Los legados de la masacre

Nadie indemnizó a los mapiripenses, ni física ni moralmente. Y el pueblo sigue viviendo de la misma coca, y la gente sigue sintiendo el mismo miedo.

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Después de la masacre de 1997 muchos pobladores abandonaron Mapiripán por el terror de ser víctimas de una nueva incursión paramilitar.

Doce años después de la masacre de 1997, Mapiripán sigue igual, con miedo y sin respuestas. Aunque, a diferencia de esos días, ahora sí se ve al Ejército en cada calle del pueblo, los paramilitares siguen por ahí merodeando, como si nadie los estuviera persiguiendo y el negocio de la raspa de coca sigue siendo el principal sustento de la gente.

 “Aquí siguen los paras, dirigidos por ‘Fredy Patiño’, y en zonas aledañas como Cooperativa y El Trincho, dicen que se esconde 'Cuchillo'”. Ese es amigo de políticos de por acá”, dijo a VerdadAbierta.com una mujer que vivió en el pueblo y ahora tiene familia aquí. Por supuesto no quiere dar su nombre; ella, como muchos, tiene miedo de hablar.

Otro, que tampoco da su nombre, dijo que no pueden hacer denuncias, aunque la gente los conoce. “Se hizo el show de la desmovilización, pero 'Cuchillo' regresó a sus andanzas”.

“La gente ha quedado traumatizada. Si bien es cierto que han regresado, viven en medio del silencio. Me dijeron que era mejor no hablar de lo que pasó en Mapiripán, no revivirlo. Y eso me parece muy grave”, dijo otro más de los que volvió a ver amigos y familia después de tantos años.

Nadie ha reparado a los habitantes de Mapiripán; ni a los que se quedaron, ni a los que huyeron. Nadie les ha pedido perdón, ni el Estado que fue cómplice según lo dictaminó la CIDH en su sentencia. Tampoco el Estado ha intentado, aunque sea, mejorarles la vida en algo. No hay agua potable, no hay luz eléctrica sino una planta, no tiene un metro de calle pavimentado, los jóvenes estudian en pésimas condiciones y hay un equipo de médicos, pero sin los elementos necesarios para atender a la gente.

Varios sobrevivientes, como Marta, han pensado en regresar a su Mapiripán, pero no pueden porque aún cargan el rótulo de guerrilleros: “Los que nos señalaron e hicieron matar a un poco de gente inocente, siguen ahí, libres, y riéndose”.

Por eso, la mayoría de los 2.500 habitantes del pueblo y sus alrededores que se fugaron del pueblo hace una docena de años, ya no volvieron. Viven en condiciones muy difíciles aún, en Villavicencio y en Bogotá. En malas viviendas, sin acceso a salud, algunos de los más viejos muriendo de la tristeza. “En el Ariari se queda todo lo bello que construyeron muchos viejos en la zona”, dijo la líder sindical Ruby Castaño.

Perdieron también sus fincas. Un campesino llamado Claudio dejó abandonada su finca de 300 hectáreas. Ahora le ofrecen míseros 50 millones de pesos. No puede volver por allá, ni siquiera a verla. “Yo he hablado mucho y me tienen entre ojos. No le doy ni a Acción Social la dirección de mi casa”.

Él como Ángela, Ruby, Marta, y tantos otros siguen con sus muertos desaparecidos, sin esperanza de que algún día puedan ser reparados, ni siquiera tratados como ciudadanos con derechos,  por un Estado que debería estar avergonzado por haber permitido que sucediera lo que sucedió. “Todas esas heridas que nos han hecho no se sanarán en toda la vida”, dice Claudio. Y, mucho menos, con el maltrato que han recibido desde entonces.