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La vida por la justicia

La Vida por la Justicia

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Suena cliché parafrasear el famoso poema de Bertolt Brecht en el que evoca a los hombres (y mujeres) que luchan toda la vida, a los que califica de indispensables. Pero leyendo cada una de estas historias de funcionarios públicos, casi todos ellos del sector justicia. Hombres y mujeres que sabían que sus vidas, su integridad, su prestigio o su libertad estaban en juego, y que aún así actuaron de acuerdo a sus conciencias. Muchos de ellos fueron asesinados; otros han tenido que pagar con su tranquilidad física y psicológica su apego al Estado de Derecho. Otros han quedado solos y desprotegidos. Pero son ellos, quienes han permitido que en una guerra de tantos años, el país no colapse, y las instituciones mantengan algo de dignidad.

Estas once historias pretenden mostrar solo un poco de esa realidad, que es clave para la reconciliación. Porque la paz requiere de instituciones confiables y fuertes, y estas no se decretan ni se construyen de un día para otro. Las instituciones no son entes abstractos sino que en buena medida dependen de los seres humanos que las conducen, que las encarnan, y que harán de ellas o bien instrumentos para el bien común, o feudos para los intereses personales de todas las layas.

También demuestran que hay con quien construir un nuevo país, y unas instituciones dignas. Que hay personas a lo largo de nuestra geografía que creen en la justicia, y que se han inmolado por ella. Desde jueces y fiscales, pasando por personeros, notarios, guardabosques. Personas que tienen vidas, historias personales, y que un día antepusieron todo lo propio por la defensa del interés colectivo. Son gentes que han luchado hasta el final, y que nos han legado valores a los que tendremos que apelar para reconstruir una nación gravemente deteriorada por la violencia.

El gran complot

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Especial la vida por la Justicia

Desprestigiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez era el objetivo del DAS y de altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Buscaban frenar a toda costa el proceso de la para-política en la Corte Suprema de Justicia.  Un caso cuyo capítulo final está por escribirse.

Por Marta Ruiz

vpj-ivan-velasquez-1El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia fue el alma de la investigación por para-política que desde 2006 estremeció al país. Hoy es el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Foto: archivo Semana.

'Tasmania' estaba lejos de ser un rudo paramilitar. Casi no articulaba palabra, no levantaba la mirada, atribulado y nervioso, jugaba con sus dedos. Ese 10 de septiembre de 2007, Iván Velásquez coordinador del equipo que investigaba para la Corte Suprema de Justicia los nexos de decenas de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia, asistió con Luz Adriana Camargo, otra investigadora, a la Fiscalía de Medellín donde 'Tasmania' tenía que cumplir una diligencia judicial.

José Orlando Moncada era su verdadero nombre y estaba preso por varios delitos, y aunque decía que había pertenecido al bloque del suroeste de las AUC, había quedado por fuera de la desmovilización y no estaba incluido en el proceso de Justicia y Paz, que les daba beneficios a quienes dijeran la verdad y repararan a las víctimas de los grupos paramilitares.

La fiscal que llevaba su caso le contó a Velásquez que 'Tasmania' quería colaborar hablando de políticos asociados a las AUC, y por eso, viajó desde Bogotá a escucharlo. La charla se demoró mucho en empezar, pues el abogado del reo, Sergio González, se demoró más de una hora en llegar. La conversación fue corta. Velásquez le preguntó si conocía políticos de la región, y 'Tasmania' dijo que no. Velásquez, le preguntó si conocía a Juan Carlos Sierra, jefe paramilitar y narcotraficante, reconocido por su influencia en suroeste de Antioquia. De nuevo 'Tasmania' dijo que no. ¿Conoce a Mario Uribe? preguntó Velásquez y el paramilitar negó de nuevo. Velásquez entonces pensó que había viajado a Medellín a perder el tiempo. Si un paramilitar que decía haber actuado durante años en esa región negaba conocer a Sierra o Uribe, o bien era un farsante, o sencillamente no estaba dispuesto a hablar. Con voz lánguida 'Tasmania' dijo entonces, que él sabía algunas cosas de Álvaro Uribe, Velásquez dijo entonces que él no estaba investigando al Presidente, pues eso le correspondía a la Comisión de Acusaciones.

vpj-ivan-velasquez-1Al paramilitar Orlando Moncada ´Tasmania´ le ofrecieron dinero, el ingreso a Justicia y Paz y traslado de patio en la cárcel a cambio de enlodar el nombre de Iván Velásquez. El objetivo era el desprestigio del principal investigador de la para-política. Foto: archivo Semana.

Al despedirse, el abogado González, sin embargo, le pidió unos momentos a solas con 'Tasmania' y un rato después dijo que su defendido estaba dispuesto a colaborar a cambio de beneficios. Y Velásquez respondió como siempre: se le darán los que contempla la ley. Esto es lo que pasó aquel día, según cuenta el exmagistrado Velásquez, hoy jefe de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala. Y es la versión que la justicia respalda.  

No era extraño que Iván Velásquez viajara a las cárceles o instalaciones judiciales de todo el país a hablar con paramilitares y otros criminales. Desde hacía algo más de un año estaba al frente de la investigación más importante que había tenido en sus manos la Corte Suprema de Justicia, el mayor escándalo político de la década: los nexos de la clase política colombiana con los grupos paramilitares.   

La para-política había empezado casi por casualidad. En junio de 2005, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC, la revista Semana publicó una entrevista con Vicente Castaño, en la que los periodistas le preguntan:

“Hace varios años Salvatore Mancuso dijo que las AUC tenían el 30 por ciento del Congreso. ¿Qué hay de cierto en ese porcentaje?

Castaño responde: “Podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje”.

El recorte de dicha entrevista fue enviado a la Corte Suprema de Justicia por Clara López, una reconocida dirigente de izquierda, junto con una carta pidiendo que se investigara si esto era cierto.

vpj-ivan-velasquez-1Tanto Vicente Castaño como Salvatore Mancuso se ufanaban de tener el 35% del Congreso. Al final, la cifra de congresistas involucrados en sus redes les dio la razón. Foto: archivo Semana.

En el reparto del caso dentro de la Corte, la escueta denuncia cayó en manos del magistrado Álvaro Orlando Pérez, y en la repartición interna dentro de su despacho, en manos de Iván Velásquez, quien era su magistrado auxiliar desde el año 2000. Un azar misterioso, pues Velásquez conocía como pocos el Frankestein que había creado el paramilitarismo, y saboreaba todavía con amargura episodios que en el pasado habían puesto un manto de impunidad sobre un fenómeno sangriento que pudo haberse evitado, si la justicia hubiese hecho la tarea que le tocaba en su momento. La casualidad ponía a Velásquez, por tercera vez en su vida, frente a una oportunidad histórica de romper la impunidad.

Protagonistas de tres historias
Iván Velásquez no era cualquier investigador ni mucho menos un novato. Se formó como abogado en la Universidad de Antioquia, como parte de una generación muy crítica. Entre sus maestros estaban Carlos Gaviria y J. Guillermo Escobar, dos de los más respetados juristas del país. Aún sin terminar los estudios, fue asistente del juzgado 15 penal, y trabajó como secretario del Juzgado Sexto Superior. Aspiraba a ser juez, pero su mentor y maestro, el magistrado Carlos Mejía le enseñó desde muy joven que sin palanca política nunca lo lograría. Velásquez desistió de su sueño, pues no tenía cómo venderse a un político de turno.

Entonces optó por litigar en una oficina privada con su hermano. Muy pronto se destacó entre los abogados de su generación y fue elegido como presidente del Colegio de Abogados de Antioquia, Colegas.  Finalizaban los años 80 y en Medellín no podía haber más zozobra. Pablo Escobar tenía de rodillas al país, y el narcoterrorismo abrumaba a la ciudad. La respuesta del Estado fue equivocada en muchos aspectos, pero sobre todo en uno muy crítico, que fue poner la justicia al servicio del orden público, militarizándola, hiriendo de muerte su independencia; y peor aún, poniendo a los jueces e investigadores como carne de cañón en una guerra abierta con las mafias.

Tal como lo escribiría el Grupo de Memoria Histórica en su informe Basta Ya, la justicia sin rostro, despojó a miles de personas de sus derechos y en cambio no sirvió para proteger a los jueces. Velásquez fue un activo opositor de esta política, desde Colegas, y desde una revista inscrita de alguna manera en la criminología crítica: el nuevo foro penal. Hacía parte de una generación de brillantes abogados y defensores de derechos humanos, humanistas como Héctor Abad Gómez, Alberto Aguirre, y Jesús María Valle.

La pesadilla de Escobar parecía tener fin con la Asamblea Nacional Constituyente, y Velásquez tuvo un fugaz pasó por El Congresito que se creó para la transición del viejo al nuevo Congreso, como asesor de un destacado abogado de izquierda: Manuel Muñoz. Pero no terminó su labor, porque lo llamó el entonces Procurador General de la Nación para ofrecerle un cargo al que le quedaba muy difícil declinar: ser Procurador Regional de Antioquia, justo en el momento en el que Pablo Escobar acababa de entregarse.

Velásquez no podía saber que a los personajes con los que se cruzaría en ese momento, lo seguirían a lo largo del tiempo, y que esta era la génesis de una historia que desembocaría, años después, en la para-política.

El primer encuentro con Álvaro Uribe
De su tiempo como Procurador hay que destacar que fue uno de los funcionarios que pudo documentar la “guachafita” que tenía Pablo Escobar en una prisión hecha a su medida, como fue La Catedral. También que se salvó de ser secuestrado por Pablo Escobar el día de su fuga. Ese día Velásquez y dos funcionarios de Bogotá llegaron para verificar lo que estaba pasando allí, pero ya el Ejército se había tomado la cárcel, y Escobar huía en medio de una operación militar que hasta el día de hoy es un misterio como logró eludir, si por astucia o por haber comprado su fuga. A partir de ese día la vida de los Velásquez cambio. Su hijo, Víctor, recuerda que un piquete de soldados custodiaba la casa, y las medidas de seguridad para toda la familia eran extremas.

vpj-ivan-velasquez-1Como procurador de Antioquia, Velásquez hizo gestiones, junto al entonces senador Álvaro Uribe, para que Pablo Escobar se entregara, luego de su fuga de La Catedral. Foto: archivo Semana.

La gran paradoja es que la fuga de Escobar tuvo mucho que ver con el asesinato que este cometió allí mismo de sus socios los Moncada y los Galeano, a quienes al parecer hizo desaparecer sin dejar rastro. A partir de estas muertes, se creó una lucha intestina en el Cartel de Medellín. Entre los hombres de los Galeano había uno que no estaba dispuesto a perdonar a Escobar, y que quería aliarse con quien fuera para acabarlo: Diego Fernando Murillo, a quien el país conocería luego como 'Don Berna', y que paradójicamente, se convertiría en el nuevo Escobar, para Medellín. Y reaparecería una y otra vez en la vida de Iván Velásquez, asociado a la mafia, en ocasiones, y al gobierno, en otras.

vpj-ivan-velasquez-1Diego Fernando Murillo ´Don Berna´ se convirtió en el sucesor de Pablo Escobar luego de que este muriera abatido por la Policía. Hoy está en una cárcel de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

Escobar se volvió una obsesión para el Estado, y hoy puede decirse que está probado, periodística, pero no judicialmente, que sectores de la Policía, el Ejército, el DAS, e incluso de la Justicia, hicieron alianzas, con 'Berna', con Fidel y Carlos Castaño, con el Cartel de Cali, para dar con su paradero. Así por lo menos lo documenta María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas, publicado en 2014:  

“La policía tenía a Danilo González, distinguido oficial, de enlace con ellos para recibir la información y coordinar acciones; el DAS recibía información directa de Carlos Castaño, bajo el nombre de informante Alekos, según el mismo lo reveló; y el Ejército tenía desde hacía tiempos  buenas relaciones con Fidel y con Vicente por su causa  común contra el comunismo”.

Todos los enemigos de Escobar dentro de la mafia crearon una agrupación tan tenebrosa como la que estaban persiguiendo. Se llamaba Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. La reacción de Escobar a esta persecución fueron más bombas. En 1992, la ciudad estaba acorralada tanto por el gran capo, como por sus enemigos.

Entonces un joven senador antioqueño, liberal, y de reconocido carisma, planteó la urgente necesidad darle garantías a gran capo para una nueva entrega. Ese senador era Álvaro Uribe Vélez, y se lo planteó al entonces alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos, y al Procurador Regional, Iván Velásquez. Puede decirse que este fue el primer encuentro personal entre Velásquez y Uribe, de quien sí tenía, por supuesto, referencias personales. De hecho, el primo del senador, Mario Uribe, era un reconocido político, que tenía oficina en el mismo edificio en el que Iván Velásquez tuvo la suya en sus épocas de litigante, y la hermana de Mario era, y lo fue hasta hace pocos años, la odontóloga de su familia.

En la reunión se acordó buscar a María Victoria Henao, esposa de Escobar y hacerle saber que los congresistas antioqueños se ofrecían como garantes para una entrega. El encuentro se produjo el 22 de diciembre de 1992, en una semana en la que estallaron nueve carros bombas en Medellín, y fue facilitada por Álvaro Villegas Moreno, un político conservador, que era vecino de la mamá de Escobar. Pocas semanas después Uribe, Velásquez y Villegas obtuvieron respuesta: No.

Exactamente al año, Escobar cayó abatido a balazos en el techo de una casa en Medellín, y su muerte aún se la disputan la DEA, la Policía, los Pepes, los paramilitares, y hasta él mismo, porque su hijo dice en su libro Pablo Escobar: mi padre,  que se suicidó.

Con la muerte de Escobar, según Ronderos, el más favorecido fue 'Don Berna' “porque lo catapultó de escolta de narcotraficante sin más justificación para su maldad que la ambición del dinero, a gran señor  de la política contrainsurgente nacional”.  

La justicia que pudo ser y no fue
Luego de un corto paso por el Consejo de Estado, al lado del magistrado Ricardo Hoyos, Velásquez fue nombrado como director de la Fiscalías en Antioquia.

Era una de las peores épocas para la justicia en Antioquia. Cuando Velásquez llegó, a finales del 1997, Álvaro Uribe Vélez estaba terminando su período como gobernador, y el paramilitarismo estaba en auge. La muerte de Escobar no había significado la calma, sino por el contrario la mutación del narcotráfico en un fenómeno de muchas caras, que era mafioso, contrainsurgente, y en todo caso, una máquina de muerte desatada por los campos. El gobierno, en otro error histórico, había autorizado en 1994 la creación cooperativas de seguridad en todo el país. Eran civiles armados, con facultades de autodefensa, supuestamente frente a los ataques de la guerrilla en zonas rurales profundas, que a la postre se convirtieron en ejércitos privados, al servicio de intereses oscuros.

vpj-ivan-velasquez-15Con las cooperativas de seguridad Convivir, se disparó el apoyo a los paramilitares en toda Antioquia. Esa maquinaria de guerra fue descubierta por la fiscalía regional cuando Velásquez estaba al frente de ella, a finales de los noventa. Foto: archivo Semana.

Uribe se convirtió en un entusiasta promotor de esas cooperativas, de la mano de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, y según Iván Velásquez, y muchos otros de quienes vivieron ese momento, hizo oídos sordos a las denuncias que ya pululaban sobre el paramilitarismo que se estaba incubando a la sombra de esta figura extrañamente legalizada.

“Llegaba un alcalde y decía: nos preocupa el cobro de extorsión en tal lugar, y Uribe decía de inmediato: Pedro Juan, ayudémosles a crear una cooperativa de seguridad” cuenta Velásquez, que era un escena frecuente en los consejos de seguridad.

Las huestes criminales de Carlos Castaño, habían crecido al calor de estas cooperativas, y habían facilitado su expansión por todo el país. En Antioquia, los paramilitares de Castaño tenían una alianza de sangre con 'Don Berna', coronado en el mundo del crimen como el nuevo amo de Medellín.

La región estaba bañada en sangre. Y algunas de las instituciones, como la Fiscalía, infiltradas por los grupos armados. Por eso lo primero que hizo Velásquez fue llevar a su propio equipo de trabajo. Como coordinador al que fuera su maestro y director de tesis, J. Guillermo Escobar, y a Laureano Colmenares, quien era un curtido investigador. Se apoyó en otros muy buenos que había ya allí, como Gregorio Oviedo. Aquí puede decirse que Velásquez desplegó el atributo que más lo caracteriza: su talento para la investigación.

“A diferencia de otros, mi papá no oficia sino que investiga” dice su hijo, Víctor. “Observa, contrata, y escucha mucho. Va a la pepa”. Alveiro Yepes, quien era fiscal en Medellín en aquella época, describe a Velásquez como un hombre con una cabeza prodigiosa donde registra los datos. El talento para preguntar de Velásquez es muy particular. Neutro e incisivo. Suspicaz, sin ser extremadamente desconfiando. “Yo soy ingenuo” dice, muy a propósito de lo que ocurrió con ´Tasmania´. Pero en realidad, es alguien que ata cabos todo el tiempo.

Velásquez usa un método poco común en la investigación judicial en Colombia, y es ver los crímenes en su contexto, como un sistema de interconexiones, que le permiten estudiar estructuras y no solo culpables individuales. Su objetivo más que buscar cabezas, que es lo que la justicia suele hacer, es vislumbrar estructuras. Ese fue el estilo con el que empezó su trabajo en la Fiscalía, buscándole la pista a los paramilitares.

Uno de los miembros de ese grupo tuvo que ser operado en una pierna, por lo que estaba incapacitado en Medellín. En lugar de capturarlo de inmediato, la Fiscalía interceptó su teléfono, y el tipo, aburrido y sin nada que hacer, se dedicó a hablar con sus compinches sin parar. En una de esas conversaciones habló acerca de unos uniformes que venían en un camión. El CTI de inmediato, interceptó el camión, y halló no solo uniformes sino un papel con la dirección de un parqueadero al que debía llegar el carro y su cargamento. Se trataba del Parqueadero Padilla, un lugar de bajo perfil en el que sin embargo estaba la “madre” del paramilitarismo: la contabilidad de las AUC.  

