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Especial

La vida por la justicia

El precio por la verdad del holocausto

En los 30 años de la investigación sobre qué pasó en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 las cuentas son macabras: un abogado asesinado, una juez exiliada y decenas de amenazas. Además, la fiscal que movió todo el caso fue separada de su cargo después de cinco años de trabajo.[1]

Por María Clara Calle

vpj-palacio-justicia-10La fiscal Buitrago acusó a cuatro altos oficiales de la cúpula militar de 1985 junto con varios de sus subordinados. Foto: Archivo Semana.

Una billetera negra atravesada por un tiro estuvo escondida durante 21 años en las bóvedas del B2, la sección de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército de Colombia. En ella estaba la cédula de Carlos Horacio Urán Rojas, su tarjeta profesional de abogado, la libreta militar, las licencias para conducir en Colombia y Estados Unidos, una foto de su esposa y su identificación como magistrado auxiliar del Consejo de Estado en 1985.

La fiscal Ángela María Buitrago llegó a las guarniciones del B2, ubicado en la zona norte de Bogotá, buscando pruebas para explicar qué pasó con las 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y siguen sin aparecer.

Urán no hacía parte de ese grupo pues su cuerpo lo hallaron dentro del Palacio y lo entregaron a su familia al día siguiente del fin del holocausto. Por eso, cuando en febrero de 2007 apareció esa billetera, Buitrago entendió que durante más de 25 años le habían mentido a la familia del magistrado auxiliar.

Ana María Bidegaín de Urán creía que su esposo había muerto dentro del Palacio, aunque no sabía muy bien si lo había matado el M-19 durante la toma o las Fuerzas Militares durante la retoma. En todo caso, el 8 de noviembre de 1985 recibió el cuerpo desde Medicina Legal y le dio cristiana sepultura. La última vez que habló con él fue la noche del 6, cuando ya había empezado el tercer y más devastador incendio del edificio. “Dijo que el humo era muy fuerte, se despidió con un beso y un te quiero”, recordó 29 años después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al igual que Urán, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siete funcionarios de esa corporación y del Consejo de Estado y casi un centenar de personas intentaban sobrevivir al incendio del edificio que albergaba a las altas instituciones judiciales colombianas. El peor fuego empezó aproximadamente a las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, seis horas después de que 35 guerrilleros entraran disparando con fusiles por el sótano y el Ejército respondiera sellando con tropas y tanques todas las entradas del Palacio.

vpj-palacio-justicia-10El primer incendio comenzó en el sótano y el segundo se originó en la biblioteca del primer piso. Ninguno de los dos fue catastrófico pues el devastador fue el tercero, que empezó en el cuarto piso. Foto: Archivo Semana.

El M-19 estaba acostumbrado a dar golpes que conmocionaran a la opinión pública y humillaran a los militares. Esta guerrilla de carácter urbano nació como respuesta a un supuesto fraude electoral ocurrido en 1970. Cuatro años después, el 17 de enero, el M- 19 se robó la espada del libertador Simón Bolívar, exhibida en un museo del centro de Bogotá, como gesto simbólico de que se alzaban en armas. Entre el 30 de diciembre de 1977 y el 1 de enero de 1978 dieron un golpe todavía más audaz: cavaron un túnel de 80 metros de largo desde una casa vecina hasta las instalaciones militares del Cantón Norte en Bogotá y se robaron 5.000 armas. Muchos de los cien colaboradores de la operación y de los 40 que robaron el armamento fueron encarcelados y sometidos a consejos verbales de guerra. El Ejército recuperó casi todas las armas. Para entonces, el país vivía en permanente Estado de Sitio, los militares impartían justicia y ya se hablaba de torturas, alianzas con el narcotráfico, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Pero ni las detenciones ni el Estatuto de Seguridad que decretó el gobierno, frenaron a los guerrilleros. El 27 de febrero de 1980, 18 miembros de esa guerrilla se tomaron la embajada de la República Dominicana, con una de decena de diplomáticos adentro y más de 50 civiles. La toma se extendió hasta el 25 de abril, pues sus exigencias al gobierno de Julio César Turbay Ayala eran muy altas: la libertad de los 300 miembros de ese grupo que estaban en las cárceles y 50 millones de dólares. Durante los dos meses que duró la toma, el Ejército se abstuvo de intentar un rescate por orden del presidente. Al final, los militantes del M-19 que estuvieron en la Embajada viajaron en avión hasta Cuba para asilarse y aunque el gobierno les concedió un millón de dólares ningún guerrillero salió de la cárcel.

La amnistía vino después, cuando en 1984 el presidente Belisario Betancur firmó un cese del fuego con el M-19, las Farc y el Epl, y se abrió un proceso de paz que fue saboteado por múltiples flancos. La Fuerza Pública seguía actuando mientras que las acciones militares del M-19 se intensificaron. Hubo combates en municipios como Corinto, Cauca y Yarumales. Luego de esas y muchas más violaciones a los acuerdos, el 20 de junio de 1985, Carlos Pizarro, comandante del M-19, anunció oficialmente el fin de la tregua. Su siguiente plan era tomarse el Palacio era hacerle un juicio político al presidente por “traicionar” los diálogos.

Para los militares significó la gota que rebasó la copa. “Era inocultable que el Ejército, vejado en su dignidad, herido en su amor propio ante hechos como el robo del Cantón Norte, la orden de cese al fuego impartida y los atentados del grupo guerrillero, esperaba una oportunidad propicia para desquitarse de su enemigo”, explica la Comisión de la Verdad de 2010 sobre el holocausto. Y el mejor lugar fue el Palacio de Justicia, donde estaba la Corte Suprema, que había limitado el alcance de los gobiernos durante los estados de sitio, y el Consejo de Estado con sus condenas por violaciones de militares a los derechos humanos.

