El largo camino para reparar a las víctimas de ‘El Iguano’

A más de 270 víctimas del Bloque Catatumbo les cambiaron las reglas de juego y no les ha pagado el total de las indemnizaciones que hace dos años tasó la Corte Suprema de Justicia. Ejemplo del complejo panorama que enfrentan los afectados en el proceso de Justicia y Paz.

Familiares de víctimas del Bloque Catatumbo esperan que sean reparadas plenamente.El 6 de junio de 2012 la Corte Suprema de Justicia les dio la razón a las víctimas de Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, uno de los jefes paramilitares del Bloque Catatumbo. En la segunda sentencia de Justicia y Paz, los magistrados del alto tribunal consideraron que tenían derecho a una reparación que contemplara en cada caso los daños materiales y morales que les causó este grupo paramilitar, por eso obligó al gobierno a indemnizarlas con montos que oscilaban entre 50 y 150 millones de pesos. (Ver: Fallo definitivo para ‘El Iguano’)

Pero dos años después, los afectados solo han recibido una reparación administrativa por parte de la Unidad de Víctimas que, en casos de homicidio, es cercana a los 24 millones de pesos. Estas personas han sido testigos de cómo les han ido cambiando las reglas de juego, primero con la aparición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011); luego, con la reforma a la Ley de Justicia y Paz; y ahora con una reciente sentencia de la Corte Constitucional. En cualquier caso, los cambios en el andamiaje jurídico no los ha beneficiado.

“Hace 11 años fuimos víctimas de un grupo armado al margen de la ley, pero hoy somos víctimas del gobierno, porque creen que nos pueden reparar cuando y como ellos quieran”, dijo Nayides Casadiegos, una de las líderes de la Asociación de Familias Unidas por el Conflicto Armado de Norte de Santander (Asfucans).

Otra víctima agregó que “lo triste es que cuando hay una condena contra los paramilitares sí les cumplen con la rebaja de pena, pero si es contra las víctimas siempre están mirando con qué ley o con qué cláusula nos cambian todo”.

La eterna espera
La historia de este largo camino que han tenido que recorrer las víctimas comenzó hace siete años cuando los ex paramilitares del Bloque Catatumbo, entre ellos ‘El Iguano’, comenzaron a confesar sus crímenes ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, como parte del proceso de justicia transicional establecido en la Ley 975 de 2005.

Las jornadas eran extenuantes y dolorosas para las víctimas, pero todos estaban decididos a conocer la verdad. Porfirio Vélez, hermano de Tirso Vélez, el ex alcalde de Tibú asesinado por el Bloque Catatumbo, decidió conformar Asfucans para unir sus voces y exigir una reparación. “Era más fácil que superáramos esto juntos y nos teníamos el uno al otro para atravesar este este largo proceso”, declaró Vélez. (Ver: Víctimas del ‘Iguano’ en Norte de Santander hablan de su tragedia)

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió el 2 de diciembre de 2010 la sentencia en primera instancia en contra de ‘El Iguano’, en ella reconoció a 170 personas que murieron en 25 masacres y cuatro asesinatos de funcionarios públicos en Norte de Santander. Esta fue la segunda sentencia emitida por esta jurisdicción luego de la decisión en la que se reconocieron las víctimas de Mampuján, Bolívar. (Ver: 'El Iguano' condenado por masacres y asesinatos políticos).

Las víctimas de Laverde Zapata apelaron la decisión porque no consideraban justa la reparación. La magistrada Uldi Teresa Jiménez, ponente del caso, había decidido que las indemnizaciones se entregarían por equidad, es decir, que según los delitos, a todas las víctimas se les pagarían montos iguales. Los defensores de las víctimas argumentaron que, tal como se había hecho en el caso de Mampuján, la reparación se debía tasar dependiendo de los daños sufridos en cada caso.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de este alto tribunal les dio la razón a las víctimas y en sentencia en segunda instancia, del 6 de junio de 2012, calculó nuevamente la reparación. Esta decisión significó un avance que trazaba un camino para las víctimas “ya por lo menos hay una ruta más clara de la reparación que van a pedir las víctimas, se ve de manera más clara los perjuicios morales y materiales”, dijo en su momento el defensor de las víctimas Arturo Mojica.

El problema fue que durante el año y medio que tardó la Corte en resolver la apelación se aprobó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada a mediados de 2011 y en vigencia desde el 1 de enero de 2012.

El panorama se oscureció cuando las familias afectadas se reunieron con los funcionarios del Fondo de Reparación, dependencia de la Unidad para las Víctimas encargada de administrar los bienes entregados por los paramilitares desmovilizados y cancelar las indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz. “Nos dijeron que nos iban a pagar, pero que solo nos iban a dar los topes que ellos tenían establecidos. Muy por debajo de lo que nos prometieron”, dijo Aura Sarmiento, otra de las afectadas.

¿Dónde se enredó la reparación?
Juan Camilo Morales, director del Fondo de Reparación, explicó que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el artículo 10 de la Ley de Víctimas: “Cuando se trata de un proceso penal donde el Estado no es condenado de manera principal, sino de forma subsidiara o residual, entonces debe responder hasta los topes que establece la reparación administrativa”.

Los topes a los que refiere son montos de dinero que la Ley de Víctimas dispuso para indemnizar y que varían solo según el tipo de delito. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la reparación es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.

