Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo

El paramilitarismo en Colombia nació como una venganza de terratenientes, ganaderos y narcotráficantes, por las acciones de las guerrillas.

  
Miembros del "cartel de Medellín" que financiaron el MAS: Pablo Escobar, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha, y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa. Fotomontaje VerdadAbierta  

A finales de los años 70, el aumento de secuestros, robos de ganado y cobros de vacunas por parte de las guerrillas a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, originó el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores, MAS, considerado como la primera manifestación a gran escala del paramilitarismo.

Pero la historia del país tomó un nuevo rumbo debido a un secuestro que detonó la guerra entre narcos y la guerrilla, otrora aliados en el negocio del narcotráfico.

El 12 de noviembre de 1981, Luis Gabriel Bernal Villegas, miembro de un comando del M-19, secuestró a Martha Nieves Ochoa,  hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, miembros del Cartel de Medellín.

El secuestro de la hija de “Don Fabio”, como era conocido en el mundo de criadores de caballos de exposición del país, fue el motivo de la reunión en la que se conformaría el primer grupo de autodefensas.

El gran congreso de la mafia

El 1 de diciembre de 1981, los hermanos de Martha Nieves Ochoa convocaron a un encuentro de urgencia que se realizó en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas, la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, Pablo Escobar, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha.

El objetivo de esta reunión era crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los grupos guerrilleros, y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para “recompensas, ejecuciones y equipo”.

Algunas versiones de la época, recogidas en medios de comunicación, aseguran que en este encuentro participaron miembros del ejército, directivos de empresas petroleras y de otras multinacionales, pero sólo hasta la publicación de un informe de la Procuraduría, se demostrarían los alcances reales de los tentáculos de la mafia, principalmente dentro de las Fuerzas Armadas.

 

Gabriel Bernal Villegas exigía un pago de 12 millones de dólares por la liberación de Martha Nieves. La familia Ochoa se negó y ofreció una recompensa

Con los hombres organizados y las armas compradas, se dio inicio a la venganza por el secuestro de Martha Ochoa.

En retaliación por la acción del M19, el MAS secuestró a 25 personas cercanas a Villegas Bernal, entre ellas a su esposa, Martha Correa Velázquez.

De esta manera se presionó a Villegas y pronto lograron la liberación de Martha Ochoa 92 días después de su rapto y sin pagar un centimo de recompensa. 

Martha Correa, la compañera de Villegas Bernal, quien paradójicamente había sido amiga de Martha Ochoa, sería liberada  frente a las instalaciones del periódico "El Colombiano", atada de pies y manos a una reja y cubierta con mensajes que demostraban la autoría del MAS.

El conflicto se recrudeció luego de la aparición de este grupo de autodefensas que empezó a expandirse a diferentes regiones del país: Caquetá en el Magdalena Medio, Meta, el  nordeste antioqueño, Arauca, Casanare y el Valle. Cada vez eran más recurrentes los secuestros, torturas, desapariciones, y asesinatos de guerrilleros o sospechosos de simpatizar con ellos, que  demostraban la seriedad del grupo antisubversivo.

Las víctimas: entre insurgentes e inocentes

Las técnicas de terror del MAS empezaron a preocupar a la sociedad y a las autoridades, mientras la simpatía que había sentido la opinión pública por este grupo, fue remplazada por el miedo.

La justicia empezó a ser aplicada por estos particulares armados, especialmente en las zonas más apartadas del país, donde la presencia del Estado era casi inexistente.

Fue de esta manera que, decenas de líderes del M-19 fueron torturados y abandonados inconscientes frente a periódicos de Medellín con letreros en el pecho que rezaban: “soy del M-19. Soy un secuestrador” y poco a poco las “limpiezas sociales” se convirtieron en mecanismos de control de la subversión.

Cadáveres de hombres acribillados, estrangulados y colgados en árboles, dejaban al descubierto la crudeza de las nuevas técnicas del mensaje antisubversivo. Periodistas, juristas y sindicalistas ampliarían la lista negra de este “escuadrón de la muerte” que ahora perseguía tanto insurgentes como a inocentes. No obstante, debido a la complejidad de la organización interna del MAS, es difícil establecer la autoría intelectual  y material de muchos atentados y acciones que aún permanecen en la impunidad.

El MAS y el genocidio de la UP
Bajo el gobierno de Betancourt se inició un proceso de diálogo nacional que pretendía establecer las condiciones adecuadas para un proceso de paz basado en las garantías para la participación política de grupos de “izquierda”. De hecho, con la ley de amnistía de 1982,  los guerrilleros “autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos” podrían reinsertarse al cogerse a los beneficios de la ley. El brazo político de las FARC y desmovilizados de otras guerrillas, crearon la  Unión Patriótica, UP, partido político que se convirtió en el principal objetivo de las autodefensas del MAS.


En el Meta, centro de influencia de las FARC y objetivo de control paramilitar entre 1986 y 1988,  ya habían sido asesinados más de 300 líderes de la UP, crímenes imputados en la mayoría de los casos a los miembros del MAS.

Geografía del terror: las víctimas del MAS

Aunque son miles los potenciales crímenes cometidos por este grupo,  son pocos los casos ya comprobados y juzgados. Muchos de ellos aún se encuentran en la impunidad. 


Ver Muerte a Secuestradores MAS: Geografía del terror en un mapa más grande


Victimarios

La ampliación del MAS sumada al aumento de sus ofensivas de terror y a la sospecha reiterada sobre la participación de miembros de la fuerza pública, obligaron al Presidente Betancourt  a solicitar una investigación a la Procuraduría General de la Nación. Los resultados revelaron las verdaderas dimensiones de los vínculos entre el grupo Muerte a Secuestradores MAS y los miembros de la fuerza pública.

Según el informe de febrero 20 de 1983, “a la luz de las pruebas recogidas hasta el momento existían cargos suficientes para vincular procesalmente a 163 personas; de ellas, 59 en servicio activo de las Fuerzas Armadas”. Solo 33 pudieron ser identificados plenamente. Ver informe de la  procuraduría.

     
Según el informe de la Procuradoría, más de 59 personas vinculadas a las Fuerzas Militares estarían relacionadas con el grupo Muerte a Secuestradores.