La estrategia fue retirar la seguridad especial que tenía el Palacio para que los guerrilleros entraran fácilmente y tenderles una trampa, como en una “ratonera”, según lo indica la hipótesis de la Comisión.

La Fuerza Pública conoció las intenciones del M-19 desde semanas atrás cuando allanó una casa de guerrilleros donde estaban los planos del Palacio de Justicia, por la incautación de un casete que contenía la proclama que se reproduciría durante la toma y por un comunicado radial que los insurgentes emitieron el 23 de octubre de 1985 para anunciar que iba a suceder “algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido”.

El día de la toma, el Palacio estaba “custodiado” por seis vigilantes privados y no había ningún policía. A las 11:35 a.m., los guerrilleros ya tenían como rehenes a 350 civiles, desde magistrados hasta escoltas. Durante casi 28 horas hubo disparos de ametralladora a diestra y siniestra, rockets lanzados desde afuera, detonaciones de TNT y tanques militares dentro de la máxima instancia de la Justicia.

vpj-palacio-justicia-4A las 12:30 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, los tanques militares Urutú y Cascabel entraron por el sótano y la puerta principal a la máxima instancia de la Justicia en Colombia. Foto: Archivo Semana.

“Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego […] Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas”, suplicó en una cadena radial el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Su cadáver calcinado se reconoció por el documento de identificación que tenía cerca.

Para el 7 de noviembre, el Ejército había rescatado con vida a más de 200 personas sin registrar ningún guerrillero ni a los que creyeron “sospechosos”, los forenses recibieron 96 cuerpos quemados y por lo menos 11 personas desaparecieron: ocho eran los trabajadores de la cafetería y tres, visitantes ocasionales. Por décadas no fue muy claro cómo operaron los militares en la retoma y quiénes estuvieron a cargo de la salida de los rehenes. Sólo un cuarto de siglo después, la fiscal Buitrago encontraría los documentos oficiales con varias de las respuestas.

Un expediente desempolvado con rastros de sangre
A Ángela María Buitrago le asignaron la investigación del Palacio el 25 de noviembre de 2005, casi dos meses después de su llegada a la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Venía de 15 años de litigio y de dictar cátedra en la Universidad Externado. A su cargo tenía un equipo minúsculo de tres personas para develar un hecho ocurrido décadas atrás y que, a pesar de ser investigado por Justicia Penal Militar y un Tribunal Especial de Instrucción, no se había señalado ningún responsable por la desaparición de 11 personas cuyo paradero se desconocía.

Para su sorpresa tampoco encontró muchas pruebas. “Yo busqué el expediente del Comando del Ejército. Tenía 80 cuadernos, que es muy poco para tantos años de investigación, y le faltaban hojas”, asegura Buitrago.

Ella explica que en uno de los procesos de la justicia ordinaria, a finales de los años ochenta, se registraron más de 75 videos que mostraban a los desaparecidos salir con vida del Palacio y bajo custodia militar. Aunque estaban referidos en los expedientes, las imágenes ya no existían.

Fue por eso que Buitrago y su equipo visitaron todas las emisoras y los canales de televisión que emitían en el país en 1985 y que seguían funcionando 20 años después. Los videos de mayor calidad fueron los de TVE de España.

Muchas de las familias de los desaparecidos habían visto a sus parientes en las imágenes en los noticieros de noviembre de 1985 pero como la prueba ya no existía, no tenían nada para demostrarlo. Fue Buitrago quién recopiló de nuevo los videos y con su primer gran hallazgo los familiares identificaron a Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería; Cristina del Pilar Guarín, la cajera; al chef David Suspes y al mesero Bernardo Beltrán.

“Hubo otro dato interesante. Pablo Montaña, un radioaficionado ciego, nos dijo que había grabado cinco casetes entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 porque, cuando estaba en su emisora, captó señales de comunicaciones y se dio cuenta de que efectivamente era con algo complicado del Palacio de Justicia”, recuerda la fiscal.

Eran las conversaciones que los militares sostuvieron mediante radioteléfonos en la retoma. Pero los audios y sus transcripciones también desaparecieron de los expedientes originales. Buitrago supo que en su momento el abogado de las víctimas, Eduardo Umaña, les entregó una copia original a los periodistas Juan Ramón Jimeno y Herbin Hoyos. De esta manera, la fiscal recuperó cuatro de los cinco casetes.

Una frase fue la prueba reina de que sí hubo una orden militar para desaparecer, como sucedió en el caso de la guerrillera Irma Franco.

ARCANO 2 (coronel Sánchez Rubiano, jefe del B2): Únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto, sobre una sujeto que es abogada y que, ya fue reconocida por todo el per…, todo el personal, cambio.

ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnik, jefe del Estado Mayor): Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio.

ARCANO 2: Recibido y QSL.

Peritos de la Policía ratificaron que las voces que se escuchaban en todos los audios eran de los oficiales del momento, desde el entonces ministro de Defensa general Miguel Vega, quien estaba a la cabeza del Cantón Norte cuando el robo de armas; hasta su yerno, el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería.

