'Cadena' negociaba ganado robado con algunas alcaldías en Sucre y Córdoba

 

Según 'Convivir', alias ‘Cadena’ vendía ganado robado en los Montes de María a municipios que recibían recursos para los resguardos indígenas, con la presunta complicidad de la subasta ganadera de Sincelejo. También contó que los paras cometieron la masacre de Chengue por la persecución a un presunto guerrillero.
En breve: Durante los días 13, 14 y 15 de enero, Emiro Correa Viveros, alias 'Convivir', desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María, en versión libre ante la Unidad de Justicia y paz de la fiscalía, relató cómo ese grupo paramilitar se apoderó de recursos de destinados al resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, vendiéndole a los municipios que hacen parte del resguardo, ganado que robaban en la región. Las utilidades eran repartidas entre el exjefe paramilitar alias 'Cadena', los alcaldes de los municipios de San Andrés de Sotavento, Palmito y Sampués.

Paramilitares mencionados
Emiro Correa se refirió a alias Diego Vecino, Cadena, Juancho Dique, Moña, Peluca, Willer Cobo, Humberto Frasser, Orbitel, Coyará y El Gato.

Rodrigo Mercado Peluffo alias 'Cadena'. Foto Fiscalía

Una de las grandes preguntas acerca de por qué fueron asesinados tantos miembros de la comunidad indígena de San Andrés de Sotavento, podría comenzar a aclararse con la versión de Emiro Correa Viveros, conocido con el alias de ‘Convivir’, desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María, quien dijo en versión ante la Unidad de Justicia y paz de la Fiscalía General de la Nación entre el 13, 14 y 15 de enero pasado, que Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, ‘blanqueaba’ los ganados robados en la región de Montes de María vendiéndoselos a las alcaldías de los municipios de Palmito y Sampués en Sucre y San Andrés de Sotavento en Córdoba.

La negociación se hacía con las transferencias que recibían los municipios para el sostenimiento de los resguardos indígenas. Es decir, los dineros con los que compraban el ganado, tenía como destinación el bienestar de la población indígena, congregada en el resguardo de San Andrés de Sotavento, del cual hacen parte, además de los municipios mencionados, Purísima, Momil, Chimá, Sahagún y Chinú en Córdoba, y Sincelejo en Sucre.

En este resguardo existe un censo de población zenú, estimada en 85.420 habitantes, de los cuales el 92 por ciento vive en las zonas rurales. Estos municipios, aunque hacen parte de dos departamentos, son muy cercanos y se encuentran entre las sabanas de Sucre y Córdoba, y el valle del río Sinú.

En su versión, Correa Viveros explicaba que ese tipo de negociación era una de las fuentes de financiación del grupo armado y dio detalles de cómo se hacía y quiénes, presuntamente, intervenían en el cierre del negocio. De parte del grupo armado, participaban en las reuniones Eduard Cobo Tellez, alias ‘Diego Vecino’, ex jefe político; Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, ex jefe militar, y los financieros Willer Cobo López y Humberto Frasser, ambos asesinados en el 2006, meses después de la desmovilización. Así como los líderes indígenas Clemente y Celedonio.

Para poder hacer este negocio tenían que contar con la complicidad de los alcaldes. Pero no sólo tendrían a los alcaldes como aliados, sino que, según ‘Convivir’, alias Cadena adoptó como estrategia la financiación de candidatos a la alcaldía para después ‘desangrar’ las transferencias que el Gobierno Nacional hacía a los pueblos del resguardo indígena.

La operación comenzaba con el robo permanente de ganado en los pueblos de los Montes de María, lo transportaban hasta las fincas en San Onofre y otras ubicadas en la zona del Golfo de Morrosquillo, donde alias ‘Cadena’, tenía varios campamentos y bases militares, la mayoría fincas de las que se había apropiado y en donde engordaban las reses robadas mientras se hacía la negociación, la cual no podía tardar muchos días. En algunos casos, tal y como lo han contado algunas víctimas, ‘Cadena’ y sus hombres llegaban a las fincas, se robaban las reses y asesinaban a sus propietarios, así no había quien pusiera denuncios en su contra. Una vez realizada la negociación, los municipios entregaban las reses a los indígenas.

