¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?

Una gran crisis social y económica, una sórdida guerra sucia, de lado y lado, contra líderes pacifistas y hacendados dibujaban el telón de fondo de esta región, cuando los paramilitares entraron en escena.

 
Salvatore Mancuso fue uno de los que trajo a los paramilitares en Cesar.
 

Oficialmente el paramilitarismo en Cesar empezó cuando 25 hombres armados se instalaron en junio de 1996 en  las sabanas del Ariguaní en los límites entre Magdalena y Cesar. Fueron enviados por los hermanos Castaño y por Salvatore Mancuso a petición de algunos empresarios, políticos y hacendados vallenatos.

¿Qué había sucedido en estas tierras tranquilas de juglares y cantores caribeños para que la guerra extendiera su brazo hasta allí? Las aguas ya venían turbulentas de tiempo atrás.  Antes de que la política se tornara amarga, la otrora boyante economía de la región se había malogrado.

Entre la década del sesenta y el setenta, la región había vivido una bonanza algodonera. Los cultivos de la mota blanca se esparcieron por esos campos y de 42.000 hectáreas cultivadas en 1962 pasaron a ocupar 123.000 en 1970. Según el investigador Fernando Bernal, gracias al boom del algodón, emergió una  clase de propietarios medianos.  Sin embargo, en 1983 el precio internacional del algodón se desplomó y estalló la crisis. Los sembradíos de esta fibra se encogieron  y para la mitad de los ochenta apenas llegaban a 25.000 hectáreas.

Muchos finqueros sobreaguaron la crisis con nuevo préstamos, que después no pudieron pagar y varios perdieron sus fincas. Miles de jornaleros quedaron en la calle. Un estudio de PNUD y el Ministerio de Protección Social, sobre el algodón y la violencia en Cesar, calculó que de 30.000 empleos que generaba esta agroindustria al comenzar la década del setenta, en los ochenta apenas si daba trabajo a 3.000 campesinos.

La crisis llevó a que en junio de 1987, unos 10.000 labriegos de varios municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira se concentraran en la plaza Alfonso López para protestar por la precaria situación del campo. Pedían vías, servicios públicos, tierras y mejores salarios.

“Era una sociedad excluyente, importaba más la vida de una vaca que la de un peón”, recordó un dirigente de la marcha. Esta contó con el liderazgo de  jóvenes pertenecientes a familias tradicionales del Cesar, quienes habían  conformado el movimiento social Causa Común. Entre ellos estaban Imelda Daza, Rodolfo Quintero, Víctor Ochoa, Víctor Mieles, José Francisco Ramírez y Ricardo Palmera Pineda.

Empresarios y políticos tradicionales consideraron a Causa Común, como una amenaza a la sociedad agraria. Sospechaban que muchos jóvenes profesionales o sindicalistas que impulsaban la protesta  eran infiltrados de la guerrilla del Eln, que tenía fuerza en el sur del Cesar.

Durante mes y medio los campesinos bloquearon el ingreso de alimentos a la región, levantaron cambuches en la tradicional plaza Alfonso López  a donde vivían varias de las familias más poderosas de Cesar. María Inés Castro, entonces gobernadora de ese departamento, recuerda que la ciudad entera estaba impresionada de tener a 6.000 personas en la plaza, la mayoría provenientes del sur del departamento.

A ella le correspondió liderar el equipo de negociadores que envió el gobierno del presidente Virgilio Barco. Los marchantes levantaron su plantón con la condición de que les abrieran vías, les mejoraran los acueductos y alcantarillados, les construyeran escuelas y les entregaran tierras baldías a campesinos que se habían quedado sin ingresos.

 
Campesinos de todo Cesar se tomaron la plaza Alfonso López de Valledupar en junio de 1987. Foto El Diario Vallenato. 

