Capítulo I: La masacre de un pueblo el 17 de enero de 2001

La masacre de enero de 2001 en la que paramilitares asesinaron a golpes de mazo a 27 pobladores del otrora pueblo alegre de Bolívar pudo haber sido evitada por la fuerza pública pero no solo no lo fue, sino que las fiscales del caso, una, Yolanda Paternina, abandonada por sus propios jefes, fue acribillada, y la otra Mónica Gaitán, amenazada, tuvo que exiliarse.  Reportaje especial de la periodista colombo Ana Carrigan.*

chengue-capitulo1Foto: archivo Semana.“En las frescas horas anteriores al amanecer del 17 de enero, 50 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia entraron a este pueblo de agricultores de aguacate. Sólo el ladrido de los perros, desacostumbrados a la oscuridad producida por una extraña falla eléctrica, perturbó el silencio de la montaña. Durante una hora, bajo las instrucciones de una mujer conocida como Comandante Beatriz, las tropas paramilitares arrastraron a los hombres de sus casas, comenzando por Jaime Merino, de 37 años, y atres labriegos. Los reunieron en dos grupos, arriba de la plaza principal y al otro lado del rudimentario puesto de salud. Luego, uno por uno, asesinaron a los hombres, aplastándoles la cabeza con piedras pesadas y un mazo. (…) Al salir, la tropa incendió el pueblo”. (Ver nota en el Washington Post Chronicle of a Massacre Foretold)

Así comienza el reportaje de Scott Wilson para el Washington Post desde el pequeño pueblo de Chengue, en el departamento de Sucre, a donde él llegó pocos días después de que esta nueva matanza por parte de los paramilitares aterrorizara otra pacífica comunidad de campesinos. Wilson dedicó tres días con sus noches a acompañar y escuchar a grupos de sobrevivientes en las desoladas ruinas de su pueblo incendiado. Traumatizados por la muerte, perseguidos en medio del campo entrapado de sangre por las imágenes de los cadáveres de familiares y amigos, los sobrevivientes le hablaron de aquellas horas de horror.

Describieron cómo, caída la noche en la víspera del ataque, dos helicópteros militares sobrevolaron Chengue. Volaban bajo, lentamente, en círculos, una y otra vez sobre el pueblo. La gente nunca había visto que volaran tan bajo, y se sentía intranquila. Luego, alrededor de la una y media de la mañana, una falla eléctrica ocurrió en Chengue y en varios pueblos vecinos. La mayoría de la gente estaba dormida, pero algunos despertaron con el ladrido de los perros. Algunos encendieron velas, pero nada se movía. Mientras tanto, las tropas paramilitares, vestidos con uniformes del ejército, caminaban silenciosamente en la oscuridad por la carretera destapada. Al llegar al pueblito soñoliento, esperaron.

La masacre comenzó a las 4:45 a.m. El jefe de las tropas paramilitares traía consigo un pedazo de papel con una lista de nombres, contra la cual verificaban las identidades de aquellos que eran sacados de sus casas para llevarlos a matar —líderes comunitarios, el inspector de policía local, el maestro de escuela, cualquiera con reputación de autoridad en la comunidad estaba en la lista.

“Era una masacre anunciada”, le dijo a Scott Wilson el capitán de Policía Jaime Gutiérrez, a la sazón comandante de la estación policial en la vecina población de San Onofre. “La Armada lo sabía todo y no hicieron nada para evitarlo" aunque, dijo, “tenían a toda su gente en la zona”. Era joven y estaba indignado. La noche del asalto, dijo, dos policías habían reportado haber visto tres camiones cargados con hombres en uniforme, con brazaletes negros y armados con fusiles, que se dirigían por carretera a Chengue. Se comunicó urgentemente con sus superiores —oficiales de Policía, pero especialmente con los capitanes de la Armada que estaban al mando en y alrededor de la zona de Chengue.

