de esas 150 unidad mineras que iniciaron no se ha legalizado ni una sola. Apenas nos entregaron los PPO (planes de trabajo y obra) y los PMA (planes de manejo ambiental) que son los dos últimos pasos para llegar al fin último que es la legalización. Apenas la autoridad ambiental revise esos planes y les dé el visto bueno, pues ya nos darán la concesión de los títulos”.

La demora en el proceso también ha generado un alto nivel de deserción y desencanto entre los mineros. “De las 150 unidades mineras que iniciaron muchas se retiraron porque se cansaron, o la mina se acabó o tuvieron que irse de la región por problemas de orden público. En este momento solo quedan 33 unidades y de esas ya hay 17 que tienen culminado el proceso. Entre ellas estaba la de Pedro”, anota Restrepo.

Pero, mientras para el vocero de los mineros, el peso del “fracaso” lo cargan las políticas del gobierno nacional y la inoperancia de la administración departamental, para Xiomara Neira, directora de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, las dificultades pasan por otras circunstancias: “Al inicio tuvimos muchos problemas para contactar a los responsables de las unidades mineras; en algunos casos se presentó disentimiento por ellos por la itinerancia; es decir, ya habían adelantado la explotación y se habían marchado, incluso, hasta del departamento”.

En la imagen, una de las retroexcavadoras destruidas por la Fuerza Pública en una mina que estaba dentro del programa de formalización que adelanta la Gobernación de Antioquia. Foto: Ricardo Cruz

A esto se suma, según la funcionaria, “que ellos (los mineros) deben cumplir con una serie de requisitos como acreditar una tradición de explotación antes del 2001. Este ha sido el principal obstáculo, muchos solo logran acreditar esa experiencia desde el 2004”. De acuerdo con Neira, actualmente hay 80 unidades que continúan participando en el proceso, las cuales se espera estén formalizadas antes de iniciar el segundo semestre.

La cifra difiere mucho de la que manejan los mineros. “Esto porque en este proceso también estamos acompañando unidades que no hacen parte de la Asociación”, agrega la funcionaria quien explica además que “de esas 80 unidades, unas 51 se superponen con áreas ya concesionadas. Cómo a ellos no se les puede entregar un nuevo título porque ya fue entregado a otro, el instrumento con el que contamos es el de subcontrato de explotación minera. Estamos adelantando acercamientos entre el minero en proceso de formalización y el dueño del título para celebrar un contrato que le permita trabajar, amparado en ese título ya otorgado”.

Fiebre de oro
Para la Gobernación de Antioquia, formalizar esta actividad, que constituye pilar fundamental de la economía departamental, ha sido una de sus tareas más urgentes. Por ello, la administración de Sergio Fajardo se puso como meta legalizar 800 unidades mineras de las 1.664 minas informales identificadas en el departamento. De ellas, unas 460 se encontraban en el Bajo Cauca.

Pero aún en este tema, el de saber cuántas minas informales hay, existen diferencias con el gremio minero. Según la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, en los seis municipios que conforman esta región (Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Tarazá), existen unas 1.200 unidades de explotación minera de carácter informal, de las que dependen unas 45 mil personas, bien por empleos directos o bien por vinculación indirecta.

“Y pueden ser más, porque esta actividad se desarrolla en la espesura de la selva, donde no llega ni el Estado, pero sí los ilegales”, añade Ramiro Restrepo. “Esta es otra de las dificultades que tenemos. La Fuerza Pública nos persigue por ilegales, por ser aliados de los grupos armados, cuando en realidad somos víctimas de ellos. Y el Estado no ha sido capaz de controlar esos grupos, sino que antes se multiplican”, sentencia.

“Un grupo armado llega con sus fusiles, obliga a los mineros a tirarse al piso y les dice: ‘para tal día necesitamos tanto y si no, ya saben’. ¿Qué puede hacer el pobre minero ahí? Pagar”, sostiene Restrepo, quien no duda en afirmar que la región más difícil para ejercer esta actividad está en la localidad de El Bagre, en especial en límites con el sur de Bolívar.

Consultas realizadas por VerdadAbierta.com en los municipios de Caucasia y Cáceres permitieron establecer que las bandas criminales, principalmente las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, así como las guerrillas de las Farc y el Eln, cobran extorsiones que oscilan entre los dos y cinco millones de pesos.

“Cobran por dejar entrar las ‘retros’, cobran por el diésel, cobran un porcentaje por lo que saque la mina, hasta los barequeros tienen que pagar mil pesos diarios. También depende del municipio, de qué tan adentro esté la mina”, explica un habitante de Cáceres, quien pidió reserva de su identidad. “¿Qué si la Policía también cobra? Pues claro, ellos también, o sino cómo cree que se hace minería en el Bajo Cauca”, agrega la fuente.

Y es que, en matemáticas elementales, la minería en el Bajo Cauca mueve cifras por la que cualquier grupo armado ilegal estaría dispuesto a matar o morir. “Mire este cálculo: de esas 150 unidades que iniciaron el proceso de formalización, cada una producía dos libras de oro semanales, en promedio. Una libra de oro puede valer, en este momento, 36 millones de pesos. Es decir, cada una de esas minas producía 76 millones de pesos semanales. Multiplique eso por 150 solamente, o si quiere, por 1.200. Eso le da un poco de plata”, calcula el dirigente de los mineros.

Acciones puntuales
Al ser consultado al respecto, el Teniente Coronel Luis León, del Cuerpo de Carabineros de Policía Bajo Cauca, explica que “cuando llegamos a las minas, en desarrollo de un operativo, nos acusan, insultan, nos señalan de corruptos, lo que quiera, pero nadie nos advierte de situaciones de este tipo. De hecho, son muy pocas las denuncias por extorsiones que nos llegan”.

Lo que sí tiene claro la Fuerza Pública es que, en esta región de Antioquia, el oro es un imán que atrae y seduce a poderes ilegales con fuerte presencia. Hoy, estos grupos no están en confrontación, pero los vientos de una guerra abierta vienen soplando desde hace unos meses para acá.

“Por ejemplo en El Bagre tenemos identificado al Clan Úsuga, al Eln y el Frente 4 de las Farc. En Zaragoza tenemos identificado al Frente 34 de las Farc, al Eln y el ‘Clan Úsuga; en Nechí tenemos al ‘Clan Úsuga y las Farc. En Cáceres hace presencia el Frente Resistencia Guamocó del Eln y el Clan Úsuga”, declara el Oficial.

Aunque hoy se sabe que la vinculación de estos grupos armados con la minería es principalmente por la extorsión, el Oficial no descarta que cuenten con maquinaria y hasta unidades de explotación propias. Hoy, las acciones de la Fuerza Pública contra la minería ilegal se vienen concentrando en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí.

No obstante, aún queda para la discusión saber qué es minería ilegal. Mientras la Fuerza Pública actúa bajo las directrices de los Decretos 2637 del 12 de diciembre de 2012 y 2235 del 30 de diciembre de 2012, que cataloga como ilegal aquella actividad minera que se realice sin título minero inscrito ante la autoridad minera, para quienes llevan años dedicados a buscar oro en las profundidades de la tierra, luchando para acceder a un título, esta categoría no es más que un artilugio jurídico para sacarlos de sus tierras y entregar la riqueza de sus tierras a las multinacionales.