Mancuso y la conspiración contra la Corte Suprema

El ex paramilitar aseguró que Álvaro Uribe los extraditó para tapar el complot contra la Corte Suprema. Sus declaraciones coinciden con las de ‘El Tuso’ Sierra, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’.
 
Ya son varios los ex jefes paramilitares que denuncian que el gobierno Uribe quiso acordar con las Auc un plan para desprestigiar a la Corte Suprema. Foto VerdadAbierta.com

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Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las Auc, aseguró que el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez extraditó a varios jefes paramilitares después de que se rehusaran a ‘colaborar’ en un presunto complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y de esta manera acabar con las investigaciones que empezaban en ese momento (2007) contra políticos vinculados con las Autodefensas, entre ellos el primo del presidente, el condenado ex senador Mario Uribe.

Desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, a donde fue enviado en 2008 por cargos de narcotráfico, 'Mancuso' puso en duda los motivos por los cuales fueron extraditados a Estados Unidos por cargos por narcotráfico, y que en realidad lo que buscaba el Gobierno Uribe era tapar una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia.

Por ejemplo, dijo que los abogados Sergio González y otro de apellido Llorente le pidieron que presentaran unas pruebas para enlodar a los magistrados de la Corte. Así la Corte sería revocada y el Gobierno nombraría en su reemplazo un tribunal ad-hoc con magistrados de su simpatía.

'Mancuso' dijo que los dos abogados se presentaron a nombre de Santiago Uribe, Mario Uribe y José Obdulio Gaviria. El primero es hermano del ex presidente, el segundo, primo y está condenado por ‘parapolítica’ y el tercero fue su asesor.

El abogado Sergio González, al que hace referencia 'Mancuso', fue el defensor de José Orlando Moncada alias ‘Tasmania’, un ex paramilitar que el 11 de septiembre de 2007 envió una carta a Álvaro Uribe en la que denunciaba que el magistrado Iván Velásquez le ofreció prebendas a cambio de atestiguar contra él.

Lo que se reveló después fue que Martha Leal, la ex directora de Operaciones del DAS, fue enviada a Medellín a recibir una carta escrita por 'Tasmania' de manos del abogado González. Una vez recibida la carta, el 8 de octubre de 2007, Álvaro Uribe reveló su contenido.

En junio de 2008, ‘Tasmania’ se retractó y dijo que todo se trataba de un complot gestado desde la Casa de Nariño para desprestigiar a la Corte y señaló a su abogado como el que lo indujo a mentir. González está preso después de que un juez lo halló culpable del delito de calumnia.
 
'Mancuso' precisó que estos abogados le pidieron conseguir unas fotografías en las que supuestamente aparecía el magistrado Yesid Ramírez con el narcotraficante Giorgio Sale en las corralejas de Sincelejo. Sale, de ascendencia italiana al igual que Mancuso, está preso mientras se adelanta un proceso en su contra por lavado de activos y por ser testaferro del jefe paramilitar.

“Con esas pruebas querían tumbar a la Corte… Querían nombrar una Corte ad-hoc y me negué”, dijo 'Mancuso'. Pero sus declaraciones no son nuevas ni han sido las únicas en Justicia y Paz.

Juan Carlos ‘El Tuso Sierra’, también extraditado, se refirió en versión libre en enero de 2012 a la supuesta fotografía del magistrado Ramírez y Sale, y coincidió con la versión de 'Mancuso'.  

La reunión de la 'Casa de Nari'
Aunque 'Mancuso' dijo que había un rumor de que Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ y Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ recibieron beneficios a cambio de ‘colaborar’ con la propuesta del gobierno, estos dos paramilitares, también extraditados, han hablado del complot mencionado por 'Mancuso’, ‘Tasmania’ y ‘El Tuso Sierra’. Pero solo lo hicieron cuatro años después de la extradición luego de haber negociado su pena con el gobierno estadounidense. Hasta ahora los jefes paramilitares se habían rehusado a colaborar con la justicia colombiana pero hace poco volvieron a hacerlo señalando a funcionarios del Gobierno Uribe.