En menos de un año de investigaciones, la fiscal ordenó la captura del coronel Edilberto Sánchez, quien debía responder por sus actuaciones como jefe de Batallón del B-2. Esta fue la unidad de inteligencia que recibió en la Casa Museo del Florero a la mayoría de los rescatados del Palacio y que los dividió entre civiles y “especiales”, por las sospechas de pertenecer al M-19 o de ayudar en la toma. En el momento de la detención, el oficial dirigía la cárcel del Guamo, Tolima.

vpj-palacio-justicia-10Los militares controlaron la salida del Palacio de todas las personas y los llevaron a la Casa Museo del Florero (en la imagen) para averiguar quiénes eran. Foto: Archivo Semana.

Era la primera vez que se relacionaba judicialmente a los militares con las desapariciones del Palacio de Justicia, lo que tanto buscó el abogado Umaña durante 13 años.

Las investigaciones que hubo antes de la llegada de Buitrago se centraron en condenar duramente a los guerrilleros del M-19 pero olvidaron a las víctimas. “El Tribunal Especial mató a los desaparecidos con un argumento totalmente estúpido”, sentencia César Rodríguez, hermano del administrador de la cafetería del Palacio. Su razón es que unos militares aseguraron que en el cuarto piso, cubierto por las llamas, había unos pasteles de hojaldre intactos. Para los jueces de la época fue prueba suficiente de que la repartidora Norma Constanza Esguerra murió a causa del incendio con todos los de la cafetería.

Umaña quería probar una tesis muy diferente: los empleados no murieron calcinados sino que salieron con vida del Palacio y el Ejército se los llevó. Para demostrarlo, buscó todas las pruebas posibles y fue entonces cuando encontró los cinco casetes con ocho horas de algunas de las conversaciones que sostuvieron los militares en la retoma. Los audios revelaban que el Ejército arremetió contra el Palacio sin importar la vida de los rehenes; agilizó las acciones antes de que llegara la Cruz Roja y dilató la entrada del organismo internacional al Palacio para dar la estocada final ese 7 de noviembre, en el baño donde se encerraban un puñado de guerrilleros con decenas de magistrados.

vpj-palacio-justicia-10El defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña había trabajado en el caso de Omaira Montoya, vista por última vez en 1977 y una de las primeras desaparecidas forzosamente en Colombia. Foto: Archivo Semana.

Otro hallazgo del abogado fue el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, miembro de inteligencia militar entre 1977 y 1989. En 14 folios fechados el 1 de agosto de 1989, detalló cómo torturaron a los desaparecidos del Palacio y los llevaron al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y a las Escuelas de Artillería y Caballería, esta última comandada por Plazas Vega. Además, dibujó tres mapas con las fosas donde estaban los cuerpos, según Semana.

Umaña llevó los casetes al Juzgado Segundo Especializado y el testimonio quedó en Procuraduría, pero poco podía hacer ante una Justicia para la cual la desaparición forzada todavía no era un delito sino que se investigaba como secuestro.

Esa era la gran diferencia del caso cuando asumió Buitrago, pues en julio del 2000 Colombia tipificó la desaparición y con ello se abrió la puerta para investigar a los militares por lo que les pasó a los empleados de la cafetería, a visitantes y a una guerrillera. El impedimento es que las pruebas desaparecieron y, contrario a lo sucedido con los casetes, el testimonio de Gámez no se recuperó.

Pero el aporte de Umaña no fueron únicamente las evidencias. Sus denuncias de desapariciones, cuando el gobierno y los militares sostenían que todos habían muerto quemados dentro del Palacio, mantuvieron vivo el expediente. Era el único que respaldaba a las familias de las víctimas y además las organizó con reuniones semanales. “Una de las cosas que nos alentó fue la confianza del doctor Umaña”, afirma Pilar Navarrete, esposa del desaparecido Héctor Jaime Beltrán que trabajaba como mesero. “Yo tenía 20 años cuando pasó lo del Palacio y no sabía qué era la desaparición forzada. Sólo esperaba que ‘Jimmy’ llegara en cualquier momento”, agrega para explicar que Umaña les mostró lo que realmente estaba pasando.

La intención de abogado era convencer de lo mismo a los jueces y como no podía por la vía penal, intentó la administrativa. A inicios de los noventa empezó a enviar uno por uno los casos de los desaparecidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En todos, la respuesta fue negativa hasta que subieron a segunda instancia, al Consejo de Estado. “Declárese a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional responsable por la desaparición de Cristina del Pilar Guarín Cortés, en los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia”. Esta primera reparación fue por 1.000 gramos de oro en 1994. Para 1999, se habían logrado otras seis. El Estado cumplió y pagó la cantidad impuesta, según familiares.

Sin embargo, la verdad sobre qué pasó con las 11 personas seguía oculta y para impedirlo Umaña se montó en un nuevo caballo de batalla. En 1996 pidió que se exhumaran los cuerpos que Medicina Legal había enterrado en el Cementerio del Sur desde hacía más de una década.

El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, "optó [...] por modificar la escena de los hechos y manipular indebidamente los cadáveres", como dice la primera sentencia en su contra. Ese 7 de noviembre, el Ejército trasladó los cuerpos incinerados al primer piso. Los 96 cadáveres que llegaron a Medicina Legal estaban lavados. Lograron identificar a 70 y la mayoría de estos los entregaron a las familias, incluido el del comandante del M-19 Andrés Almarales.

vpj-palacio-justicia-10De las casi 400 personas que estaban en el Palacio de Justicia durante la toma y la retoma, salieron 96 cadáveres para Medicina Legal. Foto: Archivo Semana.

