La guerra que mató la esperanza en Urabá

Hace 22 años, un grupo de las Farc perpetraron la masacre de La Chinita, la más sangrienta  cometida durante el largo enfrentamiento de esta guerrilla y una facción de desmovilizados del Epl que retomaron las armas y terminaron del lado de los paramilitares. Esta es la historia de una guerra que dejó centenares de muertos y fue el preámbulo de la consolidación de las Auc en la zona.

Buena parte de la población del barrio Obrero son niños y niñas, que esperan un futuro mejor, lejos de disputas armadas. Foto: Vanessa Reyes.En la madrugada  del 23 de enero de 1994, un grupo de guerrilleros de las Farc, en compañía de un grupo de disidentes del Epl, entraron al barrio La Chinita de Apartadó y asesinaron a 35 personas. De ellas, dos militaban en Esperanza, Paz y Libertad, el partido político creado por el Epl en 1991 luego de entregar las armas y que fue objeto de una cruenta persecución armada que prácticamente lo llevó hasta su desaparición.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue la peor de las más de 18 masacres que hubo en el Urabá antioqueño por esa época. Además, fue el inicio de uno de los más sangrientos periodos de violencia que ha vivido esta región agroindustrial.

Víctimas de La Chinita esperan explicaciones de las Farc

A partir de aquel momento, cuando la guerrilla de las Farc cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los exinsurgentes, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia ‘fariana’, persiguiendo militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Así se perpetraron matanzas como las de El Aracatazo, Los Kunas y Bajo del Oso.

La historia de la guerra se remonta a 1991, cuando el Epl abandonó el conflicto armado y sus reinsertados comenzaron a ser conocidos como ‘Los Esperanzados', en alusión al nombre su movimiento político: Esperanza, Paz y Libertad.

La tranquilidad de la zona duró muy poco. Un año después de los acuerdos, las Farc, apoyadas por una disidencia del Epl que siguió en armas, comenzaron una tenaz ofensiva contra los desmovilizados tachados de traidores, copando a su paso los territorios que antes dominaban. ‘Los Caraballos’, como eran conocidos estos guerrilleros del Epl que no se desmovilizaron, estaban integrados por cerca de 100 hombres bajo el mando de Francisco Caraballo, uno de los fundadores del Epl en Urabá.

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Así lo recuerda Carmen Palencia, varias veces sobreviviente de la violencia en Urabá cuando era líder de ‘Los Esperanzados’ y actual presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y Acceso a la Tierra, una organización que reúne a más de mil líderes víctimas de despojo.

Así, de un lado los hombres de Caraballo se unieron a las Farc y del otro, un grupo de desmovilizados del Epl volvió a las armas, ahora con el respaldo de los hermanos Castaño para defenderse de sus excompañeros. Los nuevos aliados de los ‘paras’ tomaron el nombre de “Comandos Populares”.

En el proceso de Justicia y Paz, Hebert Veloza García, alias ‘HH’, exjefe del Bloque Bananero de las Auc, confesó que los Comandos Populares fueron responsables de matanzas en lugares como Turbo y Carepa.

Palencia relató que en esta guerra por el dominio del territorio era fundamental el control de los sindicatos. Hasta la desmovilización del Epl, las dos guerrillas tuvieron un acuerdo de no agresión a la hora de dividirse la influencia sobre las bases sindicales. Este acuerdo de tranquilidad ayudó a ambas partes a identificar en cuáles fincas se asentaban los líderes cercanos a cada grupo, información que determinó la decisión de perpetrar una u otra masacre cuando el conflicto se agudizó.

Según Arnoldo Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Nueva Granada en Turbo, para la época el abandono del Estado en la región era total y los grupos armados ilegales eran la ley de las comunidades. “La ley de ellos era ‘el que la hace la paga’ y cuando querían convocar a la gente organizaban reuniones y decían vamos a matar a tal por esto o lo otro. Luego la cosa se puso mucho peor con la llegada de los paramilitares”, recordó Escobar.

Carlos Blandón es un líder de la Asociación Comunitaria de Apartadó, Asocodea, que para ese entonces era un niño que vivía en Chigorodó. Su testimonio refleja el temor de los habitantes del Urabá durante este cruento período de violencia.

