Así creció el paramilitarismo en los Llanos Orientales

Los grupos de justicia privada tienen raíces hondas en la historia del Meta, Casanare y Guaviare, pero la última ola de 'paras’ ha sido la más sangrienta.

 

Miguel de Jesús Pirabán alias 'Pirata' y Pedro Guerrero Castillo alias 'Cuchillo' conversan el día de la desmovilización de los frentes del Meta y de Guaviare en Tilodirán, Casanare. / Foto archivo

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La primera semilla de paramilitarismo en los Llanos Orientales tiene más de medio siglo de historia y surgió con la desmovilización de los guerrilleros liberales. En 1953, cinco años después de que éstos habían tomado las armas tras el asesinato de su amado caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, abandonaron su lucha. El gobierno les propuso entonces a desmovilizados y colonos que contribuyeran a acabar con el bandolerismo que aún quedaba en las vastas llanuras y permitieran así incorporar esta región a la economía nacional.

Con ese plan, y bajo la orientación ideológica del manual del coronel Gustavo Sierra Ochoa, el Batallón del Ejército 21 Vargas dio entrenamiento militar a los campesinos y se propuso crear una fuerza antiguerrillera para atacar núcleos de bandoleros en las incipientes poblaciones de San Martín, Granada, El Dorado, El Castillo y Cubaral.

“El comandante de la Guarnición Militar sería el jefe del campamento quien organizaría las actividades y la defensa. Se procedería a la repartición de tierras y ganados abandonados existentes en la región. Los colonos estarían obligados a efectuar bajo el mando del comandante militar operaciones de limpieza de bandoleros…”, decía el manual del coronel Sierra, según lo ha citado el proyecto Colombia Nunca Más, que es una iniciativa de 17 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales que buscan recuperar la memoria de las víctimas de la de violencia política.

Según le contaron a Verdadabierta.com, algunos ex guerrilleros de Monterrey (Casanare) de esos tiempos, hoy ya abuelos, el gobierno integró a algunos al DAS rural y el Ejército. “Después de que nos desmovilizamos, el gobierno nos dio una cuchara y elementos de aseo y un salvoconducto, pero cuando llegamos comenzaron a detenernos. Eso nos hizo devolver para el monte. Ya cuando comenzaron a aclararse las cosas, bajamos y después a algunos de nosotros nos integraron al DAS rural. ”, dijo uno que perteneció a las filas liberales armadas de los hermanos Tulio, Manuel y Pablo Bautista, desmovilizados en su mayoría el 15 de septiembre de 1953 en Monterrey.

El proyecto no cuajó, y sólo treinta años más tarde se volvió a ensayar en esas anchas llanuras un nuevo plan contrainsurgente.

Los ‘paras’ de los 80
Desde que despuntó la década de los ochenta, confluyeron en la región dos fuerzas que dieron origen al paramilitarismo moderno. Por un lado, los empresarios irregulares de la explotación de esmeraldas en el oriente de Boyacá bajaron a los Llanos, utilizando un corredor natural que llega hasta los municipios de Paratebueno (Cundinamarca), Sabanalarga, Monterrey y Aguazul en Casanare. Ellos importaron sus ejércitos privados, a los que estaban acostumbrados. Los usaba cada quién para preservar su tajada en el buen negocio de las esmeraldas.

Los narcotraficantes, que se habían disputado a muerte una tajada del negocio de las esmeraldas, después, ricos, invirtieron sus inmensas utilidades en los Llanos. Compraron allí fincas enormes y, al igual que los esmeralderos, pusieron sus ejércitos privados a cuidarlas.
Así, el legendario empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza, compró tierras en El Dorado y Cubarral en el Meta. El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, integrante del Cartel de Medellín, compró tierras en Vistahermosa en el mismo departamento.
Al Casanare llegó hace 30 años, Héctor Buitrago, boyacense oriundo de Páez, municipio en el piedemonte llanero, también apodado ‘El Viejo, a levantar ganado. Cómo recordó el mismo Buitrago en un artículo de El Tiempo, después de matar a dos guerrilleros que llegaron a extorsionarlo, abandonó su finca La Sombra "con siete hombres, revólveres y escopetas calibre 12". Luego, fueron entrenados y organizados en un grupo de autodefensa por paramilitares que viajaron del Magdalena Medio. A su ejército irregular llegaron otros aliados de esta amalgama narco-esmeraldera:  los hermanos Víctor, José y Omar Feliciano y Jaime Matiz Benítez.

