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Especial

La vida por la justicia

Vida y muerte en el Parque Tayrona

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Especial la vida por la Justicia

Marta Hernández pagó con su vida la defensa del ecosistema más preciado del Caribe. La mataron los paramilitares, cuando batallaba para que éste no fuera ni un enclave del narcotráfico, ni un negocio hotelero.

Por César Molinares Dueñas

vpj-tayrona-1Marta Hernández, directora y defensora del Parque Natural Tayrona, asesinada por paramilitares. Foto: archivo familiar.

Una mujer decidida, con carácter y principios, casi un militar. Así definen a Marta Hernández los que la conocían. Pero en la mañana del 29 de enero de 2004, decidió darse por vencida. Después de casi tres años de dirigir el Parque Natural Nacional Tayrona había decidido con su esposo, Carlos Hernández, que a la vuelta de las vacaciones que empezarían el día siguiente en Panamá, renunciaría. Tal vez pediría un traslado o buscaría otro trabajo. Eso la tenía sin cuidado, lo único seguro era que tiraría la toalla.

Días antes, paramilitares del Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ la habían llamado para que se reuniera con ellos. Aunque no les respondió, le dijo a uno de sus colegas del parque que una vez regresara de Panamá, decidiría si iba o no. Sólo quería irse a descansar con Carlos, después de una larga y tensa temporada en la que el parque estuvo a reventar de turistas.

Carlos le había insistido en que se retirara del parque y se fueran de viaje. “Lo necesitaba”, recuerda este académico once años después. Ella había aceptado después de pensarlo una y otra vez, ya que sentía que la última amenaza de las autodefensas iba en serio.

Ese 29 de enero, los dos se habían concentrado en dejar todo listo para el viaje y lo único que rompió la rutina fue la visita inesperada de un funcionario del parque, con quien ella había tenido problemas. “Fue algo raro”, cuenta Carlos, quien cree que esa fue una excusa para confirmar que Marta estuviera en la casa. Al rato de su partida, sonó el timbre y ella salió a abrir la puerta. Carlos estaba en su oficina cuando escuchó los disparos y un golpe seco en el piso.

Lo que ocurrió después pasó con una velocidad que aún hoy a Carlos le cuesta procesar. Corrió a la puerta y la encontró tirada en el piso sin vida. Aunque él intentó preservar la escena del crimen para que las autoridades iniciaran la investigación, fue tal la confusión y el caos, que los policías que llegaron primero la desordenaron. En medio del shock, un investigador se le acercó y le recomendó irse de inmediato de la región, por la manera en la que habían asesinado.

Al día siguiente, Carlos empacó unas cuantas mudas de ropa y se fue de Santa Marta con la sospecha de que el crimen de su esposa quedaría en la impunidad.

vpj-tayrona-1Martha Hernández había decidido renunciar a la dirección del Parque Tayrona por las amenazas de los paramilitares. Foto: archivo familiar.

El asesinato causó indignación nacional porque se daba justo cuando el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez negociaba con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, su desarme y desmovilización. Incluso los paramilitares habían anunciado públicamente un alto el fuego. El entonces Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cuestionado por no condenar este y otros crímenes de las AUC, lacónicamente le dijo a la prensa que su estilo no era salir “histéricamente a los medios de comunicación a reaccionar ante cada episodio en el que puedan estar involucradas las autodefensas”. Su trabajo, decía Restrepo, era “producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos grupos se desmovilicen”.

Un parque, veinte playas y varias guerras
La muerte de Marta Hernández no fue un hecho aislado sino uno más en la larga lista de víctimas que han dejado años de violencia por el control del parque Tayrona. Décadas atrás tanto la Sierra Nevada de Santa Marta como el Tayrona se convirtieron en el refugio para miles de campesinos del interior del país, que en las décadas de los cincuenta y sesenta llegaron huyendo de la violencia, buscando tierras donde rehacer sus vidas.