Cuando los investigadores llegaron, el administrador del lugar, alias 'Lucas' se estaba tragando lo que podía. Allí había cientos de documentos con aportes de empresas, ganaderos, personas prestantes, y otras no tanto. Aparecían por primera vez nombres como el de Sor Teresa Gómez, quien fuera la testaferro más importante de Carlos Castaño, y autora crímenes incluso hasta 2014, cuando finalmente fue capturada.

vpj-ivan-velasquez-1Desde el allanamiento al parqueadero Padilla se sabía que Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y su principal testaferro, era el alma de la economía ilegal de las AUC. Pero solo se le capturo 15 años después. Foto: archivo Semana.

Aparecían empresas como Funpazcor, que fueron la fachada para la más grande operación de despojo a los campesinos por parte de paramilitares. Eran más de 300 personas y 40 empresas las que aparecían allí. Era además un momento en el que los paramilitares habían entendido que, aunque tenían poder militar, necesitan a los políticos.

Lo que ocurrió con la investigación del Parqueadero Padilla todavía es una espina clavada en el corazón de Iván Velásquez, y merece reportaje aparte.  Solo baste con decir que el Fiscal General dio la orden de trasladar el caso para Bogotá, a la Unidad de Derechos Humanos, y allí poco se hizo con ella. Tres años después, en 2001, cuando el fiscal Gómez Méndez estaba a punto de salir se hicieron allanamientos en Córdoba, con la información obtenida en aquél parqueadero en abril de 1998.

Para entonces ya mucha sangre había corrido. Incluida la sangre de los investigadores del CTI que hicieron el allanamiento, quienes tenían al enemigo adentro. Uno de los miembros del CTI, al que nunca quisieron remover desde Bogotá, según Velásquez, era 'Rogelio' un hombre que llegó a ser la mano derecha de 'Don Berna', y jefe por un breve tiempo de la Oficina de Envigado, la estructura criminal más persistente que ha tenido Colombia.

Gómez Méndez alega que el expediente 34.986, como se numeró este proceso de 347 carpetas, murió en manos de su sucesor, Luis Camilo Osorio, pero Velásquez es enfático en desmentirlo. El caso, perjura, murió cuando fue llevado a Bogotá.  

El caso del Parqueadero Padilla generó un riesgo monumental para todos en la Fiscalía. Por supuesto para Velásquez que era la cabeza de dicha investigación. Sin embargo, pocos meses después, cuando salió del cargo, la Fiscalía quiso quitarle el esquema de seguridad. Vino a ser un derecho de petición interpuesto por su esposa el que logró que le asignaran un carro, que en la primera salida se quedó sin frenos, y estuvo a punto de matarlo.

Sin mayores espavientos, Velásquez siguió trabajando en la rama judicial en Medellín, pero cuando tuvo la propuesta de trabajar en la Corte, como magistrado auxiliar, no lo pensó dos veces y adoptó esa posición en 2000, en el despacho del magistrado Pérez. El mismo que por una especie de ruleta que viraba esta vez a favor de la justicia, le tocó asumir la denuncia que escuetamente hizo Clara López. Y por otro capricho del destino, dentro del despacho de Pérez, la investigación le cayó al magistrado auxiliar Velásquez, posiblemente uno de los que más conocía como había sido la génesis del paramilitarismo.

En las entrañas de la para-política
¿Por dónde empezar una investigación cuya única pista es un recorte de prensa? Para ese momento, junio de 2006,  el país ya se empezaba a hablar de para-política.

En febrero de 2005, una investigadora hasta ese momento desconocida, Claudia López, publicó un informe que se titulaba Los héroes que no se han desmovilizado, en el que mostraba las coincidencias entre las votaciones atípicas de las elecciones de 2002, a Congreso, y de 2003 a gobernaciones y alcaldías, y las zonas de control paramilitar. Mostraba cómo en lugares bajo hegemonía de las AUC, donde se habían cometido terribles masacres, algunos políticos habían concentrado más del 90% de los votos. Y su explicación es que la gente se había visto obligada a votar bajo la presión de las armas.

Ambas elecciones habían sido definitivas. Uribe ganó con mayoría absoluta, con un discurso de mano dura, y sus aliados dominaban en el país. Durante las elecciones hubo denuncias como las de Piedad Córdoba, que dijo que no la dejaron hacer campaña en Antioquia, pero ninguna autoridad se la tomó en serio.

Poco después, en mayo de ese mismo 2005, el senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso sobre paramilitarismo, y se concentró en uno de sus colegas: Álvaro García Romero, sobre quien ya existían denuncias serias sobre vínculos con las AUC en Sucre.

vpj-ivan-velasquez-1Uno de los primeros para-políticos en ser investigados por Velásquez fue el senador sucreño Álvaro García Romero, quien terminó involucrado en la masacre de Macayepo, cometida en el año dos mil. Foto: archivo Semana.

En febrero de 2002, la revista Semana había publicado un artículo llamado Coincidencias macabras en las que se registraba la conversación del senador Álvaro García Romero, con un ganadero de Sucre. Hablaban en lenguaje cifrado, según lo demostró después la justicia, sobre una masacre de campesinos que se cometería en Macayepo, en la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, en Montes de María. Estas grabaciones sustentaron el debate de Petro.

García era un influyente político que nunca hablaba en el Congreso, pero que maneja con un dedo la Comisión Quinta, del presupuesto. Su control sobre las instituciones de Sucre era absoluto, y para nadie sensato había pasado inadvertido que este era un departamento arrasado por los paramilitares, tanto en lo humano, con masacres, como en lo institucional, pues se habían robado literalmente la salud, la educación, y todo cuanto dinero público había. Quien aparecía como responsable de todo ello era un paramilitar llamado Rodrigo Peluffo Cadena, a quien sus propios compinches habían desaparecido y presumiblemente asesinado en 2004, cuando los jefes de las AUC estaban concentrados en Santa Fe Ralito, en negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

En la Corte reposaba alguna una denuncia sobre García en el despacho de otro magistrado. Por esos días, cuando Velásquez andaba cavilando sobre cómo arrancar su investigación, el magistrado Pérez recibió un proyecto de ponencia para resolver dicha investigación. Sin conocer el contenido, Pérez repartió el documento entre sus auxiliares, y por otra casualidad de la vida, le cayó a Iván Velásquez. Se trataba de una preclusión por falta de pruebas. Velásquez alertó a Pérez y este a su vez a la sala penal. No se podía dar por cerrado algo que, en realidad, no se había investigado. Entonces la Corte tomó la decisión de crear un grupo de todos los magistrados auxiliares que tenían estos casos, y trabajarlos conjuntamente. Velásquez de inmediato le dijo a su jefe, que necesitaban investigadores del CTI, ya que la Corte no tenía un órgano investigador. En una gestión breve, el fiscal Mario Iguarán aprobó los investigadores. La Corte estaba decidida a apoyar la investigación.

Velásquez cree hoy, con la perspectiva del tiempo, que los magistrados nunca pensaron que el proceso fuera a crecer tanto, y en un principio, se vio como un asunto, por allá, de Sucre, donde clanes y señores de la guerra han dominado la política.

Sin embargo, ya en el país había síntomas profundos de que lo que se venía era grave. En abril varios medios publicaron la indagatoria de Rafael García, jefe de sistemas del DAS quien le contó a la justicia que este organismo estaba al servicio del crimen organizado, y que el hombre de las AUC en allí era justamente su director, Jorge Noguera.

El DAS no era ninguna rueda suelta. Era ni más ni menos, que el organismo de inteligencia estratégica que dependía de la Presidencia de la República. En septiembre de ese mismo año, Semana reveló parte del contenido del llamado computador de 'Jorge 40', un portátil y varias USB que la Fiscalía le había encontrado a Édgar Antonio Fierro, un paramilitar que no se había desmovilizado y que era el “jefe político” de las AUC en la Costa.

Con todos estos indicios, Velásquez empezó su investigación, y por pistas que ya estaban consolidadas la comenzó por Sucre, contra García Romero, Eric Morris, y Jairo Merlano. En noviembre se produjeron las primeras capturas. Casualmente, en ese mismo mes la Fiscalía ordenó la captura de Noguera.  

En diciembre de 2006 la Corte se da cuenta de que tenía en sus manos un proceso complejo y decide crear una unidad especial para la investigación y nombra a Iván Velásquez como cabeza de ese grupo, al que ya no estarán adscritos 2 sino 18 investigadores. Los magistrados le pusieron verdaderos dientes al proceso.

Sobre qué motivó a la Corte a seguir adelante con la investigación, hay coincidencia de que en parte porque los magistrados entendieron la magnitud del problema, y en parte porque al principio creyeron que ese era un asunto de un puñado de políticos de mala saña de tierra caliente. Algo que no afectaba las altas esferas del poder.

vpj-ivan-velasquez-1La Corte Suprema de Justicia creó una comisión especial para investigar la para-política, al frente de la cual estuvo Iván Velásquez. Foto: archivo Semana.

Iván Velásquez coincide con otros observadores en que el campanazo que tuvo el gobierno de Uribe sobre lo que se le venía encima, además del caso Noguera, fue cuando  en febrero de 2007 la Corte detuvo a Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento. Al primero especialmente, lo capturaron cuando paseaba por un centro comercial de la capital, en un gesto simbólico de que la justicia no se arredraría ante el poder político. Araújo además de pertenecer al más influyente clan político del Cesar, con fuertes lazos con la elite bogotana, era, ni más ni menos, que el hermano de María Consuelo Araújo, la canciller.

El gobierno de Álvaro Uribe empezaba a sentirse acorralado por los escándalos. En el primer semestre de ese 2007, renunció la canciller, y en la Casa de Nariño se empieza a crear la idea de que la Corte es adversaria del gobierno. Y Velásquez, un verdadero sirirí.

Ahora se sabe que desde 2006 el DAS, en cabeza de Andrés Peñate, tenía orden de hacer inteligencia sobre la Corte. Pero fue  luego de la renuncia de Araújo que se ordena toda una operación de infiltración a través de una “Mata Hari”, que instala grabadoras en las oficinas y salas de deliberación privada de los magistrados.  

Para la casa de Nariño, Iván Velásquez merecía capítulo aparte, justamente porque era el hombre que husmeaba en el pasado, buscando pruebas. Había tenido el acierto de diseñar la investigación por regiones, y no por individuos, buscando como operaban la estructura criminal y no uno de sus componentes. De Sucre, había pasado a Magdalena y Cesar y ahora se metía en un territorio harto conocido por él, tanto como por el Presidente: Antioquia.

La Fiscalía tenía desde el año 2000 a un testigo fiable, Jairo Castillo Peralta, exiliado en Canadá, y que había dado detalles sobre el accionar de los grupos paramilitares y sus cómplices. Entre ellos, estaba Mario Uribe, posiblemente el senador más influyente de ese momento, primo y mentor político de Álvaro Uribe Vélez.

Los jefes de las AUC ya se habían desmovilizado y estaban rindiendo versiones libres ante los fiscales de Justicia y Paz. Iván Velásquez fue a preguntarles por los congresistas que hacía parte de su movimiento, y allí de nuevo surgió el nombre del primo del presidente. Es así como la Corte le abrió investigación.

vpj-ivan-velasquez-1La investigación contra el entonces senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe fue el detonante para que se montara el complot contra Velásquez. Foto: archivo Semana.

Mario Uribe no era un congresista cualquiera, había sido a lo largo de años, el alter ego de su primo, su jefe político y el sustento de su campaña. Ahora su imagen estaba completamente en cuestión. Paramilitares habían señalado que tenía fluidas relaciones con las AUC, y se conocía de su relación con el 'Tuso' Sierra, un narcotraficante que intentó colarse como paramilitar pero no pudo. La relación era estrecha, desde tiempos de negocios de fincas en Andes, Antioquia. Ahora 'El Tuso' estaba preso, a las puertas de la extradición y Mario en la mira de la justicia por haber conseguido sus votos en alianza con las AUC. Su llamado a indagatoria se daba por descontado. Y de allí la acusación y la captura solo eran cuestión de días.

Así estaban las cosas cuando Iván Velásquez se encontró, el 10 de septiembre de 2007, con 'Tasmania', en Medellín. El complot apenas comenzaba.

Entra el DAS en acción
La víspera de este encuentro, el abogado de 'Tasmania', Sergio González, estuvo reunido con el 'Tuso' Sierra, su otro defendido, en la cárcel. Sierra era un narcotraficante que esperó por más de dos años ser reconocido como paramilitar y que finalmente lo había logrado, pero tenía sobre su cuello la espada de Damocles de la extradición. Quería mostrarse como aliado del gobierno. Además, intentar salvar a su paisano, Mario Uribe. Por eso el complot contra Iván Velásquez se fraguó allí, en el patio uno de la cárcel de Itagüí.

El negocio que le ofrecían a 'Tasmania' era muy sencillo: le darían una casa para su mamá, el 'Tuso' le garantizaría la inclusión en Justicia y Paz, y un traslado al patio uno, donde solo había jefes paramilitares. Esto era crucial para 'Tasmania', pues en la cárcel tenía un enemigo acérrimo: 'René', el comandante del Bloque Suroeste de las AUC.

'René' no había asistido en 2005 a la desmovilización de sus hombres, según le dijo al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, porque tenía miedo. En el 2003 había recibido un atentado que él atribuía a Ernesto Garcés Soto, un reconocido cafetero de la región, y al propio Uribe y su hermano, pues 'René' había asesinado al administrador de una finca de Garcés. El atentado se lo atribuía 'René' a 'Tasmania'. Era una vieja “culebra” de esas que no dejan dormir en paz en la cárcel.

Luego, para lograr un traslado de patio, todo lo que debía hacer 'Tasmania' era mentir: escribir una carta en la que asegurara que Iván Velásquez le había ofrecido beneficios a cambio de enlodar al Presidente de la República. Para poder hacer este montaje fue que González se había demorado casi dos horas antes de llegar a la diligencia de ese 10 de septiembre, que para Velásquez había sido frustrante y de rutina.

El 11 de septiembre, un día después del viaje a Medellín, sonó el teléfono de Iván Velásquez. Era el presidente Álvaro Uribe. Lo primero que le preguntó era si aún estaba en la investigación de la para-política. “Sí”, respondió Velásquez, un poco intimidado por semejante llamada. Entonces Uribe le dijo que tenía rumores de que un tal 'Tasmania' lo quería involucrar con un supuesto atentado a René, el jefe paramilitar de una región donde Uribe y su familia han tenido fincas, y de donde además, son oriundos.

Velásquez, confiado, le dijo que él no tenía ninguna información al respecto, y que justamente el día anterior había estado con 'Tasmania'. La llamada de Uribe le pareció insólita, pero no más.

vpj-ivan-velasquez-1Algunos desmovilizados de las AUC, como Antonio López (quinto de izquierda a derecha) participaron activamente en los múltiples intentos de desprestigio contra Velásquez. Foto: archivo Semana.

Pocos días después, un viejo conocido de Velásquez, quien es gran amigo de Mario Uribe, lo buscó. En tono muy amable le advirtió que esa investigación en la que estaba metido le podía traer muchos problemas de seguridad. Iván dijo que sí, que era consciente de eso.

Luego le sugirió que dejara la Corte, y que él estaba seguro de que Mario Uribe, y el propio Presidente le ayudarían a conseguir un cupo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Iván respondió que eso no era posible. Él sencillamente nunca sería elegido por el Congreso para tal cargo, era un absurdo.

El amigo mutuo, le dijo que Mario quería charlar con él, que estaba dispuesto a tomarse un café, y que por cierto, andaba cerca, que solo era marcarle y vendría. Iván declinó la propuesta. Finalmente, el conocido le dijo que tuviera cuidado, que podían hacerle daño a su imagen.

En perspectiva, todos estos hechos pueden verse como un intento de ablandar a Velásquez, antes de echar a andar el gran complot. El 26 de septiembre, dos semanas después de la reunión con 'Tasmania', la Corte Suprema finalmente llamó a indagatoria a Mario Uribe.

Tres días después, el complot se puso en marcha, según se ha probado por parte de la justicia. El 29 de septiembre Bernardo Moreno, secretario de la presidencia, llamó a María del Pilar Hurtado, directora del DAS y le dijo que debía recoger una carta en Medellín. Ésta a su vez se reunió con Fernando Tabares, jefe de inteligencia y con Marta Leal, subdirectora de operaciones del DAS. Esta última resultó elegida para viajar y reunirse con Sergio González cerca del aeropuerto.

Según su versión ante la justicia, "subimos en su vehículo en compañía de su esposa, y nos dirigimos a un lugar que está a unos 15 minutos del aeropuerto donde nos sentamos a hablar del documento que me iba a entregar".

Ese mismo día 'Tasmania' la había firmado, pero la redacción venía hecha por González. Dos días después, el primero de octubre, vuelve a Medellín por la carta original, pero esta vez quien se la entrega es el conductor de Mario Uribe.

En las versiones oficiales que dieron tanto los funcionarios de Presidencia como Hurtado, era que el dos de octubre la carta había llegado a la Casa de Nariño. Que el presidente la recibió y llamó al DAS para que investigara si lo que en ella se decía, era cierto.

En realidad lo que se pretendía era que toda la labor de “inteligencia” que había hecho el DAS para desprestigiar a Velásquez, se “blanqueara” ante otras instancias de la justicia. La carta no llegó a la Presidencia, sino que fue recogida por Marta Leal en Medellín.

Iván Velásquez tuvo noticia de esta reunión en Palacio y por eso el 4 de octubre pide una reunión con la sala penal de la Corte y les cuenta, que hay una orden judicial para interceptar sus teléfonos y vigilarlo. La Corte, de inmediato, eleva denuncia penal ante la Fiscalía y queja ante la Procuraduría.

El lunes 8 de octubre, el presidente Uribe dice públicamente que tiene una carta muy grave, en la que un paramilitar llamado 'Tasmania' asegura que Iván Velásquez le ofreció prebendas para que dijera que Uribe había mandado matar a 'René', el jefe paramilitar del Suroeste. (Ver carta anexa).

La consecuencia inmediata es que se abrió un proceso contra Iván Velásquez, y que como nadie sabía entonces el cómo se había fraguado el complot, muchos le creyeron al Presidente, que estaba en la cresta de su popularidad, apenas un año después de haber sido reelegido.

