Estado deberá pagar por la masacre de Chengue

El Tribunal Administrativo de Sucre condenó al Estado colombiano por la masacre de Chengue y ordenó el pago de 3.500 millones de pesos como indemnización a los familiares de las 27 víctimas.
 
Regreso a Chengue de las Fuerzas Militares después de una década de la masacre de Chengue. Foto: Semana  
La condena se da por la omisión de protección a la población que es una obligación de las Fuerzas Armadas.

Diez años tuvieron que esperar las víctimas de la masacre ocurrida en Chengue, Sucre, para que la justicia colombiana determinara que la Policía y la Armada sabían "de la presencia de un grupo al margen de la ley cerca del lugar donde ocurrieron los hechos y nada hicieron para evitar su incursión".

Después de valorar las pruebas, el Tribunal Administrativo de Sucre determinó que las autoridades asentadas en la región estaban al tanto de la masacre, que dejó 27 muertos, y, además, tenían la obligación y la capacidad de enfrentar a los paramilitares y no lo hicieron.

Tal valoración llevó al alto tribunal a condenar al Estado por omisión y lo obligó a pagar a los sobrevivientes de las víctimas 3.500 millones de pesos como indemnización, favoreciendo con esta decisión a 195 personas.

Los hechos sentenciados se remontan a la noche del 17 de junio de 2001, cuando ochenta miembros del Frente ‘Héroes de Los Montes de María' de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ingresaron al corregimiento Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas, en Sucre.

La orden que llevaban los paramilitares era acabar con el pueblo y la cumplieron a cabalidad: con machetes y con 'la mona', un garrote hecho para partir piedras, mataron, uno a uno, a los campesinos del caserío, ubicado en los Montes de María. En esa incursión no hubo disparos.

Por este hecho fue condenado Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique', quien reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.

En el año 2009 un Juzgado de Sincelejo había condenado al Estado argumentando que la Fuerza Pública no había impedido la masacre. En ese juicio el Juez confirmó que algunos miembros de las Fuerzas Armadas colaboraron con el comando paramilitar al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. En esa sentencia, se le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.

Diversos análisis, entre ellos los realizados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han conceptuado que esta masacre, así como 15 más perpetradas entre los años 2000 y 2004, “se consumaron en el marco del posicionamiento geográfico de los grupos paramilitares en la región de los Montes de María, para lo cual sus estructuras contaron con el esfuerzo concertado de políticos, ganaderos y autoridades de la zona, así como con la aquiescencia o por lo menos tolerancia de miembros de la Fuerza Pública”.

Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
La condena proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre también obliga a la justicia a compulsar copias para investigar al entonces comandante militar de la zona, el Contralmirante Rodrigo Quiñones Cárdenas y varios de sus oficiales.

Según la investigación realizada por la Fiscalía y teniendo como base las declaraciones de un exparamilitar llamado Elkin Valdiris, la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por alias ‘Juancho Dique', se había topado con una patrulla policial en San Onofre.

Cuando los funcionarios judiciales investigaron este suceso, encontraron que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.

Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las Auc e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.

Sin embargo, la investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre la masacre da cuenta que en la mañana en que los paramilitares cometieron el crimen, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María. El encuentro ocurrió en la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de “un fajo de billetes”.

Por la atrocidad de los homicidios y teniendo en cuenta que esta masacre fue parte de un plan paramilitar que tuvo como repercusiones las masacres de El Salado, Chinulito y Macapeyo, los casos fueron declarados por la justicia como delitos de lesa humanidad.