Muchos de ellos encontraron en las faldas de la Sierra baldíos que fueron limpiando a punta de machete, aprovechando además los caudalosos ríos que bañaban una región fértil y que desembocan en el litoral Caribe. En la parte baja se sembraba yuca, plátano, arroz y pastaban ganados, y en las partes altas había café y frutales. La ausencia del Estado facilitó que contrabandistas abrieran rutas desde y hacia La Guajira, por las que sacaban café para las Antillas y metían toda clase de productos al país.

En los sectores de Guachaca y La Revuelta, los colonos organizaron las primeras juntas de acción comunal que empezaron a presionar a las administraciones departamentales para que llevaran servicios, educación y se construyera una carretera para sacar sus productos. Los colonos convivían con los indígenas arhuacos, koguis y arzarios, que tenían asentamientos en las partes altas de la Sierra Nevada y que, como ellos, también cultivaban y vendían sus productos en los mercados cercanos. En el litoral, pescadores de Taganga y Bonda echaban sus atarrayas y hacían pequeños ranchos en las ensenadas a lo largo de la Costa. Al mismo tiempo, algunos ricos construían cabañas de lujo en las desérticas y paradisíacas playas.

vpj-tayrona-1Las playas del Tayrona fueron utilizadas por narcos para hacer sus embarques de drogas. Foto: archivo Semana.

Para ponerle orden a esa anarquía, a mediados de los sesenta, el Estado constituyó una serie de parques naturales a lo largo del país, copiando el modelo estadounidense, con el que buscaba preservar la fauna y la flora locales, pero también ponerle freno a la colonización y al saqueo de la riqueza arqueológica. Fue así como por ley, en 1969 se creó el parque Tayrona, una reserva de 15 mil hectáreas, 12 mil terrestres y 3 mil marinas. Cinco años después, en 1974, se estableció una zona que delimitaba la presencia de los colonos y les imponía una barrera para preservar el parque.

A pesar de esto, un informe posterior de la Unidad de Parques reconoció que desde la misma constitución del Tayrona empezaron los líos por la tenencia de la tierra, en especial, por la que reclamaban las familias “de poder económico, social y político de Santa Marta”. Los nativos también hacían lo propio. Además, con la construcción de la Troncal del Caribe, que unía el Magdalena con La Guajira, llegaron los marimberos ávidos de tierras escondidas donde sembrar su yerba. También buscaban puertos donde embarcar sus cargamentos. Todo eso lo ofrecía la inhóspita Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona.

Esos traficantes prosperaron, pero también llevaron violencia. Si se caía un cargamento, entonces asesinaban a los campesinos para demostrar que la deslealtad, así no tuvieran responsabilidad, se pagaba caro.

A la sombra de esa bonanza marimbera y apoyados por empresarios que tenían haciendas en el sector, aparecieron los primeros grupos paramilitares liderados por Hernán Giraldo Serna, un campesino caldense que llegó a la Sierra Nevada en 1969 y que controlaba la Troncal del Caribe desde Santa Marta hasta Guachaca, en límites con La Guajira. Muy cerca, en la parte oriental, cerca de Ciénaga, otros narcos auspiciaron a Adán Rojas Ospino, alias ‘El Negro’, quien conformó otro grupo paramilitar al que llamó Autodefensas del Palmor.

En los ochentas, los paramilitares establecieron “vacunas” que dependían del área cultivada. A los caficultores, por ejemplo, les cobraban 1000 pesos por bulto de café que sacaran de la región. Pero de cobrar extorsiones pasaron a amenazar, desplazar y a quedarse con las fincas de quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. En ese momento, las FARC intentaron rodear la Sierra y se establecieron en poblaciones como San Pedro de la Sierra, Pueblo Bello y La Sierrita en Magdalena y Atanquez, entre Cesar y La Guajira.