Para entonces, 'Tasmania' había sido trasladado de patio y estaba junto a los jefes paramilitares, bajo la égida del 'Tuso' Sierra. Pocos días después, la periodista Vicky Dávila entrevistó a 'Tasmania' y éste en lugar de hablar, estaba leyendo sus respuestas, redactadas, según dijo tiempo después Sierra, por otro jefe paramilitar, 'Ernesto Baéz'. Al tiempo, González, se había convertido en todo un personaje en la Cárcel de Itagüí, pues tenía línea directa, por intermedio del DAS y de familiares de Uribe, con la Casa de Nariño.

vpj-ivan-velasquez-1El ´Tuso´ Sierra era un narcotraficante colado en Justicia y Paz, y estuvo tras el montaje a Velásquez, al parecer, para ganar puntos con el gobierno y evitar que este lo extraditara. Foto: archivo Semana.

En noviembre de 2011 el 'Tuso' en una diligencia de la Fiscalía, realizada a través de una videoconferencia, salpicó en el episodio de 'Tasmania' a todos los jefes allí detenidos. Buscaban congraciarse con el gobierno y que este les diera a cambio ciertos beneficios que efectivamente lograron. Pidieron que al Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', lo bajaran de una fragata donde estaba aislado, en el  mar, y lo lograron. Y 'Don Berna', que estaba en Cómbita, una fría y lúgubre cárcel de Boyacá, que lo trasladaran a La Modelo, en Bogotá, donde la detención era menos draconiana.

Epílogo con continuación
Pero El 'Tuso' Sierra fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y no pudo cumplirle a 'Tasmania' la promesa de ser incluido en Justicia y Paz, y tampoco la plata para la casa. Al mes siguiente, 'Tasmania' se retractó, y le pidió perdón a Velásquez, y empezaron a revelarse piezas del complot, que hoy más o menos se ha esclarecido, aunque no se ha hecho justicia completamente.

En 2012, el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Bogotá, condenó a González por calumnia, a una pena de 70 meses de prisión que luego fue ratificada por el Tribunal, que respaldó la sentencia de la juez quien determinó que González y sus compinches "lo que hicieron fue aprovecharse de unas circunstancias que se presentaron y que eran aptas para urdir en contra de los Magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ese montaje".

El costo de todo el complot fue que se creó un largo y duro enfrentamiento entre la Corte y Álvaro Uribe que desembocaría en una verdadera persecución a los magistrados, por la que fue condenada en 2015 la directora del DAS, y el secretario de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno.  

Los paramilitares tenían interés en desprestigiar a la Corte que se había convertido en el estorbo de un proyecto estratégico, dice Víctor Velásquez. El gobierno veía en ella un atentado a su gobernabilidad porque su coalición está más en La Picota que en el Congreso.

La Corte cerró filas entorno a Iván y a la investigación por la para-política, que condujo a abrirle procesos a más de cien políticos y más o menos al 35% de los congresistas elegidos en 2002 y 2006. Tal como lo había calculado Vicente Castaño.

vpj-ivan-velasquez-1María del Pilar Hurtado, como directora del DAS, estuvo al frente del montaje para desprestigiar a Velásquez. Hoy paga una condena de 14 años por haber ´chuzado´ a la Corte Suprema. Foto: archivo Semana.

Pero los montajes no pararon allí. Desde la Casa de Nariño, en 2008, se intentaron dos montajes más. El primero, a través de un líder del Magdalena Medio llamado Henry Anaya, que fue usado para ponerle una trampa a Velásquez y grabarlo. Quienes urdieron el montaje eran nada más y nada menos que el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el hombre que se había convertido en el brazo derecho de ese jefe paramilitar, Severo Antonio López, alias 'Job'. Tal como se lo contaron a la justicia, los mandos medios del DAS condenados por el complot contra la Corte, en 2008 en varias ocasiones 'Job' se entrevistó de manera clandestina en la Casa de Nariño, con ellos, para fraguar un nuevo montaje.

Un segundo intento lo hicieron desde Nueva York, cuando un ex suboficial del Ejército, y exparamilitar, exiliado después de haber denunciado a un coronel por falsos positivos, fue sobornado para decir, de nuevo, que Velásquez le había ofrecido prebendas para ensuciar a Uribe.

El proceso de para-política siguió a pesar de todo. Mario Uribe finalmente fue capturado y condenado a prisión por sus vínculos con los paramilitares.

El espionaje a la Corte fue sistemático por dos años, y de eso no escapó Velásquez. Toda su familia fue “chuzada”, su escolta infiltrada, y su vida, vigilada completamente por el DAS. Todos los intentos de desprestigiarlo, de encontrarle un “tropezón” fueron vanos, porque como dice un viejo investigador que trabajó con él en la Fiscalía de Medellín: “Él no se puede enlodar porque no ha reverenciado a ninguna forma de poder, nunca. Iván no se hizo para el miedo”.

No deja de ser paradójico que Iván Velásquez, el mismo hombre que investigó a los 'paras' desde Medellín, cuando este fenómeno cogía vuelo, le haya tocado investigar la máxima expresión de su consolidación, que fue su llegada al poder político.

Velásquez se convirtió prácticamente en un héroe para medio país, recibió homenajes y el respeto de mucha gente. Pero en la Corte muchos resintieron de su buena fama, y nunca lo eligieron como magistrado en pleno, aspiración que Velásquez nunca escondió. La notoriedad alcanzada por su labor, considerada heroica por medio país, y elogiada en todos los medios de comunicación y la comunidad internacional, generó también envidias y rencores entre sus colegas.

En septiembre de 2012 la Corte lo relevó de su cargo como coordinador de la para-política. Entonces, Velásquez renunció a la Corte. Se fue con la sensación de haber cumplido con el deber, y con el desafío que la historia le puso en frente.

Desde hace dos años, dirige la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, como delegado del secretario general de la ONU. La mayoría de quienes fraguaron el complot en su contra, están en la cárcel. Pero no todos.

Pacheco, el fiscal encarcelado

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Especial la vida por la Justicia

El 7 de noviembre de 2003 el entonces Fiscal delegado ante el Tribunal de Sincelejo, Orlando Pacheco, dejó en libertad a 128 personas que habían sido capturadas y condenadas por el delito de rebelión en las llamadas “capturas masivas”. Su decisión le cambió la vida para siempre.

Por Andrés Celis Rodríguez

vpj-pacheco-1En la memoria de Orlando Pacheco siguen latentes las consecuencias de haber sido despedido, inhabilitado y enviado a la cárcel, hace más de una década por parte del entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio. Foto: Andrés Celis.

Al inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez al fiscal Orlando Pacheco poco o nada la importaba la política, dedicaba su tiempo a resolver los casos que llegaban a su despacho como fiscal de segunda instancia. Es un hombre de códigos y principios, aferrado a la ley y rígido en la defensa de los derechos humanos.

Vivir dentro de los libros le costó, conscientemente, permanecer alejado de la realidad política del país. Durante los primeros meses del mandato de Uribe no se había enterado que existía la Política de Defensa y Seguridad Democrática, mucho menos sabía quiénes la habían diseñado y poca importancia le daba a los políticos regionales que aplaudían y promocionaban a los gobiernos de turno. Sin embargo, tarde o temprano la realidad del conflicto del país llegó al escritorio del fiscal y lo afectó de manera directa cuando se vio involucrado en un caso que cambió su vida.

El sábado 16 de agosto de 2003 entre las 3:30 y 5:30 de la mañana más de 800 militares, acompañados de personal la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y fiscales delegados, se tomaron las poblaciones de Ovejas, Chalán y Colosó, en Sucre, con el objetivo de “desestructurar militar y organizativamente los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las Farc” como mencionó el general encargado del operativo, el general de la Policía Luis Alfredo Rodríguez.

Aun así, la operación Mariscal Sucre, como se le conoció a esta incursión, no cumplió con el objetivo que se había planteado. Ni habían capturado a los jefes de los frentes de las Farc ni se había desestructurado esa facción de la guerrilla. Lo que sí ocurrió fue que 156 personas, en su mayoría campesinos, habían sido detenidas, y 128 de ellas, habían sido condenadas por el delito de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

En los tres municipios de Sucre donde se realizó la captura hacen parte de la región de los Montes de María, que no supera los 500 kilómetros cuadrados, pero que tuvo un significado trascendental en el conflicto armado. Allí se perpetraron 56 masacres desde 1993 hasta 2009, asesinatos selectivos, miles de desplazados forzadamente y la guerra dejó una ruina económica que hasta el día de hoy no se ha podido subsanar.

El caso había llegado a las manos del fiscal Pacheco sin ningún contexto. A pesar de que la fuerza pública daba como un parte positivo la captura de los presuntos guerrilleros, él revisó con minucia, cada elemento del expediente, a la luz del código y la ley. “Ese negocio lo estudié rápido porque se trataba de un asunto con detenidos y los casos con detención tienen prioridad” dice el fiscal.

Luego de leer y estudiar cada una de las pruebas bajo las que condenaron a las 128 personas, un viernes 7 de noviembre de 2003, Pacheco tomó la decisión de dejar en libertad inmediata a todas las personas que habían sido condenadas por el delito de rebelión en el desarrollo de la operación Mariscal Sucre. A su juicio, el acervo probatorio bajo el cual habían sido juzgadas no cumplía con las condiciones necesarias y suficientes para imputar los cargos.

La decisión tomó por sorpresa a los integrantes de la fiscalía seccional, en especial a su director Héctor Hernández Manotas, quien pidió de inmediato la revocatoria obteniendo respuesta negativa por parte de Pacheco, quien sin dar su brazo a torcer, le afirmó que la decisión estaba tomada y ya no había nada que hacer.

vpj-pacheco-1Luis Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación; Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República; y Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa. Fotos: archivo Semana.

Para sorpresa del fiscal, Hernández Manotas se comunicó con el Director Nacional de Fiscalía, Justo Pastor Rodríguez, y luego con el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, para tratar de frenar la decisión. “Dijeron que de Bogotá vendría una comisión tripartita de fiscales para resolver el caso”, lo cual significó para Pacheco una intromisión indebida. “Pero yo resolví, y ahí se vino el escándalo y la difusión a nivel nacional e internacional sobre mi supuesta complicidad con la guerrilla”.

Una vez en libertad las 128 personas, el Fiscal General afirmó ante los medios de comunicación que Pacheco había sido retirado de la institución. “Luis Camilo Osorio dijo que yo no estuve a la altura de lo que ellos esperaban -no sé quién era “ellos”- y que creían que había que tomar medidas serias y drásticas, medidas que no se hicieron esperar”.

Posterior a las declaraciones de Osorio, la entonces Ministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez, ordenó que se abriera un proceso jurídico para la recaptura todos, y anunció que estaba en curso la destitución, inhabilidad y posible captura del fiscal Orlando Pacheco.

Apartado del cargo Pacheco fue señalado y estigmatizado, se le abrió un proceso por prevaricato por acción agravada y antes de que pudiera empezar a ejercer su defensa, tuvo que salir de Sincelejo, su ciudad natal, por amenazas de los grupos paramilitares, comandados por Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.

Los días previos al 16 de agosto
Álvaro Uribe se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2002 con la promesa de acabar por la vía militar y judicial con la guerrilla. El país vivía en zozobra permanente por la guerra, y Montes de María era una de las regiones más golpeadas por el conflicto. En los primeros días de gobierno, Uribe implementó una serie de medidas para la lucha contra los grupos insurgentes. Una de ellas, controvertida desde el comienzo fue el decreto 2002, de 2002, conocido como el estatuto anti-terrorista, creaba las zonas de rehabilitación, trajo para la región censos poblaciones casi a diario, restricción en la movilidad, militarización de las calles y confinamiento. Situación que para los tres municipios, en los que sólo se vive de lo que produce la tierra, tabaco negro, yuca y ñame, entre otros, aceleró la inactividad económica y con ello el desempleo, la escasez y la falta de oportunidades.

Este decreto tuvo como precedente la declaración de Estado de Conmoción Interior (decreto 1837 de 2002) el 11 de agosto de 2002, el cual, según el artículo 213 de la Constitución Política se adopta cuando en el territorio nacional exista una perturbación del orden público "que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana", no obstante su finalidad fue otra.

vpj-pacheco-1Expedido el decreto 1837 de 2002, los Montes de María pasaron a ser una de las regiones más impactadas por las operaciones militares y una de las primeras en recibir el aparataje de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Foto: archivo Semana.

Ambos decretos dieron vía libre a la Policía y a el Ejército a hacer detenciones sin la necesidad de una orden previa por parte de las autoridades judiciales, a establecer horas de circulación en los municipios, a parar y registrar los alimentos que entraban de una región a otra y, por sobre todo, a hacer ‘batidas’ y allanamientos a los locales comerciales.

De esta manera se empezaron a ejecutar las primeras capturas masivas, operaciones orientadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y ejecutadas por el Ejército Nacional y el Gaula de la Policía. La primera de ellas ocurrió en Saravena, Arauca, a tan solo tres meses de la posesión del presidente. Cerca de 2.000 personas fueron capturadas entre las 3:00 y 5:00 de la mañana en sus casas y conducidas a un coliseo. Luego de un proceso de identificación, 43 de ellas fueron procesadas y condenadas por rebelión. Solo quedaron en libertad menores de edad, amas de casa y alrededor de 50 estudiantes de los colegios municipales.

Según Older Cáceres, ex diputado y defensor de los derechos humanos estas capturas generaron una crisis de liderazgo regional, pues, “fue a partir de ahí cuando se dio un mayor grado de desconfianza e inseguridad a participar en procesos de orden político, gremial, social y popular”, las personas condenadas eran dirigentes regionales de organizaciones campesinas e indígenas por lo cual, según Cáceres, “fue evidente que veían no por guerrilleros sino a acabar con los procesos sociales de la región”. Algo que se repetiría de manera similar en Montes de María.

Señalados
Para Oscar de León Sambrano el inicio del alboroto en Montes de María empezó el día que detuvieron el carro de don Ricardo Díaz para mirar qué comida traía a Chalán. “Nos enteramos de que había un límite de peso para la comida que podíamos entrar. Quien se pasara del peso sugerido, tanto comerciantes como compradores de una vez era señalado y llevado a la estación de Policía”

vpj-pacheco-1Los titulares de prensa no demoraron en hacer pública la lista de capturados durante la Operación Mariscal Sucre. Cuentan los campesinos de Ovejas que por varias semana se sacó la lista del centenar de capturados. Foto: Andrés Celis.

Cuenta Sambrano que de no mostrar las facturas a la entrada de los retenes, la comida era decomisada, “en muchos casos o la dañaban o se la quedaban para ellos. El argumento era que todo tenía que registrarse para saber qué se consumía, quienes lo hacían y con ello ver quiénes eran los que le daban suministros a la guerrilla”.

A las restricciones de alimentación se sumaron las de la movilidad, en cada retén instaurado por el ejército se pedía número de cédula, nombres y cargos de las personas ocupantes de los buses o carros. “Creo que el cargo que más llenaron fue el de campesino, acá rara vez se vez otra profesión, a no ser de que sea turista o alguien de Sincelejo” comentó Andrés, de 24 años, hijo de dos campesinos de la finca ‘El Tolima’ en Ovejas.

Sin poder circular con tranquilidad y con la mayoría de alimentos restringidos y censados, la guerra parecía haberse instalado en Montes de María. Por si fuera poco, a las 6 de la tarde todo el mundo debía estar en su casa para evitar ser retenido y llevado a los puestos de control. La juventud había desaparecido.

Sin embargo, estaba por venir lo que desató, según Oscar de León Sambrano, las capturas. “El gobierno se inventó una serie de reuniones con los comerciantes, las organizaciones campesinas, los transportadores y gente de a pie, para hablar de la situación de orden público”. Durante las charlas se llenaron formatos con nombres, cédulas, cargos u oficios, lo cual para Sambrano significó una inocentada que se pagaría caro.

“La mayoría de los que dimos los datos en esas reuniones caímos en la operación, a cada casa fueron a golpear sin temor a equivocarse, y como era de suponerse cada uno estaba allí. A los trasportadores se los llevaron que por llevarle las municiones a la guerrilla, a los campesinos que por ser colaboradores, a los comerciantes por venderles comida y a los de a pie porque sí, porque era la ley y punto” concluyó.

El día ‘D’
Al medio día del 17 de agosto de 2003 los titulares de los noticieros anunciaban la captura de 143 presuntos guerrilleros del frente 35 de las Farc. “…143 personas han sido capturadas en los operativos que dirige el comandante de la institución, general Luis Alfredo Rodríguez. Entre los detenidos se encuentra un candidato a la Alcaldía de Ovejas y los autores materiales del atentado con un burro bomba en Chalán, en los que murieron varios agentes de la Policía”.

La mayoría de los capturados no tenían nada que ver con la guerrilla. Eran campesinos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, profesores y, según José María -un habitante de la región- hasta el loquito del pueblo, ese que pasaba merodeando la iglesia y la Alcaldía, también fue capturado. “Y es que ¿a las tres de la mañana a quien no iban a coger?, era lógico: ¡a todo el mundo! todos estábamos durmiendo ya fuera en las casas o en las fincas” señala Mauricio, quien para la época era apenas un joven campesino de 22 años.

vpj-pacheco-1José María fue sindicado de ser el comandante del frente 37 de las Farc, durante la audiencia de imputación de cargos fue señalado de ser uno de los ideólogos de esa facción de la guerrilla. Años después se comprobó su inocencia. Foto: Andrés Celis.

Cuentan los habitantes de Ovejas, que la operación estaba tan arreglada que les dio pereza- a los soldados y autoridades-, en un día cualquiera, ir al trabajo de cada campesino a capturarlo, “lo fácil fue esperar a que nos durmiéramos para solo golpear y decir: hay una orden de captura en su contra por el delito de rebelión. “Ni se tomaron la tarea de al menos conocer dónde es que uno vivía y a qué era lo que uno se dedicaba, aunque mejor porque como no son, hasta nos quitaban lo de las cosechas o el producido de las tiendas” agregaron.

Tal y como estaba planeada en la operación, uno de sus objetivos principales era dar con la captura del comandante Efraín González, alias 'Jorge' o 'Pateñame', y el segundo comandante Víctor Antonio Lopera, alias ‘Pollo Isarra’ de los frentes 35 y 37 respectivamente. Sin embargo, la población toda era sospechosa de ser insurgente. Raúl Velandia, tendero de la región, cuenta que se preguntó: “¿Qué será eso de rebelión? Cuando no encontré respuesta pues pregunté: ¿Y eso de qué trata?, a lo que el soldado, que creo no tenía más edad que mi hijo, respondió: ¡Pues por ser guerrillero!, o es que también toca acordarle que cuando bajan esos hijueputas usted es el que les vende las cosas de la tienda”. Ahora lo que le había quedado claro a Raúl era que de la noche a la madrugada había dejado de ser campesino para ser guerrillero, sin uniforme ni fusil.

