La petro-guerra del Eln en Arauca

Informe de la Fundación  Ideas para la Paz, FIP, revela que la persistencia de los  ataques de esta guerrilla contra la infraestructura petrolera no solamente responde a motivaciones económicas sino que también tiene fines sociales, políticos y militares.

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A pesar de no contar con la misma presencia militar ni la misma injerencia política de la década de los 90, desde el 2010, luego de la tregua pactada con las Farc, la guerrilla del Eln  ha utilizado los ataques contra los oleoductos para fortalecer su base social y, en la actualidad, para mostrarse como un actor relevante y vigente de cara a las negociaciones con el gobierno. Así lo asegura el estudio más reciente de del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Señala el informe que a pesar de que tanto  guerrillas, como grupos paramilitares y las bandas criminales han utilizado  la economía petrolera como fuente de financiamiento, ha sido el Eln el que más se ha beneficiado del control de quienes producen el crudo, y que ha sido Arauca el departamento donde se han registrado el mayor número de ataques. Allí no se trata sólo de atentados, extorsiones y secuestros. También hay captación ilegal de regalías, y un control por esta vía de la economía y la política regional.

El frente Domingo Laín
Señala la FIP que los primeros hombres del Eln que llegaron a Arauca lo hicieron a finales de los años setenta, en un  periodo de reorganización de la guerrilla después del golpe que recibió en 1973 con la Operación Anorí que causó la muerte de varios líderes de este grupo. Para su consolidación en la región la organización creó el Frente Domingo Laín para ubicarse en Saravena, Arauquita y posteriormente en la parte norte del municipio de Tame.  

Los primeros líderes de este Frente eran campesinos que habían llegado del Sarare en los años 70 impulsados por programas de colonización del extinto INCORA y la Caja Agraria. “El Domingo Laín creció rápidamente en los primeros años de los ochenta por contar con el apoyo del campesinado, redes de familiares y de conocidos entre las comunidades. Organizados en pequeñas comisiones, el frente comienza a secuestrar ganaderos y a realizar incursiones a pueblos a ambos lados de la frontera”.

Sin embargo, la investigación puntualiza que fue en 1983 con el descubrimiento del yacimiento de petróleo y la posterior construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, por parte de la empresa Occidental Petroleum, que el Eln se fortaleció política y militarmente en el departamento. De igual manera “la industria del petrolera en la región continuó expandiéndose con la entrada de neuvas compañías extranjeras como la multinacional británico-holadesa Shell y la española Repsol”.

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La guerrilla adoptó una estrategia de captación de rentas ilegales por medio de la extorsión a las petroleras para financiar el sostenimiento a los proyectos armados que tenían en la región, entre ellos la consolidación del Frente de Guerra Nororiental. El caso más conocido mediante el cual el Eln recibió la mayor cantidad de dinero fue de la empresa alemana Mannesman, la cual pudo haber pagado hasta 8 millones de dólares por la liberación de 4  ingenieros, una parte fue pagada en efectivo y el resto tuvo que ser invertido en obras sociales.

La repercusión inmediata a las acciones de la guerrilla fue la militarización de la región, a ello se sumó la suscripción de un acuerdo de colaboración mediante el que las empresas extractivas se comprometían a  brindar ayuda económica para apoyar a las unidades de la XVIII Brigada del Ejército, apoyo que además incluyó el uso de las instalaciones de la petrolera OXY para la planeación de acciones militares, como lo determinó un informe de Amnistía Internacional referenciado en la investigación.

La estrategia de la guerrilla no se limitó inicialmente a adquirir dinero por las extorsiones y los atentados, también lo realizaron a través del uso de la administración pública mediante el desvió de recursos públicos y de incidir en la clase política local. La relación del Eln con los políticos fue de beneficio mutuo, ya que “la guerrilla identificó las ventajas de comprender las realidades de la arela política local y, a su vez, los políticos aprovecharon el hecho de contar con un brazo armado y coercitivo para permanecer en el poder”.

Andrés Peñate, exdirector del DAS, y quien hizo un estudio académico sobre el clientelismo armado del Eln en Arauca, afirma en el estudio que “la protección y la amenaza a los políticos locales le permitió al Domingo Laín convertirse en un muy buen intermediario entre las necesidades de la población y los recursos públicos designados para satisfacerlas”. De esta manera la guerrilla le exigía a los encargados de las obras civiles del oleoducto “enganchar” trabajadores y destinar ayudas comunitarias, a partir de lo cual la comunidad cae en cuenta que son los miembros del Eln el mejor medio para obtener recursos de los proyectos, estando así, dispuestos a seguir instrucciones, puntualiza Peñate.

Las relaciones clientelistas entre la guerrilla y la clase política llegaron hasta tal punto que en el año 2003 mediante la Operación Dignidad se capturaron a 32 personas, entre quienes estaban funcionarios, contratistas, representantes y políticos regionales como alcaldes y gobernadores. Cita la investigación que en el desarrollo del operativo adelantado por la Fiscalía y el DAS se encontró que de los 1.200 millones de dólares de regalías petroleras que Arauca recibió, aproximadamente unos 200 millones de dólares había sido destinados al Eln y que de los 1.000 restantes el Frente Domingo Laín ejercía un fuerte control para la inversión departamental.

No obstante, al inicio de la década del dos mil el Eln empezó a perder la capacidad militar y social en la región por el creciente poder económico y militar de las Farc en la zona, guerrilla con la que entró en guerra. A ello se le sumó la inserción de los paramilitares y el Ejército “cuyo accionar en Arauca se enfocó justamente en proteger a la industria petrolera”, los investigadores, hacen referencia, además, a que “se cree que la llegada y expansión de Repsol coincidió con la aparición a finales de los 90 de grupos paramilitares “El Corral”  los “Capuchos” que hacen pensar que fueron empleados para brindar seguridad a la empresa frente a la guerrilla”.