La decisión del Fondo de Reparación tuvo en cuenta la reforma que en diciembre de 2012 el Congreso de la República le hizo a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz. En su momento, los congresistas argumentaron que el dinero entregado por exparamilitares y exguerrilleros no era suficiente para reparar a las víctimas y que los recursos de la Nación no alcanzaban. Decidieron entonces que los jueces no tasarían los daños ni calcularían el valor de la indemnización, sino que a todos se les pagaría con los topes establecidos.

A partir de entonces, todas las víctimas registradas debían acogerse a ese nuevo sistema, aunque ya existiera una sentencia. De hecho, solo a las víctimas de Mampuján les han entregado la reparación que exigió la Corte Suprema de Justicia. Esto porque la sentencia contra el Bloque Héroes de Montes de María por la masacre y el desplazamiento masivo ocurridos allí fue la primera de Justicia y Paz y se resolvió antes de la expedición de la Ley de Víctimas.

Con esas nuevas reglas de juego, desde finales del año pasado, el Fondo ha venido entregando los llamados topes a cada una de las víctimas del Bloque Catatumbo. En total, pagó 7 mil millones de pesos, pero en su sentencia los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenaron una reparación por 26 mil millones de pesos.

En marzo de 2014, hubo una nueva luz de esperanza para las víctimas, pues la Corte Constitucional tumbó ese aparte de la reforma la Ley de Justicia y Paz y les devolvió a los jueces la capacidad para tasar los daños y los montos de las reparaciones.

Sin embargo, según explicó Morales, esto no quiere decir que el Estado deba responder por la totalidad de las reparaciones económicas que ordenen los jueces de Justicia y Paz, sino que los primeros llamados a responder son los desmovilizados. Hay que recordar que uno de los compromisos de los postulados a la Ley de Justicia y Paz fue entregar bienes para reparar a las víctimas como requisito para obtener los beneficios de la norma, entre ellos una pena alternativa de 8 años de cárcel.

En el caso del Bloque Catatumbo, el Fondo de Reparación se comprometió a hacer pagos parciales con el dinero y los bienes que el año pasado entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como parte de la reparación. Laverde Zapata no entregó bienes.

Las víctimas se rehúsan a aceptar este cambio de reglas y exigen que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de las víctimas, Arturo Mojica, aseguro que se están adelantado demandas penales y quejas disciplinarias contra la Unidad de Víctimas por no haber efectuado el pago en su totalidad.

“Lo que tenemos es fundamental para las víctimas que vienen detrás, somos la segunda demanda del país y de cómo se resuelva esta situación dependen muchas cosas”, dijo Porfirio Vélez.

Otros tropiezos
Además de no recibir lo que les prometieron, se han presentado otras situaciones que son cuestionadas, como por ejemplo que algunas víctimas del Bloque Catatumbo no fueron tenidas en cuenta en la sentencia. Así ocurrió con los familiares de Alfonso Gómez, un comerciante asesinado el 18 de mayo de 2001 en el barrio Sevilla, de Cúcuta.

La Fiscalía reconstruyó la historia de una masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Catatumbo que vivían en un sector conocido como El Callejón de ese barrio y que estaban al mando de Laverde Zapata. El caso de Gómez fue incluido en la sentencia por los magistrados, pero sus familiares no fueron tenidos en cuenta como víctimas indirectas.

La familia insiste en que hace unos años entregó los papeles ante la Unidad de Justicia y Paz. “Dicen que no estamos en el sistema. Siempre tuvimos la incertidumbre de quién lo había matado y nos enteramos mucho después y por casualidad”, dijo la mamá de Alfonso. La Fiscalía se comprometió a incluir el caso en una próxima audiencia.

Luego de esperar cerca de ocho años en el proceso de Justicia y Paz por la reparación, otras familias quedaron perplejas cuando les informaron que de ese dinero les descontarían el dinero que les había dado la ahora desparecida Acción Social. “A algunos les dieron algo más de dos millones”, contaron algunos miembros de Asfucans.

Las víctimas se enteraron de esta nueva regla de juego después de que saliera la sentencia. La explicación está también en la Ley de Víctimas que en su artículo 132 explica que las indemnizaciones que se pagaron hace unos años a través de Acción Social es equiparable a una reparación y no cuenta como una ayuda humanitaria.

Además de la reparación económica, el fallo incluyó otras medidas que tenían como fin mejorar las condiciones de vida de las víctimas como acceso a salud y educación que en gran medida se han venido cumpliendo. El problema es que aunque ya fueron reconocidos como víctimas en la sentencia, no han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas

Hacer parte de este registro de la Unidad de Víctimas es fundamental para acceder a todo tipo de beneficios que están incluidos en la Ley. Según funcionarios de la Unidad, se ha presentado un problema informático que ha impedido que estas víctimas sean incluidas y a los afectados les ha tocado optar por soluciones momentáneas como certificados impresos, hablar solo con funcionarios que conocer el caso o incluso cargar a diario la sentencia en una USB.

En medio de este largo camino por la reparación, la unión de las víctimas ha sido una ficha clave para continuar exigiendo sus derechos. Ellos son conscientes de que si no hubieran estado al tanto a cada paso del proceso los resultados serían peores. “Una golondrina no hace verano. El gobierno no ha querido escuchar y los victimarios no querían decir la verdad, entonces estamos unimos para luchar por un bien común”, concluyó Casadiegos.