Como las detenciones fueron en simultaneo, a la misma hora José María, Oscar de León Sambrano, Ricardo Díaz, Eliecer Álvarez y la señora Dominga, junto con más de 20 campesinos de Chalán, estaban haciendo fila- esposados unos a manos y pies- para montarse en los camiones de la Policía y el Ejército, lo cuales los trasladarían a Sincelejo, Sucre, donde terminarían con el proceso de judicialización. “Al que haya visto como sacan a los marranos cuando los van a matar le va a quedar fácil entender lo que vivimos ese día, pues eso parecíamos, la cosecha del mes” señala, entre risas, Dominga. Y José María agrega “estábamos tan espichados en los camiones que de verdad parecíamos animales y sin podernos mover, porque íbamos esposados o en parejas o a atados a los pies. Menos mal fueron solo 50 minutos de viaje hasta Sincelejo”.

vpj-pacheco-1Han pasado 12 años desde que se realizó la Operación Mariscal Sucre y para los campesinos de Los Montes de María las huellas del paso por la cárcel siguen vigentes, afecciones económicas y psicológicas se generaron en los habitantes de esta región, varios decidieron desde la época no volver a sus hogares. Foto: Andrés Celis.

Cuando llegaron a la fiscalía departamental fue como encontrarse en la plaza principal de cada una de las poblaciones o en el mercado de los domingos. “Estábamos casi todos los campesinos conocido de cada municipio, algunos representantes de organizaciones campesinas, habían también muchachos jóvenes y una que otra mujer. Sin decir mentiras, parecía una gran reunión de conocedores de la región, de los viejos que han estado cultivando la tierra por buen tiempo” expresó José María.

La mayoría de campesinos, sobre todo los de avanzada edad, seguían sin entender por qué les tomaban fotos a las caras, por qué los reseñaban y sobre todo no entendían qué era ser un procesado por rebelión. Y así, en la ignorancia, pasaron los primeros dos días que permanecieron detenidos dentro de los calabozos de la fiscalía departamental, simplemente se habían dedicado a firma papeles.

Finalmente el día terminó con más de un centenar de personas detenidas en la segunda captura masiva impulsada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El general Rodríguez aseguró públicamente que a pesar de no haber dado con los cabecillas de las Farc, sí se había dado un golpe certero a esa organización. A lo que Uribe desde Granada, Antioquia, respondió: “Generales: hasta que se apague, hasta que se apague el ultimo ruido de terrorismo nuestra vocación de sacrificio, no puede haber contemplación con el terrorismo para que acabemos con el terrorismo. Y a los jefes terroristas, tengan la garantía de que los vamos a perseguir hasta el último momento, hasta que le devolvamos plenamente la paz al pueblo”.

La decisión del fiscal
Como funcionario de segunda instancia Pacheco cumplía la función de revisar todas las decisiones de los fiscales del distrito judicial, de las unidades de fiscalías locales, seccionales y algunas decisiones de fiscales especializados. Antes de salir a sus acostumbradas vacaciones del mes de noviembre el fiscal revisó el que sería su último caso en el circuito desde el año 1977.

vpj-pacheco-1En la biblioteca de Pacheco reposan decenas de libros en los cuales se analiza la situación de vivida en Los Montes de María durante el primer periodo presidencial de Uribe, a ellos se suman varios artículos donde se analiza el caso de su destitución y abunda material sobre la situación de derechos humanos durante el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. Foto: Andrés Celis.

“Lo analice, lo estudie desde la carátula. Es más, utilice o reciclé los recibos de mi celular de ‘Bell South’, en ese entonces, para detallar cada elemento de la situación de los detenidos”. Y agrega: “abordé la realidad del estudio de la prueba testimonial, sin perder la visión de conjunto, mientras que la resolución de primera instancia fue superficial”. Esto es, que los testimonios bajo los cuales fueron implicados los 128 detenidos del caso presentaban irregularidades, que pronto empezarían a dar indicios de que algo no cuadraba bien en el proceso.

El punto clave estuvo en entender que previo al 16 de agosto, el gobierno utilizó a dos supuestos o reales desertores de las Farc, para que señalaran quien era miliciano y qué función cumplía dentro de la guerrilla. Tras el estudio de las pruebas, Pacheco encontró que ninguno de los dos contaba con la certificación del Comité del Dejación de Armas, CODA, del Ministerio de Defensa.

El personaje emblemático del gobierno y testigo principal contra los capturados era Rafael Benildo Tijera Maldonado alias ‘Tijera’, quien aportó los testimonios claves para la imputación de cargos. Las irregularidades empezaron a salir por todas partes. “‘Tijera’ no se encontraba en ninguno de los albergues para desmovilizados y que sin embargo le dio una ayuda humanitaria de 9 millones y pico” afirma Pacheco.

Al igual, como luego lo expresaría la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia absolutoria del fiscal Pacheco, aquellos testimonios estaban dados por personas entrenadas profesionalmente para mentir, lo que ha trascendido en la justicia como el cartel de los falsos testigos. “Yo advertí que el testimonio de alias ‘Tijera’, de más de 50 folios, no aparece firmado por el asistente de la fiscalía de primera instancia”, teniendo como agravante que el testimonio dado por Maldonado duró una hora lo cual “es físicamente imposible para un digitador o un asistente de una unidad de fiscal trascribir en una hora más de 50 páginas”.

vpj-pacheco-1Oscar de León Sambrano, un campesino de Chalán, Sucre, recuerda que durante el tiempo vivido en la cárcel dejaron de lado la disciplina que habían adquirido en el campo, que incluso, luego de obtener la libertad se dedicaron al comercio y no retomaron sus actividades como campesinos. Foto: Andrés Celis.

El tiempo le dio la razón a Pacheco. El testimonio de ‘Tijera’ se había iniciado en la Sijin de Sincelejo y se había culminado una semana después en la Escuela de Carabineros de Corozal, donde la unidad de Fiscalía 16 de Sincelejo no dejó constancia de las interrupciones y mucho menos de los lapsos de días entre cada testimonio. “Mire esa irregularidad tan contundente, hasta el mismo juez de control de garantías la observó y nada pasó. Nada se compulsó, nada se investigó, imagínese si ese era el testimonio matriz o base de todo, ¿para qué hablar de los demás?”.

A los testimonios de los reinsertados se le sumó la indecisión del juez de primera instancia sobre la condición de las personas detenidas. Para unos ordenó casa por cárcel, a otros los envió directamente a prisión; y otros fueron dejados libres de facto pero se les continuó el proceso. A los ojos de Pacheco esto era un gran error en el procedimiento jurídico, pues si todos habían sido juzgados bajo las mismas condiciones y ninguno tenía agravantes, la pena debía ser la misma.

El último factor determinante fueron los censos poblacionales que realizó la fuerza pública, en el marco de las medidas anti-terroristas que impulsaba el gobierno de Uribe en esas zonas de rehabilitación. Un campesino de la región, Oscar de León Sambrano, pudo demostrar que las listas de estos censos fueron usadas para señalar a todos lo que allí aparecían, como militantes urbanos de los frentes 35 y 37 de las Farc. Pacheco explicó en su decisión que la sentencia de constitucionalidad C251 del 2002 declaró inexequible la ley 684 del 2001, y que los empadronamientos no estaban autorizados ni en los momentos de paz ni en los estados de excepción.

En conclusión, para Pacheco todas las detenciones fueron ilegales. Sin más piezas del ajedrez por mover, la decisión estaba tomada: Orlando ordenó la libertad inmediata de las 128 personas que ya cumplían más de tres meses en prisión.

Como si fuese el fin de año en Chalán, Ovejas y Colosó se celebró la noticia. Con el paso del tiempo, y del voz a voz, varios pobladores que habían huido de la región regresaron para esperar a sus familiares; se volvió a trabajar el campo y la normalidad parecía estar de regreso. Lo mismo pasó en la cárcel. Quienes seguían sin saber por qué habían sido condenados, como Ricardo Díaz, se preparaban para regresar a sus fincas a continuar sus vidas como campesinos.

No obstante, muy pronto se supo que había un nuevo proceso judicial para recapturar a las personas que ya gozaban de la libertad. El tormento de la operación Mariscal Sucre regresaba, y ahora incluía un nuevo detenido: el fiscal Orlando Pacheco.

La casa por cárcel y el encierro colectivo
Tras su desplazamiento forzado a Bogotá por las amenazas de los paramilitares, la persecución laboral y la estigmatización por haber dejado en libertad a más de un centenar de personas, la vida del ahora ex fiscal Pacheco había dado un giro drástico. El proceso disciplinario que le había iniciado la Fiscalía, por petición del Fiscal Luis Camilo Osorio, había cobrado efecto. El 4 de mayo de 2004 Luz Adriana Garzón Camargo le dictó detención domiciliaria. “Lo cierto es que durante mi estado de privación de la libertad me hacían visita a mi apartamento con un guardián de la cárcel y tenía que firmar para saber si yo estaba ahí o no, se cumplía eso, yo estaba en el apartamento y salía con permisos para odontología o para otras cuestiones de salud que se me presentaron”.

vpj-pacheco-1A Ricardo Cruz fue señalado de ser uno de los financiadores del frente 37 de las Farc, durante la audiencia de imputación de cargos reseñaron que la tienda de vivieres, de la cual era propietario, servía como fuente de subsistencia y financiamiento de la guerrilla. Foto: Andrés Celis.

Paralelo a ello, el Ejército había regresado a buscar a los 128 campesinos que Orlando Pacheco había dejado en libertad. Esta vez, se concentraron en 83 sobre las cuales al parecer tenían pruebas. El 10 de diciembre de ese mismo año, al finalizar la instalación del Congreso Anual Cafetero, Uribe alentó al Ejército y a las autoridades judiciales a retomar con vehemencia los procesos. “La semana pasada le dije al General Castro Castro que en esa zona no
podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas 
organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se han 
ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un acervo probatorio”.

Fue entonces como el 24 de junio de 2004 los campesinos José María, Oscar de León Sambrano, Ricardo Díaz y Eliecer Álvarez, junto con profesores, trasportadores y habitantes de la región, volvieron a ser capturados. Como paradoja de la vida, ahora en la cárcel los detenidos hacían memoria de la persona que los había puesto en libertad mientras ésta, Orlando Pacheco, se encontraba también preso, en su apartamento, tratando de desenredar el nudo en el que estaba metido. “A mí me aplicaron el derecho penal del enemigo, así de sencillo, yo soy una víctima y he sido re victimizado. El gobierno de turno me identificó y me clasifico como un enemigo”.

Por otra parte los recluidos en la cárcel La Vega de Sincelejo, Sucre, pasaban el tiempo repasando los momentos en lo que se pudieron haber cruzado en la región con alias ‘Tijera’. De nuevo, era bajo el testimonio de este ex guerrillero que se les había dado captura. Hablando entre todos y charlando del caso empezaron las audiencias de procedimiento y seguimiento del caso, de las cuales pronto empezarían a salir, como la primera vez, varias incógnitas.

“El día de la recaptura nos embarcaron en un avión. Nos trataban como puros narcos reconocidos” dice Eliécer. Al igual que los demás procesados, pasaron cerca de 4 años presos, tratando de armar el rompecabezas que les había dejado alias ‘Tijera’ a medio armar.

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Con el cruce de información entre las versiones libres fue que entre todos construyeron una versión sobre lo que había pasado durante el proceso. Empezaron por anotar que a las audiencias estaban citadas personas de la región que ya se encontraban muertas; que los cargos de los que los acusaba el exguerrillero presentaba contradicciones con los primeros testimonios dados; y como hecho determinante cuando los abogados defensores pidieron que ‘Tijera’ los reconociera en público y dijera la actividad delictiva a la que se supone se dedicaba; se contradijo y mintió en la mayoría de casos, incluso hasta al dar el nombre de los señalados.

Esta información, de nuevo, fue suficiente para que empezara una ardua defensa de los condenados, la cual terminó con la libertad de 54 de ellos el día 3 de febrero de 2006.

No obstante el sabor de la segunda vez que quedaban en libertad fue amargo. “Los que nos salvamos de quedarnos ahí fue por pura coincidencia, tenían que pagar unos por otros. Como bien lo mencionó el abogado, el Estado no iba a perder la inversión que se había hecho en la operación Mariscal Sucre y al menos tenía que mostrar los positivos de la operación y fueron ellos, los 29 que finalmente se quedaron” comentó Pablo Monroy campesino de Colosó, liberado ese 3 de febrero del 2006.

Pacheco, por su parte, estuvo cuatro meses privado de la libertad, antes de salir absuelto por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de marzo del 2006. “Mi inocencia fue reivindicada totalmente, rescatando mi buen nombre y honra para caminar con la frente el alto”.

Desde entonces, se le volvió una obsesión estudiar la política, y de ella, la política que él llama de odio y exclusión del gobierno de Uribe. Está pendiente de los libros o nuevas publicaciones que se hagan acerca de este tema, como Las ficciones del poder de Fabio López de la Roche, un estudio sobre la política de comunicaciones de los dos periodos de gobierno de Uribe, que está leyendo y dice que piensa devorar hasta el final.

Más de una década después, Pacheco se reafirma en su decisión. Si le tocara una situación igual, la resolvería de la misma manera, poniendo, según sus propias palabras, la libertad por encima del trato inhumano y la violación a los derechos humanos.

Sergio Parra, asesinado tras descubrir finanzas de las Accu

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Especial la vida por la Justicia

Uno de los más brillantes funcionarios judiciales que tuvo el CTI en Antioquia fue acribillado por sicarios el 10 de junio de 1998. Unas semanas atrás de su muerte lideró una investigación que tocó el corazón económico y logístico de los paramilitares.

Por Juan Diego Restrepo E.

vpj-cti-medellin-1Así reportó la prensa local el asesinato del investigador del CTI de la Fiscalía.

La última amenaza de muerte que recibió el abogado Sergio Humberto Parra Ossa fue horas antes de que lo acribillaran en su carro, mientras esperaba el cambio de luces del semáforo en el cruce de la carrera Bolívar con calle Barranquilla, justo al lado del Hospital Infantil de Medellín. No era la primera vez que lo intimidaban por teléfono. Ese tipo de llamadas se habían vuelto frecuentes, sobre todo después de los éxitos que había alcanzado en los últimos operativos contra grupos paramilitares en Antioquia. Estando al frente de la Unidad de Investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Medellín que había tocado el corazón de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Cuando colgó el teléfono aquel 10 de junio de 1998, lo primero que hizo fue llamar a Luz Janeth, su amiga más cercana por aquella época. La mujer le contó a la Fiscalía detalles de esa conversación: “Me llamó a las 12 del día y me dijo que estaba muy preocupado porque había recibido otra amenaza, la segunda, y me manifestó el deseo de estar en mi casa un rato y yo accedí”. Al rato, se encontró con el investigador en la plaza principal de Girardota, donde vivía ella. Sergio estaba inquieto y le sugirió que tomaran algo y se fueron para un lugar llamado Antojos del Camino, a diez minutos en carro de donde estaban.

Momentos después de llegar al sitio, la zozobra embargó al funcionario. “Estando ahí empezaron a circular motos con personas uniformadas del Ejército, Sergio me dijo ‘vámonos de aquí ya porque se enamoran de mí y me salen matando’”, recordó Janeth. Y abandonaron el lugar. La idea inicial fue ir a la casa de ella, pero en el trayecto de regreso detectaron un automóvil Mazda, color blanco, que los seguía a una prudente distancia. Pese a que el investigador reducía la velocidad de su vehículo y en un momento hasta detuvo la marcha, el otro no los rebasaba y se mantenía alejado, para impedir que le vieran las placas.

“El carro blanco nos siguió hasta mi casa. En vista de eso Sergio no se bajó. Paró el vehículo, yo me bajé rápidamente y él me dio instrucciones de que no me asomara una vez estuviera dentro de la casa. El carro blanco siguió detrás de Sergio”, relató Luz Janeth ante un fiscal. Minutos más tarde, él la llamó desde la autopista y le dijo que todo estaba bien, que ya no lo estaban siguiendo, y le prometió que la llamaría más tarde.

En la cabeza de Luz Janeth rondaban los últimos operativos que había hecho su amigo y de los cuales supo por él mismo. En particular, recordó uno que adelantó meses atrás en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, y sobre el cual le contó algunos detalles. “Sergio hizo un operativo y decomisó unos uniformes camuflados del Ejército, me comentó que había capturado varias personas en ese operativo y que era algo muy delicado, una semana después de ese operativo, me dijo que lo habían amenazado de muerte”.

El operativo narrado por Luz Janeth a la Fiscalía fue un allanamiento realizado el 23 de enero de 1998 a una casa situada cerca a la plaza principal. En ese procedimiento, adelantado por un grupo de investigadores del CTI liderado por Sergio, fue capturado Ricardo López Lora, alias ‘La Marrana’, un paramilitar de las Accu quien, por orden de los altos mandos de esa organización armada, fue trasladado del Urabá antioqueño a La Ceja con el fin de constituir una célula armada que le permitiera adelantar operaciones contra supuestos integrantes, colaboradores y simpatizantes de las guerrillas de las Farc y el Eln, y contra todos aquellos que generara desorden social. Se calcula que asesinó por lo menos a 17 personas. Sus fondos económicos provenían de personas adineradas de la región.

En ese allanamiento los investigadores del CTI incautaron varios elementos, pero el que más les llamó la atención fue un beeper o buscapersonas, dispositivo de envío y recepción de mensajes, muy usado en aquellos años. Un análisis de los textos recibidos y enviados llevó a los funcionarios judiciales a establecer las redes de apoyo de alias ‘La Marrana’, entre ellas las que logró construir con el mayor Álvaro Cortes Morillo, jefe de operaciones del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, unidad militar con sede en la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro y adscrita a la IV Brigada del Ejército. Los mensajes entre uno y otro mostraron una fuerte articulación operativa, razón por la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a este militar a una pena de 136 meses de prisión en sentencia proferida el 4 de junio de 2003 por el delito de concierto para delinquir. La sanción fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia y por la Corte Suprema de Justicia.

El impacto que tuvo esa captura y la identificación de esas redes de apoyo contuvo por un par de años la consolidación de las Accu en esta rica región de Antioquia, donde el valor del suelo es uno de los más caros del país y en la que tienen sus fincas de recreo prestantes personalidades del departamento. Lo que logró Sergio y su equipo del CTI no era de poca monta, por ello no era de extrañar que fuera amenazado.

