La frontera de la gasolina

El gobierno decidió 'legalizar' el contrabando de combustible en la frontera con Venezuela. Pese a lo audaz de la medida, ante la dimensión del problema parece pañitos de agua tibia.
Contrabando de gasolina en la frontera con Venezuela. Foto AP/Howard Yanes

En la lucha del gobierno contra la 'veneca' -como llaman en la frontera la gasolina de contrabando que viene de Venezuela-, se acaba de escribir un nuevo capítulo. Bajo el nombre de 'formalización' resolvió legalizar el combustible que entra irregularmente al país. La medida ha generado una intensa controversia en las principales ciudades fronterizas. Por un lado, desde hace 30 años miles de familias viven de la comercialización de esta gasolina, lo que hace que cualquier acción que se tome para contrarrestar este ilícito tenga un gran impacto social. Pero, por el otro, son cuantiosos los recursos que deja de recibir el país por los impuestos al no venderlo legalmente.

En Cúcuta hay 12.000 familias que participan de este negocio, según datos de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander. Aunque no existen registros oficiales en La Guajira y Arauca, SEMANA verificó que cientos de personas trabajan allí como 'pimpineros', como se conoce a quienes se dedican a la venta ambulante de gasolina.

Como todo negocio en la cadena del contrabando, hay especialidades. Unos son los llamados 'gasolineros', que son los que compran el combustible en Venezuela y se dan las mañas para cruzarla, utilizando múltiples rutas y cualquier medio de transporte. Desde los más básicos como en La Guajira, que lo hacen a pie y en burro; en Arauca, que utilizan canoas, o en Cúcuta, que lo hacen en bicicleta. Otros más sofisticados acondicionan los tanques de buses y autos grandes como los Dodge Dart, Malibu y Caprice e incluso algunos, como comprobó SEMANA, le quitan el relleno de algodon y resortes a los asientos traseros y, con la misma forma original, hacen enormes depósitos de gasolina.

En algunas estaciones de servicio en Venezuela el suministro depende sólo de que el vehículo tenga placas de ese país. Pero a veces el asunto es más difícil. "Le piden la cédula venezolana, una constancia de que uno vive allá, documentos de propiedad del carro y la propina", dice José, un 'gasolinero' que a viaja dos o tres veces al día a la ciudad de San Cristobal, en el estado Táchira, a una hora de Cúcuta.

La otra especialidad es la del vendedor callejero. Sin recato alguno se ubican en puntos estratégicos y con rudimentarios equipos venden la gasolina. La raíz del problema es la diferencia tan alta en los precios de un lado a otro en la frontera. Un galón venezolano vale 280 pesos, mientras que en las ciudades de frontera la gasolina oscila entre 3.400 y 3.800 pesos, por el precio especial autorizado por el gobierno.

Según una decena de 'pimpineros' entrevistados, gran parte de la rentabilidad del negocio se queda en sobornos que pagan de ambos lados de la frontera. Propuesta indecente Ante este endémico panorama de ilegalidad, el gobierno se inventó la polémica medida de 'formalización' del negocio. Consiste en autorizar unos lugares llamados Puntos de Recolección, donde se autoriza la compra de la gasolina que viene de Venezuela.

En promedio se les paga a los 'pimpineros' a 2.700 pesos el galón. De ahí el combustible pasa a unos sitios conocidos como Centros de Acopio, donde se marca la gasolina con un químico, para evitar que ésta se distribuya en el interior del país, y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) la legaliza y cobra los impuestos de rigor, lo que aumenta su valor. Luego el producto pasa a las estaciones de servicio, las que finalmente la distribuyen al usuario final. Con algunas variaciones, este modelo ya se puso en marcha en La Guajira, Arauca y recientemente, en Cúcuta.

Lo exótico es que si la gasolina se vende en los puntos de recolección, no es ilegal, pero si se comercializa en la calle, es contrabando. La gran duda es si en vez de autorizar su comercio lo que se debería es poner en marcha controles reales para que se suspenda este comercio. Según Julio César Vera, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, el modelo no busca legalizar el contrabando, sino reconocer la realidad de las zonas de frontera. "Son medidas transitorias", dice "la solución definitiva es lograr un esquema binacional para combatir el problema de raíz, llegando a acuerdos de precios, esquemas de control y atendiendo los problemas sociales de estas regiones".

Según Vera, ya hay avances y anuncia que en máximo un mes ya se estará haciendo una prueba piloto en La Guajira. El problema de este contrabando va más allá del ingenio de unas familias pobres con gran capacidad de rebusque. Según el estudio más completo que se ha hecho sobre el tema, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), a diario entran por la frontera con Venezuela 672.000 galones de gasolina. A esta cifra se llegó, entre otros cálculos, cuantificando el incremento en la demanda de combustible en estas regiones cuando en 2003 la estatal petrolera Pdvsa estuvo en paro.

Si se tiene en cuenta que un carro en promedio se llena con 12 galones, lo que entra de contrabando es como si a diario con esta gasolina se tanquearan 56.000 vehículos. Lo que es imposible. ¿Para dónde se está yendo? Los indicios privilegian tres hipótesis. Primero, que esta gasolina va para los llamados 'escurrideros', que son centros de distribución ilegal y que las autoridades han encontrado en Bucaramanga, Valledupar y la Costa Atlántica. Otra teoría es que abastece algunas estaciones de servicio en el interior del país que hacen un gran negocio porque se puede vender más caro, como en Bogotá a 5.780 pesos. Y la otra es que ante los éxitos de las autoridades para controlar el robo de combustibles, los paramilitares están utilizando el contrabando para abastecer sus laboratorios de producción de droga.

Las cifras son contundentes. Tras la necesidad de miles de colombianos que han encontrado en este negocio una oportunidad de ingresos, han logrado pasar de agache verdaderos carteles de contrabandistas. Se calcula que de poder controlar el ingreso ilegal de estos combustibles, el país recibiría al año más de 600.000 millones de pesos por impuestos y gran parte quedaría en las regiones. Ante la dimensión del problema, las medidas del gobierno parecen pañitos de agua tibia.

Publicado por SEMANA 02/12-06 Edición 1228