En medio de esa tenaza entre guerrilla y paramilitares, también empezaron a atentar contra funcionarios del Tayrona. En 1972 y 1973 fueron baleados en el mercado público de Santa Marta dos guardabosques de Pueblito, quienes se encargaban de controlar la guaquería. También, a mediados de los ochenta, fue asesinado Juan Altamar, guardia del puesto de control del sector del Cedro.

vpj-tayrona-1Desde comienzos de los setenta Hernán Giraldo se convirtió en la autoridad de facto en el Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: archivo Semana.

Fue en esa época en la que Giraldo impuso su mano dura. Incluso se dice que llegó a pactar con la subversión fronteras invisibles e impedir que partidos de izquierdas como la Unión Patriótica entraran a la región. También fue el responsable, en asocio con Jairo Antonio Musso, un ex jalador de carros, de llevar cultivos de coca al parque y a la Sierra Nevada. Así, mientras se enriquecen con este nuevo negocio, Giraldo se encargó de que sus hombres prestaran seguridad al narcotráfico con lo que se disparó la violencia.

Las tensiones en el Tayrona aumentaron cuando el 6 de septiembre de 1994 asesinaron al director del parque, Héctor Vargas, en un atentado en el que resultaron heridos otros dos funcionarios. Su muerte se dio en medio de una disputa con varios propietarios y comerciantes por cuenta de una orden suya de cerrar el Tayrona por cuestiones de salubridad. En ese momento, la reserva llevaba más de ocho meses clausurada.

La muerte de Vargas dio pistas de lo expuestos que estaban los funcionarios públicos que trabajaban para poner control en una zona dominada por los paramilitares de Giraldo. “El parque fue constituido pero nunca le dieron dientes”, explica el periodista y ambientalista Alejandro Arias quien ha denunciado la apropiación ilegal de predios en el Tayrona por parte de particulares, a lo que agrega que esto ocurrió porque “el Estado nunca afectó esos territorios, lo que permitió que algunas personas, entre poderosos y campesinos, se hicieran titular de manera fraudulentas muchas tierras”.

Un informe reciente de la Superintendencia de Notariado y Registro afirma que desde la creación del parque se han hecho 172 compraventas de tierras y que cerca del 70 por ciento de las 15 mil hectáreas de la reserva, están en poder de particulares.

El sitio del Tayrona
Cuando todo esto ocurría, Carlos y Marta Hernández ya llevaban más de una década viviendo en Santa Marta. Eran una pareja de ‘rolos’ que se habían arraigado en el Caribe. Tenían una casa en La Tigrera, un sector enmontado cerca del Tayrona a donde iban a pasar los fines de semana. Ya eran conocidos porque habían trabajado en la academia y en instituciones oficiales.

Marta entró a trabajar a parques nacionales en 1998, luego de participar en un concurso en el que ocupó el segundo lugar entre cientos de postulados de todo el país. “Era el mejor trabajo en todos los sentidos”, cuenta Carlos, a pesar de que sabían que ese mismo año, Marta Romero, la anterior directora, había renunciado por amenazas en medio de una disputa con propietarios de algunas playas. Al principio, Marta dirigió el parque natural del Cocuy, de donde se devolvió para asumir, en enero de 2001, la dirección del Tayrona.

vpj-tayrona-1Martha Hernández entró a la Dirección de Parques por un concurso, antes de asumir el Tayrona fue al Parque del Cocuy. Foto: archivo familiar.

Para una ambientalista como ella, tomar las riendas de este ecosistema era todo un sueño. Sin embargo, llegó en un momento de máxima tensión. Además de la salida forzada de su colega Romero, un año atrás, el 7 de febrero de 2000, hombres al mando de Giraldo asesinaron a Alexánder Barboza, un nativo que trabajaba como guardia en el sector de Neguanje. Barboza había sido amenazado luego de que sus compañeros incautaran un cargamento ilegal de madera que le pertenecía al grupo paramilitar. Un familiar se lo encontró días antes de su muerte y Barboza le mostró el decomiso. También le dijo que lo habían señalado de ser el “sapo” que alertó a los guardabosques. El joven intentó hablar con los paramilitares para que le perdonaran la vida, pero la orden de matarlo ya estaba dada.