El propio jefe de Gutiérrez, el coronel Norman Arango, jefe departamental de la Policía, había apagado su teléfono celular y al capitán le tomó más de una hora hacer contacto con el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina: el contralmirante Rodrigo Quiñonez. Esa noche, éste se encontraba 88 kilómetros al norte, en Cartagena de Indias. Cuando finalmente se logró la comunicación con él en su celular, el contralmirante Quiñonez desatendió el mensaje de la Policía; dijo que era “incompleto” y “confuso”, que la información “no era seria”,y dio la orden de verificarla. Para entonces ya casi era media noche. Ninguno de los oficiales de la Armada que estaban de guardia en la zona de Chengue recibió orden de movilizar sus fuerzas. Ni siquiera una compañía acampada a solo ocho kilómetros del pueblo.

(Ver la versión de Quiñonez sobre estos hechos en El Espectador: La policía de San Onofre dejó pasar a las autodefensas)

En la mañana siguiente, unos 30 minutos después de la matanza, los helicópteros de la Armada regresaron. Los campesinos le dijeron a Scott que el sol estaba saliendo y había suficiente luz, así que los pilotos tuvieron que haber visto a los asesinos retirándose por la carretera hacia la vecina población de Macayepo. Pero no hicieron ningún esfuerzo para detener o arrestar a nadie.

“Los helicópteros sobrevolaron sobre nosotros, porque salimos de Chengue a las seis de la mañana y los helicópteros llegaron a las nueve, cuando ya estábamos saliendo de Macayepo. Ya habíamos tenido tiempo de descansar… Volaron encima de nosotros cuando salíamos de Macayepo”.[1]

Mientras tanto, en la sede del batallón en Sincelejo, capital departamental, las tropas de infantería de marina solo hasta las ocho y media de esa mañana recibieron instrucciones del contralmirante Quiñonez de verificar qué ocurría en el pueblito de Chengue. Llegaron por carretera a las nueve y media. Los asesinos habían tenido tres horas para huir sin problema. El primer paso de lo que se convertiría en un elaborado encubrimiento, diseñado para proteger a todos los involucrados en planear y ejecutar la masacre —militares y civiles—, se había dado sin la menor dificultad.

Para cuando Scott Wilson salió de Chengue había comprendido por qué los sobre-vivientes creían que la Armada colombiana había ayudado a los paramilitares a cometer la masacre.

Ruegos no escuchados
Ubicado en la municipalidad de Ovejas, en el espectacular sector del norte de la Cordillera Occidental de los Andes conocido como Montes de María,Chengue era un pueblo feliz para sus ciento y pico familias campesinas. Tenían un buen vivir gracias a la siembra de aguacate, muy valorado en la región por el tamaño y el sabor de la fruta, y a sus cosechas de maíz. Los campesinos de Chengue estaban orgullosos de sus tradiciones culturales y de la prosperidad colectiva de su comunidad. “Chengue era un paraíso…, éramos todos una gran familia feliz… Todos éramos hermanos",le dijo un campesino a un reportero local.

En los días de fiesta hacían carreras de caballos alrededor del pueblo, y a la primera oportunidad —un matrimonio, un cumpleaños, un grado, el nacimiento de un niño— había baile en la calle al son de los vallenatos con la orquesta del pueblo. Las casas tenían luz eléctrica y agua corriente, y algunas inclusive tenían nevera. Cuando ocurrió la masacre, los líderes estaban planeando la pavimentación de la calle principal y de la plaza.

La vida del pueblo de Chengue antes de la masacre era como fue la Colombia rural de hace 60 años: antes de que los primeros paramilitares y guerrilleros surgieran con La Violencia de los años 50, cada uno con su propia ideología heredada, rompiendo el país en dos; antes de drogas, y mafias, y corrupción; antes de las Farc (ver Historia de estas guerrillas) y de los paramilitares… En fin: antes de la guerra que transformara Colombia.

En 2001, esa realidad de la Colombia en guerra, la Colombia corrupta, brutal, indiferente —ese país existía ya en Montes de María, y se aproximaba, cercando a Chengue y a los demás pueblitos campesinos de la vecindad. Esa era la Colombia del dinero, de la violencia surrealista, del inmenso poder del narcotráfico que había permeado la sociedad, infiltrando, corrompiendo, haciendo pedazos la ley y las instituciones.