Antes que el  progreso lo que llegó a la región, a los pocos días de acabado el paro, fue la guerra sucia  contra los principales líderes de la marcha. En la puerta de su casa, fue asesinado José Francisco Ramírez, un abogado de Valledupar, cuya autoría entonces los organizadores se la atribuyeron a miembros del Ejército. También  cayeron abaleados por desconocidos José David López Teherán, Ovidio de la Hoz, un médico de apellido Villalba (cuyo homicidio se dio luego de que volviera de Venezuela, donde estaba exiliado), Víctor Ochoa, un militante del Partido Comunista y Víctor Mieles, quien era sindicalista de Cicolac, empresa procesadora de leche de Valledupar.

“Cuando empezó la ola de muertos, entre nosotros nos preguntamos cuál era el camino, y había dos: uno exiliarse como hicimos varios y otros, como Palmera, que cruzaron la línea y se enrolaron a las Farc”, dijo a VerdadAbierta.com uno de ellos que se refugió en el exterior. 

Como respuesta a la represión, las Farc, ya con un pie en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, y el Eln, que cosechaba descontento en el sur, intensificaron su otra guerra sucia contra los dirigentes de la región.  “Algunas familias tradicionales sufrieron tanto con el secuestro que les tocó acercarse a los guerrilleros para poder medio vivir en paz”, dijo un dirigente vallenato a VerdadAbierta.com.

El dramático caso de Roberto Lacouture, hoy dirigente de la Federación de Cerealistas, ilustra lo que lo que se vivió en esa época. Fue secuestrado en 1989 por las Farc,  que también secuestró a otros 36 de sus familiares. “Nos atacaron durísimo a finales de los ochenta, levantaban las fincas a dinamita, mataban el ganado cuando no se lo podían llevar, y en otros casos asesinaban a los administradores de las fincas”, dijo Lacouture a VerdadAbierta.com

A comienzos de los noventas, guerrilleros del Eln sacaron a la representante a la Cámara, María Cleofe Martínez de su casa en Valledupar y en septiembre de 1995 fue secuestrada y asesinada por ese mismo grupo Margarita Rodríguez Fuentes, hermana del comerciante y ganadero, Hughes Rodríguez, quien después desempeñaría un papel clave para traer a los paramilitares a Cesar.

 “Pedíamos el apoyo del Estado, del Ejército, de los políticos y no nos respondieron –recuerda Lacouture – . Nos dejaron solos. Nos dijeron ‘defiéndanse como les dé la gana’”.

Ufley Quintero, quien fue guerrillero del Epl y se había desmovilizado en 1991, luego de una negociación con el gobierno, relata que ante la impotencia y buscando vivir tranquilos,  muchos  “hacendados les dieron uniformes a los guerrilleros, hicieron fiestas con ellos en la Sierra”.  Pero eso no satisfizo a las Farc, que después terminando cobrándoles vacunas. “La guerrilla no golpeó las estructuras del Estado, sólo a los grandes hacendados”, dijo.

El camino a la violencia quedó abierto.

Tensiones en Aguachica

 
La consulta por la paz en Aguachica fue un intento para ponerle un freno a los violentos. Foto: El Pilón.

En 1995, Aguachica, un muncipio al sur del Cesar en límites entre Santander y Bolívar,  era una olla a presión. A medida que Eln secuestraba y asesinaba,  algunos ganaderos y finqueros empezaron a organizar pequeños grupos de autodefensa. En el conflicto fueron  asesinados  dos alcaldes y el gobierno tuvo que nombrar a un militar en el cargo.

El 15 de enero de ese año, un grupo que se conocía como ‘Los Masetos’ asesinó en el corregimiento de Puerto Patiño a ocho pescadores. El nombre fue tomado del grupo armado ‘Muerte a Secuestradores’, MAS, que había nacido en el Magdalena Medio, luego de que el M-19 secuestrara a una hermana de Pablo Escobar.

‘Los Masetos’ también se hacían llamar ‘Los Magníficos’ o las Autodefensas del Sur del Cesar. La Procuraduría había encontrado que un mayor del Ejército que era comandante en Aguachica, Jorge Alberto Lázaro Vergel, había sido cómplice de esta masacre de Puerto Patiño,  sin embargo la Justicia Penal Militar lo absolvió junto a otros cuatro militares.

