Las deudas de Justicia y Paz con las víctimas

Cambios en los montos de las reparaciones, verdades acomodadas y la lenta búsqueda de los cuerpos desaparecidos son algunos de los reclamos que las víctimas hacen cuando se cumplen casi diez años de expedida esta ley de la justicia transicional.

dia-victimas-jypLos cerca de 2.500 desmovilizados que fueron postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 solo han entregado 900 bienes para reparar a las víctimas. Foto: archivo Semana.

“Reparar a las víctimas funciona como la moda. Al comienzo todos estaban pendientes de Justicia y Paz, pero luego vino la Ley de víctimas y después el proceso de paz con las Farc y ya a muy pocos les importan las injusticias que han venido cometiendo en este proceso”, dijo Porfirio Vélez, líder de víctimas y hermano del fallecido Tirso Vélez, excandidato a la gobernación de Norte de Santander asesinado por los paramilitares del Bloque Catatumbo.

Como Vélez son varias las víctimas que sienten que poco se conoce sobre las promesas incumplidas a las víctimas que hacen parte del proceso de Justicia y Paz. VerdadAbierta.com hace un recuento de los principales reclamos.

Reparación que no fue
Cuando se revisan las no más de 20 sentencias proferidas en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia se observan montos de reparación judicial que varían entre los 50 y 200 millones de pesos. Montos que los magistrados de Justicia y Paz calculan teniendo en cuenta el daño moral, el emergente y el lucro cesante.

Aunque eso es lo que aparece en el papel, en la práctica este dinero solo se les pagó a las víctimas que hicieron parte de la primera sentencia de Justicia y Paz, expedida en junio de 2010, el resto han recibido montos de dinero mucho menores. ¿Por qué cambiaron las reparaciones?

En 2011 se sancionó la ley 1448, más conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, que en su artículo 10 establece cuando el Estado es condenado de forma subsidiaria, es decir que no es el condenado principal, solo debe responder hasta los topes ya fijados por la Unidad de Víctimas para responder en lo que se conocer como reparación administrativa. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la indemnización es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.

Aunque esperaron más de ocho años para ser reparadas judicialmente por los montos establecidos por un juez, la verdad es que las víctimas reciben lo que determina la reparación por vía administrativa. “La reparación es la deuda más grande de Justicia y Paz. Las víctimas no han podido acceder a lo que se ordena en las sentencias de la Corte Suprema”, aseguró Arturo Mojica, abogado del colectivo Opción Jurídica, que representa a las de víctimas de Norte de Santander reconocidas en el fallo contra Jorge Iván Laverde Zapata y quienes siguen luchando para que les paguen lo que les prometieron. (Ver: El largo camino para reparar a las víctimas de ‘El Iguano’ )

Supuestamente los llamados a responder por el dinero que hace falta para reparar a las víctimas  son los exparamilitares y exguerrilleros postulados a la Ley de Justicia y Paz, quienes estaban obligados a entregar sus bienes y su dinero como una forma de resarcir el daño. Lo cierto, es que no más de  del 7 por ciento de las reparaciones se han pagado con dineros producto de esta entrega. (Ver: Solo el 6,8% de reparación a víctimas se ha pagado con dineros de desmovilizados)

Las víctimas tampoco sienten que se haya avanzado en las reparaciones colectivas. En algunas sentencias más que en otras, los magistrados han ordenado medidas de reparación para comunidades enteras que han sido afectadas. Sin embargo, este sigue siendo un proceso judicial que se centra en los daños individuales y algunas medidas de reparación se restringen a actos simbólicos que pasan a lista de tareas pendientes de las entidades. (Ver: Incumplen promesas a las víctimas de Arauca)

“En los primeros meses, cuando se van a vencer los plazos, las entidades corren para cumplir, pero eso después queda en el olvido. De nada sirve cambiar el nombre de un parque o pagar para hacer un placa si no se hace un seguimiento”, aseguró Vélez, basado en lo ocurrido en Norte de Santander.