El investigador volvió a llamar a Luz Janeth horas más tarde de su encuentro, tal como se lo había prometido. Se comunicó con ella varias veces, tratando de calmarla. Le dijo que se sentía más tranquilo y le anunció que asistiría a la despedida de su jefe, razón por la cual estaba optimista. “Me dijo que no me preocupara que ya venía el ascenso, y que me llamaba del apartamento porque ya había salido de la oficina”, recordó ella.

Luz Janeth tenía muchas razones para preocuparse. Las investigaciones que adelantaba Sergio no eran fáciles, los resultados que estaba obteniendo afectaban a las Accu de manera drástica y develaban el entramado que venía construyendo ese grupo armado ilegal, tanto con miembros de la Fuerza Pública como con quienes aportaban dinero para financiar sus operaciones militares. Las amenazas arreciaron cuando, según declaró Janeth al ente investigador, su amigo “había capturado a una persona muy importante del grupo de los paramilitares”.

vpj-cti-medellin-1El allanamiento al parqueadero Padilla sacó de casillas al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien ordenó asesinar a los investigadores que hicieron parte del operativo. Foto: archivo Semana.

Gregorio Oviedo, quien para la época se desempeñaba como Director del CTI en Antioquia y era su jefe inmediato, recuerda que este tipo de acciones eran propias de Sergio debido a su alto compromiso con la institución: “Él representó –y aun representa- a una generación de investigadores de la Fiscalía que, en su momento, no solo interpretaron y aplicaron de manera estricta los mandatos constitucionales y legales que deben orientar a todo servidor público, sino que se comprometieron con la defensa, igualmente irrestricta, de los derechos de las víctimas”.

Tras un parqueadero
Tres meses después de haber liderado el operativo contra alias ‘La Marrana’, Sergio estuvo al frente de otro allanamiento, esta vez en un parqueadero del centro de Medellín, muy cerca al centro administrativo de la ciudad, donde quedan las sedes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Edificio de la Justicia. En ese lugar descubrieron el corazón financiero y logístico de las Accu.

Los investigadores del CTI llegaron al sitio, ubicado en el segundo piso del parqueadero sin saber a qué se enfrentarían. De esa oficina supieron horas antes cuando, a través de una llamada anónima a la línea 9800 de la Fiscalía, recibieron información sobre un posible movimiento de un cargamento de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares desde Medellín hacia Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño.

Tal información, que fue calificada de fidedigna, los llevó a montar un operativo para incautar esas prendas y detener a los transportadores. Y efectivamente lo lograron. En los límites del corregimiento Palmitas de Medellín y el municipio de Sopetrán fue detenido un campero Chevrolet Trooper, de placas KFI 885. En el vehículo iban José Alberto Cadavid Vélez, Boris Fernando Baena Rodríguez y John Jader Roldán Arango, quienes transportaban varios bultos que contenían 150 uniformes camuflados de uso privativo del Ejército y tres millones de pesos en billetes de 20 mil pesos. El hallazgo era significativo en la lucha que adelantaban las autoridades para contrarrestar el paramilitarismo en esa región del departamento. Las prendas y el dinero tenían como destino un bloque paramilitar comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias ’Memín’.

Pero lo de los uniformes y la plata fue lo de menos. Una revisión detallada de algunos documentos que portaban los capturados les permitió concluir a los investigadores del CTI que en el centro de la capital antioqueña había una oficina desde donde se coordinaban tareas de apoyo y logística a los grupos que hacían parte de las Accu. Por tal razón solicitaron a sus jefes allanar el lugar ese mismo día. Así quedó consignado en un documento: “Después del estudio de la documentación que portaban los retenidos y de cotejar con nuestros archivos, se puede presumir que en la carrera 55, N° 45A — 38 de la ciudad de Medellín y en la carrera 55, N° 45A — 10, la cuales corresponden según diligencias adelantadas al Parqueadero Padilla, pueden haber elementos de esta misma naturaleza, por lo cual solicitamos sea estudiada la posibilidad de realizar una diligencia de allanamiento y registro”.

vpj-cti-medellin-1En Medellín se había establecido el centro financiero de las Accu y desde allí se coordinaban las acciones en varias regiones del país. Foto: archivo Semana.

La solicitud les fue presentada a Oviedo y al Director Regional de Fiscalías, Iván Velásquez, quienes de inmediato ordenaron el operativo para evitar que quienes trabajaran en ese lugar fueran avisados. “Sergio estuvo en ese operativo porque el jefe de la Sección de Información y Análisis, Jorge Fernández, estaba en Dabeiba en un procedimiento contra paramilitares de allá, y cuando éste se ausentaba, lo reemplazaba Sergio”, recuerda un funcionario que conoció del operativo en aquella época. “Yo me comuniqué con Sergio y le dije que debía estar al frente de esa situación”.

El operativo se realizó en horas de la tarde. El grupo de investigadores del CTI llegó al parqueadero y encontraron en una de las oficinas a Jacinto Alberto Soto Toro, Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y a Luz Aleyda Narváez Caicedo, quienes intentaron destruir diskettes y documentos cuando se percataron de la llegada de los funcionarios judiciales. Una vez detenidos y realizadas las inspecciones del lugar, encontraron una mina de información: se trataba de los documentos de soporte de los movimientos contables de las Accu de los años 1995, 1996, 1997 y del primer semestre de 1998.

Lo hallado estaba en un armario de doble fondo. “Esos documentos estaban registrados en cerca de 70 diskettes y dos libros de cuentas”, recuerda un investigador de la época. En ellos había nombres y apellidos de personas naturales y de empresas, así como anotaciones de movimientos de dinero, de armas, de municiones, de logística, de vehículos, de propiedades rurales, de combatientes, todos los organigramas, desde el Estado Mayor hasta el último de los frentes, y los estatutos de las Autodefensas. Los investigadores tenían en sus manos las pruebas de cómo se estructuraban las Accu en el departamento de Antioquia y otras regiones del país. Lo que revelaban los documentos era una empresa criminal con tentáculos en varias regiones del país. De acuerdo con los organigramas encontrados, para esa época esta estructura paramilitar estaba conformada por los bloques Norte, Metro, Llanero y Occidental, el Frente Sur y la Escuela Móvil, los que a su vez integraban otros frentes y destacamentos. (Ver esquema original)

Toro Soto se identificó, inicialmente, como ganadero y alegó ante los investigadores del CTI que se encontraba allí de paso. No obstante, ante la contundencia de los hallazgos no tuvo más remedio que aceptar que era un miembro de las Accu y era conocido con el alias de ‘Lucas’. En su primera diligencia de indagatoria y tras ser preguntado si sabía los motivos por los cuales fue apresado, respondió: “estoy detenido por ser miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Bajo su responsabilidad estaba la administración de este centro financiero y logístico. 

vpj-cti-medellin-1En este evento social, que concentró a los principales jefes paramilitares, aparece en el círculo Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', quien tenía bajo su responsabilidad el manejo de las finanzas de las Accu. Foto: archivo Semana.

Una vez los resultados del operativo llegaron a oídos de Carlos Castaño Gil, vocero de las Accu, entró en cólera. Sabía que el CTI de Medellín había puesto en riesgo parte de su estructura paramilitar y desnudó la dimensión real de las Accu y buena parte de sus financiadores. Hasta ese momento, no habían sido afectadas por acciones del Estado en su estructura militar y mucho menos en su componente financiero. Rápidamente comenzó a trabajar para contrarrestar las consecuencias que podría traer los hallazgos, sobre todo para sus colaboradores económicos. “Lo primero que hizo fue ofrecer 500 millones de pesos esa misma noche para que se dejara libre a ‘Lucas’”, cuenta un antiguo funcionario de ese cuerpo judicial. “Pero nadie quiso aceptar el ofrecimiento”.

El informe inicial presentado un día después del allanamiento al entonces Director Regional de Fiscalías precisó los hallazgos en el operativo de allanamiento al parqueadero Padilla: “libros de contabilidad que al parecer registran los movimientos contables de dicha organización, incluidos los aportantes económicamente, extracto bancarios, comunicaciones sobre operativos militares, relación de personas que posiblemente hacen parte de la misma”.

De inmediato se conformó un equipo de análisis para que revisaran los documentos encontrados y se hicieran las valoraciones necesarias para precisar frente a qué estaban. Buena parte de los datos asentados en los libros contables contenía información de cheques de cientos de cuentas bancarias, tanto de personas como de empresas, de diversas regiones del país. En total se identificaron 497 cuentas, las cuales fueron congeladas por órdenes de la comisión de fiscales que inició el proceso en Medellín.

Luego de identificadas las cuentas, los investigadores le abrieron una carpeta a cada cuenta para cada persona y empresa registrada en los libros contables con el fin de establecer por qué esos cheques aparecían en la contabilidad de las Accu, que, en últimas, había sido la beneficiaria final de esos dineros. A simple vista no se podía determinar cuál fue el procedimiento que se hizo para que esos cheques acabaran allí, pero lo cierto es que, como lo diría un investigador en aquella época, “se comenzó a hablar de muchas personas, de platas que entran a esas cuentas, de platas que salen, quiénes reciben, se encuentra información muy importante, de gente de toda clase”.

Los archivos contenidos en el expediente abierto después del allanamiento y la captura de alias ‘Lucas’, permiten reconstruir, inicialmente, el nombre de las empresas cuyas cuentas bancarias estaban asentadas en los libros contables de las Accu. Ellas son:

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Adicional a los documentos, en el lugar también encontraron un beeper o buscapersonas, cuya revisión arrojó cientos de mensajes de texto recibidos y enviados que revelaron los contactos con decenas de personas. Una vez depurada la información, se estableció que desde el parqueadero Padilla había constante comunicación con jefes paramilitares, empresarios y militares. Incluso, se estableció que había constantes mensajes con alias ‘La Marrana’, en La Ceja. Poco a poco se iba descubriendo una gran red ligada a las Accu.

Con esas pesquisas, Carlos Castaño Gil se sintió acosado y se gestó entonces una campaña de venganza contra el CTI en Medellín. Al respecto, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, le contó a fiscales de Justicia y Paz catorce años después del operativo contra el parqueadero Padilla detalles de la reacción del vocero de las Accu: “La orden que da Carlos es dar de baja  a los investigadores que participaron en ese operativo, para tratar de intimidar y que no continúen con estas investigaciones y que llegue a individualizar a las personas que le colaboran a las autodefensas, ya que habían muchos empresarios, ganaderos, finqueros personas de todo tipo”.

vpj-cti-medellin-13Daniel Mejía, alias 'Danielito', y Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', paramilitares vinculados con la Oficina de Envigado. Fotos: archivo Semana.

Al respecto, Oviedo describió para VerdadAbierta.com la trascendencia de esos hallazgos: “el operativo en el parqueadero Padilla desnudó la cruda y violenta realidad del paramilitarismo en el país, hasta entonces si no oculta, sí deliberadamente eludida, tanto por los medios de comunicación como por los llamados sectores vivos de la sociedad con las conocidas excepciones. Este operativo tuvo especial connotación, además, porque golpeó el corazón financiero de ese monstruo de mil cabezas”.

Si bien se tenía un cúmulo de información que permitió identificar, en palabras de Oviedo, “multimillonarios negocios, por ejemplo, la compra de un barco y una hacienda de más de 3000 hectáreas por parte directamente  de Carlos Castaño, las estrechas relaciones entre guarniciones militares y los paramilitares, los contactos –relaciones- entre clase política y la organización paramilitar”, lo cierto es que después de tres años solo se logró adelantar un operativo en Montería el 24 de mayo de 2001 contra la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), organización no gubernamental fachada de los negocios de tierras y de sostenimiento de la estructura armada en Córdoba de los hermanos Castaño Gil y de Salvatore Mancuso.

Persecución violenta
Sergio se convirtió entonces en uno de los primeros blancos por su condición de coordinador del operativo contra el parqueadero Padilla. Arreciaron las amenazas telefónicas en su contra. De cómo se sentía este investigador sabía bastante bien Ana Isabel Gómez, una compañera de trabajo en la Unidad de Investigaciones en aquella época. Según le contó a la Fiscalía, “se le notaba muy inquieto, yo conocía bastante a Sergio y cuando a él le daba la andadera era porque algo le pasaba y días anteriores a su muerte estuvo así”. La asistente de Sergio, Elba Lucía Posso, también hizo referencia a esas inquietudes en una entrevista ante las autoridades: “Yo lo notaba un poco preocupado, como pensativo; yo en algún momento le dije ‘Jefe, qué le pasa, lo veo como pensativo’, y me manifestó ‘negra, esto está hecho un mierdero’”.

Juan Carlos Galvis, quien en aquella época trabajaba en la oficina de monitoreo del CTI en Medellín, recordó en una declaración ante fiscales que conoció a Sergio en 1994, cuando ambos ingresaron a la institución judicial. Juntos trabajaron en interceptaciones telefónicas autorizadas para identificar redes del paramilitarismo en Medellín y municipios vecinos. Razón por la cual había mucha presión y riesgos. “Sergio a veces me comentaba que teníamos que extremar mucho las medidas de seguridad porque con lo que estábamos porque con lo que estábamos metidos era muy delicado y me insinuaba cierto temor por su vida y la de nosotros”. Lo delicado de estas investigaciones sobre el paramilitarismo radicaba, según le comentaba Sergio a Galvis, en que enfrentaban “a gente muy poderosa capaces de hacer cualquier cosa”.

Y ese mismo presentimiento embargaba a Luz Janeth. Las conversaciones con Sergio no la tranquilizaban, por el contrario, a cada llamado se inquietaba más, pues lo notaba distinto a como lo había sentido horas antes, cuando se habían encontrado en Girardota. “En la última llamada que me hizo, antes de salir para su apartamento, me contó que como que a él también lo estaban despidiendo y que lo estaban acosando para que saliera rápido de la oficina. Lo sentí muy relajado, muy distinto, y me dijo que se había tomado unos brandis. Después de eso no me volvió a llamar”.

Lo acribillaron
Eran las 9 y 30 de la noche cuando Sergio se comunicó por última vez con su amiga. Con unos tragos en su cabeza, sin su arma de dotación, portando un radio de comunicaciones y solo, el Jefe de la Sección de Investigación del CTI de Medellín, salió de su oficina en el edificio El Capitolio, centro de la ciudad, en dirección a su apartamento de la urbanización Las Cometas, en el barrio Robledo Manejaba un vehículo Renault 12 gris. Tomó la avenida Oriental hacia el norte, bajó hasta la carrera Bolívar, donde giró a la derecha, buscando la calle Barranquilla. Al llegar a ese cruce, el semáforo estaba en rojo.

vpj-cti-medellin-1Así quedó el vehículo en el que viajaba Parra Ossa luego de que dos sicarios lo abalearan.

Mientras Sergio esperaba el cambio de luces, dos hombres descendieron de una camioneta color verde oscuro que estaba a pocos metros, y luego de ubicarse a lado y lado de las ventanillas delanteras del Renault 12, dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte instantánea al funcionario. De acuerdo con uno de los testigos, “el que estaba del lado izquierdo una vez terminó de disparar hizo el amague de irse, pero se devolvió y siguió disparando contra el conductor”. En total, los sicarios le propinaron 15 disparos. A los diez minutos de ocurrido el hecho, la Sala Satélite del CTI fue notificada de un tiroteo en la carrera 51 con calle 67.

Pasadas las 10 de la noche llegó al lugar la fiscal Luz Miryam Suárez, quien se encargó de las primeras pesquisas. Lo primero en establecerse es que el número de placas del vehículo en el que llegaron y huyeron los sicarios, suministrado por testigos de los hechos, RIE 698, no correspondían a las características del carro. Investigadores de la SIJIN de la Policía Nacional que acudieron al lugar del asesinato establecieron que eran falsas. Luego se quiso conocer las grabaciones de las cámaras de seguridad que había en este sector de la ciudad, las cuales son controladas por la empresa estatal Metroseguridad desde el piso 12 de la sede de la Alcaldía de Medellín.

En el informe que presentó la fiscal del caso quedó registrada la visita a la sala de control de las cámaras: “Nos dirigimos allí a eso de las dos de la mañana, donde fuimos atendidos por el señor Guillermo Niño y después de observar el casete que contiene la cinta correspondiente al lugar y hora en las que ocurrieron los hechos que investigamos, no se encontró en la misma prueba alguna que condujera a la identificación del vehículo referenciado ya que al parecer las cámaras enfocaban hacia otro lugar”.

Según consta en expedientes, al día siguiente del homicidio, la mamá de Luz Janeth la despertó muy temprano, preocupada. Había escuchado en su radio las noticias de la mañana, como era su costumbre, y en ellas se habló de un hombre asesinado la noche anterior llamado Sergio: “Fue a mi habitación y me preguntó si yo podía llamar a Sergio al celular o ponerle un mensaje, y le dije que a esas horas no me parece, y ella me interrumpió y me dijo que había escuchado en las noticias que habían herido a Sergio, yo traté de marcar al celular pero no me pude comunicar, llamé a la casa de John Diego Ruiz, él trabaja en la Unidad de Bello, pero no hablé con él porque no estaba, hablé con la dueña de la casa y le pregunte si era cierto que habían herido a Sergio y ella me manifestó que lo habían matado”. La mujer quedó desolada. Había perdido a su amigo, un abogado graduado en la Universidad de Medellín, de 40 años de edad, y destacado por su carácter afable y sencillo.

Oviedo, su último jefe, lo recuerda como una persona “desparpajada y ello lo reflejaba en su forma de ser: su relación con subalternos y subalternas fue en todo momento horizontal y no vertical, es decir, siempre guiada por el diálogo y las buenas formas, de modo que no imponía criterios de jerarquía sino de raciocinio; ese carácter sencillo y desparpajado lo exteriorizaba plenamente en su particular forma de vestir que, en cierta manera, hacía recordar a otro símbolo del poder judicial como lo fue Jaime Pardo Leal, esto es, ostentar las prendas sin ataduras a líneas o criterios frívolos”.

Su exjefe lo recuerda como un profesional que tenía como meta escalar en la línea jerárquica del poder judicial “a partir de un servicio público totalmente entregado a los intereses colectivos y con apego irrestricto a los postulados constitucionales, legales, morales y éticos, que aplicó fielmente hasta el día de su muerte”.