En febrero de 2012, cuatro años después de mantener su silencio en Justicia y Paz, alias ‘Don Berna’ se destapó y en el reinicio de sus versiones recordó que también recibió la visita del abogado González, en representación del ex senador Mario Uribe, para organizar la conspiración. Además admitió que como parte de la negociación con el gobierno, fue trasladado a la cárcel La Picota en julio de 2007 para grabar conversaciones con el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, recluido en la misma prisión, con el propósito de desprestigiar al magistrado investigador Iván Velásquez. Varias de esas grabaciones fueron filtradas a la prensa.

El 6 de septiembre de 2010 la ex directora de Operaciones del DAS, Martha Leal, admitió que Diego Álvarez (abogado de 'Don Berna) le pidió una grabadora para grabar a 'Don Berna' y a Rafael García en donde supuestamente este último admitía que el magistrado Velásquez le estaba ofreciendo prebendas a 'Don Berna' para que hablara o diera información. Leal dijo que compró la grabadora con gastos reservados de la Subdirección de Operaciones del DAS.

La revista Semana reportó el 23 de agosto de 2008 que 'Don Berna' utilizó a su abogado para obtener más grabaciones que comprometieran a funcionarios de la Corte Suprema y los hiciera aparecer como si estuvieran recolectando pruebas contra Uribe y políticos afines a la Presidencia, a cambio de beneficios.

Según Semana, uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'. En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, quedó registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.

El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tenía vinculación formal con esa corporación. Su nombre era Henry Anaya y era un abogado de Barrancabermeja que además de haber sido registrador de ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya era bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tenía muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema.

Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actuó y habló como si lo hiciera a nombre de la Corte.

Además 'Don Berna' contó que luego de este episodio, entre febrero y abril de 2008 se registraron las famosas reuniones de la 'Casa de Nari'. Estos encuentros fueron revelados a la opinión pública por los medios en agosto de ese mismo año y contaban de grabaciones entre Diego Álvarez (abogado de 'Berna') con Rodrigo Zapata alias ‘Job’, un desmovilizado del Bloque Pacífico, en las que hablaban de varias reuniones y contactos que tuvieron con funcionarios de la Presidencia, entre ellos María del Pilar Hurtado, Marta Leal, Edmundo del Castillo, Juan José Chaux y César Mauricio Velásquez, y en las que supuestamente acordaron el plan para desprestigiar a la Corte Suprema.

‘Don Berna’ admitió que tanto Álvarez como ‘Job’ fueron a la Casa de Nariño por instrucciones suyas. “…Ya había unos contactos, ya había confianza. Le dije a Antonio (alias ‘Job’) y al doctor Diego (abogado de ‘Don Berna’), que sería importante que ellos se reunieran en la Casa de Nariño, para saber cómo iba el proceso. Nosotros respaldábamos totalmente la política de seguridad democrática del gobierno y las decisiones que se había tomado frente a ese tema”, le dijo a la Fiscalía.

El paramilitar explicó que alias ‘Job’ “era amigo de César Mauricio Velásquez”, el entonces jefe de Prensa de la Casa de Nariño, razón por la cual se facilitaba la entrada a Palacio. “Él sabía que se iba a llevar a cabo dicha reunión y estaba atento de lo que se decidiera en dicho encuentro”, señaló ‘Don Berna’.

Según el relato del ex paramilitar, “Edmundo del Castillo, ex director jurídico de Presidencia, acepta recibirlos en la Casa de Nariño, para reunirse con la doctora Marta Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS”, con quien ya tenían buenas relaciones.

Leal sería la encargada de dar las instrucciones a los funcionarios para que se prestara la colaboración y los equipos que se requirieran para hacer interceptaciones y grabaciones, especialmente a la Corte Suprema con el objetivo de desprestigiar sus investigaciones por los casos de parapolítica.

"Un tal doctor Roa, iba todos los días por la tarde, yo le entregaba lo que había grabado ese día, eso iba a la Casa de Nariño y el encargado de recibirlo era el doctor Edmundo del Castillo”, contó el ex paramilitar extraditado.

Tres meses después de la reunión en Palacio, alias ‘Job’  fue asesinado en Medellín.

Otras conspiraciones
Entre octubre de 2007 y abril de 2008, de acuerdo con lo narrado por 'Don Berna', ocurrieron otros hechos relacionados con el complot. El primero ocurrió en Nueva York. Según reportó la revista Semana, el 11 de octubre de 2007, en la sede del consulado de Colombia en Nueva York, el ex sargento del Ejército, Eduin Guzmán, fue entrevistado por varios medios de comunicación.

