Investigadores del CTI denuncian a Abelardo de la Espriella

Gilberto Guardo y Edgar Mesías, dos investigadores de la Fiscalía, lo acusan de calumnia porque el abogado aseguró a varios medios que los funcionarios judiciales eran cómplices del fiscal que intentó extorsionar al empresario Alfonso Hilsaca Eljaude.
Abelardo de la Espriella es el defensor de Alfonso Hilsaca. Foto Semana.L

Los funcionarios del CTI de la Fiscalía fueron los encargados de investigar y confirmar las declaraciones de varios paramilitares que implicaban al empresario momposino Alfonso Hilsaca por su presunta participación en el homicidio de cuatro prostitutas en Cartagena el 13 de febrero de 2003, y según el abogado Abelardo de la Espriella - quien representa a Hilsaca- hacen parte de un presunto plan para implicar a su cliente con el múltiple crimen.

Inicialmente el exjefe paramilitar del frente Canal del Dique, Uber Bánquez Martínez, alias 'Juancho Dique', dijo en mayo de 2008 ante el entonces fiscal 11 de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que el homicidio había sido ordenado por un empresario propietario de una discoteca en la Plaza de los Coches.

Dique también dijo en ese entonces que los "muchachos que participaron en ese homicidio declararían ante Justicia y Paz lo que sabían de los hechos". Al mismo tiempo el proceso adelantado en el Juzgado Único Especializado de Cartagena por estos hechos fue anulado por la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla y los allí procesados y condenados, por lo que se ha conocido por las versiones de Justicia y Paz, estarían pagando por unos homicidios que no cometieron.

Posteriormente, Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’ en enero de 2009, militante del Bloque Héroes de los Montes de María, acusó al empresario Alfonso Hilsaca Eljaude de haber ordenado el asesinato y dijo que él fue hasta las oficinas del empresario con alias ‘El Pollo’ a cobrar la comisión en un edificio en el Pie de la Popa y que por cada una de las mujeres asesinadas pagaron dos millones de pesos. Es decir, en total les pagaron ocho millones de pesos.

A la declaración de alias ‘Convivir’, siguió la de Eugenio Reyes Regino, alias ‘geño’, quien confirmó la versión de Correa Viveros y declaró que él iba a participar en esos hechos pero el muchacho que había quedado de recogerlo en una moto nunca apareció y se enteró de las muertes por la mañana cuando el escándalo estaba armado, dando detalles de cómo escaparon los autores del homicidio del cerco policial y de una reunión que sostuvieron en la finca ‘Cocina Sabroso’ en el corregimiento de Rocha con alias 'Juancho Dique' el día después.

En esa reunión el ex jefe paramilitar preguntó, según la versión de alias ‘Geño’, para entonces jefe del grupo urbano de Cartagena integrado por doce sicarios, quiénes habían participado en la masacre y se pusieron en pie alias ‘El Enano’, ‘Cejita Blanca’ el autor de los disparos y alias ‘El Pollo’. Wilson Cano, el cuarto involucrado no estuvo presente según Reyes Regino porque no pertenecía a la nómina de la ‘urbana’ de Cartagena, pero les colaboraba sacando a los sicarios en un taxi. El Enano fue el encargado de llevar en la moto a ‘Cejita Blanca’ hasta La Torre del Reloj.

De los cuatro responsables que participaron en el homicidio masivo sólo queda vivo uno. Se trata de alias ‘El Enano’, quien se entregó hace pocas semanas a la justicia por temores contra su vida y también comenzó a rendir versión ante Justicia y Paz.

Según una versión de alias ‘Geño’, alias 'Juancho Dique' felicitó a los sicarios que cometieron el crimen, pero también les dijo que no volvieran a cometer ese tipo de hechos: asesinar a cuatro mujeres en las narices de la Policía y del Palacio de la Aduana, sede del gobierno distrital. Con base en estos y otros testimonios, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias y la Fiscalía Tercera Especializada de DDHH de Cartagena abrió un proceso contra el empresario momposino Alfonso Hilsaca Eljaude.