Los hallazgos de Sergio contra el paramilitarismo en Antioquia no fueron pocos y sus consecuencias iban a ser fatales. Adolfo Gómez, quien trabajaba bajo sus órdenes, recordó ante fiscales una conversación con su jefe: “En alguna ocasión me dijo que presentía que lo iban a matar”. Curiosamente, Oviedo también destaca una anécdota similar ocurrida al caer la noche tras el allanamiento del parqueadero Padilla: “en un momento que hasta ahora no tiene explicación, quedó solo con el Director Seccional en una de las oficinas (eran dos) allanadas, y en una sorpresiva reacción se dirigió a éste y le dijo: ‘Sabe qué Jefe… con este operativo, los dos (e hizo un gesto con la mano derecha que significa involucramiento de dos personas, dedos índice y pulgar)… tuqui, tuqui, lulú’, llevando su mano al cuello. Días después fue asesinado”.

Detrás de su homicidio
Durante los días siguientes, las investigaciones para dar con los responsables del crimen de Sergio se fueron encauzando hacia el barrio Miramar, en la zona noroccidental de la ciudad. Informantes del CTI de la Fiscalía aportaron datos que hacían referencia a integrantes de bandas de esa zona de Medellín quienes al parecer serían los responsables del homicidio. Juan Carlos Galvis, quien trabajó con la víctima, dijo en una ocasión ante la Fiscalía, que “se ha comentado que al parecer fue un grupo que contrataron las Autodefensas para que diera de baja a Sergio, al parecer es una banda denominada en la ciudad ‘La Terraza’”.

vpj-cti-medellin-1Estos fueron los retratos hablados de quienes se supone participaron en el operativo sicarial que acabó con la vida de Parra Ossa.

Para aquellos años, la hegemonía criminal en las calles de Medellín la ejercía la poderosa banda ‘La Terraza’, a través de la cual el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil eliminaba a sus “enemigos”. Para la fecha de la muerte de Sergio, sicarios contratados por esta banda en Medellín ya había asesinado al abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; a los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón. Y un año después acribillaron al humorista Jaime Garzón.

En un informe de la Fiscalía, realizado un mes después de la muerte de Sergio, se registró el testimonio bajo reserva de uno de los informantes, quien le dijo a los investigadores del CTI que la muerte del Jefe de Investigaciones de este cuerpo judicial “fue realizada por una banda que opera en la comuna nororiental al mando de alias ‘Tití’, ‘Tato’ y ‘Vitamina’, quienes recibieron la suma de cinco millones de pesos, igualmente dice que dicha banda se encarga de realizar los atentados terroristas que son ordenados por oficinas de delincuencia organizada”. En los archivos del CTI reposaba información sobre esos hombres y se estableció que hacían parte de una banda que operaba en el barrio Robledo-Miramar.

La estrategia de ataque en esta ocasión no fue distinta a cómo actuaba la criminalidad paramilitar en Medellín: Castaño ordenó el crimen del investigador y encargó a ‘La Terraza’, la que a su vez contrató a sicarios de la banda de Robledo-Miramar, quienes ejecutaron el homicidio. Si bien varias semanas después del crimen fueron capturados Fredy Tobón Jiménez, John Jairo Rodríguez Ospina, John Mario Ramos Guzmán y Omar Argiro Henao Vásquez, como sospechosos del crimen, el proceso penal precluyó a su favor, pues no se pudo demostrar la participación en el hecho. Han pasado 17 años de este asesinato y aún persiste la impunidad.

Pero las preocupaciones de Luz Janeth estaban más allá de esas capturas, según le dijo a las autoridades. Sergio le había comentado en alguna ocasión sus inquietudes en relación con algunos de sus compañeros en el CTI. “Sergio no confiaba en algunos porque decía que había personas que se vendían por dinero y vendían a los amigos. La última vez que hablamos lo noté tan relajado, comprendí que a él lo querían ver así y por eso le dieron mucho licor. Me pregunto por qué lo dejaron ir sin su arma, siendo que él nunca la abandonaba, incluso cuando ocasionalmente bebía. Eso me parece muy raro”.

Y no era para menos. Desde hacía varios años, se sospechaba que ese cuerpo judicial estaba infiltrado por las Accu. Se hablaba de funcionarios que trabajaban para esa organización paramilitar facilitando información y previniéndolos de posibles acciones en su contra. Uno de los primeros en pasar por el ente de investigación fue Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quien fue una de las fichas infiltradas por estructuras criminales del Valle de Aburrá que luego se incorporaron a las Accu. Estuvo allí entre 1993 y 1994. Otro infiltrado que fue identificado plenamente fue Uber Darío Duque Álvarez, un abogado que ocupó durante 1996 el mismo cargo de Sergio, Jefe de la Unidad Investigativa del CTI en Medellín.

vpj-cti-medellin-1Durante la década del noventa, el CTI de la Fiscalía fue infiltrado por las Accu para evitar acciones punitivas contra sus hombres. Foto: archivo Semana.

En desarrollo de una investigación sobre la muerte de unos presuntos secuestradores en la que aparentemente estaba comprometido el CTI, varios funcionarios fueron entrevistados y uno de ellos, hablando de Duque Álvarez, recordó una conversación que tuvo con él en la que le dijo que “con las investigaciones de los paramilitares había que hacerse los bobos y que esa era una buena forma de colaborarles”.

Pero esa relación iba más allá de “hacerse el bobo”. Así quedó al descubierto cuando, a su salida del CTI a mediados de 1997, se convirtió en el abogado de Carlos Castaño Gil; se ratificó cuando se hizo público su cargo de asesor jurídico de la dirección política de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una confederación de grupos paramilitares que se constituyó en junio de 1997 la que hicieron parte las Accu; y se reiteró tras su asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2004 en el complejo deportivo Atanasio Girardot de Medellín, muerte que fue lamentada por el propio Castaño Gil en carta al entonces Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo fechada el 9 de marzo de ese año: “Dejo constancia pública de estos hechos criminales para que el gobierno nacional y los organismos de seguridad del Estado puedan aclararlos y castigarlos”.

Oviedo recuerda que, para finales de 1997, las actividades investigativas de ese cuerpo judicial en el departamento se encontraban seriamente cuestionadas, entre otras razones, según él, “porque se afirmaba que la institución se encontraba permeada, no sólo por la corrupción en su clásica expresión, sino igualmente por otros factores desestabilizadores y no menos graves que aquella, como, por ejemplo, el fenómeno del paramilitarismo”.

Mientras se intentaba aclarar la muerte de Sergio e identificar a los responsables, el clima alrededor de la investigación sobre documentos hallados en el parqueadero Padilla fue haciéndose más pesado y riesgoso. Tras la muerte del Jefe de la Unidad de Investigación del CTI en Medellín, varios de sus compañeros fueron trasladados a otras ciudades y algunos abandonaron sus cargos y se fueron al extranjero. Se temía que la persecución desatada contra ese cuerpo judicial pusiera más muertos.

Oviedo recuerda la tragedia que sobrevino después del allanamiento y de la muerte de Sergio: “sobrevino una serie de asesinatos contra servidores  que de una u otra manera tuvieron relación directa con la investigación, como es el caso de Diego Arcila Gómez, jefe de la sala técnica del CTI durante ésta; Jorge Armando Fernández Osorio, coordinador del grupo de investigadores a nivel seccional; Edwar Holguín, quien había participado junto con Augusto Botero –también asesinado- de manera activa en la investigación por la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo,  atribuida al paramilitarismo; Yerman Alí Giraldo Valderrama, coordinador de la unidad regional del CTI para Antioquia en la misma época, para citar solamente éstos”. El propio Oviedo tuvo que salir de la ciudad y, posteriormente, del país para preservar su vida.

vpj-cti-medellin-1El CTI de la Fiscalía puso una alta cuota de sangre en la lucha contra el paramilitarismo en Antioquia. Foto: archivo Semana.

Y es que Carlos Castaño Gil no estaba tranquilo con el trabajo del CTI en Medellín ni con alias ‘Lucas’ en la cárcel. Su persistencia para sacarlo de allí se concretó la tarde del 29 de septiembre de 1998, cuando este paramilitar salió del penal de Bellavista presentando una boleta de excarcelación expedida por la Fiscalía N° 66 Regional que, según las autoridades carcelarias, cumplió con todos los protocolos exigidos para darle libertad a un detenido. Las investigaciones para determinar responsables por esta fuga nunca prosperaron.

De alias ‘Lucas’ se volvió a saber el 17 de febrero de 2004, cuando su abogada le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín la cesación de todo procedimiento en su contra, argumentando que su defendido se había acogido a la Ley 782 de 2002, que consagraba beneficios jurídicos para aquellos que integraban grupos armados ilegales. Lo que reveló esa petición es que este paramilitar fue presentado como integrante del Bloque Nutibara de las Auc y se desmovilizó, sin que nadie lo detectara, el 25 de noviembre de 2003 en Medellín. Él era uno de los 868 hombres de esta estructura armada que dejaron sus armas en aquella ocasión. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín asumió el estudio de su caso y determinó, tal como lo había solicitado su abogada defensora, la cesación de todo proceso en su contra. Con esa decisión, era un hombre libre, sin líos con la justicia.

A esa medida se sumó una seguidilla de decisiones burocráticas sobre el expediente del parqueadero Padilla que acabaron diluyendo el proceso entre las estanterías de los despachos judiciales sin que se actuara de manera efectiva y se despejaran las dudas sobre si aquellas cuentas bancarias, personales y empresariales, asentadas en los registros de contabilidad de las Accu eran efectivamente de financiadores de este proyecto paramilitar.

Durante dos años, fue poco lo que se adelantó en la investigación. La muerte de Sergio y las continuas intimidaciones contra todo aquel que se acercara al proceso, así como la negligencia en el tratamiento de la documentación, llevaron a tomar la decisión de trasladar el voluminosos expediente a Bogotá, para que desde allí se adelantara una investigación con menos riesgos para los funcionarios, dado que se sospechaba de infiltrados de las Accu en la Fiscalía de Medellín.

Este traslado, autorizado por el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, reveló el lamentable estado de los documentos y la pérdida de algunas carpetas. Una funcionaria que recibió las decenas de cajas provenientes de Medellín escribió que “es incalculable la cantidad de documentos que está pendiente por clasificar, y así proceder a conformar los cuadernos”, y puso como ejemplo una carpeta que estaba conformada por 53 cuadernos: “la gran mayoría de estos cuadernos superan los 700 y más folios aproximadamente, y dichos cuadernos se encuentran sin caratular en debida forma, sin foliar, cuadernos que física, estética y materialmente son inmanejables”.

Pero lo que fue una buena intención para preservar las pruebas y proteger a los investigadores, se transformó en una excusa perfecta para evitar que las indagaciones progresaran. Entre diversas fuentes consultadas, todas cercanas al proceso del parqueadero Padilla, hay consenso en la poderosa influencia que ejerció el fiscal general Luis Camilo Osorio, una vez asumió el cargo el 31 de julio de 2001, en reemplazo de Gómez Méndez, para que se archivara la investigación, lo que en efecto ocurrió.

“Con toda la información que había allí fácilmente podría haberse desmantelado el paramilitarismo. ¿Por qué la Fiscalía no asumió el compromiso que tenía que asumir? Le atribuyo esa situación a presiones de origen político por la calidad de gente podría aparecer involucrada”, le dijo un alto funcionario judicial a uno de los investigadores que participó en la elaboración del libro Memoria de la impunidad en Antioquia, publicado en Medellín en octubre de 2010 con el respaldo de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación.

Sergio y sus compañeros ofrendaron su vida por la justicia, pero ésta, lamentablemente, no actúa tan ágilmente, ni antes ni ahora, como sí lo hicieron los sicarios que segaron sus vidas. Oviedo mira en retrospectiva lo ocurrido y concluye que todos estos hombres sacrificados “supieron despojarse de todo interés individual o personal y comprendieron, en su exacta dimensión, que su papel estaba al lado de una sociedad que, mayoritariamente, estaba siendo acorralada, sometida al miedo y la humillación por sus sectores más retrógradas y sectarios que con otros, no menos violentos, han anegado de sangre el territorio nacional”.

El precio por la verdad del holocausto

En los 30 años de la investigación sobre qué pasó en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 las cuentas son macabras: un abogado asesinado, una juez exiliada y decenas de amenazas. Además, la fiscal que movió todo el caso fue separada de su cargo después de cinco años de trabajo.[1]

Por María Clara Calle

vpj-palacio-justicia-10La fiscal Buitrago acusó a cuatro altos oficiales de la cúpula militar de 1985 junto con varios de sus subordinados. Foto: Archivo Semana.

Una billetera negra atravesada por un tiro estuvo escondida durante 21 años en las bóvedas del B2, la sección de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército de Colombia. En ella estaba la cédula de Carlos Horacio Urán Rojas, su tarjeta profesional de abogado, la libreta militar, las licencias para conducir en Colombia y Estados Unidos, una foto de su esposa y su identificación como magistrado auxiliar del Consejo de Estado en 1985.

La fiscal Ángela María Buitrago llegó a las guarniciones del B2, ubicado en la zona norte de Bogotá, buscando pruebas para explicar qué pasó con las 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y siguen sin aparecer.

Urán no hacía parte de ese grupo pues su cuerpo lo hallaron dentro del Palacio y lo entregaron a su familia al día siguiente del fin del holocausto. Por eso, cuando en febrero de 2007 apareció esa billetera, Buitrago entendió que durante más de 25 años le habían mentido a la familia del magistrado auxiliar.

Ana María Bidegaín de Urán creía que su esposo había muerto dentro del Palacio, aunque no sabía muy bien si lo había matado el M-19 durante la toma o las Fuerzas Militares durante la retoma. En todo caso, el 8 de noviembre de 1985 recibió el cuerpo desde Medicina Legal y le dio cristiana sepultura. La última vez que habló con él fue la noche del 6, cuando ya había empezado el tercer y más devastador incendio del edificio. “Dijo que el humo era muy fuerte, se despidió con un beso y un te quiero”, recordó 29 años después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al igual que Urán, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siete funcionarios de esa corporación y del Consejo de Estado y casi un centenar de personas intentaban sobrevivir al incendio del edificio que albergaba a las altas instituciones judiciales colombianas. El peor fuego empezó aproximadamente a las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, seis horas después de que 35 guerrilleros entraran disparando con fusiles por el sótano y el Ejército respondiera sellando con tropas y tanques todas las entradas del Palacio.

vpj-palacio-justicia-10El primer incendio comenzó en el sótano y el segundo se originó en la biblioteca del primer piso. Ninguno de los dos fue catastrófico pues el devastador fue el tercero, que empezó en el cuarto piso. Foto: Archivo Semana.

El M-19 estaba acostumbrado a dar golpes que conmocionaran a la opinión pública y humillaran a los militares. Esta guerrilla de carácter urbano nació como respuesta a un supuesto fraude electoral ocurrido en 1970. Cuatro años después, el 17 de enero, el M- 19 se robó la espada del libertador Simón Bolívar, exhibida en un museo del centro de Bogotá, como gesto simbólico de que se alzaban en armas. Entre el 30 de diciembre de 1977 y el 1 de enero de 1978 dieron un golpe todavía más audaz: cavaron un túnel de 80 metros de largo desde una casa vecina hasta las instalaciones militares del Cantón Norte en Bogotá y se robaron 5.000 armas. Muchos de los cien colaboradores de la operación y de los 40 que robaron el armamento fueron encarcelados y sometidos a consejos verbales de guerra. El Ejército recuperó casi todas las armas. Para entonces, el país vivía en permanente Estado de Sitio, los militares impartían justicia y ya se hablaba de torturas, alianzas con el narcotráfico, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Pero ni las detenciones ni el Estatuto de Seguridad que decretó el gobierno, frenaron a los guerrilleros. El 27 de febrero de 1980, 18 miembros de esa guerrilla se tomaron la embajada de la República Dominicana, con una de decena de diplomáticos adentro y más de 50 civiles. La toma se extendió hasta el 25 de abril, pues sus exigencias al gobierno de Julio César Turbay Ayala eran muy altas: la libertad de los 300 miembros de ese grupo que estaban en las cárceles y 50 millones de dólares. Durante los dos meses que duró la toma, el Ejército se abstuvo de intentar un rescate por orden del presidente. Al final, los militantes del M-19 que estuvieron en la Embajada viajaron en avión hasta Cuba para asilarse y aunque el gobierno les concedió un millón de dólares ningún guerrillero salió de la cárcel.

La amnistía vino después, cuando en 1984 el presidente Belisario Betancur firmó un cese del fuego con el M-19, las Farc y el Epl, y se abrió un proceso de paz que fue saboteado por múltiples flancos. La Fuerza Pública seguía actuando mientras que las acciones militares del M-19 se intensificaron. Hubo combates en municipios como Corinto, Cauca y Yarumales. Luego de esas y muchas más violaciones a los acuerdos, el 20 de junio de 1985, Carlos Pizarro, comandante del M-19, anunció oficialmente el fin de la tregua. Su siguiente plan era tomarse el Palacio era hacerle un juicio político al presidente por “traicionar” los diálogos.

Para los militares significó la gota que rebasó la copa. “Era inocultable que el Ejército, vejado en su dignidad, herido en su amor propio ante hechos como el robo del Cantón Norte, la orden de cese al fuego impartida y los atentados del grupo guerrillero, esperaba una oportunidad propicia para desquitarse de su enemigo”, explica la Comisión de la Verdad de 2010 sobre el holocausto. Y el mejor lugar fue el Palacio de Justicia, donde estaba la Corte Suprema, que había limitado el alcance de los gobiernos durante los estados de sitio, y el Consejo de Estado con sus condenas por violaciones de militares a los derechos humanos.

La estrategia fue retirar la seguridad especial que tenía el Palacio para que los guerrilleros entraran fácilmente y tenderles una trampa, como en una “ratonera”, según lo indica la hipótesis de la Comisión.

La Fuerza Pública conoció las intenciones del M-19 desde semanas atrás cuando allanó una casa de guerrilleros donde estaban los planos del Palacio de Justicia, por la incautación de un casete que contenía la proclama que se reproduciría durante la toma y por un comunicado radial que los insurgentes emitieron el 23 de octubre de 1985 para anunciar que iba a suceder “algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido”.

