Reclamantes de tierra del Bajo Atrato, bajo fuego, pero ¿de quién?

Ya son tres los líderes vinculados con procesos de restitución colectiva en esta región chocoana asesinados este año. Las amenazas contra ellos no paran y sus casos de reclamación, que involucran a varios empresarios e intermediarios, avanzan lentamente. Mientras tanto, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia consolidan su poder en la zona.

tercer reclamante asesinado la largaMario Bravo, otro reclamante de tierras asesinado en Chocó. Foto: archivo particular.

A Mario Castaño Bravo, reconocido líder del consejo comunitario La Larga-Tumaradó, lo mataron en su casa, frente a su esposa e hijos. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando varios desconocidos, fuertemente armados, ingresaron pasadas las 7 de la noche a su residencia, en el sector de La Florida, zona rural de Riosucio, Chocó, y le propinaron varios impactos de bala.

El trabajo a favor de las comunidades reclamantes de tierras despojadas llevó a Castaño Bravo a integrar la Asociación de Familias de los consejos comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga-Tumaradó, Pedeguita y Mancilla (Aflicoc) y la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz).

Como miles de labriegos de la región, tuvo que desplazarse forzosamente en 1996 huyendo de las incursiones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que buscaban desalojar a la guerrilla de las Farc del Bajo Atrato. Y de la misma forma cómo lo hicieron cientos de familias cansadas de esperar respuesta de la justicia, hace poco más de tres años decidió retornar, por su propia cuenta y riesgo, al predio que, alega, le fue arrebatado por agroempresarios y ganaderos, quienes aprovecharon el éxodo generado por los paramilitares para presionar ventas de tierras mediante negocios fraudulentos. (Ver más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)

El asesinato ha causado gran conmoción entre familiares y amigos, pues Castaño Bravo era uno de los líderes más activos y visibles del proceso de restitución del consejo comunitario La Larga-Tumaradó, un territorio colectivo de 107 mil hectáreas habitado por 38 comunidades negras, en pleno corazón del Bajo Atrato chocoano, y uno de los casos más complejos que tiene entre manos la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). (Ver más en: Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)

Por sus labores de impulso y apoyo a las comunidades negras que reclaman la restitución de tierras en territorios colectivos del Bajo Atrato chocoano, pero también por su condición de testigo en varios de los procesos penales de despojo, Castaño Bravo estaba amenazado de tiempo atrás, así lo dejó en evidencia la URT en la solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad del consejo comunitario de La Larga-Tumaradó, presentada el 16 de octubre de 2014 ante el Juzgado Especializado de Tierras de Quibdó.

En una referencia al líder asesinado, destacó lo ocurrido en enero de ese año a él y a otros habitantes de la Madre Unión, una de las comunidades del consejo comunitario: “[Ellos] fueron víctimas de actos intimidatorios y perturbaciones presuntamente desplegadas por despojadores y miembros de grupos paramilitares quienes les exigieron salir de los predios a los que han retornado y que actualmente se encuentran dentro del proceso de caracterización de afectaciones a los Derechos Territoriales adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras”.

De otro lado el testimonio de Castaño Bravo ha sido tenido en cuenta en el juicio contra varios empresarios, intermediarios e inversionistas, quienes fueron acusados de despojar a los campesinos de sus tierras comunitarias. (Ver más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de La Larga)

En uno de esos procesos penales, fallado el 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Quinto Especializado de Medellín, resultaron condenados Gabriel Jaime Sierra Moreno, Mario León Villa Pacheco, Juan José Palacios Palacios, Manuel Gregorio Denis Blandón, Mario Alberto Vélez Giraldo, Sor Enid Ospina Rendón, Javier José Daza Pretelt, Katia Patricia Sánchez Mejía, Hernán Iñigo De Jesús Gómez Hernández, Gabriel Segundo Fernández Navarro y Orlando Moreno Mora, por los delitos de concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En ese mismo proceso fueron sentenciados Sor Teresa Gómez Álvarez y Remberto Manuel Álvarez Vertel por los delitos de desplazamiento forzado e Invasión de áreas de especial importancia ecológica; Dagoberto Antonio Montiel Mercado y Robín Manuel Galongue Alcalá, por concierto para delinquir y desplazamiento forzado; y a Claudio Adolfo Fregni Ochoa, por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. (Ver más en: A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó)

En otro proceso, que acabó en condena contra el empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, fallado en su contra el 30 de mayo de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Castaño Bravo también compareció como testigo y víctima de las afectaciones ocasionadas por las acciones criminales que terminaron en el despojo de tierras.