La región era un hervidero. El 4 de febrero de 2001, ocho hombres también al servicio de Giraldo desaparecieron y asesinaron a Julio Henríquez Santamaría, un desmovilizado del M19 que encabezaba un proyecto productivo en Calabazo, apoyado por la Dirección Nacional de Parques y por el Comité de Cafeteros. Henríquez trataba de construir un tapón ecológico de 500 hectáreas alrededor de toda la Sierra Nevada y el Tayrona, y de que los campesinos sustituyeran con café los cultivos de coca que pululaban en la zona.

La dictadura de las autodefensas era tal, que tan pronto Marta asumió la dirección del parque, Giraldo, quien a veces pasaba temporadas dentro de la reserva, le pidió que se reunieran. Sin rodeos, le exigió que sólo contratara a nativos y le diera una participación de las entradas. Según cuenta un funcionario que la acompañó ese día, aunque la reunión fue tensa, ella intentó explicarle al paramilitar que seguía órdenes de Bogotá y que era imposible entregarle dineros públicos porque estaban siendo auditados. También le dijo que intentaría emplear a los nativos, pero que muchas veces la contratación la hacían a nivel nacional, en donde ella no tenía injerencia.

En el fondo, según recuerda un desmovilizado, lo que le interesaba a Giraldo era que sus hombres y cargamentos de droga entraran y salieran sin problemas a través del parque.

A pesar de esa primera reunión, Marta intentó sobreponerse y decidió empezar a ponerle orden al parque. Pero la calma duró poco porque a mediados de 2001 fue amenazada cuando decidió cerrarlo porque estaba a reventar. Ese día, Carlos Areque, hombre de Giraldo, llegó a su oficina con un comerciante de la región y le reclamó a Marta por su decisión.

“Estaban preocupados porque esa medida afectaba a los comerciantes”, recuerda un funcionario que fue testigo de la encerrona. Ella le pidió a sus compañeros que salieran de su oficina para poder hablar con el paramilitar, pero eso no evitó que se oyera la acalorada discusión.

El 11 de noviembre del mismo año, frente al Mendihuaca Caribbean Resort, un complejo turístico sobre la Troncal del Caribe, una docena de escoltas de Jairo Musso, segundo de Giraldo, asesinaron a dos agentes de la DEA, tres policías antinarcóticos de Colombia y un civil, que lo estaban siguiendo. Esa masacre hizo que un sector de las autoridades se empezara a tomar en serio acabar con el imperio de impunidad de Giraldo. Pocos días después, la DEA y la Policía Antinarcóticos trasladaron más de 200 agentes a la Sierra, que lograron confiscar, según los medios de la época, 16 toneladas de cocaína.

Esas operaciones coincidieron con el descubrimiento, al interior del parque, de sembrados de coca. También hallaron laboratorios para el procesamiento del alcaloide e intensificaron las incautaciones en las playas y altamar, lo que hizo que los paramilitares pensaran que era Marta quien estaba detrás. “Ella era muy seria, con principios inamovibles, por eso no permitió las actividades ilícitas dentro del parque”, dice una de sus compañeras.

Ese carácter le empezó a granjear amigos y enemigos, incluso dentro su oficina y también en la comunidad. Uno de los trabajos en los que se empecinó fue establecer quiénes estaban ocupando tierras dentro del Tayrona de manera ilegal. También, bajo su dirección, se realizaron estudios para saber qué tipo de licitación de servicios ecoturísticos tendrían mejor cabida en un parque natural, entre los que estaba una concesión, un contrato de participación o uno de prestación de servicios.

Marta decidió capacitar a los nativos que prestaban servicios turísticos en el parque y fijó el número de visitantes que podían entrar en una temporada turística. “Aunque se socializaron todos estos proyectos, pudo interpretarse como una amenaza al poder que existía, que era real aunque no legal”, explica un excolega.