Cuando Medicina Legal estaba en ese procedimiento, un juez Penal Militar ordenó que los cuerpos se debían enterrar en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, pues inteligencia sostenía que el M-19 iba a recuperarlos. A diez cuerpos plenamente reconocidos los enterraron sin ninguna identificación junto con otros 26 N.N. del Palacio. El Gobierno indicó que sólo se inhumaron 14 cadáveres y que los supuestos 11 desaparecidos estaban enterrados en esa fosa, como lo muestra el informe de necropsia que se realizó más de una década después de los hechos.

Doce años después, Umaña logró la autorización para identificar los restos del Cementerio del Sur. “Me dijo que ganábamos por cara o sello. Si aparecían nuestros familiares, el Estado tenía que explicar cómo murieron y si no, comprobábamos que estaban desaparecidos”, recuerda René Guarín, hermano de Cristina del Pilar.

El abogado no alcanzó a estar en las exhumaciones. Lo asesinaron el 18 de abril de 1998. La prensa registró que tres supuestos periodistas pasaron el filtro de la portería y entraron al despacho de Umaña. A los pocos minutos, dos hombres y una mujer salieron con cámara en mano y ocultaron el arma con silenciador. En la oficina quedó el cuerpo inerte de Eduardo Umaña con tres impactos de bala.

Los muertos de la fosa común
Este asesinato paró casi por completo el proceso pero el resultado del trabajo de Umaña le daría una base firme a Buitrago para retomar la investigación. La clave fue la exhumación.

Entre el 21 de julio y el 1 de octubre de 1998 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desenterró “90 cuerpos articulados de adultos, 50 cuerpos de infantes o fetos no nacidos y 25 concentraciones de huesos”, como detallan en su informe. En la misma fosa de las víctimas del Palacio de Justicia estaban fetos de los abortos en hospitales públicos y algunos muertos por la tragedia de Armero del 13 de noviembre de 1985. Los expertos reconocieron que 36 de los restos eran de personas con heridas de bala o quemaduras del Palacio.

Al año siguiente, Medicina Legal comparó 28 de ellos con una lista de 12 desaparecidos pero para EAAF los cotejos se tienen que ampliar pues “probablemente, el número adicional de personas corresponde a los cuerpos de miembros de la guerrilla”.

Sin embargo, de esa lista se pudo identificar un cuerpo. En junio de 2001, los laboratorios genéticos de la Universidad de Granada, en España; de Medicina Legal y de la Fiscalía concluyeron que el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco estuvo enterrado durante 16 años en el Cementerio del Sur. Esta auxiliar de chef murió cuando tenía siete meses de embarazo.

El hallazgo tumbó el argumento de los militares para alegar que no había desaparecidos, pues si bien se había encontrado a una empleada de la cafetería, otros siete siguen sin aparecer, al igual que los tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.

De igual manera, otro de los argumentos del Ejército en su momento era que los empleados de la cafetería eran guerrilleros. El esposo de Lucy Amparo Oviedo, quien estaba en el Palacio para hablar con Reyes Echandía, afirma que el coronel Sánchez le dijo en 1985 que los de la cafetería estaban desaparecidos porque se habían ido para el monte, que ellos se encargaron de entrar al Palacio uniformes, comida, municiones y armas. Así quedó registrado en la segunda sentencia contra Plazas. 

A un amigo de la familia Rodríguez el mismo oficial supuestamente le exigió que “dejara de estar indagando por personas que no valían la pena porque eran guerrilleros y asesinos”. Aunque el coronel Sánchez negó esas palabras ante los juzgados, César Rodríguez, el hermano del administrador de la cafetería, sostiene que “los militares nos enviaban el mensaje de que si habían cometido algún delito, todo era justificado”.

Ahora, con la certeza de que sus familiares no murieron en el Palacio y con el amparo de la ley para denunciar la desaparición penalmente, los parientes de las víctimas le solicitaron a la Fiscalía que investigara quiénes eran los responsables. El caso estuvo prácticamente archivado hasta 2005, cuando llegó Buitrago.

Los primeros obstáculos fueron la inexistencia de pruebas recopiladas anteriormente y el tamaño tan reducido del equipo de investigadores que debían develar lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Pero la barrera más grande era el “pacto de silencio” que pretendía romper Buitrago.

Sin saber si fue de manera expresa o tácita, lo cierto es que las presiones por ocultar la verdad de lo que pasó impidieron durante 20 años que se hiciera un peritaje objetivo y completo, como lo señaló la Comisión de la Verdad.

Buitrago y sus tres colaboradores se enfrentaron a las acciones de una cúpula militar y un Gobierno que no habían sido tocados por la justicia. Sólo en 1990 la Procuraduría destituyó al general Arias Cabrales y al coronel Sánchez por haber violado el derecho de gentes en la retoma, pero la decisión se revocó una década después.

Como si fuera poco, la fiscal tenía a la par otros procesos de gran relevancia política y en todos presentó resultados. Ella acusó a los primeros políticos investigados por vínculos con paramilitares como sucedió con el exgobernador del Meta Edilberto Castro, el exgobernador del Caquetá Carlos Palacio y el exsenador Ciro Ramírez. Al primero lo condenaron a 40 años de prisión, al segundo a ocho y al tercero a siete.

También investigó al exdirector del DAS Jorge Noguera, cuyo jefe inmediato era el entonces presidente Álvaro Uribe, por darle información secreta a los paramilitares; al exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces ministro del Interior y de Justicia, por beneficiar con sus investigaciones a jefes de las autodefensas; y a dos pesos pesados del Ejecutivo por presunta calumnia contra tres sindicatos. Se trataba de nada más y nada menos que del asesor presidencial del momento, José Obdulio Gaviria, y el vicepresidente Francisco Santos.