Su liderazgo comunitario y su exposición en los estrados judiciales llevaron a que hace poco más de un año la Unidad Nacional de Protección (UNP) le proveyera un esquema de seguridad, consistente en un vehículo blindado y dos escoltas, quienes la noche del ataque no se encontraban con él.

“Lo que pasa es que los escoltas siempre lo dejaban en la casa y se regresaban para Belén de Bajirá a dormir, dejándolo expuesto toda la noche”, señaló Pablo López, integrante del consejo comunitario La Larga-Tumaradó. “Seguramente sus asesinos sabían perfectamente esto, porque llegaron justo media hora después que sus escoltas lo habían dejado en su casa”. La Defensoría del Pueblo califico el esquema de protección asignado a Castaño de “insuficiente para la preservación del derecho a la vida del líder asesinado”.

Al respecto, el director de la UNP, Diego Mora, reconoció que se trata de una situación compleja pues “los escoltas dejan al líder en su casa y se regresan, porque esa es la directriz. Lo otro sería que se quedaran a dormir allá mismo, pero sería una medida bastante compleja e invasiva. En esos casos lo más recomendable es la reubicación en otro lugar, pero los líderes no aceptan esa medida”.

Y agregó: “vamos a analizar bien la situación a ver qué fue lo que pasó. Podemos quedarnos aquí discutiendo si las medidas de protección son las idóneas o no, pero lo cierto es que se trata de una situación muy compleja, en un territorio muy grande, donde es difícil brindarle protección a todo el colectivo. Por lo pronto, vamos a estudiar bien este caso”.

La muerte de Castaño Bravo aumentó los temores entre los líderes de La Larga-Tumaradó como de los demás territorios colectivos sobre los que pesan solicitudes de restitución. No es para menos: “aquí hay muchos líderes amenazados. Varios tenemos esquemas de protección consistentes en un carro y escoltas. Y todos tenemos la misma dificultad: por la noche, los escoltas se van para Belén de Bajirá. Es una situación muy preocupante. Aquí lo que necesitamos son medidas de protección para toda la comunidad, porque todos estamos en riesgo”, declaró López.

El complejo Bajo Atrato

Foto: Juan Diego Restrepo E.Este 2017 ha sido un año fatal para los reclamantes de tierra del Bajo Atrato chocoano. Con la muerte de Castaño Bravo, ya son tres los líderes vinculados con procesos de restitución de territorios colectivos de comunidades negras asesinados: El 18 de agosto fue asesinado Manuel Ramiro Mosquera, quien lideraba el proceso de restitución colectiva para las comunidades negras del Truandó; y el 3 de junio fue ultimado a tiros en el corregimiento Campo Alegre de Riosucio, Efrén Santo, vinculado con la reclamación de tierras del consejo comunitario de la cuenca de los ríos Pedeguita y Mancilla.

Y las agresiones tampoco paran. El pasado 4 de octubre, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del bajo Atrato (Ascoba), denunciaron la golpiza contra Fidencio Calle, líder de los reclamantes de tierra de la comunidad de Macondo, perteneciente al consejo comunitario La Larga-Tumaradó. La víctima fue abordada por cuatro hombres vestidos de civil que portaban armas cortas, lo golpearon brutalmente hasta dejarlo semi-inconsciente y lo amenazaron para que no revelara el hecho.

De acuerdo con la denuncia formulada por las organizaciones, “ese mismo día, aproximadamente una hora después del incidente de Fidencio Calle, a la salida de una reunión de varios líderes del territorio de La Larga-Tumaradó, el señor Juan Viloria, uno de los líderes de la comunidad de Cuchillo Negro, fue abordado en Macondo por los mismos cuatro hombres que habían atacado al señor Calle, propinándole múltiples golpes y apaleándolo en la cabeza, costillas y espalda hasta dejarlo inconsciente. Después de agredirlo, tal y como sucedió con el señor Calle, lo amenazaron para que no denunciara”.

Como si fuera poco, la región donde se encuentran las tierras colectivas que hoy son solicitadas en restitución constituyen uno de los fortines militares que consolidaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), desde donde han lanzado su ofensiva expansiva hacia las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Domingodó y Truandó, con miras a copar los territorios que en el pasado controlara el Frente 57 de las Farc.

Recientemente, Castaño Bravo denunció ante autoridades civiles y de Policía una reunión convocada por los ‘gaitanistas’ en el sitio conocido como Zona de Biodiversidad ‘Árbol de Pan’, a la que tuvieron que asistir los pobladores de la región de manera obligada.

