Urge tratamiento a víctimas traumatizadas por el conflicto

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Los menores víctimas del conflicto presentan altos grados de ansiedad y depresión. Foto: Semana

Siete años después de la desmovilización de 'Carlos Tijeras', el nombre que usaba José Gregorio Mangonez cuando era paramilitar en Magdalena, las víctimas consideran que están lejos de ser reparadas.

Un estudio realizado por un grupo de psicólogos de la Fundación Memorias de Luz en cinco municipios de ese departamento donde 'Tijeras' y sus hombres cometieron los crímenes contra la población civil, encontró que cientos de víctimas presentan estrés post-traumático, ansiedad intensa, delirio de persecución, depresión, desesperanza y desconfían de las entidades estatales. Y lo peor de todo, el estudio revela que ninguna de estas personas ha recibido tratamiento médico ni sicológico para superar el impacto del conflicto armado.

Por eso, los más de 8.500 crímenes atroces cometidos por el Frente 'William Rivas' del Bloque Norte de las Auc, siguen dejando una huella que hasta ahora sigue intacta en cientos de pobladores de Ciénaga, Pueblo Viejo, Aracataca, Zona Bananera y Fundación, en Magdalena, en donde actuó este grupo paramilitar.

El ex paramilitar José Gregorio Mangonez Lugo alias ‘Carlos Tijeras’ había delinquido en Magdalena desde mediados de los 90, pero fue a partir de 2002 que se puso al mando del Frente William Rivas, .

La defensa de las víctimas presentó este informe la semana pasada a la Sala de magistrados de Justicia y Paz durante la audiencia de identificación de las afectaciones causadas, un espacio judicial previo a la sentencia en el que las víctimas presentan sus demandas de verdad, justicia y reparación.

Con esto, los abogados esperan que la condena de alias ‘Carlos Tijeras’ no tenga en cuenta solamente aspectos económicos de la reparación, sino que incluya un plan de atención integral para las más de víctimas.

Esta preocupación fue también expresada en el informe presentado en junio por Médicos Sin Fronteras que concluye que en Colombia “la salud mental sigue siendo un campo poco explorado, escasamente atendido y estigmatizado, y la respuesta de los servicios sanitarios frente a trastornos mentales es generalmente limitada o inadecuada”. Este estudio fue realizado a partir de la experiencia de la organización en Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca.

¿Cómo están las víctimas?
El estudio de la Fundación Memorias de la Luz que, con pocos recursos ha trabajado con la población de Ciénaga desde hace unos cinco años, encontró que la mayoría de las víctimas directas de homicidios fueron hombres cabeza de familia o hermanos mayores. Esto obligó a las madres a realizar todo tipo de trabajos para sostener a sus hijos.

La psicóloga Lina Romero, quien dirigió el estudio, explicó que al “perder el rol de padre, hermano o hijo, que en la mayoría de los casos representaba un sustento económico, significó no solo una pérdida de un familiar, sino un replanteamiento de las formas de subsistencia familiar”. Muchas familias tuvieron que vivir en hacinamiento y los menores abandonaron la escuela para empezar a trabajar. 

La investigación se realizó a partir de una observación directa a la familia de cada víctima, una entrevista y un test, para identificar la forma en que las personas se relacionan con sus parientes y su entorno. Se utilizó también el cuestionario auto-aplicado, Escala de la Desesperanza de Beck, el cual evalúa las expectativas negativas que una persona tiene sobre su futuro.

La falta de un oportuno tratamiento psicológico ha dejado en las víctimas sobrevivientes estrés post-traumático, que en algunos casos los ha afectado incluso físicamente. Así por ejemplo, una víctima presenció el asesinato de su familiar y desde ese momento perdió el habla. Otros han reprimido los recuerdos del día que mataron a su ser querido y creen que la persona aún sigue viva. Los familiares a menudo no saben qué hacer en estos casos.

Según el estudio, los niños o adolescentes que perdieron a sus padres o hermanos mayores tienen una tendencia a sentir deseos de venganza. Los niños se ven muy ansiosos y se desestabilizan fácilmente al escuchar un ruido muy fuerte que les recuerde el sonido de un arma.

Sobre el caso de los menores, la Fundación mostró preocupación por la falta de preparación de las escuelas municipales para tratar con niños víctimas del conflicto, pues en la mayoría de los casos ni siquiera cuentan con psicólogos en las instituciones.

En general, las víctimas presentaron un "índice de desesperanza moderado", que es común en personas que han sufrido un daño a causa de la violencia. Esto se ve reflejado en sentimientos de frustración, una visión pesimista sobre el futuro y depresión. Además suelen sufrir de andohenia, un trastorno sicológico que afecta la capacidad de las personas de sentir placer. Esta visión pesimista también está relacionada con la falta de confianza hacia el Estado y en general hacia los procesos de reparación.

Las víctimas sienten una especial desconfianza de los miembros de la fuerza pública, a quienes aún relacionan con los hechos violentos que vivieron en la zona.

Tampoco creen en las disculpas que en repetidas ocasiones ha pedido 'Carlos Tijeras'. En una reunión organizada por la Fundación les mostraron a las víctimas un video del ex paramilitar contando su ingreso a las Auc y el arrepentimiento que sentía de sus actos, pero la mayoría dijo que creían que el desmovilizado sólo estaba cumpliendo con un requisito para permanecer dentro del proceso de Justicia y Paz y eventualmente ser beneficiario de una pena menor. Cuando se les preguntó qué sentían ante la posibilidad de que Mangonez quedara en libertad en poco tiempo, todos mostraron altos niveles de ansiedad y aseguraron no poder compartir ningún tipo de espacio con su victimario. 

El gran problema que evidenció el estudio es que los centros de salud municipales no han prestado esos servicios de atención psicológica porque no cuentan con el equipo de profesionales adecuados. “Se requiere de equipos multidisciplinarios de la psicología para atender estos grupos de víctimas y estos no se encuentran en la región”, agregó Romero. Los magistrados compartieron esta preocupación y afirmaron que para este tipo de comunidades se requieren tratamientos personales, familiares, grupales y diferenciales.

Solo podrían acceder a servicios como estos, si se desplazaran a la grandes capitales del país, lo que les resultaría muy complicado para recibir un tratamiento completo. Como señala el estudio de Médicos Sin Fronteras “difícilmente se podrá conseguir la adherencia al proceso terapéutico si la población víctima del conflicto tiene que desplazarse desde las zonas rurales a las capitales departamentales donde hay hospitales y servicios médicos de segundo nivel".

Por eso, concluyó el estudio, se requiere que los servicios de atención psicoterapeutica estén cubiertos en el primer nivel de atención, que sean cubiertos por los planes básicos de salud, y que integren también los equipos médicos que salen a lugares apartados a atender víctimas del conflicto.