El día de la toma, el Palacio estaba “custodiado” por seis vigilantes privados y no había ningún policía. A las 11:35 a.m., los guerrilleros ya tenían como rehenes a 350 civiles, desde magistrados hasta escoltas. Durante casi 28 horas hubo disparos de ametralladora a diestra y siniestra, rockets lanzados desde afuera, detonaciones de TNT y tanques militares dentro de la máxima instancia de la Justicia.

vpj-palacio-justicia-4A las 12:30 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, los tanques militares Urutú y Cascabel entraron por el sótano y la puerta principal a la máxima instancia de la Justicia en Colombia. Foto: Archivo Semana.

“Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego […] Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas”, suplicó en una cadena radial el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Su cadáver calcinado se reconoció por el documento de identificación que tenía cerca.

Para el 7 de noviembre, el Ejército había rescatado con vida a más de 200 personas sin registrar ningún guerrillero ni a los que creyeron “sospechosos”, los forenses recibieron 96 cuerpos quemados y por lo menos 11 personas desaparecieron: ocho eran los trabajadores de la cafetería y tres, visitantes ocasionales. Por décadas no fue muy claro cómo operaron los militares en la retoma y quiénes estuvieron a cargo de la salida de los rehenes. Sólo un cuarto de siglo después, la fiscal Buitrago encontraría los documentos oficiales con varias de las respuestas.

Un expediente desempolvado con rastros de sangre
A Ángela María Buitrago le asignaron la investigación del Palacio el 25 de noviembre de 2005, casi dos meses después de su llegada a la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Venía de 15 años de litigio y de dictar cátedra en la Universidad Externado. A su cargo tenía un equipo minúsculo de tres personas para develar un hecho ocurrido décadas atrás y que, a pesar de ser investigado por Justicia Penal Militar y un Tribunal Especial de Instrucción, no se había señalado ningún responsable por la desaparición de 11 personas cuyo paradero se desconocía.

Para su sorpresa tampoco encontró muchas pruebas. “Yo busqué el expediente del Comando del Ejército. Tenía 80 cuadernos, que es muy poco para tantos años de investigación, y le faltaban hojas”, asegura Buitrago.

Ella explica que en uno de los procesos de la justicia ordinaria, a finales de los años ochenta, se registraron más de 75 videos que mostraban a los desaparecidos salir con vida del Palacio y bajo custodia militar. Aunque estaban referidos en los expedientes, las imágenes ya no existían.

Fue por eso que Buitrago y su equipo visitaron todas las emisoras y los canales de televisión que emitían en el país en 1985 y que seguían funcionando 20 años después. Los videos de mayor calidad fueron los de TVE de España.

Muchas de las familias de los desaparecidos habían visto a sus parientes en las imágenes en los noticieros de noviembre de 1985 pero como la prueba ya no existía, no tenían nada para demostrarlo. Fue Buitrago quién recopiló de nuevo los videos y con su primer gran hallazgo los familiares identificaron a Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería; Cristina del Pilar Guarín, la cajera; al chef David Suspes y al mesero Bernardo Beltrán.

“Hubo otro dato interesante. Pablo Montaña, un radioaficionado ciego, nos dijo que había grabado cinco casetes entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 porque, cuando estaba en su emisora, captó señales de comunicaciones y se dio cuenta de que efectivamente era con algo complicado del Palacio de Justicia”, recuerda la fiscal.

Eran las conversaciones que los militares sostuvieron mediante radioteléfonos en la retoma. Pero los audios y sus transcripciones también desaparecieron de los expedientes originales. Buitrago supo que en su momento el abogado de las víctimas, Eduardo Umaña, les entregó una copia original a los periodistas Juan Ramón Jimeno y Herbin Hoyos. De esta manera, la fiscal recuperó cuatro de los cinco casetes.

Una frase fue la prueba reina de que sí hubo una orden militar para desaparecer, como sucedió en el caso de la guerrillera Irma Franco.

ARCANO 2 (coronel Sánchez Rubiano, jefe del B2): Únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto, sobre una sujeto que es abogada y que, ya fue reconocida por todo el per…, todo el personal, cambio.

ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnik, jefe del Estado Mayor): Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio.

ARCANO 2: Recibido y QSL.

Peritos de la Policía ratificaron que las voces que se escuchaban en todos los audios eran de los oficiales del momento, desde el entonces ministro de Defensa general Miguel Vega, quien estaba a la cabeza del Cantón Norte cuando el robo de armas; hasta su yerno, el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería.

En menos de un año de investigaciones, la fiscal ordenó la captura del coronel Edilberto Sánchez, quien debía responder por sus actuaciones como jefe de Batallón del B-2. Esta fue la unidad de inteligencia que recibió en la Casa Museo del Florero a la mayoría de los rescatados del Palacio y que los dividió entre civiles y “especiales”, por las sospechas de pertenecer al M-19 o de ayudar en la toma. En el momento de la detención, el oficial dirigía la cárcel del Guamo, Tolima.

vpj-palacio-justicia-10Los militares controlaron la salida del Palacio de todas las personas y los llevaron a la Casa Museo del Florero (en la imagen) para averiguar quiénes eran. Foto: Archivo Semana.

Era la primera vez que se relacionaba judicialmente a los militares con las desapariciones del Palacio de Justicia, lo que tanto buscó el abogado Umaña durante 13 años.

Las investigaciones que hubo antes de la llegada de Buitrago se centraron en condenar duramente a los guerrilleros del M-19 pero olvidaron a las víctimas. “El Tribunal Especial mató a los desaparecidos con un argumento totalmente estúpido”, sentencia César Rodríguez, hermano del administrador de la cafetería del Palacio. Su razón es que unos militares aseguraron que en el cuarto piso, cubierto por las llamas, había unos pasteles de hojaldre intactos. Para los jueces de la época fue prueba suficiente de que la repartidora Norma Constanza Esguerra murió a causa del incendio con todos los de la cafetería.

Umaña quería probar una tesis muy diferente: los empleados no murieron calcinados sino que salieron con vida del Palacio y el Ejército se los llevó. Para demostrarlo, buscó todas las pruebas posibles y fue entonces cuando encontró los cinco casetes con ocho horas de algunas de las conversaciones que sostuvieron los militares en la retoma. Los audios revelaban que el Ejército arremetió contra el Palacio sin importar la vida de los rehenes; agilizó las acciones antes de que llegara la Cruz Roja y dilató la entrada del organismo internacional al Palacio para dar la estocada final ese 7 de noviembre, en el baño donde se encerraban un puñado de guerrilleros con decenas de magistrados.

vpj-palacio-justicia-10El defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña había trabajado en el caso de Omaira Montoya, vista por última vez en 1977 y una de las primeras desaparecidas forzosamente en Colombia. Foto: Archivo Semana.

Otro hallazgo del abogado fue el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, miembro de inteligencia militar entre 1977 y 1989. En 14 folios fechados el 1 de agosto de 1989, detalló cómo torturaron a los desaparecidos del Palacio y los llevaron al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y a las Escuelas de Artillería y Caballería, esta última comandada por Plazas Vega. Además, dibujó tres mapas con las fosas donde estaban los cuerpos, según Semana.

Umaña llevó los casetes al Juzgado Segundo Especializado y el testimonio quedó en Procuraduría, pero poco podía hacer ante una Justicia para la cual la desaparición forzada todavía no era un delito sino que se investigaba como secuestro.

Esa era la gran diferencia del caso cuando asumió Buitrago, pues en julio del 2000 Colombia tipificó la desaparición y con ello se abrió la puerta para investigar a los militares por lo que les pasó a los empleados de la cafetería, a visitantes y a una guerrillera. El impedimento es que las pruebas desaparecieron y, contrario a lo sucedido con los casetes, el testimonio de Gámez no se recuperó.

Pero el aporte de Umaña no fueron únicamente las evidencias. Sus denuncias de desapariciones, cuando el gobierno y los militares sostenían que todos habían muerto quemados dentro del Palacio, mantuvieron vivo el expediente. Era el único que respaldaba a las familias de las víctimas y además las organizó con reuniones semanales. “Una de las cosas que nos alentó fue la confianza del doctor Umaña”, afirma Pilar Navarrete, esposa del desaparecido Héctor Jaime Beltrán que trabajaba como mesero. “Yo tenía 20 años cuando pasó lo del Palacio y no sabía qué era la desaparición forzada. Sólo esperaba que ‘Jimmy’ llegara en cualquier momento”, agrega para explicar que Umaña les mostró lo que realmente estaba pasando.

La intención de abogado era convencer de lo mismo a los jueces y como no podía por la vía penal, intentó la administrativa. A inicios de los noventa empezó a enviar uno por uno los casos de los desaparecidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En todos, la respuesta fue negativa hasta que subieron a segunda instancia, al Consejo de Estado. “Declárese a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional responsable por la desaparición de Cristina del Pilar Guarín Cortés, en los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia”. Esta primera reparación fue por 1.000 gramos de oro en 1994. Para 1999, se habían logrado otras seis. El Estado cumplió y pagó la cantidad impuesta, según familiares.

Sin embargo, la verdad sobre qué pasó con las 11 personas seguía oculta y para impedirlo Umaña se montó en un nuevo caballo de batalla. En 1996 pidió que se exhumaran los cuerpos que Medicina Legal había enterrado en el Cementerio del Sur desde hacía más de una década.

El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, "optó [...] por modificar la escena de los hechos y manipular indebidamente los cadáveres", como dice la primera sentencia en su contra. Ese 7 de noviembre, el Ejército trasladó los cuerpos incinerados al primer piso. Los 96 cadáveres que llegaron a Medicina Legal estaban lavados. Lograron identificar a 70 y la mayoría de estos los entregaron a las familias, incluido el del comandante del M-19 Andrés Almarales.

vpj-palacio-justicia-10De las casi 400 personas que estaban en el Palacio de Justicia durante la toma y la retoma, salieron 96 cadáveres para Medicina Legal. Foto: Archivo Semana.

Cuando Medicina Legal estaba en ese procedimiento, un juez Penal Militar ordenó que los cuerpos se debían enterrar en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, pues inteligencia sostenía que el M-19 iba a recuperarlos. A diez cuerpos plenamente reconocidos los enterraron sin ninguna identificación junto con otros 26 N.N. del Palacio. El Gobierno indicó que sólo se inhumaron 14 cadáveres y que los supuestos 11 desaparecidos estaban enterrados en esa fosa, como lo muestra el informe de necropsia que se realizó más de una década después de los hechos.

Doce años después, Umaña logró la autorización para identificar los restos del Cementerio del Sur. “Me dijo que ganábamos por cara o sello. Si aparecían nuestros familiares, el Estado tenía que explicar cómo murieron y si no, comprobábamos que estaban desaparecidos”, recuerda René Guarín, hermano de Cristina del Pilar.

El abogado no alcanzó a estar en las exhumaciones. Lo asesinaron el 18 de abril de 1998. La prensa registró que tres supuestos periodistas pasaron el filtro de la portería y entraron al despacho de Umaña. A los pocos minutos, dos hombres y una mujer salieron con cámara en mano y ocultaron el arma con silenciador. En la oficina quedó el cuerpo inerte de Eduardo Umaña con tres impactos de bala.

Los muertos de la fosa común
Este asesinato paró casi por completo el proceso pero el resultado del trabajo de Umaña le daría una base firme a Buitrago para retomar la investigación. La clave fue la exhumación.

Entre el 21 de julio y el 1 de octubre de 1998 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desenterró “90 cuerpos articulados de adultos, 50 cuerpos de infantes o fetos no nacidos y 25 concentraciones de huesos”, como detallan en su informe. En la misma fosa de las víctimas del Palacio de Justicia estaban fetos de los abortos en hospitales públicos y algunos muertos por la tragedia de Armero del 13 de noviembre de 1985. Los expertos reconocieron que 36 de los restos eran de personas con heridas de bala o quemaduras del Palacio.

Al año siguiente, Medicina Legal comparó 28 de ellos con una lista de 12 desaparecidos pero para EAAF los cotejos se tienen que ampliar pues “probablemente, el número adicional de personas corresponde a los cuerpos de miembros de la guerrilla”.

Sin embargo, de esa lista se pudo identificar un cuerpo. En junio de 2001, los laboratorios genéticos de la Universidad de Granada, en España; de Medicina Legal y de la Fiscalía concluyeron que el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco estuvo enterrado durante 16 años en el Cementerio del Sur. Esta auxiliar de chef murió cuando tenía siete meses de embarazo.

El hallazgo tumbó el argumento de los militares para alegar que no había desaparecidos, pues si bien se había encontrado a una empleada de la cafetería, otros siete siguen sin aparecer, al igual que los tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.

De igual manera, otro de los argumentos del Ejército en su momento era que los empleados de la cafetería eran guerrilleros. El esposo de Lucy Amparo Oviedo, quien estaba en el Palacio para hablar con Reyes Echandía, afirma que el coronel Sánchez le dijo en 1985 que los de la cafetería estaban desaparecidos porque se habían ido para el monte, que ellos se encargaron de entrar al Palacio uniformes, comida, municiones y armas. Así quedó registrado en la segunda sentencia contra Plazas. 

A un amigo de la familia Rodríguez el mismo oficial supuestamente le exigió que “dejara de estar indagando por personas que no valían la pena porque eran guerrilleros y asesinos”. Aunque el coronel Sánchez negó esas palabras ante los juzgados, César Rodríguez, el hermano del administrador de la cafetería, sostiene que “los militares nos enviaban el mensaje de que si habían cometido algún delito, todo era justificado”.

Ahora, con la certeza de que sus familiares no murieron en el Palacio y con el amparo de la ley para denunciar la desaparición penalmente, los parientes de las víctimas le solicitaron a la Fiscalía que investigara quiénes eran los responsables. El caso estuvo prácticamente archivado hasta 2005, cuando llegó Buitrago.

Los primeros obstáculos fueron la inexistencia de pruebas recopiladas anteriormente y el tamaño tan reducido del equipo de investigadores que debían develar lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Pero la barrera más grande era el “pacto de silencio” que pretendía romper Buitrago.

Sin saber si fue de manera expresa o tácita, lo cierto es que las presiones por ocultar la verdad de lo que pasó impidieron durante 20 años que se hiciera un peritaje objetivo y completo, como lo señaló la Comisión de la Verdad.

Buitrago y sus tres colaboradores se enfrentaron a las acciones de una cúpula militar y un Gobierno que no habían sido tocados por la justicia. Sólo en 1990 la Procuraduría destituyó al general Arias Cabrales y al coronel Sánchez por haber violado el derecho de gentes en la retoma, pero la decisión se revocó una década después.

Como si fuera poco, la fiscal tenía a la par otros procesos de gran relevancia política y en todos presentó resultados. Ella acusó a los primeros políticos investigados por vínculos con paramilitares como sucedió con el exgobernador del Meta Edilberto Castro, el exgobernador del Caquetá Carlos Palacio y el exsenador Ciro Ramírez. Al primero lo condenaron a 40 años de prisión, al segundo a ocho y al tercero a siete.

También investigó al exdirector del DAS Jorge Noguera, cuyo jefe inmediato era el entonces presidente Álvaro Uribe, por darle información secreta a los paramilitares; al exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces ministro del Interior y de Justicia, por beneficiar con sus investigaciones a jefes de las autodefensas; y a dos pesos pesados del Ejecutivo por presunta calumnia contra tres sindicatos. Se trataba de nada más y nada menos que del asesor presidencial del momento, José Obdulio Gaviria, y el vicepresidente Francisco Santos.

La entrada a guarniciones militares
Varios testimonios les avisaron a las familias de las víctimas que ellas estaban siendo torturadas en el Batallón Charry Solano o en el Cantón Norte, un complejo militar en Bogotá donde estaban el comando de la Brigada XIII y la Escuela de Caballería.

A Enrique Rodríguez, el papá del administrador de la cafetería, lo llamó un presunto integrante del B2 para decirle que él mismo había llevado a su hijo Carlos a la Brigada XIII, que lo torturaban y que luego lo llevarían a la Escuela de Caballería o a la de Artillería para desaparecerlo.

Un empleado del Cantón Norte y vecino de Lucy Amparo Oviedo, quien estaba en el Palacio para hablar con Reyes Echandía, les pidió a los familiares que le llevaran ropa porque estaba sucia.

El día en el que ellos fueron, un capitán les respondió que “no busquen más a esa mujer que ella ya se enterró en una fosa común”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá afirmó en 2012 que los testimonios son inconsistentes y no hay prueba de que Lucy haya salido con vida del Palacio.

En su intento por recuperarlos, las familias le contaron al entonces procurador Carlos Jiménez Gómez sobre los avisos. Él visitó el Charry Solano pero no encontró pruebas de secuestro o tortura. En sus 13 años frente al caso, el abogado Umaña solicitó visitar las guarniciones militares pero nunca le dieron permiso.

Al igual que los anteriores investigadores del caso, Buitrago sabía que era clave visitar las guarniciones militares a donde supuestamente habían llevado a los desaparecidos. Por eso, los dos primeros días de febrero de 2007 realizó una inspección en las bóvedas del B2 y en la Escuela de Caballería, ambas dentro del Cantón Norte.

La fiscal buscaba pruebas sobre los 11 desaparecidos pero encontró algo todavía más contundente que revelaba un delito distinto en el caso de una persona que supuestamente había muerto en el Palacio de Justicia.

El caso Urán
Ana María Bidegaín buscó a su esposo Carlos Horacio Urán en el Hospital Militar, el 7 de noviembre de 1985, porque en uno de los noticieros lo vio salir vivo del Palacio de Justicia. Urán cojeaba, de salto en salto, con su camisa blanca por fuera del pantalón, la corbata suelta y un par de policías en vez de muletas. Al día siguiente, el cuerpo del magistrado apareció con un tiro en la cabeza en el “cuarto de los guerrilleros” de Medicina Legal, junto al del líder del M-19 Andrés Almarales y otros insurgentes. Además, su cuerpo tenía rastros de que le habían tomado la huella dactilar después de muerto, la misma operación que le aplicaron a los cadáveres de los guerrilleros y al de la magistrada auxiliar Luz Stella Bernal.

A Bidegaín le entregaron el cadáver de su esposo limpio, sin tiznas del incendio. Días después le devolvieron el anillo de matrimonio y un llavero de la Universidad de Notre Dame, donde él había presentado su tesis de las ‘dictaduras rojas’. Nunca entendió cómo reconocieron que esos objetos eran de Urán.