Mientras las investigaciones continuaban y la fiscalía seguía programando audiencias con los postulados a justicia y paz, el entonces fiscal 11 de la misma unidad, José Alfredo Jaramillo, después de que terminó la audiencia de Uber Bánquez el 30 de junio de 2008, se reunió con el empresario Alfonso Hilsaca en un restaurante en Barranquilla y le pidió 500 millones de pesos para que en las versiones siguientes de 'Juancho Dique', haría que el postulado no se refiriera a los hechos. Hilsaca, quien estaba acompañado por un amigo, grabó la conversación y la entregó a la fiscalía y al diario El Tiempo.

Como consecuencia de esta extorsión, el fiscal fue destituido, al poco tiempo se declaró culpable y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a sesenta y seis meses de prisión. En el reconocimiento de su responsabilidad penal ante la CSJ, señaló como el contacto que organizó la reunión al entonces fiscal de derechos humanos de Cartagena, Fabio Severiche, quien también fue desvinculado y se encuentra detenido como presunto coautor del delito de extorsión contra el empresario Alfonso Hilsaca.

Hace unas semanas, en entrevista en el programa radial la W de Caracol Radio, Abelardo De la Espriella, abogado del empresario Hilsaca, acusó a los entonces investigadores del despacho 11 de la Unidad de Justicia y Paz, Edgar Mesías Castro y Gilberto Guardo, como cómplices del exfiscal Jaramillo Matiz de extorsión y como presuntos instigadores del proceso contra Hilsaca en venganza porque éste último denunció el intento de extorsión.

De la Espriella asegura que todo es un montaje contra su cliente porque ninguno de los que ha declarado fue testigo directo del crimen y que todos son testigos de oidas del mismo. El polémico abogado justifica su acusación contra los investigadores del CTI porque en algunas de las conversaciones interceptadas al condenado ex fiscal Jaramillo menciona sus nombres de pila. 

De la Espriella dijo que Mesías Castro y Guardo, no eran los únicos, que había intereses en las altas esferas del ente acusador en desconocer los derechos del empresario Hilsaca, a tal punto que la fiscalía ha desconocido, según el abogado De la Espriella, un dictamen de Medicina Legal que dice que en Bogotá, por efecto de la altura, puede morir. También dijo al aire en el mismo programa radial que en el organismo acusador "desconocen derechos y fabrican evidencias".

El abogado se quejó de que los funcionarios judiciales, Mesías y Guardo, presuntos cómplices del confeso y condenado exfiscal Jaramillo, seguían laborando en la institución y desde sus cargos están presionando a los testigos para que declaren contra Alfonso Hilsaca.

También acusó a la ex fiscal tercera de la Unidad de Derechos Humanos de Cartagena que dictó la medida de aseguramiento contra Hilsaca, Miriam Martínez Palomino, de haber presionado a los testigos para que declararan contra Hilsaca, so pena de excluirlos del proceso de Justicia y Paz.

A la fiscal Miriam Martínez Palomino, la trasladaron para Medellín al parecer por razones de seguridad y los casos que había contra Alfonso Hilsaca fueron reasignados a otros fiscales con sede en Bogotá.

En la actualidad contra el empresario momposino cursan dos investigaciones en la Unidad de Derechos Humanos a cargo de la fiscal Marlene Barbosa Sedano, en cuyo despacho se encuentra el proceso por el homicidio de las cuatro mujeres, el cual fue anulado, según pudo conocer VerdadAbierta.com, por vicios de forma. Fuentes de la fiscalía informan que la nulidad de lo actuado implica volver a empezar y ordenar el proceso. El otro caso que se encuentra ante el mismo despacho tiene que ver por el delito de concierto para delinquir agravado, con base en el cual le dictaron medida de aseguramiento.