La entrada a guarniciones militares
Varios testimonios les avisaron a las familias de las víctimas que ellas estaban siendo torturadas en el Batallón Charry Solano o en el Cantón Norte, un complejo militar en Bogotá donde estaban el comando de la Brigada XIII y la Escuela de Caballería.

A Enrique Rodríguez, el papá del administrador de la cafetería, lo llamó un presunto integrante del B2 para decirle que él mismo había llevado a su hijo Carlos a la Brigada XIII, que lo torturaban y que luego lo llevarían a la Escuela de Caballería o a la de Artillería para desaparecerlo.

Un empleado del Cantón Norte y vecino de Lucy Amparo Oviedo, quien estaba en el Palacio para hablar con Reyes Echandía, les pidió a los familiares que le llevaran ropa porque estaba sucia.

El día en el que ellos fueron, un capitán les respondió que “no busquen más a esa mujer que ella ya se enterró en una fosa común”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá afirmó en 2012 que los testimonios son inconsistentes y no hay prueba de que Lucy haya salido con vida del Palacio.

En su intento por recuperarlos, las familias le contaron al entonces procurador Carlos Jiménez Gómez sobre los avisos. Él visitó el Charry Solano pero no encontró pruebas de secuestro o tortura. En sus 13 años frente al caso, el abogado Umaña solicitó visitar las guarniciones militares pero nunca le dieron permiso.

Al igual que los anteriores investigadores del caso, Buitrago sabía que era clave visitar las guarniciones militares a donde supuestamente habían llevado a los desaparecidos. Por eso, los dos primeros días de febrero de 2007 realizó una inspección en las bóvedas del B2 y en la Escuela de Caballería, ambas dentro del Cantón Norte.

La fiscal buscaba pruebas sobre los 11 desaparecidos pero encontró algo todavía más contundente que revelaba un delito distinto en el caso de una persona que supuestamente había muerto en el Palacio de Justicia.

El caso Urán
Ana María Bidegaín buscó a su esposo Carlos Horacio Urán en el Hospital Militar, el 7 de noviembre de 1985, porque en uno de los noticieros lo vio salir vivo del Palacio de Justicia. Urán cojeaba, de salto en salto, con su camisa blanca por fuera del pantalón, la corbata suelta y un par de policías en vez de muletas. Al día siguiente, el cuerpo del magistrado apareció con un tiro en la cabeza en el “cuarto de los guerrilleros” de Medicina Legal, junto al del líder del M-19 Andrés Almarales y otros insurgentes. Además, su cuerpo tenía rastros de que le habían tomado la huella dactilar después de muerto, la misma operación que le aplicaron a los cadáveres de los guerrilleros y al de la magistrada auxiliar Luz Stella Bernal.

A Bidegaín le entregaron el cadáver de su esposo limpio, sin tiznas del incendio. Días después le devolvieron el anillo de matrimonio y un llavero de la Universidad de Notre Dame, donde él había presentado su tesis de las ‘dictaduras rojas’. Nunca entendió cómo reconocieron que esos objetos eran de Urán.

En menos de dos semanas adelantó un viaje al exterior que tenía planeado con su esposo y sus cuatro hijas.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jesuita Fernán González le dio una carta el 19 de noviembre de 1985 con el compromiso de que la abriera sólo afuera de Colombia. Bidegaín no aguantó la curiosidad y la leyó dentro del avión. Ahí le afirmaron que su esposo había sido ejecutado por el Ejército y 22 años después Buitrago encontró la prueba reina de ello: la billetera negra baleada con los documentos de Urán, que estaba en las bóvedas del B2.

Esa inspección al B2 y a la Escuela de Caballería arrojó las pruebas más contundentes del caso hasta ese momento. La fiscal encontró una lista amarillenta titulada ‘Guerrilleros del M-19 dados de baja en combate’. Para su sorpresa aparecían los nombres del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz y el de Urán, que a diferencia de los otros no estaba escrito a máquina sino a mano, como lo registraron el periodista Daniel Coronell y el periódico El Tiempo.

En la misma caja había brazaletes del F2, la unidad de inteligencia de la Policía en 1985; dos placas de policías; algunos documentos de miembros del B2 sin datos y proyectiles de fusil.

También había una carpeta con la declaración de ‘S’. Aunque no tenía el nombre, se comprobó que se refería a la guerrillera Irma Franco y el contenido era toda la información que le sacaron mediante torturas para establecer qué pasó previamente a la toma del Palacio de Justicia y cómo se planeó todo.

En la Escuela de Caballería, Buitrago halló un informe en el que el coronel Plazas le rendía cuentas al general Arias sobre los rehenes y explica literalmente que él tuvo el “control directo” de las operaciones. El documento estaba sin firmar.

Además, la fiscal encontró dos documentos militares que demostraban cómo operó la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia y quién estuvo al mando de la salida de los rehenes. Aunque estaba incompleto, el Plan Tricolor de 1983 probaba que el Ejército controló la salida de todos los rehenes para evitar que los guerrilleros se escaparan. Por eso, civiles y “sospechosos” terminaron en la Casa Museo del Florero, guiados por la Fuerza Pública. Tres años después del hallazgo, el general Arias le especificó a la Comisión de la Verdad que “el Plan Tricolor no preveía el rescate de rehenes, tenía los lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos”.

