Las deudas con la comunidad de El Naya

Al cumplirse 10 años de la masacre que cometieron las Auc en el Naya, las víctimas piden una reparación integral, exigen saber quiénes fueron los responsables y sanciones para sus cómplices. También buscan respuestas y acuerdos con el Gobierno Nacional, pero ningún funcionario los atiende.

Diez años después de la masacre del Naya, la comunidad sigue esperando respuestas concretas en materia de verdad, justicia y reparación.

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A pesar de los avances de la justicia para esclarecer la masacre de El Naya, las víctimas consideran que hay muchas deudas pendientes con la verdad, la justicia y la reparación de las comunidades indígenas y de afrodescendientes en la región, y todavía mucho más para que sus derechos sean resarcidos.

Aunque la justicia condenó a 67 paramilitares a 40 años de cárcel por delitos cometidos durante los cuatro días que azotaron las veredas del Naya, aún falta que se condene a los autores intelectuales y a los cómplices de estos crímenes.

Varios sobrevivientes se reunieron el pasado 11 de abril, durante dos días, en el corregimiento de Timba, Cauca, para conmemorar los diez años de la masacre (2001) y aprovechar para pedir a las diferentes instancias gubernamentales cuentas sobre lo que se ha avanzado para reparar a las víctimas y para conocer el estado de las investigaciones contra los paramilitares y los cómplices.

Si bien el Consejo de Estado ordenó a la Nación indemnizar a más de 80 familias y 600 personas por el delito de desplazamiento forzado, está pendiente la reparación de todas las víctimas por los demás delitos que los paramilitares cometieron durante la masacre. Además, las víctimas piden una reparación colectiva e integral, en la que les titulen predios en el Naya y les garanticen sus derechos al trabajo, la salud y la educación.

Y en materia de verdad todavía se encuentran grandes vacíos, porque a pesar de las sentencias de la justicia, aún se desconoce la cifra exacta de víctimas y las motivaciones que tuvieron los paramilitares para ensañarse con las comunidades indígenas, afro y campesinas del Naya.

Los paramilitares fueron condenados por 21 homicidios en la justicia ordinaria, pero hay testimonios que señalan que las víctimas podrían ser alrededor de cien porque muchos cuerpos fueron arrojados por precipicios. Sin embargo, en Justicia y Paz se han documentado 24 casos de homicidios y 10 de desapariciones forzadas.

Además, las víctimas piden tener acceso a los testimonios que el extraditado jefe del Bloque Calima, Éver Veloza, alias 'HH', está entregando desde Estados Unidos.

El encuentro se realizó Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Esa reunión hace parte de la serie de actividades que realizarán los sobrevivientes del Naya durante este año para conmemorar los diez años de la masacre que acabó con gran parte de sus vidas.

Además de conocer el estado de los diferentes procesos a raíz de la masacre, la comunidad del Naya pretendía lograr unos acuerdos con el Gobierno Nacional para obtener garantías de verdad, justicia y reparación. Los acuerdos que pretenden lograr víctimas del Naya fueron concertados previamente entre ellas y están consignados en un acta de nueve puntos (ver la parte final del artículo).

Para lograr ese propósito, a la audiencia fueron convocados el Vicepresidente de la República, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Protección Social, Acción Social, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

La mayoría de los funcionarios no acudieron ni contestaron el llamado de las víctimas y por esa razón no pudieron concretar el acuerdo con el que consideran que sus derechos pueden ser garantizados después de tanto tiempo.

Aunque el Vicepresidente no pudo asistir, envió en su representación al Coordinador Ejecutivo de la Cnrr, quien les prestó apoyo logístico a las víctimas para la organización del evento. Lo mismo sucedió con la Fiscalía General, que envió al Fiscal de Justicia y Paz y a la Directora Seccional de Fiscalías de Cauca, para que los representara.
 
Como al encuentro no asistieron los representantes de las autoridades que podían firmar el acuerdo, las víctimas decidieron que próximamente organizarán una minga -movilización masiva- hacia Bogotá, para buscar que se cumplan sus peticiones y para que se dejen de violar los derechos las comunidades caucanas a causa del actual conflicto armado.

En esa movilización también estarán presentes las comunidades afro y campesinas, quienes presentarán una agenda especial sobre las condiciones en las que se encuentran y los hechos por los que son victimizados.

Los avances, 10 años después
Por la masacre del Naya, 67 paramilitares del Bloque Calima fueron condenados a 40 años de cárcel en febrero de 2005. En octubre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión y falla en el servicio, y ordenó indemnizar con seis mil millones de pesos a varias víctimas por el delito de desplazamiento. Así mismo, dos altos mandos militares están siendo investigados.

