Cinco campesinos que reclaman sus tierras en Urabá fueron amenazados

Los campesinos despojados de sus tierras en el Urabá antioqueño que siguen siendo amenazados y asesinados por reclamar la restitución de sus predios. Para buscar medidas de protección, esperan reunirse con el vicepresidente de la República Angelino Garzón el próximo 24 de septiembre.
 
En el Urabá antioqueño la disputa por la tierra aún sigue. Hoy afecta a campesinos que buscan que les restituyan sus tierras despojadas en la década del noventa por las ACCU.

Luego del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el corregimiento El Totumo de Necoclí, Urabá antioqueño, la situación para los campesinos víctimas de despojo de tierras en esta región se complicó de tal manera que cinco líderes deberán abandonar sus municipios en los próximos días por amenazas.

 

La denuncia fue hecha por Carmen Palencia, representante de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), que agrupa a decenas de campesinos despojados de sus tierras durante la década del noventa por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

 

Palencia no dudó en calificar el  asesinato de Pérez como una advertencia sobre lo que serán los procesos de restitución de tierras que pretende adelantar el Gobierno nacional en esta subregión de Antioquia. De hecho, ya varios de los integrantes de la Asociación fueron amenazados de muerte semanas atrás, mientras que varios campesinos de Necoclí recibieron presiones para que desistieran de sus reclamaciones. Ahora, tras el homicidio de Pérez, varios de los amenazados ya están pensando en abandonar la zona.

 

“En este momento tenemos dos líderes del corregimiento El Totumo amenazados y estamos viendo la manera cómo los sacamos porque están en alto riesgo. Tenemos otro compañero en Apartadó en la misma situación; la semana pasada unos tipos armados fueron a buscar a una compañera de Chigorodó a su casa y hace como tres meses sacamos a un compañero escondido de la zona porque ya lo iban a matar y lo mandamos para una ciudad del interior del país. Allá está ‘tirado’, pero, ¿qué más podemos hacer?”, se preguntó Palencia.

Las intimidaciones, refirió la dirigente, provienen de grupos armados que operan en la zona y que estarían al servicio de testaferros y terratenientes que fungen como propietarios de extensas hectáreas de tierra dedicadas a la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma africana.  “Aquí estamos en manos de los violentos. Ellos se pasean por la región como si nada. A los que reclamamos tierras nos están amenazando. Cómo será que ni siquiera la presencia del Ministro de Agricultura evitó que asesinaran a Hernando”, expresó Palencia, haciendo alusión al hecho que horas antes de su muerte, Hernando Pérez estuvo presente en el acto de entrega de 34 títulos de propiedad para igual número de familias de las veredas La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión del corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo, evento que contó con la presencia del jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

La situación es de tal gravedad que para el próximo 24 de septiembre, representantes de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes y de organizaciones no gubernamentales que acompañan sus procesos de reclamación, se reunirán en Bogotá con el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para estudiar posibles medidas de protección para aquellos campesinos despojados de sus tierras que a través de diversas estrategias jurídicas están reclamando una pronta restitución. 

 

Una de las organizaciones que acudirá a la cita con el Vicepresidente Garzón la Fundación Forjando Futuros. Así lo confirmó su director, Gerardo Vega, quien le pedirá al Ejecutivo la creación de bloques de búsqueda integrados por fiscales, jueces y policías para que den con los responsables de estos crímenes. “Necesitamos también la presencia de los más altos representantes del Gobierno en las regiones, para que los violentos entiendan que la restitución es una decisión de carácter nacional”, expresó Vega.

 

Igualmente, el director de la Fundación le propondrá al Vicepresidente de la República que incentive la creación de organizaciones de víctimas de despojo en todo el país que cuenten con el debido acompañamiento estatal y, además, se dicten medidas de protección para los líderes amenazados.

 

Situación preocupante

 

Con muerte de Pérez ya son 47 los campesinos vinculados a procesos de reclamación de tierras asesinados en el país en los últimos tres años, de los cuales siete han sido perpetrados en el Urabá antioqueño. Precisamente en mayo de este año se registró la extraña muerte de Albeiro Valdez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un despoblado del corregimiento El Totumo de Necoclí. Si bien los primeros reportes forenses indicaron que causas naturales produjeron su deceso, hoy se tienen indicios claros que fue víctima de envenenamiento.

 

 

 

Lo que preocupa a los pobladores de la región agroindustrial, una de las más afectadas en el país por el despojo de tierras por parte de grupos paramilitares, es que todos estos crímenes aún permanecen en la impunidad, “y eso se ha convertido en una patente para que nos sigan matando”, indicó Carmen Palencia.

 

 

 

A su vez Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), instancia que le ha hecho seguimiento a la situación de las víctimas de despojo de tierras en el país, aseveró que los crímenes contra los reclamantes de tierras deben llevar a que el Gobierno nacional afine sus estrategias de protección para los campesinos víctimas del despojo ahora que manifiesta la intención política de restituirles tierras usurpadas en el pasado.

 

 

 

“Antes de hacer las restituciones, el Gobierno debería hacer presencia con sus organismos de seguridad y enfrentar estas estructuras mafiosas paramilitares que todavía campean en los territorios y que ya demostraron en Urabá que no están dispuestas a entregar las tierras por las buenas. El Estado tendrá que llegar no sólo con las leyes sino también con los ‘fierros’, es decir, con las autoridades militares pero para apoyar a los campesinos”, sostuvo Yepes.

 

 

 

Para el Coordinador del Observatorio de DD.HH de la CCEU, el hecho que el Congreso de la República se apreste a discutir la llamada Ley de Tierras, iniciativa legislativa que pretende restituir dos millones y medio de hectáreas entre campesinos víctimas de la violencia en los próximos cuatro años, constituye un momento crucial no sólo para brindar garantías efectivas para los labriegos sino también para comenzar a develar quienes estuvieron detrás del flagelo del despojo de tierras.

 

 

 

“Creo que antes de proponer acciones como un catastro social con las víctimas, el Gobierno nacional deberá realizar primero una evaluación sobre quiénes son los inversionistas y de quiénes son las empresas que han terminado beneficiándose de las tierras despojadas, sacar a la luz pública sus nombres y buscar los mecanismos judiciales para que también sean vinculados a las investigaciones por las muertes de estos campesinos reclamantes”, añadió Yepes.

 

 

Además de pedir celeridad en las investigaciones por las muertes de los líderes de los campesinos, muchas de las cuales aún permanecen en la más completa impunidad, Yepes alertó sobre posibles la arremetida violenta que están padeciendo las víctimas de despojo en otras regiones del país.   “Hay presiones muy fuertes contra campesinos reclamantes de tierra en Córdoba, César, Magdalena, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Son zonas donde hay una presencia muy fuerte de grupos paramilitares y donde se han asentado importantes conglomerados económicos ligados a la agroindustria, que en últimas son los que terminan beneficiándose de las tierras despojadas”, aseveró el activista.

 

 

Se espera pues que la cita con el Vicepresidente de la República sea fructífera y de ella se surjan alternativas de protección no sólo para los reclamantes de tierras del Urabá antioqueño, sino para todos aquellos que a lo largo y ancho del país padecieron el despojo de sus tierras.

 

 

 

Con información de la Agencia de Prensa IPC de Medellín

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