Víctimas de ‘HH’ sienten que les ‘embolataron’ reparación

Quienes aspiran a la reparación en los procesos de Justicia y Paz sienten que los cambios planteados por la reforma de 2012 imponen trámites que dilatarán el acceso a ese derecho.
 Alias 'HH' habló desde una cárcel de Estados Unidos en transmisión en directo para Apartadó, Antioquia.      

En el rostro de Luis Eduardo Naranjo se dibujó una mueca de amargura y frustración al término de la diligencia judicial a la que había sido citado semanas atrás: nada más y nada menos que la primera audiencia de identificación de afectaciones de víctimas del ex jefe paramilitar Éver Veloza García, alias ‘HH’, que tuvo lugar el miércoles pasado en el auditorio de la Ciudadela Educativa del municipio de Apartadó, Urabá antioqueño.

Para Luis no se trataba de una audiencia cualquiera. Sabía que ésta hace parte del juicio que se adelanta contra alias ‘HH’ en aplicación de la Ley de Justicia y Paz,  y que constituía el paso previo a su sentencia. Por eso llegó a la cita con la expectativa de conocer cuándo podrá acceder a la reparación contemplada en este proceso transicional y con la que espera reconstruir la vida que este paramilitar y el grupo bajo su mando le destruyó hace 17 años.

Él fue uno de los pocos sobrevivientes de una masacre perpetrada por los paramilitares del Bloque Bananeros el 3 de abril de 1996. Ese día, a eso de las 6:45 de la tarde, varios hombres fuertemente armados arribaron al billar conocido como El Golazo, ubicado en el barrio Policarpa, de Apartadó y, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada contra quienes departían a esa hora en el lugar. El saldo fue trágico: 11 personas muertas y 7 gravemente heridas, entre ellas Luis.

Para aquellos años, Luis era un reconocido dirigente sindical vinculado a Sintrainagro. Gozaba de buena reputación entre los trabajadores de las fincas bananeras, amén de percibir unos buenos ingresos que le permitían darle una vida modesta, pero cómoda, a su esposa y sus cuatro hijos. Miraba con optimismo el futuro propio y el de sus hijos. Se soñaba incluso acompañándolos en sus respectivos actos de graduación como profesionales.

Pero dos impactos de bala, uno que le ingresó por el cuello y otro que le destruyó el ojo izquierdo, convirtieron sus sueños en verdaderas pesadillas. “Ese día estaban en un comité obrero de una finca de Carepa llamada Candilejas. Yo iba en el colectivo cuando ellos me ven y me llaman. Resulta que estaban programando un paro, porque no les estaban pagando. Yo estaba diciéndoles que aguantaran, que esperaran hasta que yo hablara con el dueño de la finca, cuando llegaron los tipos acabando con todo”, recordó.

Luis estuvo dos meses internado en una clínica de Medellín. Cuando le dieron de alta no lo pensó dos veces para desplazarse con su familia a Montería, Córdoba. Pero en la capital cordobesa, las cosas estuvieron muy lejos de mejorar. “Me fue muy mal. Como quedé con incapacidad visual de por vida, no conseguía trabajo fácil. A raíz de eso perdí mi matrimonio. Me tocó devolverme para Urabá. Además, tengo problemas de presión y diabetes. Ahora trabajo en una finca donde me gano 500 mil pesos mensuales. Con eso tengo que mantener a mis hijos. ¿Usted cree que con eso les puedo dar estudio?”, exclamó.

Cuando decidió poner su caso en conocimiento de los fiscales de Justicia y Paz, solo esperaba que el Estado le brindara algún tipo de ayuda para darles una buena educación a sus hijos. Con esa esperanza acudió al auditorio de la Ciudadela Educativa. Pero conforme fue transcurriendo la diligencia, que se prolongó por seis horas, su estado de ánimo, al igual que el de las cerca de 150 personas que llegaron provenientes de todos los rincones del Urabá antioqueño, le fue cediendo el paso a una extraña mezcla de enojo y malestar.

La razón: él y las demás víctimas, así como sus representantes legales y abogados defensores de derechos humanos presentes, sintieron que les cambiaron las reglas del juego y que, nuevamente, las pusieron en una situación “indigna y revictimizante”, como ellos mismos la califican.

Cambio para mal
La raíz del malestar radica en los cambios que introdujo el Decreto Ley 1592 de 2012  a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Inicialmente  se había estipulado que una vez  se hubiese impartido el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas, las pretensiones o expectativas de éstas en cuanto la reparación y, una vez analizadas, los funcionarios judiciales fallaban el incidente; es decir, determinaban la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.

Pero de acuerdo al Decreto Ley 1592 de 2012, ahora “la Sala  (de Justicia y Paz) incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley (…) y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (…) para su inclusión en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011”.