Según un informe de Human Rights Watch (HRW) de la época, una investigación de la Policía concluyó que los paramilitares locales estaban organizados por el mayor Lázaro Vergel. Según la declaración de un comandante de la Policía de Aguachica, Lázaro le había dicho que iba a "dar balín a unos pocos bandidos" activos en esa población, mencionados en una lista negra que él había conformado. Según el reporte de HRW, el mayor Lázaro alardeó del apoyo que recibía del DAS, de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (UNASE), y de ganaderos locales, como la familia Prada.  El oficial policial denunciante había denunciado que el militar lo había  acusado de ser una amenaza potencial porque "no colaboraba con las acciones que realizaban los paramilitares, y (había dicho) que paramilitar que capturara lo dejaría en manos de la Fiscalía."

En otro aparte del informe habla de una reunión entre el comandante de Policía y Lázaro. Según dijo el oficial policial, el mayor Lázaro quería que le dijera con quién estaba y que: “todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y no sacar a la Policía a la calle cuando ellos fueran a operar... que aquí nadie opera si no es con la orden mía, ellos están bajo mi mando, además ya no se van a dejar muertos, vamos a levantar gente y a desaparecerlos porque los muertos hacen mucha bulla”.

Un hacendado de la región, Roberto Prada, fue señalado como el autor material de esta masacre en Puerto Patiño. Prada fue apresado y murió sin ser procesado por ese crimen en un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá en 1996. Su hijo, Juan Francisco  ‘Juancho’ Prada, lo reemplazó a la cabeza de las Autodefensas del Sur del Cesar.

En la región, la gente ya asociaba a  los Prada con la conformación de grupos paramilitares. Ellos eran propietarios de fincas en San Martín, Cesar.  Según una versión libre que Wilson Salazar alias ‘El Loro’, desmovilizado de las Auc, dio a los fiscales de Justicia y Paz años después, este grupo apareció a finales de los ochentas como una autodefensa de palmicultores y ganaderos del sur del departamento para enfrentar a la guerrilla en esa zona.

Era evidente que los paramilitares estaban llegando a la región y además, como se ha conocido posteriormente, este mismo grupo de los Prada apoyó a Carlos Castaño en su incursión al corazón del Comando Central del Eln en la Serranía de San Lucas en 1995. 

Mientras, esto ocurría en el campo, el temor del avance de los violentos en Aguachica se materializó con el asesinato en marzo de ese año del médico y director del hospital regional, José David Padilla Villafañe. En medio de ese clima de guerra, un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba el alcalde del municipio, Luis Fernando Rincón, empezó a promover una consulta popular por la paz.

“Rincón se desmovilizó el M-19, pero era una persona más política que militar. A pesar de que había estado en la zona como jefe guerrillero no tenía enemigos. Era un convencido de la paz en el Cesar”, recuerda Antonio Calvo, quien lo acompañó en la Alcaldía.  Rincón nació en Sogamoso, se crió en Barrancabermeja y cuando se lograron los acuerdos de paz con el M-19 se asentó en Aguachica.

Rincón y sus amigos concibieron la consulta pensando en responder a los panfletos que aparecían en el municipio cada vez que ocurría un crimen. En ellos, los violentos argumentaban que asesinaban o extorsionaban a nombre del pueblo. El mismo Rincón fue amenazado por el Eln que lo señalaba de ser amigo de los paramilitares.

“La pregunta fue de lo más simple. Si ellos actuaban a nombre del pueblo entonces había que preguntarle a la gente si rechazaba la violencia y convertíamos a Aguachica en un modelo de paz”, dice Calvo. Los políticos tradicionales, guerrilla y paramilitares se opusieron con ferocidad a la Consulta por la Paz.  “Los grupos armados estuvieron juntos, los ‘paras’ quemaron urnas y el Eln también”.

La consulta que se realizó en agosto de 1995, sin embargo, fue un éxito. Consiguió  12.000 votos a favor, y con ese respaldo popular,  Rincón y otros líderes, incluso su opositor, el conservador Álvaro Payares Ropero, a quién había derrotado en su aspiración a la Alcaldía, iniciaron  un proceso de cultura ciudadana por la paz y en defensa de los derechos humanos. La iniciativa logró el apoyo del presidente de Francia, François Mitterrand,  y tuvo acompañamiento internacional.