Las compras de enormes haciendas empezaron a chocar con los procesos de adjudicación de tierras que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les venía entregando a integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesino (Anuc) desde una década atrás. Esas titulaciones incentivaron la creación de un sindicato agrario que fue creciendo y en 1979 consiguió personería jurídica como Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta –SINTRAGRIM–. Al poco tiempo tenían más de 2500 afiliados desde San Juan de Arama hasta Puerto López y desde Vistahermosa hasta el Casanare.

Esa organización campesina estaba ligada al trabajo del Partido Comunista en la región, que venía desde los cincuenta, cuando las guerrillas liberales se escindieron y su ala más radical terminó conformando la base de las Farc en 1964. Para los ochenta, estas guerrillas ya tenían unos 13 frentes, la mayoría en esa región, y su centro de operaciones era Casa Verde en La Uribe, Meta, un campamento enterrado en las selvas del cañón del río Duda.

También incursionó en la región, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el norte, desde el departamento de Arauca a donde había creado su Frente Domingo Laín desde 1980.

A Rodríguez Gacha lo asocian con los primeros paramilitares a los Llanos. Él era socio del Cartel de Medellín de los hermanos Ochoa Vásquez. Luego de que las guerrillas del M-19 secuestraran a Martha Nieves Ochoa en 1981, hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David, el Cartel de Medellín creó el violento grupo Muerte a los Secuestradores, conocido como el MAS. Y muy pronto en los Llanos Orientales empezó a operar un capítulo de este grupo con el nombre de ‘Los Masetos’. Según los testimonios y documentos recogidos por VerdadAbierta.com desde el Alto río Ariari hasta el norte del Meta, las primeras acciones violentas de ‘Los Masetos’ datan de 1982.

La conexión militar

Pero así como en el fallido intento de crear una alianza entre militares y colonos en los años cincuenta para combatir a los bandoleros, el proyecto de ‘Los Masetos’ también tuvo su conexión con miembros del Ejército de entonces.

En febrero de 1983, en el informe sobre el MAS que hizo público el entonces procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez figuraba como integrante de dicha estructura paramilitar el mayor del Ejército Carlos Vicente Meléndez Boada, segundo comandante del grupo Guías de Casanare, de la Brigada Séptima, con sede en Yopal. La denuncia de Jiménez llevó a la apertura de investigaciones penales y disciplinarias de varios militares.

Según ha podido documentar el centro de investigaciones de los jesuitas especializado en violaciones a los derechos humanos, Cinep, documentos recaudados por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Villavicencio, en la investigación preliminar abierta en noviembre de 1982, había pistas de que la Brigada Séptima, “y especialmente su grupo de caballería Guías del Casanare, con sede en Yopal, así como la base militar de Arauca, montaron su propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982”.

El comandante del grupo Guías de Casanare era el entonces teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el mismo que fue recientemente condenado por la desaparición forzada de los sobrevivientes del rescate militar al Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Según testimonios de los militares retirados Isaías Barrera, Arnubio Agudelo y José Elías Ramírez a la, Procuraduría, Guías de Casanare les vendía armas a paramilitares de Saravena y Villavicenio, sin trámites legales.

En 1984, las Farc firmaron con el gobierno de Belisario Betancur un acuerdo de cese de hostilidades. Producto de estos acuerdos, nació el movimiento político Unión Patriótica (UP), y en 1986 sus candidatos se lanzaron a la plaza pública. Tuvieron especial éxito en Meta, a donde, solos o en alianza con otras fuerzas políticas, se hicieron con varias alcaldías y concejos municipales.