Por su parte, el Manual de Inteligencia de Combate (MIC), que estaba completo, detallaba el procedimiento que se debía cumplir con los sospechosos de pertenecer o ayudar al M-19. Les hicieron “interrogatorios iniciales” en los que los trataron como prisioneros de guerra, separaron a los hombres de las mujeres y seleccionaron a quienes suministrarían “información de interés”. Luego del operativo “algunas unidades elaboraron informes de inteligencia, y finalmente se desconocieron las directrices sobre el manejo de la información, puesto que “…solamente el Comandante de la Brigada puede suministrar informaciones a la prensa o a la radio, guardando las normas establecidas sobre reserva y secreto, sin extenderse en comentarios o declaraciones””, como especifica el Tribunal Superior de Bogotá.

El coronel Plazas Vega fue precisamente quien habló a los medios de comunicación, ante los cuales pronunció su famosa frase “defendiendo la democracia, maestro”, aunque las sentencias posteriores contra el general Arias señalan que este era el único al mando.

vpj-palacio-justicia-10El coronel Alfonso Plazas Vega está condenado actualmente en segunda instancia a 30 años de cárcel como coautor mediato por la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, y de la guerrillera Irma Franco. Foto: Archivo Semana.

 

Además, el MIC concluyó que el B2 no fue el único encargado de las operaciones de inteligencia sino que también participaron tropas como “las unidades de caballería blindada”.

Así lo ratifica otro documento militar, creado en 1980 con el rótulo de secreto. El Plan de Operaciones de Inteligencia No. 002 contra el M-19 especificaba la Escuela de Caballería tenía objetivos militares para “identificar, ubicar, capturar e interrogar simultáneamente a integrantes del M19”, en coordinación con el B2. Esta prueba también la encontró Buitrago.

Con esto, la fiscal tenía lo suficiente para investigar al coronel Plazas, quien en 2007 ejercía como director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cuando Buitrago fue a la casa del oficial para ampliar la inspección, encontró en su biblioteca un video que no se conocía desde hacía 22 años. Eran las imágenes más nítidas de las últimas décadas sobre la retoma. Allí se veía a varios rehenes salir vivos del Palacio de Justicia.

A Plazas lo detuvieron en julio de 2007. Su defensa argumenta que él no estuvo al mando de la retoma pues era un subordinado del general Arias Cabrales y su misión era llevar a los rehenes a la Casa Museo del Florero. De ahí en adelante, afirma, era tarea del B2, liderado por el coronel Sánchez.

La Fiscalía vinculó a su jefe inmediato, el coronel Luis Carlos Sadovnik, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Brigada XIII. Este último declaró tres veces hasta que murió de un infarto en agosto de 2009.

Buitrago también halló pruebas contra el general Arias Cabrales y al excomandante del Ejército, general Rafael Samudio, y abrió investigación en septiembre de 2007. Ese mismo año, la fiscal acusó al coronel Sánchez Rubiano, con otro capitán y tres sargentos más del B2. Pocas semanas después, capturaron al general Iván Ramírez, quien encabezó el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano, donde torturaron a los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo.

vpj-palacio-justicia-10El entonces comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, tiene hoy una condena a 35 años de cárcel como coautor mediato por la desaparición de cinco personas, dentro de ellas la guerrillera Irma Franco. Foto: Archivo Semana.

En menos de tres años, la fiscal estaba produciendo resultados a pesar de que todavía se chocaba con la manipulación de las pruebas, como sucedió en el caso del Coici. Se comprobó que los libros con los detalles de quiénes entraron y salieron de la guarnición militar en la semana de noviembre de 1985, fueron quemados.

Además de investigar, capturar y acusar por las desapariciones a gran parte de la cúpula militar de aquel momento, Buitrago envió copias para que otros fiscales buscaran quiénes eran los culpables de las torturas y le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigara al entonces presidente Belisario Betancur por lo que pasó durante y después de la retoma.

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El primer traspié de los cuatro procesos que inició Buitrago fue con los oficiales del B2. Por una discusión de quién debía investigarlos y un paro judicial, el coronel Sánchez Rubiano, un mayor y tres sargentos quedaron libres el 30 de octubre de 2008 luego de que se vencieran el tiempo para juzgarlos.

Cinco meses después, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes de que el general Samudio estuviera involucrado en las desapariciones y cerró el caso.

La estocada a la Justicia
El ambiente se comenzó a caldear cuando la fiscal acusó formalmente a los militares para que un juzgado los condenara o los absolviera. De los tres procesos restantes, el del general Arias Cabrales y el del general Ramírez pasaron a la juez María Cristina Trejos, y el del coronel Plazas Vega quedó en manos de la juez María Stella Jara. Los primeros apelaron para que sólo los juzgaran por desaparición, mientras que el comandante de la Escuela de Caballería aceptó que resolvieran su caso por este delito más el de secuestro.

La abogada Jara pidió que le asignaran el Juzgado Tercero Penal Especializado, que tenía 19 investigación, en vez del que tenía con 350 procesos. Su intención era pasar más tiempo con su hijo adolescente. “Yo no tenía ni idea que el proceso del Palacio de Justicia estaba allá y sentí cierto temor cuando supe”, explica.

vpj-palacio-justicia-9-2Antes de asumir el caso de Plazas, Jara estaba en el Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogotá. Foto: Archivo Semana.

Los primeros tropiezos llegaron con el reiterativo cambio de abogados del coronel Plazas Vega. Luego vinieron los agravios en sala, donde el oficial le decía que no era ética, ni moral, ni intelectualmente apta para juzgarlo, como recuerda Jara.