En menos de dos semanas adelantó un viaje al exterior que tenía planeado con su esposo y sus cuatro hijas.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jesuita Fernán González le dio una carta el 19 de noviembre de 1985 con el compromiso de que la abriera sólo afuera de Colombia. Bidegaín no aguantó la curiosidad y la leyó dentro del avión. Ahí le afirmaron que su esposo había sido ejecutado por el Ejército y 22 años después Buitrago encontró la prueba reina de ello: la billetera negra baleada con los documentos de Urán, que estaba en las bóvedas del B2.

Esa inspección al B2 y a la Escuela de Caballería arrojó las pruebas más contundentes del caso hasta ese momento. La fiscal encontró una lista amarillenta titulada ‘Guerrilleros del M-19 dados de baja en combate’. Para su sorpresa aparecían los nombres del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz y el de Urán, que a diferencia de los otros no estaba escrito a máquina sino a mano, como lo registraron el periodista Daniel Coronell y el periódico El Tiempo.

En la misma caja había brazaletes del F2, la unidad de inteligencia de la Policía en 1985; dos placas de policías; algunos documentos de miembros del B2 sin datos y proyectiles de fusil.

También había una carpeta con la declaración de ‘S’. Aunque no tenía el nombre, se comprobó que se refería a la guerrillera Irma Franco y el contenido era toda la información que le sacaron mediante torturas para establecer qué pasó previamente a la toma del Palacio de Justicia y cómo se planeó todo.

En la Escuela de Caballería, Buitrago halló un informe en el que el coronel Plazas le rendía cuentas al general Arias sobre los rehenes y explica literalmente que él tuvo el “control directo” de las operaciones. El documento estaba sin firmar.

Además, la fiscal encontró dos documentos militares que demostraban cómo operó la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia y quién estuvo al mando de la salida de los rehenes. Aunque estaba incompleto, el Plan Tricolor de 1983 probaba que el Ejército controló la salida de todos los rehenes para evitar que los guerrilleros se escaparan. Por eso, civiles y “sospechosos” terminaron en la Casa Museo del Florero, guiados por la Fuerza Pública. Tres años después del hallazgo, el general Arias le especificó a la Comisión de la Verdad que “el Plan Tricolor no preveía el rescate de rehenes, tenía los lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos”.

Por su parte, el Manual de Inteligencia de Combate (MIC), que estaba completo, detallaba el procedimiento que se debía cumplir con los sospechosos de pertenecer o ayudar al M-19. Les hicieron “interrogatorios iniciales” en los que los trataron como prisioneros de guerra, separaron a los hombres de las mujeres y seleccionaron a quienes suministrarían “información de interés”. Luego del operativo “algunas unidades elaboraron informes de inteligencia, y finalmente se desconocieron las directrices sobre el manejo de la información, puesto que “…solamente el Comandante de la Brigada puede suministrar informaciones a la prensa o a la radio, guardando las normas establecidas sobre reserva y secreto, sin extenderse en comentarios o declaraciones””, como especifica el Tribunal Superior de Bogotá.

El coronel Plazas Vega fue precisamente quien habló a los medios de comunicación, ante los cuales pronunció su famosa frase “defendiendo la democracia, maestro”, aunque las sentencias posteriores contra el general Arias señalan que este era el único al mando.

vpj-palacio-justicia-10El coronel Alfonso Plazas Vega está condenado actualmente en segunda instancia a 30 años de cárcel como coautor mediato por la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, y de la guerrillera Irma Franco. Foto: Archivo Semana.

 

Además, el MIC concluyó que el B2 no fue el único encargado de las operaciones de inteligencia sino que también participaron tropas como “las unidades de caballería blindada”.

Así lo ratifica otro documento militar, creado en 1980 con el rótulo de secreto. El Plan de Operaciones de Inteligencia No. 002 contra el M-19 especificaba la Escuela de Caballería tenía objetivos militares para “identificar, ubicar, capturar e interrogar simultáneamente a integrantes del M19”, en coordinación con el B2. Esta prueba también la encontró Buitrago.

Con esto, la fiscal tenía lo suficiente para investigar al coronel Plazas, quien en 2007 ejercía como director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cuando Buitrago fue a la casa del oficial para ampliar la inspección, encontró en su biblioteca un video que no se conocía desde hacía 22 años. Eran las imágenes más nítidas de las últimas décadas sobre la retoma. Allí se veía a varios rehenes salir vivos del Palacio de Justicia.

A Plazas lo detuvieron en julio de 2007. Su defensa argumenta que él no estuvo al mando de la retoma pues era un subordinado del general Arias Cabrales y su misión era llevar a los rehenes a la Casa Museo del Florero. De ahí en adelante, afirma, era tarea del B2, liderado por el coronel Sánchez.

La Fiscalía vinculó a su jefe inmediato, el coronel Luis Carlos Sadovnik, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Brigada XIII. Este último declaró tres veces hasta que murió de un infarto en agosto de 2009.

Buitrago también halló pruebas contra el general Arias Cabrales y al excomandante del Ejército, general Rafael Samudio, y abrió investigación en septiembre de 2007. Ese mismo año, la fiscal acusó al coronel Sánchez Rubiano, con otro capitán y tres sargentos más del B2. Pocas semanas después, capturaron al general Iván Ramírez, quien encabezó el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano, donde torturaron a los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo.

vpj-palacio-justicia-10El entonces comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, tiene hoy una condena a 35 años de cárcel como coautor mediato por la desaparición de cinco personas, dentro de ellas la guerrillera Irma Franco. Foto: Archivo Semana.

En menos de tres años, la fiscal estaba produciendo resultados a pesar de que todavía se chocaba con la manipulación de las pruebas, como sucedió en el caso del Coici. Se comprobó que los libros con los detalles de quiénes entraron y salieron de la guarnición militar en la semana de noviembre de 1985, fueron quemados.

Además de investigar, capturar y acusar por las desapariciones a gran parte de la cúpula militar de aquel momento, Buitrago envió copias para que otros fiscales buscaran quiénes eran los culpables de las torturas y le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigara al entonces presidente Belisario Betancur por lo que pasó durante y después de la retoma.

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El primer traspié de los cuatro procesos que inició Buitrago fue con los oficiales del B2. Por una discusión de quién debía investigarlos y un paro judicial, el coronel Sánchez Rubiano, un mayor y tres sargentos quedaron libres el 30 de octubre de 2008 luego de que se vencieran el tiempo para juzgarlos.

Cinco meses después, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes de que el general Samudio estuviera involucrado en las desapariciones y cerró el caso.

La estocada a la Justicia
El ambiente se comenzó a caldear cuando la fiscal acusó formalmente a los militares para que un juzgado los condenara o los absolviera. De los tres procesos restantes, el del general Arias Cabrales y el del general Ramírez pasaron a la juez María Cristina Trejos, y el del coronel Plazas Vega quedó en manos de la juez María Stella Jara. Los primeros apelaron para que sólo los juzgaran por desaparición, mientras que el comandante de la Escuela de Caballería aceptó que resolvieran su caso por este delito más el de secuestro.

La abogada Jara pidió que le asignaran el Juzgado Tercero Penal Especializado, que tenía 19 investigación, en vez del que tenía con 350 procesos. Su intención era pasar más tiempo con su hijo adolescente. “Yo no tenía ni idea que el proceso del Palacio de Justicia estaba allá y sentí cierto temor cuando supe”, explica.

vpj-palacio-justicia-9-2Antes de asumir el caso de Plazas, Jara estaba en el Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogotá. Foto: Archivo Semana.

Los primeros tropiezos llegaron con el reiterativo cambio de abogados del coronel Plazas Vega. Luego vinieron los agravios en sala, donde el oficial le decía que no era ética, ni moral, ni intelectualmente apta para juzgarlo, como recuerda Jara.

A mediados de 2009 el coronel no acudió a la audiencia argumentando un trastorno de ansiedad y aun así no se dejó revisar por Medicina Legal. Jara tuvo que ir por la historia clínica al Hospital Militar y se la entregaron incompleta pues un oficial se llevó el resto, según explica ella. Cuando la juez iba a continuar la audiencia, a Plazas lo hospitalizaron. Medicina Legal fue a examinarlo y el resultado es que sólo tenía el estrés normal de una persona sometida a juicio. Las víctimas del Palacio afirmaban que el coronel salía a fiestas y reuniones familiares a pesar de estar detenido. 

“Era un mensaje de ‘aquí se hace lo que yo diga’. Y yo ‘que no, que se hace lo que el Juzgado diga’”, argumenta Jara para explicar por qué aceptó la petición de la defensa de las víctimas para remitirlo de la Escuela de Infantería a La Picota.

A los pocos días se publicó un video del traslado en el que Plazas Vega les grita “narcotraficantes, asesinos” a los guardias del Inpec y respecto a Jara afirma que es “miembro del narcotráfico”. Luego el coronel se quejó de los golpes que recibió y de una inyección con medicamento desconocido. En menos de una semana salió de prisión y regresó a la guarnición militar.

El otro escándalo fue la muerte del papá del coronel Plazas. Él sostuvo que nunca lo visitó porque la orden de la fiscal no llegó a tiempo. Jara afirma que la autorización llegó antes de que él muriera y cree que todo era para desprestigiarla.

En pocos meses, las cosas pasaron de castaño a oscuro. El 1 de septiembre llegaron dos sufragios a la oficina de la juez para ella y su hijo. Decían “sentido pésame por su próxima desaparición y el de toda su querida familia”. La fecha del funeral era tres días después. Ella recuerda que adjuntos iban el artículo de opinión ‘Calvario sin fin’ con el que Plinio Apuleyo criticaba el actuar de la Justicia en el caso del Palacio y una carta firmada por un tal Vladimir Mosquera Perea en la que le decían que “su comportamiento mostrado durante su gestión en el juzgado tercero Especializado de Bogotá, deja muestras de su inmensa arbitrariedad en contra de presuntos sindicados”. 

La Unidad de Protección le reforzó su esquema de seguridad y hasta al hijo de Jara le nombraron un escolta pero las amenazas se intensificaron. Un día la juez se dio cuenta que tres personas la siguieron al salón de belleza y luego al restaurante donde fue a almorzar. En ese momento sintió que la muerte estaba cerca.

“Ya había analizado jurídicamente la sentencia. Faltaba ajustar lo escrito porque argumentando se corrige mucho. Fue entonces cuando le dije a mi auxiliar: ‘saquemos esa sentencia rápido porque me van a matar’”, relata la juez.

Las amenazas contra la fiscal Buitrago no eran tan insistentes pero sí existieron. Ella denuncia que en la página oficial del Ministerio de Defensa colgaron una fotografía suya con su nombre a la que la apuntaba un francotirador. Cuando la fiscal replicó, el Ministerio le respondió que era un espacio abierto al público y que el autor pudo haber sido cualquiera.

La presión no era sólo por las intimidaciones, pues el gobierno de Álvaro Uribe jugó sus cartas políticas a favor de los acusados. El secretario de la Presidencia Edmundo del Castillo le envió una carta a la juez Jara para que se tuvieran en cuenta algunas pruebas que favorecían a Plazas Vega. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo ante las cámaras que era amigo personal del oficial, que había trabajado con su hijo en la Federación de Cafeteros y que “desde lo personal no tengo sino solidaridad con ellos. Desde el punto de vista institucional, a través de los canales institucionales le hemos dado todo el apoyo, toda la documentación y todos los testimonios”. Además, distinto a todas sus posturas de años anteriores incluso en el mismo caso, la Procuraduría creyó en la absolución de Plazas.

“Sé que el expresidente Uribe tiene gran relación con el coronel Plazas y públicamente atacó con todo su gabinete a los funcionarios que teníamos el asunto”, recuerda Buitrago.

La abogada agrega que la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) le hacía ataques permanentes en lo político, lo mediático y lo académico. Además, recuerda los calificativos de “guerrillera” y de “ficha de la guerrilla infiltrada en la Fiscalía” que aparecían en grandes titulares puestos por el exministro de Uribe Fernando Londoño, Plinio Apuleyo, José Obdulio Gaviria y el vinculado con los paramilitares Ernesto Yamhure.

“Yo ni siquiera me pongo en primer lugar, la juez Jara también padeció de una manera absolutamente infame el haber asumido de manera juiciosa un expediente”, afirma Buitrago.

Ese era el ambiente el 9 de junio de 2010 cuando Jara sacó la primera sentencia contra un militar por los hechos del Palacio de Justicia. La juez condenó a 30 años de prisión a Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de los trabajadores de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. La juez lo declaró “coautor mediato”, es decir que cometió graves delitos a través de sus subordinados.

Al otro día, el entonces presidente Uribe dio una alocución acompañado del ministro de Defensa y todos los altos mandos de las Fuerzas Militares. “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestimulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos [...] Respaldamos al expresidente Belisario Betancur, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al Alto Mando Militar y Policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia, y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas”, declaró.

Unas semanas después Jara salió del país con su hijo. Duraron cuatro meses en el exilio y tuvieron que regresar porque a la juez le diagnosticaron depresión, estrés postraumático y trastorno de ansiedad. A pesar de sus enfermedades, ella sigue trabajando en un juzgado con una jornada laboral de más de ocho horas diarias y cientos de procesos. La recomendación médica es que reduzca la carga de trabajo pero, según ella, el Consejo de Estado no responde sus solicitudes. La abogada se queja de que en los últimos meses ni siquiera le pagan su salario completo ni las incapacidades. “En los pasillos de la Corte dicen que quizá yo me merecía esas amenazas. El desprestigio ha sido enorme. Total, me quieren sacar”, concluye.

Por su parte, Buitrago calificó la imagen de los altos mandos militares con el expresidente Uribe, ahora senador, como un símbolo de un gobierno contra una serie de funcionarios judiciales “que simplemente trabajamos, no hicimos nada más”.

vpj-palacio-justicia-9-1Los médicos y psiquiatras de la juez Jara afirman que tuvo una pérdida del 30% de su capacidad laboral. Foto: Archivo Semana.

Un proceso estancado
Aunque la labor de Buitrago era investigar qué pasó con los desaparecidos, en abril de 2008 Iguarán le delegó la investigación de la ejecución extrajudicial de Urán.

La billetera, los tres videos en los que se ve al magistrado salir vivo el segundo día de la toma y la lista de guerrilleros en la que estaba su nombre no eran pruebas suficientes. Buitrago ordenó en 2010 exhumar el cuerpo para hacer otro estudio forense y dirimir las diferencias.

El primer informe de Medicina Legal un día después de la retoma afirmó que Urán murió por un tiro en la cabeza a corta distancia. El gobierno explicó que el cadáver lo encontraron dentro del Palacio de Justicia y que no se ha esclarecido cómo murió por “los errores cometidos en el manejo del lugar de los hechos”.

De acuerdo a sus pesquisas, el 27 de agosto de 2010 la Fiscal abrió investigación por la posible ejecución de Urán contra los actuales generales Arias Cabrales; Rafael Hernández, excomandante de la Escuela de Artillería, y su segundo al mando, general Carlos Alberto Fracica. Ese mismo día el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago le pidió la renuncia a Ángela María Buitrago. 

Mendoza estaba en la dirección del ente investigador desde hacía un año mientras elegían al nuevo fiscal. “En 2010 hicieron cuatro peticiones de renuncia y él me decía que yo ni siquiera tenía que presentarla”, argumenta Buitrago. La excepción de la regla fue a las horas de abrir investigación contra tres generales. Ella fue la única funcionaria a la que le pidieron la renuncia, afirma. 

vpj-palacio-justicia-10Ahora Ángela María Buitrago, la fiscal que movió el caso del Palacio de Justicia, se dedica de nuevo a la docencia. Foto: María Clara Calle.

Los abogados de las víctimas, dentro de ellos Jorge Molano, le exigieron a Mendoza una explicación. “Él sugirió que era por incompetencia, porque no daba resultados”, advierte el litigante.

Cuatro días después, el caso de Urán lo pasaron a la Unidad de Derechos Humanos y el 2 de septiembre de 2010 Buitrago ya estaba fuera de la Fiscalía.

“En Derechos Humanos se demoraron mucho en entregarnos los restos de mi esposo. Mis hijas y yo hablamos con el fiscal encargado, le preguntamos cuánto tiempo se demoraría la investigación y respondió que no mucho porque tenía que resolverle esto a los generales”, detalló Ana María ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí quedó el caso sobre la posible ejecución extrajudicial del magistrado, sin un fiscal que busque las pruebas o que recopile las que encontró Buitrago.

Ni siquiera ha sido un empuje suficiente la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por la ejecución de Urán. Esta sentencia, de noviembre de 2014, también lo responsabiliza por la desaparición de 10 personas, por no garantizarles el derecho a la vida a Ana Rosa y Norma Constanza y por las torturas a cuatro ciudadanos. Este último delito del Palacio de Justicia no se ha investigado en Colombia.

En cuanto a las desapariciones, los procesos que la exfiscal llevó a los juzgados siguieron su curso. El caso del coronel Plazas Vega está en la Corte Suprema de Justicia, la última instancia para decidir si lo absuelve o lo condena. El general Arias fue sentenciado a 35 años de prisión en dos instancias y cuando esto sucedió el presidente Juan Manuel Santos les pidió perdón a Belisario Betancur y al Ejército de Colombia “en nombre de todos los colombianos”. El general apeló los fallos y, al igual que el de Plazas Vega, su caso pasará a la Corte Suprema.

En cambio, los oficiales del Coici, encabezados por el general Ramírez, fueron absueltos por la juez y ahora esperan la decisión del Tribunal Superior luego del reclamo de la defensa de las víctimas. El caso del coronel Sánchez Rubiano y el B2 continúan en primera instancia, desde 2008.

La salida repentina de Buitrago significó una gran pérdida para los familiares de las víctimas. “En 2010 se murieron los casos desde lo investigativo”, explica el defensor Germán Romero. Para Pilar Navarrete, fue mucho peor. “Sentimos un poco de pena porque nadie había tenido el valor de reunir todas las pruebas y ella le entregó mucho de su vida a este proceso. Las víctimas creímos un poquito en la Justicia de este país gracias a ella pero personas tan comprometidas y certeras como Umaña y Buitrago no habrán”.


[1] El siguiente texto está basado en testimonios, informes y fallos judiciales de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verdad Abierta buscó al coronel Plazas para incluir su versión de los hechos en este reportaje pero su abogado Jaime Granados explicó que no hablaría hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte su sentencia. Se hizo lo mismo con los generales Ramírez y Arias, a través de Acore, pero tampoco fue posible.