'El Cebollero', 'el extorsionista' de la Plaza Mayorista de Antioquia

Alirio de Jesús Rendón Hurtado admitió que hizo parte de la estructura criminal conocida como la 'Oficina de Envigado'. No obstante, por varios años alegó que era inocente. Con la decisión de acogerse a sentencia anticipada, quedó demostrada su falsedad.

 
 Alias 'el cebollero' afrontará cincuenta meses de cárcel, una pena que no es proporcional a los delitos que financió desde la Plaza Mayorista de Antioquia.

Cuando Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias ‘el cebollero’, huyó de la justicia a mediados de marzo de 2007, varios periodistas lo entrevistaron en la clandestinidad.  El comerciante prófugo les dijo que sólo necesitaba unos minutos ante la Fiscalía para demostrar que él no pertenecía  a la llamada ‘Oficina de Envigado’ ni tenía responsabilidad alguna en los crímenes que le imputaban. No obstante, tres años después admitió su culpa y fue condenado a 50 meses de prisión.

“Tengo las pruebas para demostrar que todo lo que dicen es de oídas. Pero la Fiscalía no me deja defender. Lo único que busca es privarme de la libertad y por eso me tocó poner la queja ante organismos internacionales”, dijo en aquella ocasión el reconocido comerciante de la Plaza Mayorista de Antioquia, pero el pasado 11 de marzo, ante el Juzgado Segundo Especializado de Medellín, no tuvo otra opción que reconocer esas imputaciones y acogerse a sentencia anticipada.

Antiguos miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ que hoy viven en el exterior le dijeron a Verdadabierta.com que Rendón Hurtado era calificado por ellos “como un guerrero, que manejaba una banda muy peligrosa que es la banda de La Unión-Calatrava, capaz de voltear a Medellín en un ratico.

Para ‘pacificar’ la central de abastos, este hombre constituyó legalmente desde finales de la década del noventa un departamento de seguridad privada dedicado a preservar a toda costa el orden en esta central de abastos, ubicada en el municipio de Itagüí. “No hemos dejado que ningún delincuente entre a esta plaza”, decía con orgullo.

Al ‘cebollero’ se le buscaba por su presunta participación en varios crímenes cometidos por sicarios de la banda sicarial La Unión-Calatrava entre los años 2000 y 2007, en los que perdieron la vida nueve personas, entre ellas el dirigente deportivo Gustavo Upegui López, dueño del Envigado Fútbol Club, presunto paramilitar y narcotraficante, quien estaba al frente de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y fue asesinado el 3 de julio de 2006 en su finca de San Jerónimo. Además, se le imputaban los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y conformación de grupos armados ilegales.

Cuando Rendón Hurtado huyó de la justicia, lo hizo protegido por tres escoltas autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y en un carro blindado de su propiedad. Desde la clandestinidad instauró una tutela buscando que la Fiscalía lo escuchara en versión libre antes de que tomara una decisión en su contra. “Siempre he sido un libro abierto y no me opongo a que investiguen lo que quieran, sólo pido que lo hagan con justicia”, dijo en esa ocasión.

Incluso, en declaraciones la prensa, adujo que la persecución en su contra podría obedecer a tres causas posibles: venganzas provenientes de los más de 150 extorsionistas y secuestradores que, según él, ayudó capturar en los alrededores de la Plaza Mayorista; una posible retaliación por las preferencias que tenía en la compra de licor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA); o un montaje preparado por un grupo de prestamistas que operó en la central de abastos y a los cuales ‘el cebollero’ les declaró la guerra en el año 2006.

En el operativo, que incluía su captura, fueron detenidos 21 personas sindicadas de pertenecer a la banda La Unión-Calatrava, que venía operando desde el municipio de Itagüí, la financiaba alias ‘el cebollero’, y le prestaba servicios criminales a la llamada ‘Oficina de Envigado’. Según boletines gubernamentales de ese año, los retenidos estaban sindicados de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, extorsión, tortura y desplazamiento forzado.

