Crímenes del Bloque Cacique Nutibara, aún sin condena

Problemas relacionadas con procedimientos jurídicos mantienen estacando el proceso contra los únicos siete postulados de esta facción de las Auc antes estrados de Justicia y Paz.

Fueron cientos de crímenes los que cometió el Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Foto SemanaUn nuevo obstáculo deberá sortear el proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la temida máquina de guerra que dirigiera Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y cuyos crímenes, por lo menos ante la justicia transicional, aún permanecen en la impunidad.

Hace una semana dos de los tres magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, se declararon impedidos para continuar con el juzgamiento de estos desmovilizados, tras alegar que ya emitieron un juicio que compromete su criterio sobre la continuidad de estos dentro del proceso de Justicia y Paz.

El problema es que esta dilatación está afectando a las víctimas porque ante tanto tropiezo jurídico los anhelos de justicia, verdad y reparación entre sus cientos de víctimas continuarán siendo eso: anhelos.

“Ya las víctimas perdieron todo interés en ese proceso, ya ni asisten a las audiencias porque sienten que es una pérdida de tiempo”, señala el abogado Óscar Correa, apoderado del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que se presentó como víctima en el proceso que se adelanta en Justicia y Paz contra alias ‘Don Berna’ ante los ataques que padeció a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil.

Decisiones, paso a paso
La cronología de este proceso muestra que entre el 4 y 5 de septiembre de 2013, los magistrados Pinilla Cogollo y Rincón Jaramillo decidieron excluir de los beneficios de la justicia transicional a Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres, los únicos postulados del Cacique Nutibara ante Justicia y Paz. 

Entre las razones esgrimidas en aquel momento figuran que los mencionados postulados nunca confesaron la verdad y cuando lo hicieron, fue de manera parcial; que no entregaron bienes para reparar a las víctimas, y que muchos de los exintegrantes de este grupo paramilitar seguían delinquiendo.

Los magistrados de la Sala de Justicia y Paz señalaron también que la desmovilización del Cacique Nutibara fue ficticia por cuanto se conocieron denuncias, a lo largo del proceso transicional, de reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos días antes del evento de dejación de armas, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín el 25 de noviembre de 2003.

En dicha decisión también se solicitó investigar al hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares, ya sea por acción u omisión y por concertarse con ellos no solo como gobernador de Antioquia sino después como presidente de la República. Los togados sustentaron su decisión en testimonios y versiones de varios exparamilitares quienes relacionaron directamente a personas muy allegadas a este líder político, como Pedro Juan Moreno, Mauricio Santoyo y Jorge Noguera, con estructuras paramilitares. (Ver: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo y Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

Allí también se pidió investigar a la exfiscal Viviane Morales, así como a los generales en retiro Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (ya fallecido) e Iván Ramírez. Asimismo, se pedía a la Fiscalía General de la Nación investigar a varios funcionarios judiciales, entre ellos, a varios fiscales de Justicia y Paz, incluido al encargado de reconstruir la historia del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.

Pero la decisión fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia proferida el pasado 23 de julio. Según la Alta Corte, los magistrados se extralimitaron en sus funciones, entre otros, por no tener la potestad para excluir a los postulados pues esta facultad solo la tiene la Fiscalía General de la Nación, “razón por la cual estos operadores jurídicos (los magistrados) no pueden expulsar de oficio a los postulados, pues siempre deberá mediar petición de la Fiscalía. Proceder de forma contraria, como lo hizo la Sala, comporta afectar de manera trascendental la estructura procesal diseñada por el legislador”, advirtió la Corte. (Ver: Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)

Esta decisión implicó el regreso de los postulados a Justicia y Paz y el cese de todas las investigaciones solicitadas por los magistrados, incluidas las del expresidente Álvaro Uribe, así como la continuación de las audiencias conocidas como legalización de cargos, es decir, el momento en que la Fiscalía solicita ante los magistrados que sean legalizados los delitos confesados por los exparamilitares.

Pero cuando se pensaba que reanudaría el proceso, los mismos magistrados que un año atrás excluyeron a los exmiembros del Cacique Nutibara se declararon impedidos para continuar con este proceso pues argumentan que tendrán que juzgar a los mismos postulados sobre los cuales ya emitieron un concepto que se mantiene hasta el día de hoy y analizar las mismas pruebas que ya rechazaron en su momento luego de valorarlas exhaustivamente.

“La Sala excluyó oficiosamente a los postulados, examinó y valoró in extenso y a fondo las pruebas allegadas a la actuación y con fundamento en ellas se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los postulados, para concluir que no los cumplían (...) la imparcialidad que debe garantizarse en este caso está seriamente afectada por la opinión o criterio anticipado asumido por los suscritos Magistrados, el cual es sustancial y relevante y afecta el debido proceso de los postulados”, señalaron Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo en su anuncio.

Aclarado el embrollo jurídico, la pregunta entonces es ¿qué implicaciones tiene todo esto? La primera y más evidente es que el propio Tribunal Superior de Medellín deberá resolver en los próximos meses si acepta o no el impedimento planteado por los magistrados Pinilla Cogollo y Jaramillo Rincón. De no aceptar, será la Corte Suprema de Justicia quien dirima esta situación.

En todo caso, la preocupación principal es por el tiempo. Y no es para menos. Varios de los postulados ya cumplieron los ochos años de reclusión planteados por la Ley de Justicia y Paz y comenzaron a solicitar su libertad, sin que se vea en el horizonte cercano la posibilidad de dictarles sentencia por parte de la justicia transicional.

Fue así como el pasado 2 de septiembre Wander Ley Viasus Torres, uno de los siete postulados del Cacique Nutibara en cuestión, solicitó ante un magistrado con función de garantías de Justicia y Paz de Medellín sustitución de medida carcelaria; es decir, libertad condicional, la cual le fue concedida. El 8 del mismo mes hizo lo propio Mauro Alexander Mejía Ocampo; el 9 de septiembre fue el turno para Juan Fernando Chica y al día siguiente para Juan Mauricio Ospina Bolívar. En todos los casos la libertad fue concedida.

Y ante la salida de los exparamilitares, las cientos de víctimas que dejaron las acciones militares del Bloque Cacique Nutibara en Medellín y el área metropolitana sienten que se están quedando sin las verdades sobre sus parientes y se está tejiendo, poco a poco, manto de impunidad que acabará beneficiando a quienes auspiciaron, financiaron y promovieron el paramilitarismo en la capital antioqueña y municipios vecinos.