Fidel, el hermano mayor de los Castaño, envió paramilitares al Urabá desde 1988, ordenando masacres como las de El Tomate, en San Pedro de Urabá, y las de Honduras y La Negra y Punta Coquitos, en Turbo. Sin embargo, no fue sino hasta 1992 que decidió asentarse en la región, dejando Córdoba a la par que organizaba un grupo paramilitar en el norte del Urabá.

La guerra entre Pablo Escobar y los ‘Pepes’, una alianza de criminales exsocios del cartel de Medellín, dirigida entre otros por Fidel Castaño, había hecho que los ‘paras’ concentraran todos sus esfuerzos en eliminar al Capo, que murió a finales de 1993. Castaño no disfrutó mucho la victoria en la guerra pues fue asesinado misteriosamente un mes después. Ante la muerte del hermano mayor, Carlos y Vicente quedaron con el poder del grupo paramilitar.

Mientras tanto, las Farc y ‘Los Caraballos’ perseguían desmovilizados, aumentaban las extorsiones y los secuestros en la región y ocupaban los espacios que dejó el Epl tras haber firmado la paz. Según un administrador de una finca bananera, antes de que los paramilitares se consolidaran en la región, en Apartadó había dos alcaldías, una legítima y una paralela que era conocida como ‘La Casa del Pueblo’. “La paralela la manejaban las Farc abiertamente, recibiendo las quejas de todo el mundo. Allá se sentenciaba y se ajusticiaba al que fuera, las quejas eran por cosas como alguna deuda por ejemplo”, dijo el administrador.

Arnoldo Escobar recuerda que con la llegada paramilitar el miedo se esparció por Urabá. “Antes uno iba y mercaba a San Pedro de Urabá y no había mayor problema. Con la llegada de los ‘mochacabezas’ (como eran conocidos los hombres de los Castaño) por este municipio, ya uno iba a mercar y aparecían en las carreteras haciendo preguntas e intimidando a la gente para sacar información de la guerrilla”, dijo Escobar.

Carmen Palencia recordó que los ‘paras’ entraron a Urabá desde Las Tangas, la finca de Fidel Castaño ubicada en Valencia, Córdoba, de donde viene el nombre ‘Los Tangueros’. Atravesaron la zona por el norte y construyeron la primera base paramilitar en el Cerro del Yoki, ubicado en el corregimiento El Totumo en Necoclí.

El periodo de las masacres sucedió a la par con las primeras elecciones a las alcaldías. Después de los asesinatos de los posibles candidatos de los sectores políticos respaldados por ambas partes a la Alcaldía de Apartadó, se decidió que Gloria Cuartas sería candidata única. Según Palencia, Cuartas, quien ha sido perseguida por el paramilitarismo, intentó bajarle el tono a la guerra a través de su labor humanitaria.

Con la conformación de los Comandos Populares y la entrada paramilitar, la violencia se agravó. “Fue una cosa terrible, en la que toda la población estaba polarizada y todo mundo tomaba parte, incluso sin armas”, afirmó Palencia, quien contó además que el recrudecimiento de la guerra hizo que parte de la población entregara información a los grupos armados para tomar venganza.

La polarización era tal que el casco urbano de Apartadó terminó dividido por fronteras invisibles. “Se suponía que los del barrio Policarpa eran de las Farc y los del barrio Pueblo Nuevo eran de los reinsertados del Epl, ninguno podía pasar al otro lado fácilmente”, recordó un habitante.

Carlos y Vicente encontraron en los Comandos la llave de entrada al Urabá. En su interés por consolidarse en esta zona, conocida como el Eje Bananero, los Castaño financiaron a los Comandos, pero terminaron por absorberlos y usarlos como base para la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, en marzo de 1995.

Las masacres de las Farc  continuaron hasta 1996, primero en la finca Osaka en Carepa a mediados de febrero y luego en Pueblo Bello en mayo.  Los Comando Populares terminaron siendo absorbidos del todo durante ese año por los paramilitares que siguieron cometiendo crímenes durante la siguiente década.

Las Farc perdieron el poder en la zona y los paramilitares consolidaron su estructura criminal con el apoyo de miembros de la fuerza pública. La Justicia colombiana en varias instancias ha confirmado el apoyo de miembros de la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa a los hombres de los Castaño. En diciembre de 1995, en medio de la guerra que libraban las Farc con los Comandos Populares, estos últimos respaldados por los ‘paras’  la guarnición militar quedó bajo el mando de Rito Alejo Del Río, general condenado por la justicia por sus vínculos con las Auc.

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