A mediados de 2009 el coronel no acudió a la audiencia argumentando un trastorno de ansiedad y aun así no se dejó revisar por Medicina Legal. Jara tuvo que ir por la historia clínica al Hospital Militar y se la entregaron incompleta pues un oficial se llevó el resto, según explica ella. Cuando la juez iba a continuar la audiencia, a Plazas lo hospitalizaron. Medicina Legal fue a examinarlo y el resultado es que sólo tenía el estrés normal de una persona sometida a juicio. Las víctimas del Palacio afirmaban que el coronel salía a fiestas y reuniones familiares a pesar de estar detenido. 

“Era un mensaje de ‘aquí se hace lo que yo diga’. Y yo ‘que no, que se hace lo que el Juzgado diga’”, argumenta Jara para explicar por qué aceptó la petición de la defensa de las víctimas para remitirlo de la Escuela de Infantería a La Picota.

A los pocos días se publicó un video del traslado en el que Plazas Vega les grita “narcotraficantes, asesinos” a los guardias del Inpec y respecto a Jara afirma que es “miembro del narcotráfico”. Luego el coronel se quejó de los golpes que recibió y de una inyección con medicamento desconocido. En menos de una semana salió de prisión y regresó a la guarnición militar.

El otro escándalo fue la muerte del papá del coronel Plazas. Él sostuvo que nunca lo visitó porque la orden de la fiscal no llegó a tiempo. Jara afirma que la autorización llegó antes de que él muriera y cree que todo era para desprestigiarla.

En pocos meses, las cosas pasaron de castaño a oscuro. El 1 de septiembre llegaron dos sufragios a la oficina de la juez para ella y su hijo. Decían “sentido pésame por su próxima desaparición y el de toda su querida familia”. La fecha del funeral era tres días después. Ella recuerda que adjuntos iban el artículo de opinión ‘Calvario sin fin’ con el que Plinio Apuleyo criticaba el actuar de la Justicia en el caso del Palacio y una carta firmada por un tal Vladimir Mosquera Perea en la que le decían que “su comportamiento mostrado durante su gestión en el juzgado tercero Especializado de Bogotá, deja muestras de su inmensa arbitrariedad en contra de presuntos sindicados”. 

La Unidad de Protección le reforzó su esquema de seguridad y hasta al hijo de Jara le nombraron un escolta pero las amenazas se intensificaron. Un día la juez se dio cuenta que tres personas la siguieron al salón de belleza y luego al restaurante donde fue a almorzar. En ese momento sintió que la muerte estaba cerca.

“Ya había analizado jurídicamente la sentencia. Faltaba ajustar lo escrito porque argumentando se corrige mucho. Fue entonces cuando le dije a mi auxiliar: ‘saquemos esa sentencia rápido porque me van a matar’”, relata la juez.

Las amenazas contra la fiscal Buitrago no eran tan insistentes pero sí existieron. Ella denuncia que en la página oficial del Ministerio de Defensa colgaron una fotografía suya con su nombre a la que la apuntaba un francotirador. Cuando la fiscal replicó, el Ministerio le respondió que era un espacio abierto al público y que el autor pudo haber sido cualquiera.

La presión no era sólo por las intimidaciones, pues el gobierno de Álvaro Uribe jugó sus cartas políticas a favor de los acusados. El secretario de la Presidencia Edmundo del Castillo le envió una carta a la juez Jara para que se tuvieran en cuenta algunas pruebas que favorecían a Plazas Vega. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo ante las cámaras que era amigo personal del oficial, que había trabajado con su hijo en la Federación de Cafeteros y que “desde lo personal no tengo sino solidaridad con ellos. Desde el punto de vista institucional, a través de los canales institucionales le hemos dado todo el apoyo, toda la documentación y todos los testimonios”. Además, distinto a todas sus posturas de años anteriores incluso en el mismo caso, la Procuraduría creyó en la absolución de Plazas.

“Sé que el expresidente Uribe tiene gran relación con el coronel Plazas y públicamente atacó con todo su gabinete a los funcionarios que teníamos el asunto”, recuerda Buitrago.

La abogada agrega que la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) le hacía ataques permanentes en lo político, lo mediático y lo académico. Además, recuerda los calificativos de “guerrillera” y de “ficha de la guerrilla infiltrada en la Fiscalía” que aparecían en grandes titulares puestos por el exministro de Uribe Fernando Londoño, Plinio Apuleyo, José Obdulio Gaviria y el vinculado con los paramilitares Ernesto Yamhure.

“Yo ni siquiera me pongo en primer lugar, la juez Jara también padeció de una manera absolutamente infame el haber asumido de manera juiciosa un expediente”, afirma Buitrago.

Ese era el ambiente el 9 de junio de 2010 cuando Jara sacó la primera sentencia contra un militar por los hechos del Palacio de Justicia. La juez condenó a 30 años de prisión a Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de los trabajadores de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. La juez lo declaró “coautor mediato”, es decir que cometió graves delitos a través de sus subordinados.

Al otro día, el entonces presidente Uribe dio una alocución acompañado del ministro de Defensa y todos los altos mandos de las Fuerzas Militares. “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestimulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos [...] Respaldamos al expresidente Belisario Betancur, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al Alto Mando Militar y Policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia, y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas”, declaró.

