Lupa a tierras explotadas por la petrolera Pacific

Un nuevo estudio realizado por la organización holandesa Somo, en asocio con Indepaz, advierte sobre la necesidad de que las multinacionales cumplan con las normas internacionales de protección a los derechos humanos. El informe evidencia falencias de esta compañía petrolera en explotación de territorios reclamados por indígenas y adquisición de predios en la Altillanura.

altillanura 1Según el informe, Pacific ha centrado su operación en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, donde el gobierno tiene como meta pasar de 113 mil hectáreas explotadas en 2012 en actividades agrícolas, forestales y de ganadería; a 779 mil hectáreas en 2024. Foto: archivo Semana.“En teoría, el contexto del conflicto armado interno obliga a las empresasa extremar la debida diligencia, pero con Pacific se presentan situaciones que no se ajustan al cumplimiento de la normativa del país y a los estándares de empresas y derechos humanos en aspectos relacionados con la seguridad, la adquisición y uso de tierras y territorios étnicos, la gestión ambiental, la transparencia y el manejo corporativo”.

Esta es la principal conclusión del informe Petróleo: acumulación de tierras en la Altillanura. El caso Pacific, multinacional local en Colombia, realizado por la organización no gubernamental holandesa Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (Somo, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).

El documento se basa en un estudio de caso que pone luces sobre cómo están actuando las multinacionales de cara a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otra variedad de normas, teniendo en cuenta el contexto de un país como Colombia marcado por el conflicto armado. (Lea el informe completo)

Este es el segundo informe producido por la alianza Somo-Indepaz. El primer trabajo se tituló Reconquista y despojo de la Altillanura – El caso Poligrow en Colombia, en el que se documentó el comportamiento de esta firma multinacional en el país. (Lea el informe completo)

Tierras y petróleo

El informe se deriva de la revisión de la estructura corporativa multinacional y el estudio de los proyectos en los que la compañía realiza sus operaciones, aclarando que el acceso a la información “fue limitado” por el nivel técnico de los informes de gestión y porque sus empresas subordinadas tienen sede en Panamá.

Sin embargo, el estudio indica que “las operaciones de Pacific se desarrollan en regiones en las que hay una alta informalidad de la tenencia de la tierra, con una larga tradición de disputas”, como ocurre en la Altillanura, y donde hay reclamaciones pendientes de las comunidades indígenas de los pueblos Sikuani, Piapoco y Achagua.

Somo-Indepaz advierten que los proyectos de hidrocarburos, titulados Quifa Noreste Reguardo Vencedor Piriri, Área de Explotación Quifa Norte-Norte y Área de explotación de hidrocarburos Quifa, se superponen a territorios Sikuani.

Lo mismo ocurre con el proyecto de construcción y operación del Oleoducto de los Llanos en el Resguardo Turpial-La Victoria o Humapo, que se traslapa con el territorio de los Piapoco y Achagua. Sobre algunos de esos casos ya se pronunció  la Corte Constitucional mediante las sentencias T-764 de 2015 y T-693 de 2011, que recuerdan que las comunidades tienen derecho a la consulta previa.

Como lo ha documentado VerdadAbierta.com, el pueblo Sikuani fueron diezmado no solo por los procesos de colonización sino por el conflicto armado, que los fracturó y confinó en algunos puntos en el sur del Meta y el departamento Vichada.

De momento estas comunidades indígenas esperan que jueces especializados de restitución les reconozcan sus territorios colectivos mediante sentencias de restitución y que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se apersone de sus reclamaciones que no fueron atendidas ni por el antiguo Incora ni por el Incoder (Lea: Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’).

altillanura 2El estudio de caso advierte que Pacific impulsa proyectos sobre territorio Sikuani. Esta comunidad étnica ha sido declarada en “riesgo de desaparecer”, a causa de la violencia generalizada, por la Corte Constitucional. Foto: archivo Semana.Adicional a ello, la Corte Constitucional ha sido enfática en advertir que debido a la violencia generalizada esta comunidad étnica está en riesgo de desaparecer.
“Líderes indígenas de la región han denunciado que no se cumplen los estándares exigidos por las normas nacionales e internacionales, y que por el contrario, las consultas se sustituyen por negociaciones bilaterales entre delegados de la empresa y autoridades indígenas que no representan a la comunidad y dan lugar a prebendas para algunos líderes”, indica el informe de Somo-Indepaz.

El estudio llama la atención, además, sobre la presunta acumulación de terrenos baldíos, una práctica irregular según la Ley 160 de 1994 o Ley Agraria, ya que las tierras de la Nación están destinadas para la reforma agraria o titulación a comunidades carentes de tierras.

En ese sentido, el informe identificó “27 predios en posesión de Pacific que suman 55 mil hectáreas, entre los que se cuentan 10 mil de dos baldíos de la Nación y 43 mil de 23 baldíos adjudicados por el Estado, que representan el 79% del total de las hectáreas en posesión de Pacific y significan la presunta concentración de 24 veces la Unidad Agrícola Familiar (UAF)”.

La Unidad Agrícola Familiar (UAF) fue la medida que determinó la Ley 160 para que una familia recibiera cierta cantidad de tierra para su autosostenimiento. En Puerto Gaitán, esta medida oscila entre las 680 y 920 hectáreas. El estudio indica que para hacerse a varias de las miles de hectáreas Pacific recurrió a negocios fiduciarios que se realizaron a través de la Fiduciaria de Petróleos-Fidupetrol- y la Acción Sociedad Fiduciaria S.A.

“La conformación de patrimonios autónomos en fiduciarias hacen más difícil conocer la titularidad real de los inmuebles con origen baldío y permite que tanto vendedores como compradores se favorezcan en detrimento de los fines constitucionales de distribución y acceso a la tierra para los sectores más vulnerables del campo”, afirma el estudio.

Sobre este tema, desde 2012 la Contraloría y Procuraduría Delegadas Agrarias han advertido precisamente que la acumulación de baldíos en la Altillanura fue realizada a través de negocios fiduciarios. (Lea: ¿Borrón de baldíos por cuenta de Proyecto de Ley del Centro Democrático?)

El informe apunta que los predios están concentrados en las veredas Rubiales, Santa Helena y Tillavá, en el municipio de Puerto Gaitán, en Meta, en los que la multinacional asegura que “se desarrollan proyectos de utilidad pública e interés social”. Sin embargo, el informe agrega que la compañía no especifica qué autoridad le otorgó ese estatus. VerdadAbierta.com documentó que en Tillavá la restitución de tierras ha sido compleja, en parte, por la explotación petrolera de la zona. (Lea: Restitución tormentosa en Puerto Gaitán)

El documento formula recomendaciones a la multinacional para fortalecer los procesos de debida diligencia en la adquisición y uso de predios. Al respecto, el informe incorpora la respuesta de Ecopetrol de mayo de 2016, tras conocer los resultados del estudio, indicando que este “se constituía en un insumo para el diseño y ejecución de estrategias que aseguren el respeto y la promoción de los derechos humanos”.

En un país que busca una salida negociada al conflicto armado y que con la puesta en marcha de varias instituciones pretende restituir los predios abandonados y despojados, así como recuperar terrenos con tradición de baldíos y hacer una mejor distribución de la propiedad rural, los investigadores concluyen que el Estado tiene responsabilidad en vigilar la inversión extranjera y evitar la violación de derechos humanos, sobre todo de comunidades indígenas.