Víctimas de Urabá denuncian campaña de desprestigio

Al parecer se pretende deslegitimar los procesos de reclamos de predios arrebatados por grupos paramilitares que adelantan algunas asociaciones de víctimas y  organizaciones no gubernamentales que acompañan a los campesinos reclamantes.

 

Se calcula que en Urabá están en juego cerca de 100 mil millones de pesos en reclamación de tierras.

Un conjunto de organizaciones que acompañan procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño denunciaron en Medellín que hay una campaña de desprestigio en su contra que está siendo promovida por empresarios de la industria del banano, ganaderos, comerciantes y agremiaciones sindicales, así como por la regional en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).

“Consideramos que hay una campaña de desprestigio, especialmente contra las organizaciones que hemos apoyado la restitución de tierras y que hemos denunciado con nombre propio a los testaferros, a los jefes de bandas, a los paramilitares que han tomado las tierras a la fuerza en toda esa época de violencia en la región de Urabá”, afirma Gerardo Vega Medina, presidente de la Fundación Forjando Futuros, una de las organizaciones que ha sido blanco de críticas por parte de diversos sectores en Antioquia y en el país.

La denuncia sobre el desprestigio fue planteada durante una rueda de prensa convocada por Vega Medina. En ella estuvieron presentes los voceros de organizaciones no gubernamentales que acompañan la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras (Tierra y Vida) de la que Forjando Futuros hace parte. Se trata de León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris; María Teresa Bernal, de Redepaz; Fabio Lozano, de Codhes; y Diego Herrera, del IPC.

Vega Medina dijo que esta campaña de desprestigio se agudizó en la última semana con la publicación de un artículo periodístico en la revista Dinero, titulado Cazadores de Fortunas, en el que se cuestiona el interés económico que algunas fundaciones y organizaciones no gubernamentales tendrían en los procesos de restitución de tierras en el país para beneficio de sus directivos y en detrimento de las víctimas de despojo de predios rurales. Uno de los ejemplos expuestos fue, precisamente, la Fundación Forjando Futuros.

En el texto de la revista Dinero quedaron consignados tres graves cuestionamientos contra esta fundación y sus directivos: primero, que Vega Medina utilizó el cargo de coordinador de la sede de la Cnrr en Antioquia para sustraer valiosa información sobre procesos de restitución de tierras en Urabá; segundo, que su fundación le cobra a las víctimas entre el 10% y el 30%  del valor comercial de la tierra recuperada o del dinero que reciban por concepto de la reparación; y tercero, que este directivo habría “inducido a error al Gobierno para que entregara a campesinos de Urabá títulos de tierras que no estaban saneados y algunas de las cuales pertenecían a particulares”.

El directivo de Forjando Futuros consideró que estos cuestionamientos tienen un trasfondo económico relacionado con una petición que han hecho desde la Asociación Tierra y Vida ante el Parlamento Europeo para que antes de que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se establezca como condición a las empresas bananeras del Urabá antioqueño el pago de tres centavos de dólar al Fondo de Reparación para las Víctimas como un acto de equilibrio con el pasado, cuando esas mismas compañías le aportaron por lo menos 19 millones de dólares a los grupos paramilitares de la subregión entre los años 1997 y 2004 a través de una cooperativa de seguridad y vigilancia privada llamada Papagayo.

De acuerdo con Vega Medina, la idea se comenzó a promover desde junio pasado ante diferentes gobiernos europeos: “hemos hecho una carta a todos los parlamentarios de la Unión Europea, hemos visitado Francia, España y Alemania. Algunos gobiernos ven con buenos ojos la propuesta, otros piensan que se debe conformar una comisión del Parlamento Europeo y se verifiquen los hechos para que estén tranquilos”.

Según este directivo, la campaña de desprestigio en su contra y en contra de las organizaciones que lideran la restitución de tierras en el Urabá viene de dos sectores específicamente: empresarios bananeros que se oponen a la campaña de los tres centavos de dólar y testaferros de paramilitares que están preocupados porque se devele la verdad de quiénes fueron realmente los que se tomaron la tierra en Urabá.

Si bien Vega Medina no estableció cómo se articulan los sectores económicos que están en contra de las pretensiones de restitución de tierras en Urabá, sí denunció gestiones de esos sectores ante el Gobierno nacional para afectar su trabajo y su buen nombre.