La negociación en la subasta se hacía según Correa Viveros, con la presunta complicidad del gerente de la subasta ganadera, quien al parecer tenía conocimiento del origen delictual de las reses negociadas. En la subasta se fingía una operación con la colaboración de un ganadero de nombre Iván Alvárez y, por supuesto, con el conocimiento de los líderes indígenas, que recibían, al igual que los alcaldes una tajada de la negociación. Alias ‘Cadena’ les hacía atenciones a los caciques en ‘Rincón del Mar’: ‘los atendía como reyes’, dice Correa Viveros, quien paras entonces hacía parte de la escolta del exjefe paramilitar asesinado en 2005 en cercanías de Santa Fe de Ralito.

Era tan célebre y ventajosa la negociación, -los municipios pagaban por cada res robada el doble de su precio en el mercado-, que´Cadena’, decía: ‘voy a civilizar a estos indios regalándoles ropa, colonias, relojes’, y hasta espejitos como en la colonia. Después de cada venta, ‘Cadena’ presuntamente se reunía con los indígenas para entregarles su parte y a los alcaldes que participaban en la negociación se encargaban de entregarles su parte los financieros del grupo paramilitar Wiler Cobo López y Humberto Frasser.

Durante los últimos diez años han sido asesinados más de treinta miembros de esta etnia, algunos han sido desparecidos. Unos por oponerse a los paramilitares y otros por hacerles el juego.

¿Por qué fue la masacre de Chengue?
El 17 de enero de 2001, ventisiete personas fueron masacradas en la población de Chengue, un corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre, en la subregión de los Montes de María. Como en la mayoría de los casos, y de acuerdo con la versión de Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, la orden la dio Carlos Castaño, quien envió a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, un listado de personas que debían ser ejecutadas. Eso dijo el ex paramilitar en su versión del 30 de julio de 2008.

El pasado 14 de enero, Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’, relató un episodio desconocido hasta ahora, según el cual estaban persiguiendo a un ex guerrillero de nombre Alvaro Meriño Erazo. Meses después de la incursión en el poblado, alias ‘Cadena’ recibió una información en la que le decían dónde estaba Meriño. Organizó un grupo encabezado por Correa Viveros, Collará, Orbitel, ‘El Moña’ y ‘El peluca’, quienes llegaron al sitio donde se encontraba, encañonaron a los presentes y se llevaron a Meriño.

Alias ‘Cadena’ ordenó que lo llevaran a la finca ‘El Despeje’ y lo esposaran. Cuando el desaparecido ex jefe paramilitar llegó, le dijo a Meriño: ‘la masacre de Chengue fue por estarte buscando a ti, por eso fue que se murió esa gente’.

Presuntamente, ese día, Mercado Peluffo llegó acompañado por los ex senadores Alvaro ‘El Gordo’ García, el actual gobernador Jorge Barraza Farak, y los ex gobernadores Salvador Arana (2001 – 2003), Jorge Anaya (2004 – 2007), Edgar Martínez Romero, Jorge Luis Feris Chadid, ex representante a la Cámara, y la ex alcaldesa de Palmito, Graicy Díaz, todos condenados por sus nexos con los paramilitares, con excepción de Edgar Martínez y del actual gobernador.

Antes que llegara el ‘comité de recepción’, a Meriño lo habían mantenido esposado a los barrotes de un cuarto de la finca, y según contó alias ‘Convivir’, lo habían golpeado en la cabeza y estaba sangrando. La idea de ‘Cadena’ era, manifestó Correa Viveros, presentarlo a los jefes políticos del departamento para que vieran que él era efectivo contra la subversión. Por eso, antes de que ingresaran los políticos a conocerlo, ´Cadena’ mandó a que le limpiaran la sangre y le dijo qué tenía que decirles y él se comprometía a perdonarle la vida.

Esa mañana ordenó a preparar un sancocho y buscar whiskey. Cuando entraron los políticos sucreños, Cadena le dijo, van a hacerte unas preguntas, contesta.

Feris, y Arana fueron los más interesados, y comenzaron a preguntarle si existían planes de la guerilla contra ellos. Afuera, en un kiosco los otros celebraban la captura. Las preguntas se las hacían en tono agresivo y lo amenazaban con los guardias armados. Meriño contestó lo que ‘Cadena’ le dijo que contestara, para así sacar provecho y convencerlos de la lucha y necesidad de financiar el Bloque que él comandaba militarmente.