Los investigadores Mesías Castro y Guardo pidieron que se cite al exfiscal José Alfredo Jaramillo Matiz, al empresario Alfonso Hilsaca, al exfiscal Fabio Severiche, al abogado Abelardo De la Espriella, para que informen sobre los hechos según los cuales ellos habrían estado presionando a los testigos para que declaren en contra del Hilsaca. Guardo y Mesías Castro presentaron querella contra el abogado por hacer imputaciones injuriosas ante un medio masivo de comunicación y calumniosas por hacerlos partícipes de un delito de extorsión donde Hilsaca Eljadue era la víctima. Esos dos delitos de injuria y calumnia, consideran los querellantes, tienen el carácter de agravada por hacerlo ante una audiencia masiva de radio.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con fuentes de la Fiscalía, el hecho de que los investigadores trabajaran con Jaramillo no implica que tuvieran conocimiento de las extorsiones que estaba siendo objeto Hilsaca, y se cree que ellos simplemente realizaban su trabajo como lo es preparar a los testigos de algún crimen para declarar. Sin embargo, la Fiscalía tendrá que establecer si Guardo y Castro tuvieron que ver o no con la extorsión de Jaramillo a Hilsaca.

Un tercer proceso se encuentra ante el fiscal 26 de la Unidad Nacional Antiterrorismo por presuntos nexos del empresario Hilsaca con hechos relacionados con la parapolítica. Por estos hechos se ha conocido que en las últimas semanas ha habido retractaciones de versiones iniciales y denuncias de presiones de parte de los mismos desmovilizados para retractarse, en especial de parte de Eugenio Reyes Regino, alias ´Geño’, quien fue interrogado por un fiscal de la unidad antiterrorismo, el abogado de Alfonso Hilsaca, Abelardo De la Espriella, y el abogado del exgobernador Libardo Simancas, quien se encuentra detenido por, presuntamente, haberse beneficiado del poder paramilitar para ser elegido.

Es decir, alias ‘Geño’ acusó ante justicia y paz, se retractó ante el fiscal, y en carta dirigida a la fiscalía se retractó de su retractación y se ratificó en lo dicho inicialmente, pues dice que lo hizo porque fue amenazado por unos abogados y particulares enviados al parecer según su denuncia de parte de Hilsaca y de Simancas. Las personas que iban a la cárcel Modelo de Barranquilla, iban de una oficina de abogados de Cartagena y le decían a ‘Geño’ que se retractara o su familia corría peligro.

El ex paramilitar dice que las visitas de los abogados ocurrieron después del asesinato del hijo de un ex paramilitar que militó en el grupo de sicarios de Cartagena, Emel Ovallos, y eso unido a un intento de secuestro de su compañera lo obligó a retractarse.

Además de la entrevista mencionada con alias ‘Geño’ en la cárcel Modelo de Barranquilla, un fiscal de la unidad de terrorismo y el abogado de la Espriella entrevistaron en la fiscalía en Montería a Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’, confirmó que se ratificó en lo dicho ante Justicia y Paz sobre los hechos relacionados con la muerte de las cuatro mujeres, lo cual provocó la molestia del abogado Abelardo De la Espriella, quien, según Correa, lo amenazó con hacerlo perder los beneficios de la ley de justicia y paz y hacerlo pudrir en la cárcel. Dice el desmovilizado que el fiscal fue testigo de la agresión y que la conversación fue grabada.

De la Espriella confirmó la entrevista y el tono en que se dio, pero aseguró que lo que estaba haciendo era poner en su sitio a un delincuente que estaba acusando falsamente a su cliente y por este motivo podía perder los beneficios que tiene como postulado a Justicia y Paz. 

Para terminar de enredar todo el asunto, el Inpec trasladó a Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’ a la cárcel de Itaguí y a Aléider García Soto, alias ‘El Primo’, a La Picota en Bogotá.

Estos traslados provocaron malestar en la Unidad de Justicia y Paz, pues los postulados se encuentran a órdenes del despacho de la fiscalía 11 y no fueron consultados ni advertidos, y en el momento en que la fiscalía se opuso la petición de no traslado fue desatendida por el Inpec por presuntas razones de seguridad. Estos hechos han contribuido a crear un ambiente de incredulidad y temores al interior de la misma unidad de justicia y paz, pues mientras los postulados y sus familias no tengan protección, la verdad no se sabrá o se sabrá a medias.

Por lo pronto y para evitar que estos hechos se sigan presentando, la Fiscalía General de la Nación deberá, en compañía de la Procuraduría General, poner una especial vigilancia a los procesos y brindar seguridad a los testigos y garantizar un debido proceso a los investigados y a la ciudadanía que observa con estupor acusaciones de lado y lado sin saber a quién creer.