La clase política tradicional de la región sintió que el avance de la UP amenazaba su poder en la región y comenzó a presionar al gobierno nacional para que militarizara la región, con el argumento de que guerrillas y narcotraficantes se la estaban tomando. Entre los políticos tradicionales que protestaban estuvieron Leovigildo Gutiérrez, Jorge Ariel Infante, Alfonso Latorre Gómez y Hernando Durán Dussán.

El gobierno accedió a las peticiones, militarizó la zona, y fue uno de los lugares del país donde mantuvo un régimen legal de estado de excepción que coartaba las libertades.

Muy pronto empezaron los atentados contra los líderes de la UP. Según reportó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, para el banco de datos Noche y Niebla del Cinep, los primeros en caer a manos de sicarios del paramilitarismo fueron en 1985, Hernández Yate Bonilla, concejal por la Unión Patriótica de Granada y en 1986, Rafael Reyes Malangón, concejal de Granada por la UP; Octavio Vargas Cuellar, representante a la Cámara; y Pedro Nel Jiménez, senador de la UP; en 1987 cayeron abaleados Alfonso Perdomo, concejal de Vista Hermosa por la U. P.; Arnulfo Vargas Dimate, concejal de El Castillo por la U. P. y Gabriel Alfredo Briceño, concejal de la UP en Villavicencio.
Nadie encarna más la persecución sistemática a la UP en Meta que María del Carmen Trujillo. En 1986 mataron a su hijo Geraldo en Granada. Cuatro meses después su otro hijo Nelson fue asesinado y presentado por el Ejército con botas, una pistola y una granada. En 1988 desconocidos bajaron de un bus a su esposo Julio Cañón, entonces alcalde por la UP de Vistahermosa, y lo asesinaron. El 11 de enero de 1989 su hijo Vladimir desapareció cuando estaba en el Meta.

Ahora vive exilada con los dos hijos que le quedan. “Me torturan viva”, dijo en el documental El Baile Rojo, sobre la persecución a la UP en Colombia.

¿Quiénes desataron semejante cacería? Varios de los relatos que han dado diversos testigos a la justicia y a la prensa, señalan a ‘Los Masetos’ como los responsables. Los hombres de Rodríguez Gacha habían desatado una persecución de todo aquél que estuviera relacionado con las Farc. Según lo han documentado varios investigadores, estas guerrillas le robaron a este poderoso capo más de 300 kilos de pasta de coca de un laboratorio de procesamiento que él tenía en compañía de Leonidas Vargas. En retaliación ‘El Mexicano’ se declaró en guerra contra las Farc y sus hombres mataron a diestra y siniestra en San Juan de Arama, Granada, Vistahermosa, entre otros pueblos del Meta.

La visión que las autodefensas tenían del partido de izquierda la resumió Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, en una entrevista en 2009 con VerdadAbierta.com: “La UP eran guerrilleros que integraron un partido, pero no dejaron de ser guerrilleros. La orden era exterminar toda la gente de la UP que tuviera vínculos con la guerrilla”. ‘Pirata’ había llegado a los Llanos en 1989, en medio de la guerra sucia contra la UP.

En diciembre de 1987, llegó como comandante de la VII Brigada del Ejército con asiento en Villaviciencio, el general Harold Bedoya Pizarro, con larga trayectoria de combate contrainsurgente, entrenado en la Escuela de las Américas. Desde el comienzo libró batallas verbales con los dirigentes comunistas y de la UP, y los acusó de ser el brazo político de la guerrilla, según lo registró la prensa de la época.

Y mientras tanto, bajo su comandancia, no se logró mermar los asesinatos  de dirigentes políticos y agrarios del Meta. Al contrario, éstos arreciaron. Tan solo en 1989 fueron asesinados 31 miembros de la UP, entre ellos Luis Eduardo Yaya Cristancho, de 52 años, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores del Meta (FESTRAM), ex diputado de Asamblea de este departamento por la UP.