Los políticos se fueron convencidos para el corregimiento de Varsovia a tomarse unas cervezas en el pueblo y ‘Cadena’ regresó a la finca alrededor de las nueve de la noche, recogió a Meriño y se lo llevó para San Onofre escoltado por ‘Peluca’, ‘Moña’ y ‘El Gato’. Durante los cinco días que lo retuvo en San Onofre le sacó información sobre la organización guerrillera, y cuando ya no pudo más entregó a Meriño y ordenó que lo mataran y dejaran a la entrada de Sincelejo con un letrero que dijera que lo habían matado porque era un comandante guerrillero.

De todas maneras, fuera que lo estuvieran buscando o no, nada justificaba la masacre de 27 inocentes que fueron asesinados a garrote, mortero y cuchillo, según narró alias ‘Juancho Dique’, para no hacer ruido, pues a media hora de Chengüe se encontraba una base de la Infantería de Marina y el frente 37 de las Farc comandado por Martín Caballero.

Constancia contra el abogado De la Espriella
Al comenzar la versión el día 13 de enero pasado, Emiro Correa Viveros, le pidió a la fiscal que le permitiera dejar una constancia contra el abogado Abelardo De la Espriella, porque en un interrogatorio lo amenazó con hacerle perder los beneficios de la ley de Justicia y Paz sino se retractaba de su declaración contra el empresario Alfonso Hilsaca Eljadue, a quien Emiro Correa Viveros responsabiliza como autor intelectual de la muerte de cuatro mujeres en la Torre del Relój en Cartagena en hechos ocurridos el 13 de febrero de 2003.

Hace un año Emiro Correa relató en versión libre quiénes participaron en el hecho, cuánto les pagaron y dónde recogieron el dinero. El pasado 29 de noviembre un fiscal antioterrorismo programó una sesión con Correa Viveros en la fiscalía en Montería para que se ratificara o explicara a la justicia ordinaria cómo habían sido los hechos contados ante Justicia y Paz en su calidad de testigo. Dice Correa en su denuncia que él dijo lo mismo que había contado un año antes, lo cual provocó la ‘ira’ del abogado De la Espriella.

‘Ese día, dijo, en presencia del fiscal Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, de la unidad antiterrorista de la fiscalía, el abogado De la Espriella le dijo que lo mirara bien a los ojos porque él se iba a encargar de hacerle perder los beneficios de Justicia y Paz. En vista de que me mantuve en mi versión y ratifiqué cada una de mis afirmaciones, me dijo que me iba arrepentir, que no sabía con quién se había metido. El fiscal no sólo no detuvo el ataque y las intimidaciones, sino que sólo le reprochó a De la Espriella haber dicho todo lo que había dicho con la grabadora encendida’.

‘Pero me decía que personalmente se iba a encargar de sacarme del programa de Justicia y Paz y que me iba a pudrir en la cárcel, que yo estaba haciendo que Hilsaca se muriera en una cárcel por cuenta de mi testimonio. El quería que yo dijera que éste señor era inocente y yo me mantuve en mi versión de los hechos y él se ofuscaba’.

La fiscal Gómez Martínez le preguntó a Correa Viveros si el fiscal interrogó y Correa dijo que sí. También le preguntó si el abogado le hizo alguna insinuación de declarar en algún sentido u otro, ante lo cual dijo que el abogado De la Espriella le pedía de manera insistente que dijera que su defendido era inocente y ‘cuando yo contestaba y me ratificaba él me interrumpía y decía que ese señor era inocente, y me daba a entender que me retractara.

Finalmente Emiro Correa manifestó que esos hechos los dio a conocer a la dirección del Inpec en la cárcel de Urrá y la respuesta que le dieron fue que enviarían su queja al municipio de Tierralta. La fiscal 11 de la Unidad de Justicia Paz, Yolanda Gómez Martínez, le preguntó si el fiscal lo había juramentado, a lo cual respondió que sí porque se trataba de una diligencia judicial en la que él había sido citado como testigo, pero no fue acompañado por abogado y tampoco estuvo presente un representante del Ministerio Público que garantizara sus derechos.

La fiscal le tomó el juramento y ordenó compulsar copias.