La urgente verdad de los desaparecidos
dia-victimas-jypDesde 1984, Ramón Isaza y sus hombres utilizaron la desaparición forzada en departamentos como Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Familiares de víctimas se quejan de lentitud de la justicia para aclarar los casos. Foto: archivo Semana.

Previo a emitir una sentencia, los magistrados de Justicia y Paz convocan a una audiencia donde las víctimas y sus defensores deben exponer las afectaciones que les causaron y las medidas de reparación que exigen. Luego de nueve años, el principal reclamo de las víctimas sigue siendo la ubicación de los cuerpos de sus familiares desaparecidos. (Ver: ¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?).

Son varias los obstáculos que encuentran las víctimas en el camino. De los 32 mil desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, solo el ocho por ciento están postulados al proceso de Justicia y Paz. Los postulados alegan que ellos solo tienen una parte de la verdad y que son los patrulleros y algunos mandos medios quienes conocen la ubicación exacta de las fosas comunes.

El problema es que algunos de los que tienen la información siguen en la ilegalidad o se unieron a programas de reinserción con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr). Estos últimos están obligados a participar en un mecanismo de contribución a la verdad con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero no a responder dudas puntuales que tienen los familiares de los desaparecidos.

Producto de lo que se ha dicho en las versiones y las exhumaciones, se han encontrado más de 5.300 cuerpos. A junio de 2014, más de 3 mil de esos restos no habían sido identificados. Las víctimas guardan una esperanza de encontrar a sus familiares, se quejan del lento proceso de reconocimiento.

En marzo de 2014, en el municipio antioqueño de Puerto Triunfo, a orillas del río Magdalena, uno de los pueblos con el mayor número de desaparecidos, los líderes convocaron a las víctimas para que se practicaran pruebas de ADN que puedan comparase con las de los restos que reposan en Medicina Legal. “Ya pasó un año desde que logramos reunir más de 70 muestras de ADN en el pueblo, pero no nos dan razón.  Eso es algo que la gente necesita saber ya, quieren saber si hay esperanzas de encontrarlos”, dijo Jenny Castañeda, líder de víctimas de Puerto Triunfo (Ver: Cara a cara de las víctimas con Ramón Isaza en Puerto Triunfo)

En este mismo municipio, las víctimas también denuncian que en compañía de las víctimas se han realizado diligencias de exhumaciones en las que el exjefe paramilitar Ramón Isaza ha entregado la ubicación de fosas comunes donde han encontrado restos humanos. Sin embargo, la Fiscalía lleva más de dos años sin dar una respuesta que certifique el cuerpo corresponde a la víctima.

A quienes no llega la Justicia
Aunque no en la misma proporción, algunos jefes paramilitares se han referido a alianzas con miembros de la fuerza pública, políticos y empresarios. Para las víctimas no basta con que se compulsen copias a la justicia ordinaria, “se ha hablado de muchas complicidades y otros poderes que tuvieron que ver con la muerte de miles de personas, pero sobre eso no hay investigaciones serias que den una verdadera respuesta a las víctimas”, dijo el abogado Arturo Mojica.

Aunque existen muchos fiscales comprometidos con las investigaciones es poco lo que puede salir, pues esas copias pasan al resorte de la justicia ordinaria y abrir o no una investigación depende de otras dependencias de la Fiscalía.

En Justicia y Paz basta con que un paramilitar confiese los hechos para que el caso sea aceptado, por eso las investigaciones a terceros pasan a un segundo plano. “Yo pedí que en el caso de mi esposo se tuviera en cuenta la complicidad que pudieron tener funcionarios de Ecopetrol y nunca me escucharon, en la Fiscalía me dijeron que estaban muertos, pero no era cierto.  Los paramilitares aceptaron los nexos, pero así pasó el crimen, sin más investigación”, contó una de las víctimas.