En la jurisdicción de Justicia y Paz,  la masacre del Naya ha tenido varias dificultades para lograr saber cómo fue cometida y llevar a sus responsables ante los tribunales. El Fiscal 18 de Justicia y Paz, encargado de procesar y documentar los crímenes del Bloque Calima, asistió a la reunión con las víctimas en representación de la Fiscalía General y de la Unidad de Justicia y Paz, para explicar las dificultades y los avances.

La principal dificultad para documentar no solo la masacre del Naya, sino cientos de crímenes que cometieron los hombres del Bloque Calima, es que habían pocos exparamilitares postulados a Justicia y Paz para que rindieran versiones libres.

El Fiscal contó que hasta el año 2009, más de tres años después de haber iniciado el proceso de Justicia y Paz, su despacho sólo tenía a 29 exparamilitares postulados para que confesaran crímenes y su historia en las autodefensas. Con esto, la mayoría de los exparamilitares responsables de la masacre del Naya estaban por fuera del proceso de Justicia y Paz y no podían ser procesados en el sistema de justicia transicional.

Posteriormente, la Fiscalía recibió la postulación de nuevos exparamilitares por parte del Gobierno Nacional, para que hicieran parte del proceso de Justicia y Paz. Es así como a finales del año pasado el despacho ya contaba con 141 postulados para rendir versiones libres, explicó el Fiscal.

Dentro de ese grupo de nuevos postulados, están 60 exparamilitares que participaron en la masacre del Naya y que empezaron a ser versionados desde finales de noviembre del año pasado para que confesaran cómo entraron a las Auc, en qué sitios delinquieron, quiénes eran sus jefes y respondieran demás preguntas que se realizan en el interrogatorio inicial de las versiones libres.

Las versiones libres sobre la masacre del Naya iniciaron el pasado 22 de marzo, pero al quinto día de audiencia, debieron ser suspendidas porque las autoridades no pudieron enviar la transmisión en vivo al corregimiento de Puerto Merizalde, ubicado en Buenaventura. Las versiones fueron transmitidas en Cali, Popayán y Santander de Quilichao, pero como no pudieron llegar a Buenaventura, fueron suspendidas y no se ha determinado una fecha para su reinicio.

Durante las cinco diligencias de versión libre los postulados confesaron cómo llegaron los paramilitares a Cauca, contaron cómo fue planeada la masacre, cómo se organizaron, cuáles fueron los supuestos motivos que tuvieron para incursionar al Naya y cuáles fueron las presuntas ayudas que recibieron para cometer esos hechos. Cuando iban a detallar cómo fue la masacre y debían responder las preguntas de las víctimas, las audiencias fueron suspendidas porque en Buenaventura no había señal.

El Fiscal también contó que desde octubre de 2009, su equipo de trabajo ha realizado varias jornadas de atención de víctimas, en las que se documentaron cientos de casos de desplazamiento forzado, nuevos casos de desapariciones forzadas, homicidios e incluso uno de violación o acceso carnal violento.

El funcionario judicial invitó a las personas afectadas por la violencia del Bloque Calima asistan a las jornadas de víctimas o acudan a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, “para que las autoridades puedan conocer sus casos y hacer valer sus derechos ante los escenarios judiciales”.

La justicia ordinaria
Una representante de la Asociación Minga, una organización de derechos humanos que ha representado jurídicamente a varias víctimas del Naya desde que ocurrió la masacre, contó cuáles han sido los avances en diferentes procesos judiciales.

La abogada explicó que en la Fiscalía de Derechos Humanos están siendo investigados 10 paramilitares y dos militares: el general (r) Francisco René Pedraza y el coronel Tony Alberto Vargas Petecua.

La representante de Minga contó que el caso del general (r) Pedraza estuvo año y medio a cargo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pero que el expediente fue trasladado en agosto de 2010 a la Fiscalía de Derechos Humanos. Sobre Pedraza dijo que está vinculado al proceso pero que no tiene medida de aseguramiento y no está privado de la libertad.

La abogada también comentó que el Consejo de Estado falló a favor de las víctimas una acción popular por desplazamiento forzado, con 84 familias que deben ser indemnizadas y con 615 víctimas más que fueron reconocidas después del fallo.

De las 84 familias reconocidas, 42 están pendientes por recibir la indemnización y otras también están a la espera de recibir los recursos ordenados por sentencia del  Consejo de Estado. Las indemnizaciones no han sido entregadas porque se han presentado dificultades para identificar a los beneficiarios.
 
La representante de víctimas también dijo que se han interpuesto demandas administrativas. Contó que el Tribunal Superior de Popayán deberá resolver una sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, que en noviembre del año pasado condenó al Estado por omisión para proteger a la población civil en la masacre del Naya.

En esa sentencia, el juez determinó medidas más allá de lo económico, y le ordenó al Estado reivindicar la memoria de las víctimas en un acto público y garantizar condiciones de no repetición de estos hechos.

Las otras instituciones
Orlando Riascos, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), asistió a la rendición de cuentas en representación del vicepresidente Angelino Garzón.