Alias ‘el cebollero’ fue un comerciante muy respetado y temido en la Plaza Mayorista de Antioquia. Su apodo se deriva de sus actividades de comercialización de cebolla del cual tenía el monopolio en la Plaza Mayorista. En esta central de abastecimiento aún se admite, en voz baja, que su poder era ilimitado en la época que lideró diversos procesos, entre ellos la privatización del lugar y la imposición de estrictas normas de seguridad que sobrepasaron la legalidad.

Su fortuna, según algunas fuentes, tiene por lo menos dos orígenes: uno legal, que se deriva de su actividad comercial; la otra, ilegal, que proviene de lo heredado de su hermano Gilberto, lugarteniente del confeso narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, quien murió al lado de su ‘patrón’, el 15 de diciembre de 1989, en una finca en Tolú, Sucre, en un intento por repeler un asalto de la fuerza pública que los había ubicado en ese lugar.

El poder de Rendón Hurtado en el mayor centro de abastos del departamento de Antioquia le sirvió para tener fuerte relaciones con líderes políticos locales y regionales. En el sitio de clandestinidad le mostró a los periodistas que lo contactaron varias cartas que le habían enviado mandos policiales y militares, así como reconocidos políticos.

“Hasta un Senador fue a explicarle a la dirección de la Policía la injusticia que están cometiendo conmigo”, declaró esa vez. “Aunque detesto la política, en la mayorista logramos elegir al concejal Evelio Pérez, por Cambio Radical”. Y añadió que entre sus beneficiarios estaban 10 congresistas, tres alcaldes y otros dirigentes locales de todas las tendencias políticas.

De hecho las buenas relaciones con líderes políticos lo convirtieron en el mayor distribuidor de licores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) desde el año 2001, justo cuando empezó su periodo como gobernador el Guillermo Gaviria Correa. A través de una firma comercializadora llamada Sumerca, recibió descuentos especiales por sus compras al por mayor y de alguna manera se constituyó en uno de los más grandes distribuidores de los productos de la licorera antioqueña, alcanzon cifras de ventas anuales que sobrepasaban los 180 mil millones de pesos. Pero el intento de monopolizar ese mercado se frustró al año siguiente cuando los escándalos por los privilegios dados a esta empresa fueron acallados con decisiones del gobierno departamental que atacaron la concentración de la comercialización de los licores de la FLA.

Pero Sumerca no sólo vendía licores. Esta comercializadora aparece en los libros contables del Fondo de Programas de Especiales para la Paz, debido a que fue contratada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para suministrar alimentos y elementos de aseo para los 864 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se desmovilizaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín y que fueron concentrados en el Centro Nacional de Convivencia y Paz, ubicado en el municipio de La Ceja, Antioquia. Por este contrato, recibió el 23 de diciembre de 2003 86 millones 400 mil pesos.

La fuga de ‘el cebollero’ terminó el 21 de mayo del 2008, cuando las autoridades lo capturaron en un lujoso apartamento del exclusivo barrio El Poblado, de Medellín, y ante fiscales y jueces insistió en que era inocente de los cargos que se le imputaban. No obstante, un año después, y alegando vencimiento de términos, un juez decretó su libertad al admitir un recurso de Hábeas Corpus interpuesto por la defensa de Rendón Hurtado.

Pero las autoridades persistirían en señalarlo como uno de los hombres fuertes de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y de ser el responsable financiero de la banda La Unión-Calatrava, por lo que ordenaron su recaptura. Dos semanas después de quedar libre, ‘el cebollero’ se entregó en Medellín, aquejado por dolencias cardiacas. Finalmente, y pese a su prontuario criminal, Alirio de Jesús Rendón Hurtado, el ‘pacificador’ de la Plaza Mayorista de Antioquia, sólo pagara 50 meses de cárcel, una pena que, según juristas consultados, no es coherente con la criminalidad que  impuso durante sus años de poder.