Pero no todos han sido mencionados, en la mayoría de las regiones, los afectados aseguran que las estructuras de la parapolítica local siguen intactas y piden que se investigue a alcaldes, personeros y concejales que aún conservan su poder. Queda aún en el tintero conocer la responsabilidad de funcionarios públicos que auspiciaron el asesinato de sus colegas, como en el caso de la seccional de la Fiscalía en Cúcuta.

Los que quedaron al final de la cola
dia-victimas-jyp-2En 2013 la Fiscalía implementó la metodología de la priorización para agilizar los procesos de los más de 4.700 ‘paras’ y guerrilleros que estás postulados a la Ley de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana

Los procesos en Justicia y Paz no se mueven a los mismos ritmos. Son varias las verdades que la Fiscalía ha develado sobre grandes grupos paramilitares como el Bloque Norte o el Bloque Central Bolívar, pero no pasa lo mismo con los pequeños grupos que no tuvieron gran importancia en la escena nacional. Esa diferencia aumentó cuando la Fiscalía priorizó los proceso judiciales de los jefes de más alto rango como Salvatore Mancuso; Evert Veloza, alias ‘HH’ o Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Ver: Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz)

“Hay grupos que nadie en el país conoce y que fueron relativamente pequeños, pero que hicieron mucho daño en municipios puntuales. A esos no se les presta la misma atención”, contó Stella Flórez, quien durante ocho años ha luchado para la muerte de su esposo, a manos un pequeño grupo paramilitar que delinquió en Cundinamarca conocido como Héroes de Gualivá, no quede impune.

Durante siete años Stella Flórez pidió en vano que se investigara a funcionarios públicos vinculados al robo de gasolina en Albán, Cundinamarca, presentó sus propias pruebas y encaró a los paramilitares, pero el proceso no avanzó. “Pedí cientos de veces copias del proceso, pero las carpetas siempre estaban refundidas”, agregó. Solo fue hasta que Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, uno de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar, admitió responsabilidad en el crimen que el proceso pudo avanzar.

Algo similar ocurrió con las víctimas de uno de los pocos desplazamientos masivos ocurridos en Atlántico. El 27 de mayo de 2004, 99 familias salieron de  las veredas Casa Mayor y Las Mercedes del municipio de Piojó,  atemorizados por un pequeño grupo del Bloque Norte de las Auc, conocido como la Comisión Vía al Mar o Costanera del Frente José Pablo Díaz. Las víctimas aún no han sido reconocidas y hasta este año se iniciaron las versiones libres con los paramilitares por estos hechos.   (Ver: Las de Piojo, las víctimas de las que nadie ha hablado)

La desconexión institucional
Aunque ya fueron reconocidas por una sentencia de la Corte Suprema desde 2012, hasta hace muy pocas semanas las víctimas de Norte de Santander no habían sido incluidas en el Registro Único de Víctimas. Hacer parte de este registro es fundamental para acceder a todo tipo de beneficios de salud, vivienda y educación que propone la ley. A mí me llamaban las víctimas a decirme que no las atendían porque no aparecían en el registro, nos tocaba andar con un USB para mostrar la sentencia en todo lado”, contó Porfirio Vélez.

Como estas, son varios los casos recogidos por los líderes de personas que hacen parte del proceso de Justicia y Paz porque los paramilitares ya reconocieron los crímenes, pero no son aceptados ante la Unidad de Víctimas.

A esto se suma que luego de nueve años en el proceso de Justicia y Paz, cuando algunos procesos están a punto de culminar, las víctimas denuncian que aún no les han asignado un defensor público al que por ley tienen derecho. Sin contar con los papeles que se han refundido en medio del proceso, impidiendo que las personas accedan a la relación, como ocurrió con las víctimas de Santa Cecilia, corregimiento de Astea en Cesar. (Ver: Los enredos en la reparación de las víctimas de Mancuso)

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