Desde mediados de los años 80 los cerros que forman los Montes de María también habían sido habitados por la guerrilla de las Farc, para quienes los parajes escarpados ofrecían una base estratégica de fácil acceso y buenas comunicaciones con la costa norte, el mar Caribe, y al sur y al oriente con el interior del país. Para la década de los 90 las Farc eran el enemigo jurado de los grandes terratenientes, especialmente de los ganaderos y también de la Asociación de Usuarios Campesinos, a cuyos líderes persiguieron por no sumárseles a su lucha armada.

En 1996, Rodrigo Mercado Pelufo (alias Cadena), oriundo del pueblo sucreño de Macayepo, quien había sido contratado dos años antes como agente armado de la cooperativa de seguridad (Convivir) del caballista Javier Piedrahíta ─el hombre que trajo a los Castaño y sus Autodefensas de Córdoba y Urabá a Sucre─ fue puesto al mando militar del frente que se llamó a sí mismo Héroes de los Montes de María. En ese departamento, Piedrahita y otros poderosos amigos con hondos bolsillos y una falta total de escrúpulos, financiaron y promovieron el crecimiento del paramilitarismo. [2] ¿No era esto lo que estaban esperando? ¿Su propia milicia privada?

Con aliados tan poderosos, el rápido crecimiento de los paramilitares trajo consigo una nueva y aterrorizante violencia al norte de Colombia. Para el año 2000, Héroes de los Montes de María había atacado ya cuatro de los pueblos vecinos de Chengue —Pichilín, La Peña, El Salado y Macayepo—con tan sistemática brutalidad, que los analistas de la estatal Universidad de Sucre, en Sincelejo, concluyeron que tales masacres no eran actos aislados, sino que hacían parte de un nuevo y devastador desarrollo de la guerra en Colombia.

Muy pronto se hizo evidente que, más allá de la muerte de gente inocente y de la destrucción de las tradiciones y de la propia identidad de la Colombia rural, lo que estaba en juego ahora era la decisión de tomar el control territorial de Montesde María mediante el terror, la exterminación y el desplazamiento. Entretanto, la propaganda que justificaba tal estrategia alegaba que pueblos como Chengue apoyaban a las Farc. Hablando en el aniversario de la masacre de Chengue, Eduardo Porras, coordinador regional de la Comisión nacional de reparación y reconciliación en Sincelejo, dijo: “Estamos hablando aquí de una comunidad que ha sido constantemente difamada; una comunidad calumniada, llamándola pueblo de guerrilla; y tal calumnia, tal mentira, dio como resultado una serie de reacciones paramilitares que eventualmente culminaron con la masacre del 17 de enero”.

En 2000, entre el 16 y el 21 de febrero, la masacre horripilante de El Salado había dejado más de 100 muertos mediante torturas, degollamientos y decapitaciones.Semanas después, Cadena y sus hombres se movilizaron a la zona de Chengue y establecieron su base militar en una extensa hacienda conocida como El Palmar, ubicada sobre la carretera destapada entre las dos cabeceras municipales más cercanas a Chengue: Ovejas y San Onofre. Pronto comenzaron a regarse por los pueblos feos y aterradores rumores de lo que ocurría tras la imponente entrada de El Palmar.

Como era su costumbre, a pocas semanas de su llegada las Auc empezaron a hacerse sentir. Grafitis con la sola palabra “Auc” aparecieron en los costados de la vía. Visitaron Chengue para distribuir panfletos, y dejaron amenazas en grafiti por todo el pueblo, anunciando a los habitantes un próximo ataque. Advirtieron su presencia y sus intenciones en el periódico regional El Universal. En cada una de estas acciones demostraban que se sentían impunes, y eso aterrorizaba más a la gente, impotentes frente a sus despliegues de fuerza.

Mientras tanto, una pregunta atormentaba a los líderes de las comunidades: si era tan obvio que ni la Policía, ni la Armada, ni los alcaldes de los pueblos, ni el gobernador, ni el senador, ni ninguno de los políticos locales se veían dispuestos a oponerse a esta fuerza criminal que estaba manipulando todas las fuentes de poder, ¿a quién acudir entonces?

Por las calles comenzaron a aparecer notas y peticiones anónimas.