De acuerdo con su declaración, los magistrados auxiliares de la Corte, Iván Velásquez y Héctor Alarcón, quien adelantaba investigaciones sobre parapolítica en Antioquia, le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que implicara al presidente Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, en acciones delictivas. Al igual que ocurrió con 'Tasmania', altos funcionarios del gobierno retomaron las declaraciones de Guzmán y afirmaron que no solo eran muy graves, sino que demostraban que había un complot y un cartel de testigos contra Uribe.

Guzmán tampoco hablaba con la verdad. "A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos. Y como yo estaba desesperado, pues dije lo que me dijeron que dijera. Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada. Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho 'conejo' una vez, yo no me presté para volver a declarar", dijo Guzmán.

El otro episodio ocurrió el 24 de abril de 2008. Ese día, en Apartadó, Urabá, en un foro sobre proyectos productivos de los desmovilizados, un ex paramilitar llamado Ferney Suaza pidió la palabra y dijo que había sido abordado por varias personas que le ofrecieron 200 millones de pesos para involucrar públicamente al presidente Uribe con los paramilitares de esa región del país. Tan pronto Suaza terminó de hablar, los congresistas que estaban en el foro le hicieron el puente telefónico con el presidente Uribe y le contó su versión. Uribe le expresó su agradecimiento y la preocupación por lo que le había contado, y ordenó que se le reforzara la seguridad. Les pidió a los congresistas que lo acompañaran y estuvieran pendientes de que se le brindara la protección necesaria.

Suaza se había desmovilizado con el Bloque Bananeros de las Auc en noviembre de 2004 y era reconocido como líder comunal en el Urabá antioqueño. Para el momento de su denuncia en el Sena de Apartadó se desempeñaba como vocero de los desmovilizados reinsertados y era dirigente de la empresa Superban, que agrupaba a más de un centenar de desmovilizados.

Tras la declaración de Suaza, Uribe salió en varios medios de comunicación a replicar lo dicho por el ex paramilitar: en síntesis, que unas ONG y otras personas habían intentado sobornarlo para que vinculara al mandatario con grupos paramilitares en Urabá. Varios funcionarios del Gobierno, entre ellos Fabio Valencia Cossio, quien para la época se desempeñaba como alto consejero presidencial, afirmó que la denuncia del ex paramilitar era la prueba de que había "un complot internacional y hay muchos elementos que demuestran que el presidente Uribe les está estorbando a ciertos políticos internacionales y, obviamente, eso es un muro de contención". Valencia Cossio afirmó también que el testimonio de Suaza probaba que había un "cartel de testigos" contra el gobierno y dijo que lo que estaba sucediendo "es una cosa infame y es de cada ocho días. Una semana arman una cosa desde una cárcel y a la siguiente, desde el exterior". El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, se sumó a las voces de indignación del gobierno y pidió a la Fiscalía investigar las graves denuncias hechas por el ex paramilitar, quien fue ampliamente elogiado por Uribe debido a "su honestidad" y por no haber cedido al chantaje.

El problema, sin embargo, es que el testimonio del ex paramilitar Suaza era una farsa bien montada. Las declaraciones no solo eran falsas, sino que hacían parte de un complot en el que nuevamente aparecen juntos ex 'paras' y miembros del alto gobierno de la época de Uribe.

Posteriormente, se conocieron unas grabaciones en las que Suaza le pide a alias 'Job' que le ayude a sacar a su familia de Urabá y también una casa, como parte del acuerdo por sus declaraciones.

Tras las declaraciones de ‘Don Berna’, César Mauricio Velásquez y otros funcionarios del Gobierno de Uribe salieron a descalificar las versiones del ex paramilitar señalándolo de “un criminal extraditado”.  En su momento, Jaime Granados, abogado del ex jefe de prensa, dijo que el testimonio del ex paramilitar era una venganza.

Pero ahora con las versiones coincidentes de 'Mancuso', 'El Tuso' Sierra, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ surge una nueva teoría que sugiere que con la extradición de los paramilitares, el gobierno de Álvaro Uribe pretendió echar tierra sobre un complot que buscaba atajar el escándalo de la parapolítica, la misma que sentenció a varios políticos del uribismo.

*Todas las confesiones en versión libre deben ser investigadas por la Fiscalía por tratarse de una etapa preliminar antes del juicio.