Aparecieron también  grupos de extrema derecha, que usaban diferentes nombres, pero que muchos atribuyen a versiones locales de ‘Los Masetos’. Según la revista local, Oriente, en agosto de 1986, el asesinato del concejal de Granada por la UP, Reyes Malagón, fue perpetrado por el grupo ‘Los Verdaderos Patriotas’, organización que se atribuyó otros crímenes de la Unión Patriótica. Nadie sabía de este grupo armado, hasta que distribuyó un comunicado a los medios revelando cuál era su origen: “Somos ganaderos y agricultores del Ariari y del Arauca, desalojados por las Farc… No somos paramilitares. Nuestros negocios en el Guaviare han sido arruinados por la guerrilla, y además prometemos exterminar a las Farc y al Partido Comunista, para que acabe su expansionismo que afecta a todos los llaneros”.

Si ‘Los Verdaderos Patriotas’ se hacían sentir por Granada, ‘Los Aguijones’ hicieron circular una lista negra por el Ariari advirtiendo a quiénes asesinarían, si no se iban de la región.

Contra la pared, los militantes de la UP denunciaban sin demasiado éxito lo que estaba sucediendo. Jorge González Acosta, en ese momento parlamentario de la UP, dijo entonces airado: “Son asesinos a sueldo contratados por los mandos militares y por gamonales del Llano para que empiecen a matar a los dirigentes populares de las zonas campesinas. No solo a los líderes de la UP o la izquierda, sino a todos los dirigentes, a los políticos de todos los partidos”.

Luego del debate en el Congreso sobre la presencia paramilitar en el Meta, el político y analista Hugo Velásquez Jaramillo escribió en la revista Oriente de julio de 1987:

“La explicación hasta el momento es que son (esos grupos) la réplica de la guerrilla. En cierta forma podríamos afirmar que las torpezas de la guerrilla, en algunos de sus procedimientos, alentaron la multiplicación de esas cooperativas de autodefensa. No obstante la simpatía que muestran algunos dirigentes políticos, especialmente liberales, por esa causa … En el Meta, por ejemplo, resulta temeraria la actitud complaciente del representante (Germán) Hernández Aguilera, segunda voz del gobernador Ariel Infante, o especie de manumiso suyo y quienes al atizar este tipo de respuestas armadas en lugar del manejo político del problema, están concibiendo el establecimiento del otro bando, que se necesita para la confrontación”.

Ante las afirmaciones del analista político, Durán Dussán se refirió al tema en los siguientes términos: “Esta Colombia oriental, se halla en manos de la Farc, la UP, su brazo político y otras fuerzas capaces de obtener reconocimiento internacional de Estado de beligerancia y hacerse soberanía propia”.

Pero mientras el debate político subía y bajaba de temperatura, el exterminio de la UP siguió sin parar. En la siguiente década de los noventa, con las cenizas de los integrantes de la UP todavía candentes, surgió la última ola paramilitar.

Las Farc por su parte fueron acusadas de abandonar la UP a su suerte y aprovechar su exterminio para justificar una nueva ofensiva. En los Llanos, donde ya tenían más de 13 frentes, iniciaron una escalada guerrerista, tomando pueblos, dinamitando peajes, saqueando comercios y bancos y extorsionando ganaderos y agricultores.

Para responderle a la poderosa y rica alianza entre ‘paras’ y narcotráfico que desató una ofensiva contra ellos que los tuvo al borde de salir de Los Llanos, la guerrilla también buscó meterse más de lleno en el negocio. De cobrar el simple “gramaje” o impuesto a la producción de hoja de coca en los ochenta, pasó  a manejar cocinas de pasta, cobrar por proteger rutas e incluso a exportar sus propios cargamentos después de los noventa.
Era claro que, como dijo un campesino de la época a unos documentalistas: “Quién controle la coca, gana la guerra”.