Para terminar de completar las tensiones, Carlos Castaño, otrora aliado de Giraldo, le declaró la guerra en diciembre. El jefe de las AUC le ordenó a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, enviar más de 1.500 hombres para tomarse el territorio y controlar las rutas del narcotráfico. Los paramilitares de ‘40’ entraron por la parte norte de la Sierra Nevada y contaron con el apoyo de sicarios de Adán ‘El Negro’ Rojas, enemigo de Giraldo. Como respuesta, ‘El Patrón’ oblligó a miles de pobladores, colonos e indígenas, que salieran a la troncal a tratar de contener la arremetida de la Casa Castaño.

A Marta no le quedó otra que cerrar el parque y esperar a que pasaran los enfrentamientos que dejaron cientos de desplazados y por lo menos 70 muertos, la mayoría paramilitares de Giraldo. Derrotado, con sus tropas desperdigadas por toda la montaña, Giraldo pidió un cese al fuego en febrero de 2002 y en mayo, su grupo, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG), firmaron un acuerdo de paz con Carlos Castaño. A Musso le dieron 24 horas para esfumarse y un año después cayó en Venezuela.

Bajo las órdenes de ‘Jorge 40’, las autodefensas de Giraldo adoptaron el nombre de Frente Resistencia Tayrona y Giraldo quedó como una figura decorativa, con mando solo sobre sus escoltas. También llegaron nuevos narcos como Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, los mellizos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, Jhon Cano Correa y otros capos del norte del Valle, que dispararon el tráfico de drogas a lo largo y ancho del parque. Por su parte, los esposos Hernández, tuvieron que mantenerse alejados de su casa en el Tayrona, para evitar mayores problemas.

Al narcotráfico se fueron sumando nuevos crímenes, ya bajo el control de ‘40’. En plena temporada turística de mitad de 2002, dos turistas bogotanas, Ana María Valencia, de 26 años, y Adriana Rodríguez de 25, desaparecieron. Ante el desespero de los padres, Marta pidió apoyo de la policía que, con el acompañamiento de varios guardabosques, las encontró a los pocos días degolladas y violadas en una cueva.

vpj-tayrona-1Colegas fueron testigos de los constantes enfrentamientos entre Marta Hernández y los paramilitares. Foto: archivo familiar.

Ese hecho fue la excusa para que Marta pidiera al comando departamental el apoyo de un contingente de carabineros. La decisión no les hizo gracia a los paramilitares que, además de amenazarla, obligaron a dos de los empleados a irse del parque.

La tensión entre Marta y los hombres de ‘40’ era cada vez peor. Estos últimos no estaban conformes con su idea de ordenar el parque, por lo que en diciembre de 2003 le pidieron explicaciones. “Fuimos tres funcionarios a explicarles el criterio de conservación”, cuenta uno de los empleados que asistió a la reunión en la que participó Giraldo. Los empleados del Tayrona argumentaron que para desarrollar el plan de ecoturismo que tanto les preocupaba, contarían con la participación de la comunidad.

El gobierno de Álvaro Uribe había dado la orden de que se concesionaran algunas reservas para el ecoturismo. Y ese era el motivo para que en la seccional del Caribe se hubiera creado un comité, en el que participaba Marta, encargado de definir la mejor opción para el Tayrona.

Esa reunión con los paramilitares fue quizás la que le demostró a la ambientalista que, a pesar de su perseverancia, era poco o nada lo que podía hacer. Entonces dejó pasar la temporada turística para pedir sus vacaciones, con la convicción de que, por más que luchara e impusiera sus ideas, no podría vencer ese ‘control’ que planeaba sobre el parque.