Situaciones como esta ya habían sido advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo mediante Nota de Seguimiento 004-17 de abril de 2017. Allí consignó el riesgo que se cierne, principalmente, sobre los líderes visibles de los procesos de restitución de los consejos comunitarios La Larga-Tumaradó, Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla por cuenta del accionar de los ‘gaitanistas’, grupo que consolidó un control social y territorial por medio de los llamados “puntos”: personas que tienen como función reportar quien ingresa o sale del territorio.

“Son objeto de vigilancia por parte de las Agc las diversas actividades institucionales y comunitarias que se realizan en el territorio con el propósito de conocer los avances de los procesos de restitución y con base en esa información, realizan acciones de represión, amenazan e intimidan a autoridades étnicas, líderes, lideresas reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos las cuales se orientan a perpetuar el despojo de tierras”, manifestó el SAT de la Defensoría en su Nota de Seguimiento.

De acuerdo con el SAT de la Defensoría, son recurrentes prácticas violentas para motivar el desplazamiento de las personas reclamantes de tierras que retornaron a territorios colectivos como La Larga-Tumaradó, tales como la utilización de panfletos amenazantes que dejan dentro de las viviendas de la población, el envenenamiento de fuentes de agua de las que se surte la población para el consumo humano, entre otras.

Lo preocupante, según la Agencia del Ministerio Público, es que esta situación de riesgo podría empeorar por cuenta del avance del Frente Cimarrón del Frente de Guerra Occidental del Eln, que viene experimentando un proceso de fortalecimiento y reacomodo, y que busca contener el avance de los ‘gaitanistas’ desde el Bajo Atrato, lo que podría generar un escenario de continuos enfrentamientos en el que los líderes quedarían en medio de un fuego cruzado.

De hecho, según lo documentado por el SAT de la Defensoría, en marzo y abril de este año se registraron intensos combates entre ambas estructuras armadas en los alrededores del río Truandó, situación que generó el desplazamiento de por lo menos 53 familias indígenas y el confinamiento de miles más debido a la siembra indiscriminada de minas antipersona por parte de los “elenos”.

¿Qué pasa con la restitución?

Foto: Juan Diego Restrepo E.El asesinato de Castaño Bravo agudizó las diferencias que actualmente existen entre los representantes de los consejos comunitarios La Larga-Tumaradó; Pedeguita y Mancilla; el Consejo Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó y la Unidad de Restitución de Tierras. Según Pablo López, del consejo comunitario La Larga-Tumaradó, “el que la URT no haya querido presentar todavía la demanda de restitución ante los jueces nos pone en alto riesgo”.

Aunque los trámites para la restitución de este territorio colectivo iniciaron en 2014, la URT aún no presenta la demanda de restitución ante los jueces de tierra, pese a la existencia de una orden judicial que obligaba a la entidad estatal a realizarlo a más tardar el pasado 15 de julio.

Dicha demora motivó al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó a proferir compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional Chocó y a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que investiguen a Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Urabá, por las presuntas demoras injustificadas de esta entidad en este trámite. (Ver más en: Proceso de restitución enreda a funcionario en el Urabá antioqueño)

En la decisión, fechada el 16 de junio de 2017, el Juez Primero consignó que retrasar la presentación de la demanda de restitución en favor de la comunidad de La Larga-Tumaradó constituía un grave violación de sus derechos “toda vez que su prolongación en el tiempo por parte de la Unidad de Restitución genera cada vez más el crecimiento del conflicto, la inseguridad de la comunidad y la continuada vulneración a sus derechos territoriales por la indefinición de éstos en el marco del proceso dispuesto para ello”.

A lo anterior se suma la petición que hiciera organizaciones no gubernamentales como la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Asociación de Víctimas Tierra y Paz, de solicitarle a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al director de la URT, Ricardo Sabogal, por incumplir las funciones y labores que la ley le asignó. (Ver más en: Restitución en Urabá genera tensiones entre Unidad de Tierras y ONG)

Tal como lo afirmaran públicamente voceros de esas organizaciones, “la URT no ha realizado las acciones que le corresponden para que le restituyan poco más de 48 mil hectáreas de tierra al consejo comunitario Pedeguita y Mancilla; no ha realizado ninguna intervención efectiva para que se restituyan las tierras al Consejo Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó (…) perpetuándose un escenario de ilegalidad que impide que estas comunidades puedan volver a sus territorios”.

Y a la sombra de estas tensiones entre entidades estatales y reclamantes de tierras aumentan las condiciones de riesgo para quienes buscan la restitución de sus derechos, que no sólo se reduce a la de la propiedad, sino a la seguridad, la justicia y a saber quiénes son los responsables de tener bajo fuego a líderes y comunidades del Bajo Atrato chocoano.