Los nuevos ‘paras’
Héctor Buitrago,  que como se dijo, vino de Boyacá al Casanare y había fundado su pequeño grupo de autodefensa,  se alió luego con ‘El Mexicano’, se convirtió en los noventa en un gran hacendado y jefe fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Este era el capítulo local de las Autodefensas de los hermanos Castaño, que habían sellado una alianza desde 1994 en la que también estuvieron José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ de las autodefensas del Vichada, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’ y Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’.

Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, colindando con las Acc, estaban los hombres que cuidaban las propiedades de Víctor Carranza), ‘Los Carranceros’ y a medida que iban comprando grandes haciendas se extendieron desde el Meta hasta Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare). Las adquirieron a precios irrisorios o las tomaron por la fuerza, dijeron testigos de la zona a los investigadores del Observatorio.

Hacia el sur del Casanare, en Monterrey, había otros grupos de paramilitares, los de Víctor Feliciano y Jaime Matiz. Sin embargo, a pesar de que estas organizaciones respetaban sus fronteras, al final se confrontaron abiertamente.

El asalto de los Castaño

El 12 de julio de 1997 dos aviones, un Douglas DC-3 y un Antonov 32 aterrizaron en el aeropuerto Jorge Enrique González, en San José del Guaviare, después de un vuelo sin problemas desde el Urabá antioqueño.

Sus pasajeros, 87 paramilitares entrenados en fincas de los hermanos Castaño, recogieron sus equipajes, fusiles, pertrechos y uniformes, como cualquier otro viajero. Aunque el ex jefe ‘para’ Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’, recordó que “había Policía y Ejército, desde el avión se vio la Fuerza Pública”, pasaron delante de agentes antinarcóticos y soldados sin novedades.

En San José, el grupo se dividió, unos se subieron a un camión, mientras el resto cogió lanchas ‘voladoras’. El destino final: Mapiripán, pueblito perdido en los límites entre Meta y Guaviare. Allá, entre el 15 y el 20 de julio, los ‘paras’ asesinaron, desaparecieron, torturaron y saquearon. Aunque hasta hoy no se conoce un número cierto, se cree que mataron a unas 60 personas.

Mientras las autodefensas mataban, los habitantes llamaron con desespero el Ejército. El auxilio llegó tarde. Cuando las primeras patrullas se acercaron al caserío, ‘El Cura’ cuenta que un capitán del Ejército lo llamó, le dijo que estaba a menos de diez kilómetros y que lo mejor era que se fueran. “Teníamos una frecuencia de radio y ya todo estaba coordinado con el Ejército”, señaló el ex paramilitar.
La masacre de Mapiripán marcó un  giro en la guerra, el primer paso de los Castaño y sus Autodefensas Unidas de Colombia, creadas cuatro meses atrás, en su expansión nacional.

La ofensiva de las Auc en los Llanos, para quedarse con su riqueza ganadera, cobrar extorsión a la producción petrolera, dominar sus laboratorios de cocaína desperdigados hasta el Guaviare, no hubiera sido posible sin el apoyo de los ‘paras’ locales, las Convivir y el visto bueno tácito de algunos empresarios, militares  y políticos locales.

En Mapiripán hombres de la familia Buitrago y de las Convivir los guiaron. Unos días después, tras un combate, los Urabeños heridos fueron recogidos por una avioneta blanca que ‘El Cura’ identificó como ‘La Rebeca’y que según él aseguró en su versión ante los fiscales de Justicia y Paz, era de propiedad de Víctor Carranza. La alianza con ‘Jorge Pirata’ se selló luego, con la masacre de Caño Jabón, el 4 de mayo de 1998, en la que asesinaron a más de 20 campesinos. Y en julio de ese mismo año, de acuerdo con la confesión de ‘El Cura’, paramilitares asesinaron a cinco campesinos en la vereda La Picota y después se refugiaron en  la finca Brasil, en Puerto Gaitán, Meta, también de propiedad de Carranza.

La ruptura y la llegada de Arroyave

Un hecho rompió a las ACC: la masacre de 11 integrantes de una comisión judicial, el 3 noviembre de 1997 en San Carlos de Guaroa (Meta), por orden de Héctor Buitrago y Jaime Matiz. Buitrago fue rápidamente capturado y las Accu de los Castaño rompieron con él y ordenaron el fusilamiento de Matíz.