Sin embargo, el 6 de octubre el sueño de paz  se acabó: el Eln asesinó a Payares Ropero, a quien Rincón había nombrado gerente de la empresa de Servicios Públicos de Aguachica. Entonces se reanudaron las retaliaciones entre paramilitares y subversivos.

Pero esta no fue un asesinato aislado. Días antes las autoridades habían reportado el asesinato por el Eln  de un oficial y dos suboficiales de la policía. También, el asesinato de los hermanos Jesús Emilio y Luis Tiberio Galvis. Y pocas horas después de la inspectora Imelda Ruiz, cuñada de los Galvis. Los tres fueron torturados y degollados.

Después de la masacre de Puerto Patiño, y a pesar de las denuncias que había en su contra por su participación en esa matanza, la Superintendencia de Vigilancia le otorgó a los hermanos Prada dos licencias para operar las Convivir Renacer y Los Arrayanes.

La paz de Aguachica terminó de sucumbir, luego de la derrota del grupo político de Rincón en las elecciones municipales de 1997.  Varias de las personas que lo acompañaron en la iniciativa popular fueron asesinadas en los años siguientes: César Paso Torres, Edinson Duarte, Arsenio Obregón, Domingo Molano, Luis Cubides y, en 2000, el mismo Rincón.  El desmovilizado jefe ‘para’ ‘Juancho’ Prada aceptó ser el asesino del ex alcalde dentro del proceso de Justicia y Paz.

Los paramilitares aprovecharon que Aguachica quedó sin líderes para consolidar su poder en la región. A partir  de 1996 desataron su barbarie sobre todo contra el poco liderazgo social que aún quedaba en la región.

Las Convivir y los primeros paramilitares

 
Hugues Rodríguez creó la Convivir Salguero. Foto: Semana.

El mismo año del intento de paz en Aguachica,  en 1995, Salvatore Mancuso había sido enviado por Carlos Castaño a reunirse con varios empresarios y hacendados de Cesar, quienes habían buscado a los jefes paramilitares de Córdoba y Urabá, para que los protegieran del secuestro y el boleteo de la guerrilla.

Según relata Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’  en el libro que comenzó a escribir antes de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico,   Mi vida como autodefensa, en una reunión con Carlos Castaño, el jefe paramilitar  le aseguró  de “ la necesidad de enfrentar a la subversión en toda la región Caribe, pues dentro del objetivo propuesto por ellos (la guerrilla), para constituir unos Estados paralelos encaminados a la toma del poder, la Costa jugaría un papel primordial y había que evitar que se consolidaran, como ya había pasado en el sur del país”.

Varios ganaderos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que el llamado a los Castaño fue desesperado. Uno de ellos dijo  que “el valor que (las Auc) estaban cobrando era inferior a lo que cobraba la guerrilla,  y de pronto por eso hubo personas de Valledupar que se metieron en eso y eran conocidos de toda la sociedad vallenata.”  Otro ganadero le dijo a VerdadAbierta.com que “cuando (los paramilitares) llegaron a Cesar, lo hicieron casi aplaudidos, porque ante la falta de un Estado que te defendiera y muriera por los ciudadanos, ellos fueron bienvenidos”.

Las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, aprobadas por el gobierno de Ernesto Samper en 1995, ofrecieron bases sólidas  a la ofensiva de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en Cesar. En una versión libre en marzo de 2007, el desmovilizado Salvatore Mancuso dijo que cuando fueron a Cesar, iban con la idea de consolidar el accionar de las Convivir en esa región.

Precisamente, el 18 de septiembre de 1996, Mancuso conformó junto a Jorge Gnecco Cerchar, un reconocido comerciante, ganadero y hermano del ex gobernador de Cesar, Lucas Gnecco, una Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda.  Desde comienzos de los noventa,  los Gnecco se habían erigido en una familia poderosa en esa región.  Lucas fue elegido gobernador de Cesar, y su primo Hugo Gnecco Arregocés, alcalde de Santa Marta. Ambos fueron luego destituidos e inhabilitados por cargos de corrupción en sus administraciones.

