Las estaciones fantasmas

Creando bombas ficticias de gasolina, una red de la que hacían parte alcaldes de varios municipios de Cesar, se robó más de 10.000 millones de pesos.
Robo de Gasolina. Foto AP/Howard Yanes

Hace varios años el gobierno creó un decreto con el fin de disminuir el contrabando de gasolina en los departamentos fronterizos. Básicamente consistía en reducir sustancialmente los impuestos para hacer más competitivo el precio de la gasolina, con lo cual, de paso, pretendía estimular el consumo de combustible nacional. Sin embargo, lo que sobre el papel parecía una buena idea fue transformado por redes de delincuencia en una fuente de ingresos. Y eso es algo que quedó en evidencia la semana pasada, tras una investigación de dos años realizada por el grupo de Hidrocarburos de la Dijín, la Fiscalía, el Ministerio de Minas y Ecopetrol.

La historia de cómo un decreto bien intencionado terminó convertido en una mina de oro para los delincuentes comenzó hace dos años. A mediados de junio de 2004, los dueños de varias estaciones de gasolina en diferentes municipios de Cesar enviaron cartas al Ministerio de Minas y a Ecopetrol, quejándose porque no había suficiente abastecimiento de gasolina exenta de impuesto hacia las zonas de fronteras, como lo establecía el decreto. La cantidad de gasolina que era enviada hacia esas zonas especiales se determinaba básicamente mediante la existencia de un listado de estaciones de servicio en los municipios fronterizos a los cuales se les proveía el combustible libre de impuestos. Frente a las reiteradas quejas de algunos distribuidores, el Ministerio de Minas y Ecopetrol les pidieron a la Fiscalía y a la Dijín investigar las denuncias.

Los investigadores se llevaron una lista de todas las estaciones de servicio que estaban registradas en el Ministerio de Minas y en Ecopetrol como beneficiarias de la gasolina, con el fin de verificar cuánto combustible llegaba. Durante casi un año recorrieron todos los municipios y pueblos fronterizos. Lo que encontraron fue sorprendente.

De acuerdo con los registros de Ecopetrol y el Ministerio de Minas, en los municipios de Curumaní, Becerril, La Jagua de Ibirico, Codazzi y Bosconia, en el departamento de Cesar, existían cerca de 20 estaciones de servicio a las cuales se les enviaba combustible libre de impuestos. Al realizar la inspección física a esos sitios, los investigadores de la Dijín y la Fiscalía hallaron que esas estaciones no existían. "Se crearon estaciones de servicio que existían únicamente en documentos y certificados de Cámara de Comercio. Otras sólo eran letreros pintados en la pared que indicaban que se vendía combustible, pero no tenían la infraestructura", dijo a SEMANA uno de los investigadores de la Dijín.

Uno de los requisitos para que el Ministerio y Ecopetrol determinen a cuáles estaciones de gasolina en las zonas de frontera envían combustible consiste en un certificado que el Alcalde de cada municipio debe enviar a la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía. En ese documento, entre otras consideraciones, los mandatarios certifican la existencia y la legalidad de las estaciones. La investigación estableció que varios Alcaldes, en complicidad con supuestos dueños de las estaciones, enviaron certificados falsos a Ecopetrol y al Ministerio de Minas. Los Alcaldes eran parte de una compleja red.

La gasolina era enviada a las supuestas estaciones, pero jamás llegaba al lugar de destino. Los transportadores del combustible lo descargaban en estaciones de servicio en otros lugares del país en donde era vendida la gasolina subsidiada a un precio normal. "El margen de ganancia era del 40 por ciento en cada galón , que es el equivalente al subsidio establecido por el gobierno para la gasolina que se vende en las zonas de frontera", explica el investigador. Tan sólo en 2004 y 2005 la red se quedó con 11.000 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada, las 22 personas que integraban la red fueron arrestadas acusadas de concierto para delinquir, falsedad de documento, hurto de hidrocarburos y enriquecimiento ilícito. Entre ellos estaban los actuales alcaldes de Curumaní, Edilberto Tabarés, y de Codazzi, Lourdes Rueda.

Publicado en Semana Fecha: 06/11/2006 -1258