Así las cosas, sobre esta Unidad recae la responsabilidad de reparar a las víctimas de los distintos bloques paramilitares que actualmente son juzgados en Justicia y Paz; no obstante, las personas afectadas advierten que esta dependencia aún no cuenta con una ruta clara de reparación.

Por lo menos así lo sienten quienes escucharon la presentación realizada por los delegados de la Unidad presentes en la audiencia en Apartadó, quienes manifestaron que el primer paso será la identificación de las víctimas mediante la realización de nuevas entrevistas, aspecto que fue duramente criticado por los asistentes, entre ellas la fiscal 17 de Justicia y Paz, Nubia Chávez, encargada de documentar los crímenes cometidos por el Bloque Bananero.

De acuerdo con Chávez, su despachó entregó en 2010 un listado con todas las víctimas directas de Veloza y su grupo a la entonces Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social), con el propósito de conocer a quiénes se les había realizado el reconocimiento por vía administrativa. Dicho listado también fue entregado, en 2012, a la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas Regional Medellín.

“Y así como se le ha exigido al Ente Investigador verdad y justicia, encuentra la Fiscalía que no hay unas respuestas claras, ni siquiera en lo que tiene que ver con identificar a las víctimas. Decir que apenas vamos a hacer un diagnóstico cuando ya deberíamos saber, con esas informaciones, cuántas viudas, cuántos desplazados, cuántos desaparecidos, cuántos hombres mujeres y niños hay registrados y cómo se les va a reparar”, expresó la Fiscal.

En la misma línea se manifestaron los representantes legales de las víctimas. Incluso, uno de ellos expresó públicamente que “la Unidad no tiene nada claro, no tiene una ruta definida, ni tiene mecanismos que le permita a la víctimas acceder al derecho a la reparación. No puede llegar aquí y decirle a las víctimas que nuevamente las entrevistarán para reconocerlas como víctimas, algo que ya hizo tanto la Defensoría como la Fiscalía de Justicia y Paz”.

Para el magistrado Eduardo Castellanos Rosso, quien presidió la diligencia, las respuestas de los delegados de la Unidad a la pregunta sobre cómo será el plan de reparación de las personas violentadas por el Bloque Bananero, le dejaron un gran sinsabor: “La Unidad no puede quedarse en el papel de simple coordinador de la oferta institucional. Porque si las víctimas van a estar de entidad en entidad, entonces, lo que vamos a presenciar es un asunto penoso”.

Entre las víctimas, tanto las respuestas no satisfactorias de la Unidad como los cambios introducidos por el Decreto Ley 1592, las ha llevado a afirmar que “el Gobierno Nacional se está ganando una sensación de repudio, porque con estas cosas nos da a entender que nosotros no les importamos”, tal como lo apunto Clara, una sobreviviente de la masacre conocida como el Aracatazo, cometida por hombres de alias ‘H.H’ en una discoteca de Chigorodó en 1995.

“Yo tenía cinco años cuando mataron a mi hermano. Nos dieron una ayuda humanitaria en ese entonces que no nos alcanzó para nada. A mí me tocó hacerme cargo de mi familia. No pude estudiar y ese era mi sueño. Usted cree que es justo que ahora me digan que me dan un cupo en el Sena como reparación, cuando el Sena es público, sea o no sea víctima del conflicto. ¿Por qué no nos ofrecen cupos en universidades de verdad, por ejemplo?”, se preguntó.   

La situación que está generando los cambios de la normatividad entre las personas que han sido violentadas por los grupos paramilitares, principalmente en lo que tiene que ver con el llamado incidente de reparación, está llegando a tal punto que según pudo establecer Verdadabierta.com, la Defensoría del Pueblo está contemplando seriamente la posibilidad de demandar dicho articulado ante la Corte Constitucional por considerar que atenta contra los derechos de las víctimas a una reparación justa.

Y es que no de otra manera se puede interpretar el sentimiento que reflejaban los asistentes a la audiencia al término de esta. La frase de Luis Eduardo lo dice todo: “A los meses de mi desplazamiento, la Red de Solidaridad me dio una ayuda humanitaria, me dio cinco millones de pesos. Ahora me dicen que no tengo derecho a la reparación. Y yo la verdad la veo grave. Los abogados de la Defensoría (del Pueblo) nos explicaron que ahora no va a haber reparación económica, que nos van a dar unos acompañamientos psicosociales, cupos de estudio para los hijos pero en el Sena, subsidios para mejoramiento de  vivienda. Y yo que llevaba 17 años esperando esta ‘migaja’, pero vea con lo que salen”, dijo con marcada indignación.

VerdadAbierta.com abordó a los delegados de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentes en la audiencia en Apartadó para conocer su punto de vista frente a las críticas, pero se negaron a darlo aduciendo que, por directrices de Bogotá, no estaban autorizados para hablar con la prensa.