“En el Cesar y Magdalena se involucran a los empresarios y ganaderos con liderazgo del señor Jorge Gnecco, quien consigue los recursos para el Cesar y Magdalena”, dijo luego Mancuso a la justicia.

Pero la de Gnecco no sería la única Convivir que le sirvió a las Accu para consolidarse en Cesar. Mancuso relató que allí existían pequeños grupos de autodefensa como las Autodefensas del Sur del Cesar, comandadas por ‘Juancho Prada’ que tenían su radio de influencia en San Martín, San Alberto, Ocaña, Aguachica, Rio de Oro y Ábrego, entre otros municipios.

Los Prada habían constituido dos Convivir, una el 29 de enero de 1996 llamada Los Arrayanes a nombre de Juan Francisco Prada y Martiniano Prada Gamarra, y Renacer constituida el 5 de octubre de 1995 por Roberto Prada Delgado hijo del jefe de este clan.

Según la Fiscalía, esta familia había conformado en 1992 un grupo de 25 hombres llamados los ‘Masetos’, también se conocieron como los ‘Caretapadas’ o los ‘Magnificos’, y en sus orígenes delinquían en San Martín, Aguachica, San Alberto y Gamarra en Cesar, así como Ocaña, El Carmen y Ábrego en Norte de Santander.

Tras la muerte de Roberto Prada Gamarra, en la cárcel La Modelo en Bogotá en 1996, su hijo Juan Francisco se convirtió en el máximo jefe de ese grupo en sur de Cesar. Al tiempo, el hijo de éste, Roberto Junior, montó un grupo en Ocaña, Santander.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, uno de los paramilitares enviados por Carlos Castaño en la incursión a la serranía de San Lucas en 1995, le dijo a VerdadAbierta.com en una entrevista, que cuando las Auc intentaron meterse al sur de Bolívar contaron con el apoyo de los Prada, quien le prestó algunos de sus hombres.

Mancuso también encontró en los límites entre Magdalena y Cesar, al ganadero  José María ‘Chepe’ Barrera quien conformó un grupo que delinquía en El Difícil, Santana, Ariguaní, Plato, Mompox e Isla de Margarita, entre otros. Barrera es un santandereano que llegó al centro de Magdalena en los años setenta. Para defender a los grandes propietarios y a sus hatos ganaderos creó grupos de seguridad privada, que poco a poco cruzaron la delgada línea entre autodefensa y paramilitarismo.

‘Chepe’ Barrera obtuvo en licencias para sus convivir Guayacanes, que estaba a nombre del ganadero Luis José Botero Salazar y Siete Cueros, que representaba Jhon Jairo Londoño en octubre de 1995, según un informe de inteligencia de la Policía.

En el centro de Cesar, unos meses más tarde, en diciembre de 1996 fueron aprobadas las Convivir Guaymaral de Jorge Gnecco y la de Hughes Rodríguez Fuentes quien montó la Convivir Salguero, ambos señalados de ser cómplices de los paramilitares por Salvatore Mancuso y otros desmovilizados.

Hernando de Jesús Fotanlvo, alias ‘Pájaro’, quien era guardaespaldas de Mancuso y que ayudó a llevar las autodefensas en Cesar,  aseguró que se reunieron Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, Mancuso y varios ganaderos en la casa de Nelson Gnecco. “Ahí vi a Nelson y a Lucas Gnecco (ex gobernador de Cesar), a ‘Pepe’ Castro (José Castro, ex gobernador del Cesar), a uno que le dicen ‘El Mocho’. También estuvo el alcalde de Valledupar (sic), ‘Nando’ Molina”, aseguró el ‘Pájaro’.  Éste último, Hernando Molina Araujo, en realidad no era alcalde sino gobernador del Cesar, y fue condenado en mayo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia por  concierto para delinquir con los paramilitares a siete años y siete meses de cárcel. Además la Corte pidió que se le investigara por posible complicidad en delitos de lesa humanidad.