“Se viene haciendo un amplio lobby por parte de sectores del empresariado antioqueño en la búsqueda de que no se conozca la verdad en Urabá, y en contra de Tierra y Vida y la Fundación Forjando Futuros. Han estado hablando con varios ministros, con varios medios de comunicación en la ciudad de Bogotá, y como no nos han matado físicamente, entonces piensan matar nuestro nombre”, enfatizó Vega Medina.

Este directivo acusó directamente a Augura, a las comercializadoras bananeras y al Sindicato Antioqueño de hacer ese lobby con el fin, según él, “de buscar el desprestigio y el entierro de estas organizaciones”.

VerdadAbierta.com le preguntó a Vega Medina qué información del artículo de la revista Dinero era falsa. El directivo hizo alusión al tema del cobro a las víctimas y negó que eso fuera cierto.

“Forjando Futuros no ha cobrado un solo peso en 303 casos que tiene de Justicia y Paz de personas de Medellín; la Asociación Tierra y Vida no tiene un solo peso recibido por las víctimas”, reiteró este directivo, pero sí reconoció que la Asociación Tierra y Vida pretendió establecer un contrato con sus propios socios para cobrar un 10% destinado a gastos de funcionamiento, pero renunció a esa estrategia.

“Quiero decirlo de manera expresa: la Asociación Tierra y Vida ha renunciado a ese contrato con sus socios” dijo, y precisó que tal renuncia se hizo “hace cuatro o cinco meses”.

Sin embargo en el artículo de la revista Dinero Vega Media admitió que sí venían cobrando ese 10%, que consistía en 5% para gastos de funcionamiento y 5% para el pago de abogados, y no hizo referencia a la renuncia del cobro de esas compensaciones en la publicación cuestionada.

Al respecto, Vega Medina explicó que “el tema no quedó consignado en la revista Dinero porque a nosotros nos preguntaron algunas cosas sobre el tema que iban a publicar, no sobre todo lo que iban a publicar; nos preguntaron cuándo nació Tierra y Vida, que si cobrábamos o no cobrábamos, algunas cosas de lo que salió allí publicado, pero no nos preguntaron de todo lo que iban allí a publicar”.

Para superar la polémica por este tipo de cobros de intermediación en la búsqueda de restitución de tierras, que para el Gobierno nacional son gratuitos y sin intermediarios, Vega Medina solicitó más apoyo del Estado.
“A los líderes que han construido la Asociación Tierra y Vida que tienen problemas de seguridad, el Estado le pone un carro de 100 millones de pesos, dos pistolas, un teléfono y unos chalecos antibalas, pero esa gente no tiene ni de qué vivir, no tienen con qué pagar la sede del arrendamiento, ni los servicios públicos, ni sus abogados”, indicó el vocero de Forjando Futuros.

Ante tal situación, reiteró que el Gobierno nacional debe apoyar económicamente a esas organizaciones: “no es posible que estos líderes que han dado la vida sigan en circunstancias, de desplazamiento, de condiciones inhumanas de vida, y que esas organizaciones no sean respaldadas por el Gobierno”.

Ese grado de vulnerabilidad ha ocasionado que a la Asociación Tierra y Vida le hayan asesinado ocho socios entre los años 2008 y 2011: se trata de Juan Jiménez Vertel, Benigno Gil, Jaime Antonio Gaviria, Alejandro Pino Medrano, Albeiro Valdez Martínez, Hernando Pérez Hoyos, Oscar Maussa y David Góez.

Sobre la supuesta extracción de documentos de la Cnrr cuando ocupó ese cargo desde su creación en el año 2006 hasta agosto del 2010, Vega Medina explicó que, contrario a lo denunciado por la revista Dinero, fue  la Asociación Tierra y Vida, fundada en febrero de 2009, la que construyó las bases de datos de víctimas en Urabá que luego le dejaron a la Comisión como material de trabajo. “Sin esa información, el Estado no tendría nada”, enfatizó el directivo.

Y con respecto a los señalamientos de utilizar a los campesinos para que se hicieran pasar por desplazados y víctimas de despojo de tierras, Vega desestimó los señalamientos y reiteró que con todos aquellos que han trabajado en el tema de restitución de tierras sí han sido afectados por el conflicto armado, varios de los cuales han sido desplazados de sus predios.

Vega Medina respaldó su versión con documentos referidos a los estados financieros de la Fundación Forjando Futuros y de la Asociación Nacional Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras (Tierra y Vida), así como con sus certificados de constitución, con los que intenta demostrar que su fundación y la asociación a la que pertenece no son unos “cazadores de fortunas”.

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