Después de su asesinato, los paramilitares de ‘40’ siguieron haciendo de las suyas, en medio de un tormentoso proceso de desmovilización que inició en 2003, en el que los más renuentes a dejar las armas fueron Giraldo y Tovar Pupo. Antes de hacerlo, este último expandió sus negocios y tentáculos políticos por toda la Costa Caribe. Giraldo y su gente serían los últimos, temerosos de que Uribe no cumpliera con su promesa de no extraditarlos. “El pensaba que incluso podía cumplir su condena en una casa que tenía en la playa, a un costado del río Guachaca”, le confesó a un líder de la región.

El proceso de sometimiento de los paramilitares no impidió que siguieran ocurriendo crímenes en la región. Otros ecologistas como Marta que tenían la intención de darle un giro al Tayrona y a la Sierra Nevada fueron cayendo asesinados o los desaparecieron. Gentil Cruz, un veterinario que dirigía la asociación Tchendukua, fue asesinado el 11 de noviembre de 2004. Cruz había logrado con donaciones de ciudadanos franceses comprar 1.500 hectáreas a colonos para ampliar el resguardo Kogui. Cinco meses después, en mayo de 2005, desaparecieron a Pedro Pinto Saravata, un líder Kogui que recorría la Sierra identificando predios de colonos para que su comunidad comprara.

Ese año, el 4 de julio de 2005, el Gobierno Nacional entregó en concesión el parque Tayrona a una unión temporal conformada por la agencia de viajes Aviatur, presidida por Jean Claude Bessudo, en asocio con el empresario turístico, Elías George, la Cámara de Comercio de Santa Marta y la empresa samaria Anulva, propiedad del concejal, Héctor Ignacio Rodríguez, quien tiempo después fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Al poco tiempo, trabajadores de la concesión se presentaron en el Tayrona para informarles a los nativos que tenían negocios o prestaban algún tipo de servicio turístico en la reserva, que debían salir del parque. Una comerciante que había llegado a la región en 1965, fue a ponerle las quejas a un Giraldo  cansado que solo atinó a decirle que “negociara con esa gente”. Él ya no estaba para peleas. Con ese mensaje, algunos se fueron y otros aceptaron a regañadientes ser empleados del nuevo operador.

vpj-tayrona-1Giraldo y sus hombres cedieron sus territorios a 'Jorge 40', fue allí cuando entraron narcos como 'Los Mellizos' Mejía y 'Don Berna', entre otros. Foto: archivo Semana.

Versiones a medias
Es 4 de marzo de 2011. Vestido con un enterizo naranja, desde una cárcel de Estados Unidos, Hernán Giraldo Serna mira fijamente la cámara. A 7 mil kilómetros, vía satélite, la fiscal novena de Justicia y Paz, Zeneida López Cuadrado, una acuciosa investigadora y tal vez una de las personas que más conoce sobre la barbarie paramilitar en el Caribe colombiano, le pregunta al ya extraditado jefe: “En 2004, el postulado Willington Mora Malaver confesó el crimen de la directora del parque Tayrona, Marta Hernández Turriago.También se suma, una serie de atentados contra líderes ecológicos, guías de ecoturismo y contra funcionarios del parque. ¿Acepta que ordenó estos crímenes?”

Giraldo, con frialdad responde: “Willington nunca estuvo bajo mi mando, estaba con los Rojas”. La fiscal insiste: “Sobre este homicidio de Marta Hernández acepta responsabilidad como comandante del frente”. Giraldo se acerca al micrófono y elude la pregunta: “Acepto responsabilidad y pido perdón a las víctimas, pero este fue ordenado por Vengoechea Mola (también extraditado en mayo de 2008)”.

Zeneida no se rinde. “Usted tiene algún conocimiento del hecho del fallecimiento de esta señora, los motivos”, le replica. Giraldo de nuevo elusivo: “No me acuerdo, el que puede dar mejor información es el señor Vengoechea Mola”. La funcionaria aprieta. “Este hecho de Marta Lucía Hernández fue confesado por Vengoechea porque el móvil parecía ser la defensa del parque de los intereses de narcotraficantes y paramilitares”. Giraldo, como si no fuera con él, niega. “El parque no fue utilizado para narcotraficantes, a la entrada había un puesto de control de la Policía, los narcotraficantes no se van a meter donde está la policía”.