Riascos destacó que es importante se conozca el nombre de los autores intelectuales de la masacre del Naya. Agregó que van a realizar un proyecto para que las versiones libres se puedan reanudar; para que se den las condiciones necesarias, no solo para la masacre del Naya, sino también para todas las masacres de Cauca y Valle. Considera que es importante “para que haya una participación efectiva de las víctimas para que sea un proceso verdadero de justicia, paz, reparación y no repetición de hechos violentos”.

De manera similar se refirió el Fiscal 18 de Justicia y Paz sobre la importancia de reanudar las transmisiones de las versiones libres y garantizar la presencia de las víctimas para que escuchen y contrasten las declaraciones de los postulados. "Nada nos ganamos con hacer que contesten un interrogatorio sino están habilitados los puntos donde ustedes puedan acceder como víctimas", señaló.

El Procurador Provincial de Santander de Quilichao asistió en representación del Procurador Regional de Cauca y explicó que el Ministerio Público ha estado presente en las jornadas de atención de víctimas para garantizar que las instituciones cumplan con sus funciones y responsabilidades.

Sobre las investigaciones disciplinarias a militares o funcionarios del Estado, el procurador dijo que la entidad Provincial no tiene investigaciones a su cargo por el caso del Naya. Agregó que la Procuraduría General o alguna Procuraduría Delegada, tienen la responsabilidad de investigar a los militares que presuntamente estén vinculados con la masacre.  

Horacio Guerrero, Defensor Delegado para Asuntos Étnicos, destacó que la reparación en este caso debe ir más allá de cualquier ley y buscar una reparación integral construida por las propias víctimas “desde su perspectiva cultural, desde sus condiciones de vida y no por la aplicación de la Ley 975 (también conocida como la Ley de Justicia y Paz)”.

En ese mismo sentido se pronunció el Defensor del Pueblo de Cauca, Víctor Meléndez, quien hizo un llamado para apoyar la iniciativa de reconstrucción de memoria histórica del cabildo Kitek Kiwe, conocida como 'Caminando la memoria del cabildo Kitek Kiwe en una minga por la paz'. “La construcción de la memoria histórica contribuye al fortalecimiento a una cultura de paz y respeto de los derechos humanos”, añadió el funcionario.

Al evento también asistieron el representante a la Cámara y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, y la parlamentaria andina Gloria Flórez. Los parlamentarios enviaron mensajes de apoyo a las víctimas, pidieron celeridad en las investigaciones y

El acuerdo que buscan las víctimas
Estos son los nueve puntos que la comunidad del Naya concertó para que, realizando un acuerdo con el alto Gobierno y entes judiciales, puedan acceder ágilmente a la verdad, la justicia y la reparación que están esperando desde hace años:

“Acta de acuerdos

1. Titulación de territorios del Naya, de manera colectiva, a las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, como una forma de avanzar en el restablecimiento al derecho ancestral de los territorios que siempre han sido de las comunidades y en el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, en materia de reparación integral. Se hace necesario definir un plan de cumplimiento en relación con este proceso de titulación.

2. Reparación integral para las víctimas priorizando viudas y huérfanos de la masacre. También, se tendrán en cuenta las víctimas de los asesinatos anteriores y posteriores a la masacre del Naya. Reparación integral a las poblaciones desplazadas por el conflicto armado, antes, durante y después de la masacre.

3. Inversión social para los territorios del Naya y Kitek Kiwe. Desde los Planes de Vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

4. Esclarecimiento de los hechos de la masacre del Naya y agilización del proceso para establecer quiénes auspiciaron, ejecutaron y se beneficiaron con la masacre, así como la responsabilidad del estado por omisión y participación. Exigimos, justicia y garantías de no repetición. También, exigimos la aclaración de los hechos sobre las víctimas desaparecidas y desplazadas.

5. Exigencia de garantías para los líderes y lideresas de las comunidades del Naya, en materia de prevención y protección. Garantías para sus vidas, para su trabajo con la comunidad y para ejercer su labor de Defensores de Derechos Humanos.

6. Exigencia del cumplimiento de las consultas previas con las comunidades en la implementación de cualquier política, proyecto o inversión que afecte o incida en el territorio del Naya.

7. Facilitación del derecho de las víctimas para acceder a la justicia, evitando extraditar a los victimarios y así se garantice plenamente su participación en las audiencias habilitadas para hacer la confesión de sus crímenes y permitir, también, la participación activa de las víctimas para indagar y confrontar a sus victimarios.

8. Concertación de una agenda de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades en esta audiencia de conmemoración de los 10 años de la masacre del Naya, en la que las exigencias arriba presentadas tengan un plan de cumplimiento, un cronograma, unos responsables y los recursos necesarios y suficientes para su implementación.

9.
Veeduría y acompañamiento permanente de la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como medida de garantía para llevar a cabo los procesos de restablecimiento de derechos de nuestras comunidades".