Al mando de las ACC quedaron los hijos de Buitrago, Héctor, más conocido por su alias de ‘Martín Llanos’ y Nelson Orlando Buitrago, alias Caballo. Los hermanos Castaño entonces se consiguieron un nuevo aliado: Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’. Era su paisano de Amalfi, narcotraficante experto en el contrabando de precursores químicos para procesar la cocaína. Según diversas fuentes, ellos le vendieron, como si fuera una franquicia de almacén o restaurante, una representación suya en los Llanos de sus Autodefensas Unidas de Colombia, con el nombre de Bloque Centauros. Dicen que Arroyave llegó a pagar siete millones de dólares por este permiso.

Arroyave, que llegó junto a Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, también narcotraficante y también originario de Amalfi. Querían controlar el narcotráfico en los Llanos, cobrar millonarias extorsiones y arrebatarle el control del Guaviare, sus cultivos de coca y sus laboratorios a las Farc.
Con Arroyave el saqueo a la economía llanera fue sistemático: por cada canasta de cerveza se ganaba 5.000 pesos; entre 30 y 50 pesos por galón de gasolina; 20.000 pesos por hectárea de arroz o palma; 20.000 pesos por res; “peajes” en Granada, San Juan, Mesetas, Lejanía, Puerto Rico, Puerto Lleras, Mapiripán y Puerto Concordia.

Y fueron pocos los puestos políticos donde no metió la mano: gobernadores, alcaldes, concejales aceptaron pactos, dinero o fueron intimidados. La lista de condenados, investigados o salpicados es larga. Casi todos los gobernadores o candidatos a serlo quedaron en entre dicho por su cercanía a este bloque paramilitar, entre ellos, Edilberto Castro, Eusser Rondón (qepd), Nebio Echeverry, José Alberto Pérez, Miguel Ángel Pérez, Óscar de Jesús López Cadavid y William Perez Esquivel.

El crecimiento del Bloque Centauros se hizo más evidente en 2001, cuando llegaron al norte de Casanare y lograron sacar a la guerrilla de Paz de Ariporo, Aguazul, Nunchía y Támara. Pero no sólo persiguieron guerrilleros, extorsionaron finqueros y mataron dirigentes políticos y líderes comunitarios. Los Centauros también se enfrentaron en una batalla campal con la Acc de ‘Martin Llanos’ que dejó una cifra astronómica de muertos que hoy la justicia calcula en mil jóvenes.

Arroyave ganó esa batalla y consiguió el dominio de casi todo el Meta. Pero su reino no duró mucho. Por su resistencia a desmovilizarse junto con los demás miembros de las autodefensas que negociaron con el gobierno Uribe la dejación de armas, Arroyave,  fue asesinado por sus propios hombres el 19 de septiembre de 2004 en Casibare, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, muy seguramente por orden de los Castaño.

El Bloque Centauros se dividió entonces en tres facciones: una al mando de ‘Pirata’, la segunda al mando de ‘Cuchillo’ y la última, que era la más grande cuantitativamente, liderada por alias ‘Mauricio’.

En septiembre de 2005, en el corregimiento de Tilodirán, a media hora de Yopal, se desmovilizaron 1.135 hombres del Centauros. ‘Martín Llanos’ fue a Santa Fe de Ralito como representante de las autodefensas del Llano, pero nunca se desmovilizó. ‘Pirata’ está en la cárcel en el proceso de Justicia y Paz. ‘Cuchillo’ siguió delinquiendo hasta diciembre de 2010, cuando cayó abatido por un operativo policial, cerca de Mapiripán, Meta.

Hoy, 95 ex combatientes, 18 ex mandos medios y dos ex comandantes, esperan ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz para colaborar con el esclarecimiento de unos 3.000 homicidios.

Vea el especial "Las verdades del conflicto en los Llanos Orientales"