La fiscal, siempre a la ofensiva intentando que el paramilitar confiese la verdad como es su compromiso al estar postulado a Justicia y Paz, le dice que ese no es un argumento válido para eludir las razones detrás del asesinato de la ecologista. “Porque el control era de las Autodefensas. Son muchos los hechos que afectaron el sector del turismo en el parque Tayrona, sino era el narcotráfico, entonces qué intereses podía tener el grupo ilegal en el parque, le replica la fiscal. A lo que el exparamilitar solo responde: “Para mi no es posible responder esa pregunta, el que tiene conocimiento es Eliseo Beltrán”. Giraldo se refiere a alias ‘El Gordo’ Eliseo, uno de los más sanguinarios sicarios de la región, que primero fue matón de los Rojas y después se pasó a su bando. Beltrán se desmovilizó con el frente Resistencia Tayrona y en la actualidad está preso en la cárcel La Modelo de Barranquilla.

La fiscal entonces lo cuestiona por las reuniones a las que citó no solo a Marta, para presionarla y extorsionarla, sino a otros funcionarios del parque. También le pregunta por la muerte de Héctor Vargas, el director del Tayrona asesinado en 1994. Giraldo de nuevo, como si quisiera pasar del asunto, niega. “No la conocí doctora, conmigo no habló esa señora, la persona que está diciendo que esta señora habló conmigo está mintiendo”. Incluso asegura que, antes de entrar ‘Jorge 40’ a la región, "nadie pagaba vacuna”. Sin embargo, la fiscal lo contradice con la confesión de su hijo Nodier, quien reconoció que extorsionaban a empresarios, hoteles, finqueros y transportadores.

vpj-tayrona-1Giraldo no ha negado su responsabilidad en la muerte de Marta, pero no ha confesado los móviles del crimen. Fue extraditado en mayo de 2008. Foto: archivo Semana.

El paramilitar como si quisiera acabar con el interrogatorio, finalmente acepta su responsabilidad por línea de mando, una forma en la que por solo ser el jefe de sus hombres reconoce que participó en los hechos. La fiscal, conociendo que esa es una treta para eludir contar la verdad, insiste. “Usted como comandante no sabe qué hacían las tropas bajo su mando en un territorio como el Tayrona que era de su dominio”, le replica ya molesta. A lo que Giraldo contestan: “Los comandantes eran autónomos en la zona”. Y entonces, ¿usted qué mandaba?”, vuelve e insiste, a lo que el paramilitar con sorna responde: “Yo era simplemente campesino, que me tocó enfrentarme a la guerrilla”.

Esa es quizás una de las pocas respuestas que los paramilitares han dado a los varios crímenes que rodearon el parque Tayrona, entre ellos el de la valerosa Marta Hernández. Aunque hay varias hipótesis de las razones de su asesinato, entre los que están líos de tierras, narcotráfico, extorsiones e incluso la misma entrega en concesión de la reserva natural, la justicia colombiana no ha investigado ni ha procesado a nadie más. Solo se sabe lo que han contado algunos desmovilizados en Justicia y Paz, en versiones tan gaseosas como la que dio Hernán Giraldo y por la que ya fue condenado.

El único que ha dado una versión sobre la muerte de Marta ha sido José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, jefe político del frente Resistencia Tayrona, quien aseguró que su asesinato se debió a que ella se habría opuesto a la concesión del parque. Son pocos los que se han atrevido a esclarecer las muertes que se dieron en la zona. Tampoco se ha podido contar con la colaboración de ‘Jorge 40’, quien a todas luces controlaba la región. Desde entonces han transcurrido 11 años y los asesinatos ocurridos alrededor del Tayrona siguen en la impunidad.