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El nuevo siglo estuvo marcado por el afianzamiento del paramilitarismo con la consolidación del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, al cual la Fiscalía responsabilizó por 2.331 crímenes contra campesino, periodistas, maestros, líderes agrarios, sindicales y políticos, todos estos asesinatos encaminados a cumplir, según el ente investigador, con la estrategia de resquebrajar las redes de apoyo de la población civil de las guerrillas.

Se pudo establecer además que “el período de consolidación del paramilitarismo entre 2003 y 2005 estuvo ampliamente amparado por las fuerzas militares y las empresas petroleras como parte de una estrategia para proteger los intereses energéticos de la nación: las bases paramilitares se ubicaron muy cerca de puestos de la fuerza pública; la presencia y accionar  violento del bloque paramilitar se hizo más evidente en zonas aledañas al oleoducto; y las acciones fueron dirigidas especialmente a líderes sociales  y sindicatos energéticos”.  A ello se sumó la adopción por parte del gobierno de una política altamente represiva  hacia la movilización social.  

La actualidad del Eln en la región
Fue hasta el año 2010, luego del acuerdo de no agresión entre las Farc y el Eln, que el Frente Domingo Laín empezó a retomar varias de las estrategias sociales, militares y políticas para ubicarse de nuevo como el actor armado predominante en la región. Sin embargo citan los investigadores que tras las entrevistas realizadas, el Eln no ha podido reconstruir la base social en pleno por el desprestigio con el que quedó luego de la guerra desatada con las Farc y porque los araucanos están cansados de la guerra.

Actualmente las fuentes de financiamiento de la guerrilla del Eln se basan en el cobro de extorsiones, y la comisión de ataques a la infraestructura petrolera, “según la información recolectada en la zona, se presiona más a los contratistas que las empresas grandes, debido a que estas cuentan con mejores mecanismos de seguridad”.

 Señala el estudio que tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación se pudo demostrar que la multinacional italo-argentina Sicim, encargada de la construcción del Oleoducto Biecentenario, hizo varios pagos a las Farc y al Eln entre 2012 y 2014, entre los cuales se realizó uno de 6 millones de dólares, repartidos por iguales entre las dos guerrillas y uno de 600 millones de euros dirigido a un comandante del Eln.  

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La desventaja en el plano militar a la que ahora se enfrenta el Eln con el Ejército ha supuesto que los ataques contra la infraestructura petrolera se conviertan en una táctica de confortación indirecta con la fuerza pública. “En este caso, un atentado contra un tubo significa que el ejército debe movilizar tropa y, por consiguiente, correr el riesgo de ser sorprendidos con explosivos, minas antipersonal o francotiradores”

De igual manera los atentados se han convertido en una fuente de trabajo para los pobladores de la región y a su vez la manera de obtener apoyo político para la guerrilla. Los araucanos entrevistados afirmaron a equipo investigador que cuando la guerrilla atenta contra el oleoducto no hay trabajo, “con las voladuras le dan trabajo a las comunidades porque un derrame grande puede necesitar unos 500 o 1000 personas para hacer la limpieza del rio” aseguró el entrevistado.

En cuanto al discurso sobre los atentados contra el sector extractivo, el secuestro y cobro de extorsiones contra contratistas y trabajadores de las petroleras se sigue manteniendo con los mismos fundamentos de hace dos décadas. “Critican que las empresas multinacionales se queden con gran parte de las ganancias, llaman la atención  sobre el poco bienestar que esta actividad genera a la población araucana y sobre las consecuencias medioambientales de la misma” afirman los pobladores entrevistados por el equipo de la FIP.

La investigación arrojó  que luego del 2010 la guerrilla ha utilizado diversas estrategias para recuperar la base social que tuvieron en los noventa. Para ello establecieron un Manual de Convivencia para que los combatientes ‘recuperen el espíritu revolucionario’ y con ello cambiar la percepción de la población. Y buscan ampliar su control político sobre las instituciones y los gobiernos locales en Saravena, Arauquita y Fortul.

“Para ser candidato en los municipios mencionados hay que tener el aval de la guerrilla y sentarse a negociar con el comandante de la zona para llegar a acuerdos. De esta manera, el Eln ha buscado mantener fichas políticas que pueda usar y, así, tener acceso a las finanzas públicas”.

Aun así las medidas no han sido efectivas porque la población se cansó de la violencia y hubo un proceso en el cual la gente se “derechizó” en los municipios que la guerrilla tuvo apoyo, como ejemplo se cita la elección del  alcalde de Saravena, Jhon Freddy Peña, del Partido de la U, “candidato que según la población entrevistada no tenía el aval del Eln, por lo que recibió diversas amenazas”.

Señalan los investigadores que luego de la primera vuelta presidencial ha sido la población la que ha recibido represalias por parte de la guerrilla, pues en municipios donde han  ejercido presencia histórica como Saravena y Tame, el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga obtuvo más votos que el actual presidente Juan Manuel Santos. Además, a partir de las entrevistas que realizadas se constató que la guerrilla ejerció presión, intentando comprar votos para que en la segunda vuelta la balanza se inclinara a favor de la coalición del gobierno.  

Finalmente “En lo que se refiere a la base social del Eln lo que queda claro es que independientemente de si ha logrado o no legitimidad en algunos sectores sociales este grupo guerrillero pudo mantener el grado de sintonía con la población respecto a su oposición a las políticas de extracción petrolera y los impactos que derivan de esta” esto en la medida en que se convirtieron en un intermediario en la generación de empleo para las comunidades, concluye la investigación.