Hugues Rodríguez es señalado por las autoridades como el ‘Comandante Barbie’,  supuesto testaferro de ‘Jorge 40’. Rodríguez,  gran ganadero del departamento, fue condenado a seis años de cárcel por nexos con paramilitares en el caso del asesinato de la jueza de Becerril, Marilyn Hinojosa y fue pedido por la justicia de Estados Unidos por presunto lavado de lavado de activos. Según estableció VerdadAbierta.com, ésta ahora negociando con la justicia de ese país rebajas de penas a cambio de colaboración.

Según ‘Pajáro’, Rodríguez se entrevistó con él para indagar por el paradero de su hermana Margarita, que como se dijo antes fue secuestrada por el Eln, y apareció asesinada después de varios meses de zozobra. Otros desmovilizados también confesaron que las Auc tenían campamentos en las fincas de Rodríguez en  La Jagua de Ibirico.

Según recuerda Antonio Calvo, hoy director de la Cnrr en Cesar y quien fuera asesor jurídico de la alcaldía de Aguachica, en la región había otros grupos paramilitares, además de los mencionados, como el de alias ‘Jimmy’ en Pailitas, Curumani y Chiriguaná, a quien le gustaba matar a hombres para robarse a sus esposas.

Varias personas de la región también identificaron a otros grupos paramilitares como el de ‘Los Cirujanos’, otro al que llamaban ‘Pasos’ que delinquía en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque; y el de Luis ‘Lucho’ Abrego en Pailitas y Curumaní.

Para Mancuso la existencia de varios ejércitos privados facilitó su llegada en 1996 a las Sabanas de Ariguaní. Aunque cada grupo aún era relativamente autónomo, Mancuso podía contar con bases, guías y zonas seguras para poder  arremeter no sólo contra quienes habían señalado como guerrilleros o a cualquiera que se les resistiera.

La idea era dar golpes fuertes, simbólicos y de mucha resonancia para que los cesarenses escucharan hablar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Sus primeras acciones fueron asesinatos selectivos y secuestros como el de Leonor Palmera, hermana de Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’.
‘Jorge 40’ cuenta también en su libro que su primer operativo con Mancuso fue la liberación en Chivolo, Magdalena, de dos  ganaderos de la familia Botero secuestrados por el Eln. Esta familia está asociada a dos Convivir, la Guayacanes con ‘Chepe’ Barrera, y la ‘Nueva Esperanza’ montada en Bolívar en llave con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el ya fallecido esposo de Enilce López, la empresaria del chance detenida, conocida como ‘La Gata’.

El siguiente paso fue controlar todos los grupos que existían de autodefensas y las Convivir de Cesar y Magdalena. Aunque algunos de ellos fueron reticentes a doblegarse al poder de los Castaño y Mancuso, en 1996, las Accu, ya sea por la violencia, negociación o adhesión, ya dominaban todos los ‘paras’ del Cesar.

Toda esta violencia paramilitar y la que siguió después   —y que dejó miles de víctimas, despojados y más miseria de la que nunca se había visto en Cesar – se hizo en nombre de la lucha contra el secuestro y la despiadada violencia guerrillera. No obstante, con la ofensiva de ‘Jorge 40’ no bajó el secuestro, sino que éste empeoró. 

Así de 86 personas que secuestraron las guerrillas en 1996, se pasó  a 138 secuestrados en 1997, y 324 en 1998, algunos de éstos secuestros a manos de los mismos ‘paras’. Las masacres, que según han dicho y repetido los paramilitares desmovilizados que han confesado ante Justicia y Paz, fueron la justificación de la lucha antiguerrillera, también se dispararon al tiempo con los secuestros y solo entre 2000 y 2009 hubo 123 masacres en las que fueron asesinadas 605 personas, y más  de 154.000 campesinos tuvieron que huir de sus tierras para salvar sus vidas. El remedio que unos creyeron sería la solución a sus males no sólo no acabó con ellos, sino que resultó  peor que la enfermedad.