Unas semanas después Jara salió del país con su hijo. Duraron cuatro meses en el exilio y tuvieron que regresar porque a la juez le diagnosticaron depresión, estrés postraumático y trastorno de ansiedad. A pesar de sus enfermedades, ella sigue trabajando en un juzgado con una jornada laboral de más de ocho horas diarias y cientos de procesos. La recomendación médica es que reduzca la carga de trabajo pero, según ella, el Consejo de Estado no responde sus solicitudes. La abogada se queja de que en los últimos meses ni siquiera le pagan su salario completo ni las incapacidades. “En los pasillos de la Corte dicen que quizá yo me merecía esas amenazas. El desprestigio ha sido enorme. Total, me quieren sacar”, concluye.

Por su parte, Buitrago calificó la imagen de los altos mandos militares con el expresidente Uribe, ahora senador, como un símbolo de un gobierno contra una serie de funcionarios judiciales “que simplemente trabajamos, no hicimos nada más”.

vpj-palacio-justicia-9-1Los médicos y psiquiatras de la juez Jara afirman que tuvo una pérdida del 30% de su capacidad laboral. Foto: Archivo Semana.

Un proceso estancado
Aunque la labor de Buitrago era investigar qué pasó con los desaparecidos, en abril de 2008 Iguarán le delegó la investigación de la ejecución extrajudicial de Urán.

La billetera, los tres videos en los que se ve al magistrado salir vivo el segundo día de la toma y la lista de guerrilleros en la que estaba su nombre no eran pruebas suficientes. Buitrago ordenó en 2010 exhumar el cuerpo para hacer otro estudio forense y dirimir las diferencias.

El primer informe de Medicina Legal un día después de la retoma afirmó que Urán murió por un tiro en la cabeza a corta distancia. El gobierno explicó que el cadáver lo encontraron dentro del Palacio de Justicia y que no se ha esclarecido cómo murió por “los errores cometidos en el manejo del lugar de los hechos”.

De acuerdo a sus pesquisas, el 27 de agosto de 2010 la Fiscal abrió investigación por la posible ejecución de Urán contra los actuales generales Arias Cabrales; Rafael Hernández, excomandante de la Escuela de Artillería, y su segundo al mando, general Carlos Alberto Fracica. Ese mismo día el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago le pidió la renuncia a Ángela María Buitrago. 

Mendoza estaba en la dirección del ente investigador desde hacía un año mientras elegían al nuevo fiscal. “En 2010 hicieron cuatro peticiones de renuncia y él me decía que yo ni siquiera tenía que presentarla”, argumenta Buitrago. La excepción de la regla fue a las horas de abrir investigación contra tres generales. Ella fue la única funcionaria a la que le pidieron la renuncia, afirma. 

vpj-palacio-justicia-10Ahora Ángela María Buitrago, la fiscal que movió el caso del Palacio de Justicia, se dedica de nuevo a la docencia. Foto: María Clara Calle.

Los abogados de las víctimas, dentro de ellos Jorge Molano, le exigieron a Mendoza una explicación. “Él sugirió que era por incompetencia, porque no daba resultados”, advierte el litigante.

Cuatro días después, el caso de Urán lo pasaron a la Unidad de Derechos Humanos y el 2 de septiembre de 2010 Buitrago ya estaba fuera de la Fiscalía.

“En Derechos Humanos se demoraron mucho en entregarnos los restos de mi esposo. Mis hijas y yo hablamos con el fiscal encargado, le preguntamos cuánto tiempo se demoraría la investigación y respondió que no mucho porque tenía que resolverle esto a los generales”, detalló Ana María ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí quedó el caso sobre la posible ejecución extrajudicial del magistrado, sin un fiscal que busque las pruebas o que recopile las que encontró Buitrago.

Ni siquiera ha sido un empuje suficiente la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por la ejecución de Urán. Esta sentencia, de noviembre de 2014, también lo responsabiliza por la desaparición de 10 personas, por no garantizarles el derecho a la vida a Ana Rosa y Norma Constanza y por las torturas a cuatro ciudadanos. Este último delito del Palacio de Justicia no se ha investigado en Colombia.

En cuanto a las desapariciones, los procesos que la exfiscal llevó a los juzgados siguieron su curso. El caso del coronel Plazas Vega está en la Corte Suprema de Justicia, la última instancia para decidir si lo absuelve o lo condena. El general Arias fue sentenciado a 35 años de prisión en dos instancias y cuando esto sucedió el presidente Juan Manuel Santos les pidió perdón a Belisario Betancur y al Ejército de Colombia “en nombre de todos los colombianos”. El general apeló los fallos y, al igual que el de Plazas Vega, su caso pasará a la Corte Suprema.

En cambio, los oficiales del Coici, encabezados por el general Ramírez, fueron absueltos por la juez y ahora esperan la decisión del Tribunal Superior luego del reclamo de la defensa de las víctimas. El caso del coronel Sánchez Rubiano y el B2 continúan en primera instancia, desde 2008.

La salida repentina de Buitrago significó una gran pérdida para los familiares de las víctimas. “En 2010 se murieron los casos desde lo investigativo”, explica el defensor Germán Romero. Para Pilar Navarrete, fue mucho peor. “Sentimos un poco de pena porque nadie había tenido el valor de reunir todas las pruebas y ella le entregó mucho de su vida a este proceso. Las víctimas creímos un poquito en la Justicia de este país gracias a ella pero personas tan comprometidas y certeras como Umaña y Buitrago no habrán”.


[1] El siguiente texto está basado en testimonios, informes y fallos judiciales de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verdad Abierta buscó al coronel Plazas para incluir su versión de los hechos en este reportaje pero su abogado Jaime Granados explicó que no hablaría hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte su sentencia. Se hizo lo mismo con los generales Ramírez y Arias, a través de Acore, pero tampoco fue posible.