“Carta de los habitantes de Montes de María al general Freddy Padilla, comandante de la Segunda Brigada del Ejército de Colombia solicitando la intervención de las fuerzas a su mando:

"Nos hemos visto abocados a solicitarle la presencia de esa institución armada, porque hemos perdido la confianza en la infantería de marina a causa de algunos sucesos en los que sabemos se han involucrado con los paramilitares y han participado con ellos en hechos lamentables para nosotros, además que sabiendo de la presencia de esos grupos en la región no hacen nada para erradicarlos”.

Y en el mismo tono:

DENUNCIA, agosto 16 de 1999[3]

“Los habitantes de Chalán, La Ceiba, Buenos Aires, Don Gabriel, Salitral, Chengue, Los Números y El Tesoro informan de las preparaciones realizadas por los paramilitares para atacar y DENUNCIAN que éstas están siendo coordinadas con la ayuda de ciertos políticos de la región y con la complicidad de ciertos funcionarios militares del Estado.”

En abril de 2000, líderes de Chengue y de otras 20 poblaciones vecinas escribieron una carta conjunta al presidente de la república, Andrés Pastrana, explicando la amenaza "inminente" a sus comunidades y solicitando urgente protección. Se enviaron copias al Defensor del Pueblo y al comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Desde su base en Sincelejo, el contralmirante de la Armada Rodrigo Quiñonez Cárdenas no se molestó en responder, aunque era el responsable de la seguridad general de la población civil de la región. Tampoco tuvieron efecto alguno los informes y advertencias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que, alertadas por la masacre de El Salado, enviaron cartas e hicieron visitas a las autoridades gubernamentales y militares en Sucre.

Desesperados, en octubre de 2000 los residentes de Chengue y sus vecinos escribieron de nuevo al presidente Pastrana y al contralmirante Quiñonez, suplicando su ayuda. Esta vez, el comité técnico de seguridad de Sincelejo programó para el 23 de noviembre una reunión con representantes de las comunidades. Ese día estuvieron presentes el alcalde de Sincelejo, el comandante de la Primera Brigada de Infantería de la Armada, el jefe departamental de la Policía, Norman Arango ( “Arango prácticamente estaba al servicio de las autodefensas", dijo a la justicia un testigo de la época[4] ), el Defensor del Pueblo y varios oficiales de la Policía y de la Armada. Al final de la discusión, se dispuso que la Policía requisara la finca El Palmar, y el contralmirante de la Primera Brigada instruyó a sus oficiales para que tomaran todas las precauciones necesarias con el fin de proteger Chengue y las poblaciones vecinas.

Lamentablemente, ninguna de estas dos órdenes se llevó a cabo.

Unos días más tarde se observaron dos jeeps de la Policía que se acercaron a la entrada de El Palmar. Se orillaron en la vía mientras un oficial contestó su teléfono celular. Momentos más tarde, voltearon y se devolvieron por donde habían llegado. En El Palmar no habría requisa.

Entre tanto, la Primera Brigada de Infantería de marina estableció cinco bases en la montaña, cada una a una distancia de 30 o 40 minutos de Chengue. Una de ellas estaba apenas a ocho kilómetros del pueblo.

Esa era la situación seis semanas más tarde, la noche del 16 de enero, cuando el capitán de la Policía Jaime Gutiérrez Muñoz reportó que tres camiones con paramilitares armados se dirigían a Chengue, y ninguna de las cinco bases de la Armada movilizó sus fuerzas para proteger la población o para confrontar a los paramilitares.

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[1] Del testimonio tomado por la fiscal Mónica Gaitán al informante paramilitar Elkin Valdiris.
[2] Ver la historia de Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, y cómo se vinculó a los paramilitares en “Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María”, VerdadAbierta.com, 1 septiembre 2010. http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/2676-icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria
[3] Denuncia pública de Chengue y siete poblaciones vecinas, 16 agosto 1999.
[4]Este testimonio es citado por un juez de Cundinamarca en su sentencia de condena a la directora de la cárcel de Sincelejo, Diana Luz Martínez, en la que también sostuvo que el crimen contra el alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, asesinado en 2003, fue “un plan macabro, plenamente orquestado y en el que estaban involucrados y participaban personas con autoridad civil y militar, entre estas últimas el comandante de la Policía Norman León Arango”. Orden de captura contra ex jefe de Policía, El Tiempo, marzo 6 de 2012.